HERMOSILLO,
Son. (apro).- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
planea construir un parque recreativo en el predio contiguo al basurero tóxico
llamado Cytrar.
Un
programa de uso alternativo creado por esta dependencia federal propone crear
un área verde con zonas deportivas, pese a que en este confinamiento, que data
oficialmente de 1988, se almacenan 127 mil 531 toneladas de desechos peligrosos
que, por su naturaleza, pueden ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos,
inflamables o bioinfecciosos.
Además,
en las inmediaciones del basurero tóxico, que tiene una capacidad total de 96
mil metros cúbicos, dividido en dos celdas, se prevé la creación de un jardín
botánico con plantas de la región, según lo estipulado en la Norma Oficial
Mexicana 059, que consiste “en la siembra ordenada por especies de arbolado y
cactáceas del área semidesértica de Sonora”.
Asimismo,
se proyecta edificar una sala audiovisual donde se den a conocer los procesos
de los residuos allí almacenados e informar sobre los ecosistemas
semidesérticos de la entidad.
El
Cytrar, de acuerdo con autoridades, opera desde 1988, pero según la versión de
activistas consultados, el basurero fue activado tres años antes, y los
materiales vaciados sobre el arroyo Las Víboras, en el kilómetro 15 de la
carretera Hermosillo-Guaymas, estuvieron expuestos al aire libre en perjuicio
de los capitalinos sonorenses.
La
Semarnat admite que fueron confinados elementos generados en la industria
automotriz, polvos de fundidoras, materiales sólidos impregnados con solventes,
pintura y aceites; tierras contaminadas, filtros de aceite, recipientes vacíos,
adhesivos plásticos, diversa basura industrial, lodos de plantas de
tratamiento, residuos de tintas, balastros, rebabas de acero, selladoras,
uretanos, aserrín y tierras diatomeaceas.
Sin
embargo, la empresa canadiense Proeco advirtió a Semarnat en 2004 que fueron
encontrados bifenilos policlorados (PCB, por sus siglas en inglés) que son
parte de una “docena sucia” de sustancias altamente tóxicas que no se
encuentran de forma natural en el ambiente y se utilizaban como refrigerantes
de transformadores eléctricos, hasta que fueron prohibidos en 1977.
También
se encontró arsénico, asbesto, benceno, tolueno, cianuro de sodio y toneladas
de escoria de plomo, cada una de estas sustancias de gran toxicidad para los
seres vivos al grado de causar la muerte.
Pese
a ello, el subdelegado de Semarnat en Sonora, Ramón Mejía, afirmó que los
contaminantes confinados en el Cytrar no representan riesgos para la salud
porque están tapados y no entran en contacto con agua, tierra o aire.
“Diariamente,
personal especializado da mantenimiento y vigilancia las 24 horas a filtros y
demás”, justificó.
Y
subrayó: “Hacen falta confinamientos para estos tóxicos que se pueden encontrar
en los basureros públicos y hasta en las calles de la ciudad”.
Peor
aún. La mancha urbana hermosillense se ha extendido a tal escala que los más
nuevos conjuntos habitacionales se encuentran a menos de tres kilómetros de
este megaconfinamiento.
Para
la activista Rosa María O’Leary, quien en conjunto con otros inconformes
impidió la llegada de más tóxicos a la ciudad, consideró que el basurero fue
“la cereza del pastel” tras la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994.
“El
precio de igualarnos con Estados Unidos y Canadá fue convertirnos en su
excusado tóxico”, acusó.
Se
logró el cierre del confinamiento, añadió, el 19 de noviembre de 1998 luego de
una lucha que enfrentó campañas de desprestigio contra las organizaciones
civiles y ciudadanos independientes, así como acciones represivas que sólo
lograron fortalecer la lucha.
“Permanecimos
un mes impidiendo la entrada de los camiones, pese a amenazas de los traileros
y de la empresa; fuimos desalojados por las autoridades municipales y estatales;
nos trasladamos a la plaza Zaragoza, donde permanecimos seis meses en un
plantón permanente, de frente a los días más calurosos del año con temperaturas
promedio de 48 grados Centígrados hasta que nuevamente fuimos desalojados por
la Policía Judicial”, relató.
BITÁCORA AMBIENTALISTA
Según
la información documentada por los activistas que impidieron la operación del
basurero tóxico Cytrar, éste fue construido a mediados de 1980 por Ford Motor
Company Hermosillo y recibió su primera autorización del Instituto Nacional de
Ecología el 7 de diciembre de 1988, la cual fue otorgada a nombre de Parques
Industriales de Sonora, con duración de cinco años y exclusivamente para
residuos regionales.
Durante
la administración municipal de Guatimoc Iberry González se concedió la anuencia
de uso de suelo, a nombre del Parque Industrial, “únicamente para desechos
provenientes del mismo parque industrial”.
El
4 de mayo de 1994 el INE autorizó una prórroga con vigencia hasta que
“concluyera la vida útil del confinamiento”, sin condicionarla a vigilancia
regional y en perjuicio de la legislación vigente a la época.
El
ingeniero Manuel Llano Ortega, junto a algunos activistas locales, fue el
primero en denunciar las irregularidades en marzo de 1997, las supuestas
violaciones al marco legal ambiental y los peligros asociados en el traslado de
desechos extranjeros provenientes de Alco Pacífico, una recicladora de baterías
ubicada en El Florido, Baja California.
En
este traslado de tóxico se cometieron graves irregularidades, destaca la
bitácora ambientalista:
“La
ciudadanía hermosillense no fue consultada por la autoridad municipal de manera
previa a la expedición del ilegal permiso de uso de suelo del basurero tóxico”.
Y
añade: “Cytrar se estableció a una distancia mucho menor de los 25 kilómetros
que ordenaba la ley y las celdas del confinamiento (basurero) no reunían los
requisitos mínimos ambientales”.
También
documentan que Cytrar costó 7.5 millones de dólares a los sonorenses, mediante
una indemnización que fue pagada a la empresa española Tec-Med, concesionaria
encargada de operar este proyecto.
Posteriormente,
se entregaron 750 mil dólares a la empresa canadiense Proeco, luego de realizar
un estudio ambiental al confinamiento que resultó en mucho de beneficio para Profepa,
Semarnat y el complaciente Consejo Ciudadano de Protección al Medio Ambiente.
De
esta manera, los sonorenses también absorbieron el pago de 6.5 millones de
pesos para Tec-Med, por ser la empresa que trasladó y recibió las 2 mil 456
toneladas de tóxicos.
Los
residuos provenían de Estados Unidos y del resto de la República Mexicana, muchos
de ellos procedentes allende el Atlántico, los descargaban en el puerto de
Veracruz, y de ahí los mandaban a Rimsa en Minas, Nuevo León, y a Sonora.
“Ellos
(los transportistas) preferían venirse hasta Sonora porque nada más vaciaban
los camiones sin ningún cuidado, era simple y sencillamente un tiradero tóxico,
igual los traían de barcos procedentes del Pacífico, los descargaban en
Guaymas”, precisa el informe.
Ante
esta irregularidad, se unieron a la protesta la Academia Sonorense de Derechos
Humanos AC, Alianza Cívica, Conciencia y Voluntad, Unión de Usuarios y
Ciudadanos por el Cambio Democrático.
“La
historia ha sido la misma que hemos visto en las cuestiones ambientales, las
transnacionales vienen a nuestro país donde las autoridades competentes les
otorgan todas las facilidades, y sin ninguna dignidad como gobierno se ponen de
rodillas ante los inversionistas”, alertaron los activistas.
Las
diferentes secretarías, añaden, tenían la encomienda de atraer inversiones con
el agregado de ser omisas en el cumplimiento de la ley y los derechos de los
mexicanos.
“Las
organizaciones ambientalistas son contratadas por Semarnat para convertirlas en
promotoras de empresas sucias porque conocen a fondo el sistema; a otros
activistas les ofrecen un empleo o apoyo a sus organizaciones, y de esta manera
el silencio se vende barato pero tiene un gran costo para nuestro pueblo”,
concluyeron los activistas.
(PROCESO
/ REPORTAJE ESPECIAL/ MILTON MARTÍNEZ/
29 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
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