En
Pensylvania, EU, pobladores acusan que el fracking contaminó el agua, dañó su
salud y los expulsó de sus hogares. ¿Debe México aprender de esta lección?
Aspecto
de un pozo de extracción de gas mediante fractura hidráulica en Pensylvania.
Foto: Mayela Sánchez, SinEmbargo
Condado
de Susquehanna, Pensylvania, Estados Unidos, 30 de septiembre (SinEmbargo).—
Hace siete años, a mediados de enero de 2008, empleados de la empresa Cabot Oil
& Gas Corporation llegaron a la casa de Sheila Ely para hablarle sobre un
proyecto que realizarían en las apacibles praderas del noreste de Pensylvania
en las que ella y su esposo, William, habían vivido desde hacía 35 años. Lo que
le dijeron fue poco, en realidad.
“Especialmente
sobre el fracking o algo como eso”, dice Sheila tras una pausa en la que parece
intentar rememorar ese momento hasta tener la certeza de lo que va a decir.
“Ellos en el contrato dijeron que si el agua era afectada nos la regresarían en
un buen estado e incluso mejor. [Antes de perforar] Ellos hicieron pruebas al
agua, todo estuvo bien. Después de la perforación, el agua se puso mal”.
La
obra de Cabot Oil & Gas Corporation, una empresa gasera y petrolera con
operaciones en el Noreste de Pensylvania y el Sur de Texas, consistía en la
perforación de pozos para la extracción de gas natural a través del proceso de
fractura hidráulica, también llamado fracking.
La
fractura hidráulica consiste en taladrar un pozo de forma vertical, hasta 5 mil
metros de profundidad, para extraer gas o petróleo del subsuelo. En su
modalidad “no convencional”, a la perforación vertical siguen otras de forma
horizontal y en varias direcciones en las lutitas, que son formaciones rocosas
en cuyos poros se encuentra atrapado el gas natural o el petróleo. En el área
perforada se inyecta, a alta presión, una mezcla de agua, arena y un fluido
compuesto por varios químicos. La inyección a alta presión fuerza la salida de
los hidrocarburos de los poros.
Organizaciones
que se oponen a esta práctica han señalado que genera varios impactos
negativos, como la disminución de la disponibilidad de agua, ya que la fractura
de un pozo requiere de entre 9 y 29 millones de litros de agua; o que entre los
químicos que se usan en las mezclas de perforación –cuya fórmula suele ser
protegida por las empresas como “secreto industrial”– hay algunos altamente
tóxicos.
Otros
efectos negativos son la emisión de gases, como el metano, ya sea por la
emisión en el proceso de extracción o por fugas; la incompatibilidad con otras actividades como
la agricultura o la ganadería; o la desestablización de las fallas geológicas
que pueden producir sismos.
Otro
de los problemas que, de acuerdo con sus detractores, provoca el fracking es
que las fallas que se producen con la fractura del subsuelo pueden contaminar
cuerpos de agua cercanos.
Eso
fue lo que ocurrió con el acuífero que abastecía de agua fresca a los Ely y a
otras 12 familias de los poblados de Montrose y Dimock, donde Cabot había
perforado 63 pozos para la extracción de gas.
En
una decena de esos casos, incluido el de los Ely, sus fuentes de agua estaban a
menos de mil pies (304.8 metros) de alguno de los pozos de Cabot, en contra de
lo que establecía la normatividad al respecto, ante la posibilidad de que la
perforación de pozos de gas pudieran causar una contaminación de pozos de agua,
como comprobó el Departamento de Protección Ambiental de Pensylvania (DEP, por
su sigla en inglés) en la investigación que hizo al respecto entre 2009 y 2010.
El
hecho que detonó esa investigación ocurrió el primer día del año 2009 cuando el
pozo de agua de Norma Fiorentino explotó. Ella era habitante del poblado de
Dimock, a donde también había llegado Cabot a perforar docenas de pozos para
extraer gas.
La
explosión en casa de Fiorentino fue sólo el hilo de una madeja que desenredaron
las autoridades ambientales estatales para descubrir que existían altos niveles
de metano en las fuentes de agua que usaban los pobladores. En algunas ella
también se hallaron otros contaminantes como hierro, manganeso, aluminio y
sulfatos.
El
19 de octubre de 2010, el secretario del DEP de Pensylvania, John Hanger,
publicó una carta a los residentes de Dimock en la que refería que en varios
pozos de gas de Cabot habían atestiguado un gas burbujeante y altas presiones,
lo que demostraba su pobre construcción, y habían encontrado muestras de
niveles excesivos de gas que sólo podían existir en pozos con fugas.
La
misiva de Hanger añadía que Cabot se había negado a responsabilizarse de la
contaminación del agua, a pesar de la amplia evidencia que había al respecto.
La
empresa fue sancionada económicamente luego de que las familias afectadas la
llevaron a juicio y aunque ésta nunca aceptó públicamente su responsabilidad,
acordó con varias de las familias que las abastecería de agua traída en
contenedores. Con varias de las familias estableció acuerdos económicos a
cambio de que se desistieran de la demanda en su contra. Una de esas familias
incluso dejó su casa, la cual fue adquirida por una subsidiaria de Cabot y
posteriormente vendida a una familia vecina que apoya las actividades de
fracking en la zona. Sin embargo, fue establecido que en ese terreno no se
podría volver a levantar nunca una casa ni cualquier otro tipo de construcción.
Cabot,
dice Sheila, intentó evacuar a las familias. Pero ella y su esposo se quedaron.
Hoy siguen viviendo en la misma casa, en la que también habita su nieta y su
bisnieto, un regordete y rubio bebé que se divierte entre las piedras y la
hierba del traspatio.
El
traspatio de la familia Ely, donde su bisnieto suele jugar. Los Ely son una de
las familias afectadas por la contaminación del acuífero a causa de la
perforación de pozos para la extracción de gas. Foto: Mayela Sánchez,
SinEmbargo
Sin
embargo, desde entonces no han podido usar el agua que les llega entubada para
bañarse ni menos para beberla o usarla para cocinar. En realidad, sólo la usan
para las descargas de agua del sanitario. Para todo lo demás, dependen del agua
que la misma empresa les surte en contenedores una vez por semana. Les dan
tanta como requieren, dice Sheila, hoy de 60 años. A pesar del tiempo
transcurrido, para ella sigue siendo difícil no poder consumir el agua de su
casa.
Cabot
les aseguró que en dos años su agua estaría en buenas condiciones otra vez.
Pero el tiempo ha pasado y eso no ha ocurrido, dice.
William
lo comprueba al abrir una llave ubicada en el exterior de su casa. Conforme el
chorro de agua va cayendo en un contenedor, su apariencia se va volviendo blanquecina.
Una vez asentado, el líquido comienza a burbujear, parecido a los borbotones
que desprende cuando empieza a hervir. Considerado un elemento inodoro, aquí el
agua huele como a metal.
Cuando
se supo de la contaminación del acuífero, cuenta Sheila, la compañía que había
perforado los pozos y tiempo atrás les había asegurado que si el agua era
afectada les devolverían una de mejor calidad, no aceptó siquiera su
responsabilidad. Por el contrario, argumentó que el gas metano había estado
siempre en el subsuelo.
“Pero
cuando ellos hicieron el estudio previo, el gas no estaba ahí”, razona Sheila.
“Sé que el gas estaba en el subsuelo pero no estaba en nuestra agua”.
El
15 de diciembre de 2010 , la DEP y Cabot firmaron una Orden de Consentimiento y
Acuerdo de Solución respecto a los casos de pozos de agua contaminados (que
para entonces sumaron 19).
En
dicha Orden se lee que para entonces y pese a los señalamientos hechos por la
DEP, Cabot rechazó cualquier responsabilidad. No obstante, aceptó las medidas
impuestas por la dependencia para reparar los daños, que incluían pagos al DEP,
la suspensión de operaciones de algunos pozos y el inicio del funcionamiento de
otros nuevos durante cierto tiempo.
Pero
en la vida de Sheila y William algo tan fundamental como tener acceso a agua
potable sigue siendo una dificultad y una preocupación en su vida cotidiana,
pues no tienen ninguna certeza de los daños que el agua contaminada pudieron
ocasionarles. El desasosiego domina sus rostros.
Sin
más información sobre los impactos que el agua contaminada pudieran tener en la
salud de su familia, sólo una certeza tiene Sheila: que las cosas cambiaron a
partir de la perforación de pozos. “No sabemos qué pasó. Sólo sabemos que
después de que ellos perforaron, nuestra agua se puso mal”.
Aspecto de cómo luce el agua entubada en
la casa de la familia Ely. Además de la apariencia blanquecina, una vez
asentada burbujea, como se aprecia en la imagen. Foto: Mayela Sánchez,
SinEmbargo
Como
el de Sheila habría miles de casos más de familias que están siendo afectadas
en áreas donde se desarrolla la extracción de gas a través de fracking en
Estados Unidos, si se considera que de acuerdo con el estudio “Contaminación
del Agua asociada con la Extracción de Gas Natural del Yacimiento Marcellus”,
publicado en 2012 en la revista Risk Analysis, un solo pozo puede liberar al
menos 200 metros cuadrados de fluidos contaminados. De acuerdo con información
de Sierra Club, la organización
ambiental más grande e influyente de Estados Unidos, en todo el país hay más de
500 mil pozos activos de gas natural.
Considerada
una industria energética alternativa, la fractura hidráulica, convencional y no
convencional, ha sido ampliamente desarrollada en Estados Unidos. En
consecuencia, es también uno de los países en donde sus impactos son más
evidentes.
Países
como Irlanda y Brasil encaran actualmente el reto de permitir o no el
desarrollo de esta industria. Otros, como Argentina desarrollan ya proyectos de
extracción de gas de lutitas, mientras que algunos más, como Francia y
Bulgaria, de plano han prohibido esta práctica en sus territorios ante el
riesgo de posibles afectaciones a la salud y al ambiente.
Sin
embargo, de los principales desafíos
para los países en los que esta práctica está en desarrollo es precisamente no
tener evidencia de los impactos que podría ocasionar. Por eso el caso de
Estados Unidos es ilustrativo de lo que podría ocurrir en otras latitudes,
incluido México, donde actualmente existen al menos 924 pozos autorizados para
realizar fractura hidráulica, de acuerdo con la organización CartoCrítica.
La
organización, que busca acercar la tecnología geoespacial y el análisis
cartográfico a causas sociales, encontró que desde 2003 se han perforado pozos
para extraer hidrocarburos mediante la técnica del fracking.
A
partir de una solicitud de información pública a Pemex Exploración y
Perforación, CartoCrítica logró ubicar 924 pozos para la extracción de gas
mediante fractura hidráulica en el país, sobre todo en los estados de Veracruz
(349), Puebla (233), Nuevo León (182) y Tamaulipas (100). No obstante, un
documento de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos,
de abril de 2010, refiere que hay mil 323 pozos tan sólo en Puebla y Veracruz,
por lo que deduce que habría muchos más que sólo los 924 reportados por Pemex.
LA CARA DE LA FRACTURA
Aspecto
de un sitio para pozos de extración de gas en desarrollo, en el condado de
Susquehanne. Foto: Mayela Sánchez, SinEmbargo
Basta
con revisar un mapa de Google para saber cómo lucen los pozos para la
extracción de gas mediante fractura hidráulica, pues la planicie rectangular
donde se instala el tubo vertical que perfora, así como las tuberías que la
trasladan, es fácilmente identificable desde la altura.
A ras
de tierra ocurre algo similar, al menos en el Norte de Pensylvania, donde las
planicies adecuadas sobre montículos de tierra se distinguen con facilidad en
medio de sus amplias praderas y frondosos árboles, cuyo verdor contrasta con el
clima seco de la región. Pensylvania, ubicado al noreste de Estados Unidos,
forma parte del Yacimiento Marcellus (en inglés llamado Marcellus Shale), uno
de los mayores campos de gas natural en el mundo. Sus 575 millas (925
kilómetros) de extensión se reparten entre los estados de West Virginia,
Pensylvania, Ohio y Nueva York.
En
el condado de Susquehanna existen mil 245 pozos perforados o en desarrollo, de
un total de 2 mil 18, según el portal marcellusgas.org, que ofrece información
actualizada sobre la actividad de pozos de gas en Pensylvania.
Ahí,
las praderas rodeadas de bosque dominan el panorama, que se rompe cada tanto
por alguna casa y ahora también por los pozos para extraer gas natural a través
del fracking. Los montículos sobre los que se disponen las planicies y las
estructuras verticales no son lo único que denota la existencia de un pozo, ya
que los carteles de la empresa Cabot Oil & Gas Corporation que se
encuentran a lo largo del camino también lo anuncian.
Cabot
Industries Oil & Gas es la compañía que tiene pozos en el condado de
Susquehanna. Foto: Mayela Sánchez, SinEmbargo
Vera
Scroggins, quien funge como guía de este recorrido, explica que en la región
hay siete compañías petroleras que practican fracking, pero que operan como en
una especie de disección del territorio. El área donde ella, una agente
inmobiliaria jubilada, organiza visitas guiadas para dar a conocer los impactos
del fracking está en manos de Cabot. Otras empresas que tienen pozos en el
Yacimiento Marcellus son Southwestern Energy, Talisman Energy y Chesapeake
Energy Corporation.
Conforme
el autobús avanza por el camino –por el que también circulan los camiones que
transportan el gas de los pozos a las compresoras– Scroggins va contando las
historias de familias a las que el fracking ha afectado de una u otra forma.
Ahí está la casa de la familia que arrendó sus 22 acres de tierras la
petrolera; por allá la de otra familia cuya agua se contaminó pero que no
accede a dar entrevistas; de aquel lado una cerca de la cual hubo una fuga de
gas; en aquel otro punto el terreno donde vivía una familia cuya agua también
resultó contaminada y que terminó vendiendo su casa a Cabot, que al cabo de un
año la destruyó y prohibió construir cualquier cosa ahí.
Por
allá, apunta Scroggins, queda la casa de Fiorentino, cuyo caso desató la
investigación de la DEP y que, además, es uno de los casos presentados en el
documental de Josh Fox, Gasland, que aborda la problemática del fracking en el
Yacimiento Marcellus.
Se
trata de un trabajo que pese a la contundencia de sus imágenes sobre los
efectos del fracking y a los diversos premios que recibió, ha sido desestimado
por la industria petrolera. En oposición, ésta muestra los supuestos beneficios
de esta práctica: menores emisiones de contaminantes, generación de empleos y
una bonanza económica para las comunidades donde se desarrolla.
Sobre
el primero de ellos, investigadores de la Universidad Cornell concluyeron,
desde 2011, que el gas metano tiene un mayor impacto climático que el petróleo
o el carbón. Revisiones posteriores en 2014 y 2015 han reiterado esa
conclusión, señalando que los gases de efecto invernadero emitidos por el
metano son más que por el carbón y con consecuencias más desastrosas para el
clima.
Los
académicos Anthony Ingraffea, Rovert Howart y Renee Santoro han concluido que
el gas metano es hasta más de 100 veces más poderoso como agente del
calentamiento global. Señalan que si bien el dióxido de carbono ha contribuido
más al calentamiento global, el metano también aporta una parte importante:
mientras el dióxido de carbono contribuye con 1.66 watts por metro cuadrado, el
metano apoya 1.0 watts por metro cuadrado Además, aunque las emisiones de
dióxido de carbono son menores del gas natural que del carbón, si se toman en
cuenta las emisiones de metano el total de gases de efectos invernadero que
aporta el gas natural terminan siendo mayores.
Respecto
al supuesto desarrollo económico, Scroggins señala que existe cierta bonanza
cuando las empresas llegan pero es efímera y los empleos que crean no
necesariamente benefician a las poblaciones donde se asientan, pues las
empresas suelen traer trabajadores foráneos, sobre todo para puestos
especializados.
El
condado de Susquehanna es uno de los más pobres del estado, dice Scroggins. Por
ello no es ilógico que la gente se entusiasme con la promesa de un trabajo o
con la oferta de dinero a cambio de arrendar sus tierras para la instalación de
pozos de extracción de gas.
Según
la activista, el 95 por ciento de los terrenos privados del condado están
arrendados. Son los menos quienes se han resistido a aceptar las ofertas de
Cabot para rentar sus tierras, como Cornelia Page, cuya propiedad ha quedado
rodeada por terrenos arrendados.
Con
su voz suave, como de terciopelo, Cornelia expone su postura en contra de las
perforaciones y de la contaminación que considera que ese tipo de prácticas
genera. Pero aunque ella se ha negado a rentar su terreno, en el que ha vivido
alrededor de 20 años, las propiedades con las que limita están arrendadas, de
modo que las tuberías por donde se traslada el gas pasan irremediablemente a
pasos de su tierra.
“Es
un asunto muy personal. Nosotros no nos vamos a dar por vencidos, somos dueños
de nuestra tierra. Si alguien más, uno o dos, [renta], es su asunto, no tengo
problema con eso”, contesta cuando se le pregunta si ha sido presionada para
acceder a arrendar también.
Y
continúa: “Pero si ellos [la compañía] primero vienen y te ofrecen una cantidad
de dinero, y luego regresan y te piden que reconsideres por una nueva suma de
dinero, y luego vienen una tercera vez, y cada vez nos ofrecían más dinero.
Ellos no nos presionaron pero yo supongo que para algunas personas eso es una
tentación”.
Cornelia
dice que la última oferta que le hizo la empresa para que accediera a rentar su
tierra fue de 5 mil 700 dólares por acre (cada acre equivale a 4 mil 46 metros
cuadrados) por un contrato de cinco años. “Hay algo inmoral, hay algo en eso
que no puedo tolerar”, expresa plantada en la entrada de su casa, una modesta
construcción de un piso a la que rodea una verde llanura y altos y frondosos
árboles.
Agrega
que la gente suele firmar los contratos de arrendamiento sin leerlos, de modo
que muchos no se enteran de que están cediendo a la empresa los derechos de su
propiedad y que la empresa puede extender el plazo del arrendamiento sin
obligación de pagarles más.
Las
tuberías como las que se encuentran en los límites de la propiedad de Cornelia
también forman parte del panorama, así como los compresores de gas. La
activista antifracking señala que éstas aumentan el riesgo para la población,
no sólo por las emisiones tóxicas que desprenden al aire, sino por el peligro
de fugas y explosiones que implican. Dice que ya ha habido algunas explosiones.
Un
problema más se suma a éstos: el agua. En una región seca como esta el agua
escasea, dice Scroggins. Pero la fractura hidráulica requiere una gran cantidad
de agua, pues se inyectan de 9 mil a 29 mil litros para la extracción de gas.
En Susquehena, la empresa saca agua del río o de otros cuerpos de agua, aunque
también usa agua reciclada de otros procesos. Eso, por untado, genera desabasto
de agua para la población, y por otro, produce agua de desecho que puede
contaminar los cuerpos de agua que funcionan como fuentes para el consumo
humano.
UN CAMINO LLENO DE OBSTÁCULOS
Aspecto de un pozo de gas en el condado
de Susquehanna. Foto: Mayela Sánchez, SinEmbargo
Ante
estos hechos, la duda es obvia: ¿Por qué
persiste y se busca extender esta práctica a otros países, entre ellos México?
Raina
Rippel, directora del Southwest Pennsylvania Environmental Health Project
(EHP), explica que a pesar de la amplia evidencia médica sobre afectaciones en
la salud de personas que se encuentran cerca de pozos de extracción de gas
natural, no hay evidencias contundentes y objetivas que establezcan como causa
directa las actividades extractivas.
La
organización que Rippel dirige fue creada para apoyar al condado Washington, en
el suroeste de Pensylvania, cuyos residentes creen que su salud ha sido o pudo
haber sido afectada por las actividades de fractura hidráulica. Una de las
barreras a las que se enfrenta en ese trabajo es la falta de información.
La
ausencia de datos es clave por dos cuestiones, explica Rippel: sirve para que
las empresas nieguen su responsabilidad al no poderse establecer una causalidad
directa y es un obstáculo para que las personas afectadas sepan qué les ocurre.
Paradójicamente,
esa falta de información a veces es propiciada por las propias personas
afectadas, que rechazan ser parte de investigaciones por temor o por hartazgo,
pues terminan convertidos en objetos de estudio sin que eso les asegure un
tratamiento médico, expone Rippel.
Otra
explicación sobre la falta de información es la que fomentan las propias
compañías petroleras al establecer acuerdos de confidencialidad con las
personas posiblemente afectadas por sus actividades extractivas. Existen dos
tipos de afectados: los pobladores y los trabajadores de la industria. Con los
primeros los acuerdos de confidencialidad se establecen a cambio de promesas de
tratamiento médico o de dinero, mientras que los trabajadores se encuentran más
indefensos, porque carecen de información sobre los posibles riesgos del
fracking y cuando presentan síntomas son atendidos en en clínicas establecidas por las propias
empresas, cuyos médicos les ocultan sus diagnósticos reales.
De
hecho, el asunto de los acuerdos de confidencialidad con los médicos es uno de
los problemas que preocupa a Rippel.
Pero
los médicos también enfrentan el reto de tampoco saber cuáles son los procesos
que sigue la industria, a fin de diagnosticar a sus pacientes, por la opacidad
de información que hay de parte de la industria.
De
acuerdo con Rippel, las más comunes preocupaciones de las personas por posibles
afectaciones son problemas respiratorios y gastrointestinales, y síntomas como
nauseas y alergias. A eso, dice, se suman también las afectaciones mentales,
sobre todo el estrés, provocadas por la incertidumbre con que vive la gente.
Una
de las preocupaciones de la gente es por la contaminación de las fuentes de
agua. Foto: Mayela Sánchez, SinEmbargo
Los
acuerdos de confidencialidad no son el único mecanismo al que recurren las
empresas para evadir su responsabilidad sobre los impactos del fracking. En el
ámbito laboral, la subcontratación también ha resultado ser útil para ese
propósito.
El
mecanismo opera así: al subcontratar a varias empresas para encargarse de
distintas partes del proceso extractivo, se diluye la responsabilidad pues, por
ejemplo, la empresa que se encarga de transportar el gas sólo estaría obligada
a responder por un incidente en ese proceso, y no es la gran compañía la que asume
la responsabilidad por toda la operación.
Una
ventaja adicional de la subcontratación, al menos para las empresas, es que
también la información se diluye, pues los trabajadores sólo conocen del
proceso que llevan a cabo, pero no tienen datos sobre otras partes del mismo,
con lo que evitan fugas de información.
Si
hay barreras fomentadas por la propia industria para conocer el alcance de las
afectaciones de la industria, Rippel también puntualiza que otras limitaciones
son inherentes a la propia práctica de la fractura hidráulica. Al tratarse de
una actividad que se desarrolla en los sitios donde existen depósitos de gas
natural, las condiciones climáticas y geológicas de cada sitio son diferentes,
así como la exposición a agentes contaminantes que ha tenido cada comunidad.
Estas
condiciones pre existentes impiden ver los impactos del fracking como un todo
homogéneo, pero también han servido a la industria petrolera para evadir su
responsabilidad, como en el caso de la familia Ely.
Ante
ello, Rippel plantea que un factor que ayuda a distinguir si una afectación es
causada por el fracking o no es el tiempo: si una comunidad en donde hay
condiciones pre existentes se mantuvo por mucho tiempo sin problemas de salud y
al poco tiempo de que empieza a hacerse fracking surgen los problemas, “¿qué
piensas que pudo causar que ocurriera?”, pregunta.
La
propuesta comparativa podría ser tanto más útil para los países en donde el
fracking apenas empieza a desarrollarse, por lo que Rippel recomienda que en
éstos se lleven registros de las condiciones actuales del agua, del aire y del
ambiente, para poderlos confrontar.
CORPORACIONES, NACIONALISMO E INTERESES
POLÍTICOS
La
casa de Ray Kemble. Foto: Mayela Sánchez
Vera
Scroggins agita sus brazos mientras habla del hostigamiento por parte de Cabot
para que cese su activismo y que la ha llevado hasta la Corte, le ha costado
que le impongan multas e incluso tenga órdenes de restricción para no acercarse
a las instalaciones de Cabot. Tarea difícil si se considera que com parte de su
activismo antifracking, Scroggins se dedica a dar visitas guiadas para que la
gente conozca de cerca los impactos de dicha actividad en el condado de
Susquehanna.
No
obstante, Scroggins cumple a cabalidad la restricción que la empresa le impuso
de por vida y lo primero que advierte a quienes acuden a sus recorridos es
precisamente eso. La mujer de melena cana e infantil sonrisa no oculta, sin
embargo, su indignación con la medida. “Me quitaron una libertad en mi propio
país, ¿y a ellos qué les hacen?”, reclama refiriéndose a las compañías que
operan en la región y que, según ella, acumulan miles de violaciones a las
normas ambientales.
La
ex agente inmobiliaria cuenta de una ocasión en que personal de la empresa le
advirtió que si cruzaba al área donde tiene el paso restringido llamarían a la
policía. Ella les contestó preguntándoles que cómo sí estaban dispuestos a
llamar a la policía para restringir a una ciudadana, pero no para que sancionara
a una empresa que viola la ley.
“Una
de mis objeciones es que si tú tienes todas estas violaciones, tu deberías ser
clausurado. ¿Por qué le permites a estas compañías operar? Esta es una de
nuestras peticiones ahora: queremos que los clausuren porque han cometido
muchas violaciones. ¿Qué compañía puede tener millones [de dólares] en multas y
todo tipo de violaciones ambientales y se le permite continuar?”, cuestiona.
Una
cámara de video cuelga del cuello de Scroggins, quien yergue su pequeño cuerpo
cuando ve acercarse a una de las camionetas del personal de Cabot, para
demostrarles que no les tiene miedo. Eso sí, siempre en el lado del camino
donde le es permitido.
Además
de llevar a grupos a la zona, Scroggins documenta en vídeos lo que atestigua.
Dice que registra todo lo que puede porque tiene la esperanza de que en el
futuro esa evidencia le sirva para demandar a la empresa.
“Quiero
grabar y ver lo que pasa en el futuro, quién va a ser procesado. Ahora mismo yo
estoy procesada porque soy una ciudadana que denuncia […] ¿Qué nos dice eso?
¿Dónde está la libertad de expresión, dónde está el derecho de denunciar a
alguien?”.
En
un país donde la defensa de los derechos civiles es paradigmática y donde hay
un arraigado sentido nacionalista, la activista dice que Cabot coloca en sus
pozos una bandera de Estados Unidos como para reforzar la idea de que es un
proyecto que va acorde con los intereses de la Nación. Bajo esa lógica,
continúa, quien rechaza esos proyectos es un antipatriota que se opone al bienestar
de la Nación.
Para
ella, la industria del fracking nada tiene que ver con la idea de la Patria;
por el contrario, dice, son compañías beneficiándose a costa de los ciudadanos.
Pero
también ha sido la clase política la que, desde Washington DC, ha alentado esa
industria. En 2005, el Congreso estadounidense, a petición del entonces
Vicepresidente, Dick Cheney, exentó a la industria petrolera de las
regulaciones de protección ambiental.
Con
ello, las actividades petroleras como la perforación y fractura hidráulica
quedaron exentas de siete estatutos, incluidos la Ley de Agua Potable Segura,
la Ley para un Aire Limpio y la Ley para una Política Ambiental Nacional.
Cheney
había sido previamente directivo de la empresa petrolera Halliburton, que
también participa en la industria del fracking en ese país. Además, de acuerdo
con la información obtenida por CartoCrítica, es una de las compañías
favorecidas con permisos para pozos en México.
En
México este tipo de prácticas de beneficiarse de un cargo público para
favorecer a una compañía con la que se tienen intereses no es en absoluto
ajeno. Por si faltara un ejemplo claro en el tema del fracking, recientemente
el ex Presidente Vicente Fox lo brindó, al darse a conocer su alianza con el ex
director general de Chesapeake Energy y actual CEO de American Energy Partners,
Aubrey McClendon, para explorar el sector energético en nuestro país, como
publicó el pasado 8 de septiembre el portal DeSmogBlog.
Otro
caso revelado recientemente que descubre estos intereses entre la clase
política y las corporaciones, así como el entramado de éstas entre México y
Estados Unidos, fue dado a conocer por el mismo medio. El sitio publicó que
como responsable de la política exterior de Estados Unidos, la actual
precandidata demócrata Hillary Clinton impulsó la llamada reforma energética en
México, concretada en 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Con
base en correos electrónicos de Clinton, divulgados por el Departamento de
Estado de ese país, se reveló que el equipo de Clinton promovió la apertura del
sector energético a compañías extranjeras. Dos personajes clave de esa
estrategia trabajan en el sector energético y podrían beneficiarse de esa
apertura que impulsaron.
Uno
es el ex Embajador de Estados Unidos en México Carlos Pascual, quien es
vicepresidente de la consultoría IHS, empresa que cuenta con una unidad de
“evaluación de las opciones futuras en México”. El otro personaje clave es
David Goldwyn, quien dirige una consultora sobre temas de petróleo y gas, funge
como abogado de industrias petroleras y trabaja en think tanks financiados por
ésta.
Ray
Kemble en la entrada de su casa, donde ha colocado una bandera de Estados
Unidos invertida, que significa un llamado de ayuda para cuando se está en
peligro. Foto: Mayela Sánchez, SinEmbargo
Ajenos
a esas decisiones, pero que terminarían siendo impactados por ellas, hay
personas como Ray Kemble, un ex trabajador de la industria gasera convertido
hoy en activista antifracking en el condado de Susquehanna.
Desde
hace dos años, Kemble, un antiguo transportista de la industria gasera, se
dedica ahora a conseguir agua potable para él y otras familias, pues su agua,
como la de aquéllos a quienes ayuda, está contaminada.
En
la entrada de su casa, Kemble tiene varios letreros con leyendas antifracking y
a favor de proteger el agua. Contrario a la bandera que las compañías colocan
en sus pozos para transmitir una imagen de patriotismo, en medio del jardín de
Kemble hay una bandera estadounidense colocada al revés. En la tradición, eso
significa un llamado de ayuda cuando se está en peligro. Esa imagen bien puede
ilustrar lo que implica la lucha ciudadana contra el fracking en una sociedad
defensora de los derechos civiles, en la que incluso éstos han sido pisoteados.
–Este
trabajo fue realizado con el apoyo de la Heinrich Böll Foundation
(SIN
EMBARGO.MX/ Mayela Sánchez/ septiembre
30, 2015 - 00:00h)
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