CHILPANCINGO,
GRO. (Proceso).- A un año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, los principales negocios del exalcalde perredista José Luis Abarca
Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, siguen operando con
normalidad a pesar de que ambos están presos desde noviembre de 2014 y
enfrentan procesos por crimen organizado, enriquecimiento ilícito, secuestro y
homicidio.
Desde
el año pasado, la PGR informó que su Unidad Especializada en Análisis
Financiero aseguró de forma precautoria al menos 90 propiedades de la pareja,
que creó las empresas Asociación Yozy & Apos, S.A. de C.V., y Abarpin, S.A.
de C.V., para triangular la compra de los inmuebles. La primera firma se dedica
a la renta de locales comerciales, la segunda, a la compraventa de terrenos y a
la construcción.
El
gobierno federal informó que, según la Unidad Especializada, 31 casas y
departamentos, nueve empresas y 13 joyerías propiedad de los Abarca se
encuentran en Iguala, Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco.
Añadió
que en Morelos detectó seis casas, dos más en Tlaxcala y 10 en el Distrito
Federal, entre éstas últimas dos en la delegación Cuajimalpa.
Los
negocios más conocidos del matrimonio Abarca Pineda en Iguala son el Centro
Joyero y la plaza comercial Galerías Tamarindos, que operan sin ningún
impedimento legal, atendidos por sus familiares.
Lo
anterior ocurre a pesar de que los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa
y sus abogados han exigido varias veces a las autoridades federales que se
embarguen dichos bienes, pues en casos de presunto lavado de dinero debe
determinarse el origen de las propiedades.
La
plaza Galerías Tamarindos, valuada en más de 300 millones de pesos, está en la
parte oriental del Periférico, frente a las instalaciones del cuartel del 27
Batallón de Infantería. Es la propiedad más destacada de José Luis Abarca y el
predio donde se asienta fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
La
gestión correspondiente la realizaron el exsenador perredista Lázaro Mazón
Alonso y el diputado local priista Rubén Figueroa Smutny, amigos de Abarca que
tienen intereses políticos en la zona Norte.
Según
reportes periodísticos, la Sedena cedió el terreno de 70 mil metros cuadrados
al ayuntamiento de Iguala a condición de que fuera utilizado para construir
“vías de acceso y áreas recreativas”.
En
enero de 2008 comenzó a levantarse el centro comercial, del entonces joyero
José Luis Abarca. A la colocación de la primera piedra asistieron el gobernador
Zeferino Torreblanca Galindo (postulado por el PRD), políticos de otros
partidos y mandos del 27 Batallón de Infantería.
Actualmente,
la plaza alberga una tienda Comercial Mexicana, un complejo de Cinépolis,
tiendas de todo tipo y restaurantes de comida rápida. Es administrada por
Roselia Abarca Velázquez, hermana del expresidente municipal, quien además es
directora de la escuela privada Centro de Estudios Benemérito de las Américas.
Éste es otro negocio de la familia, de acuerdo con versiones de habitantes de
Iguala.
Días
después de la detención del matrimonio Abarca Pineda, su hija Yazareth acudió
al centro comercial, donde fue videograbada. Las imágenes fueron difundidas en
redes sociales.
Eran
finales de noviembre y la mayor de los cuatro hijos de los Abarca Pineda iba
resguardada por al menos cuatro hombres con radios fajados a la cintura. Se
entrevistó con personal de diferentes establecimientos de la plaza, con
capacidad para 42 locales.
Otro
negocio de Abarca es el Centro Joyero de Iguala, uno de los cuatro más grandes
de su especialidad. Ahí la actividad es normal y el único incidente se registró
a mediados de abril pasado, cuando irrumpieron ahí elementos de la Agencia de
Investigación Criminal de la PGR y del Servicio de Administración Tributaria
(SAT).
El
propósito de las autoridades era verificar que fuera lícita la mercancía
exhibida en 11 locales de los negocios Arte en joyería Aurium, Joyería Orovel’s
y Stela.
Varios
medios de comunicación informaron que durante el operativo de la PGR y el SAT
estuvieron familiares de los procesados, quienes mostraron la documentación que
les requerían las autoridades. Éstas se retiraron sin emitir ninguna
declaración.
Hasta
ahora, ningún funcionario ha informado nada sobre el resto de las propiedades y
negocios de los Abarca Pineda y se desconoce su situación legal.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/EZEQUIEL FLORES CONTRERAS/ 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015)
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