Fox
será el más abierto, hoy, pero Salinas, Calderón, Peña Nieto, Téllez y otros
son mencionados por hacer gobierno y luego explotar negocios.
El
ex Presidente Vicente Fox Quesada se ha convertido en un protagonista de los
nuevos negocios del sector energético mexicano. Foto: Cuartoscuro
Ciudad
de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– El 7 de noviembre de 2014, a las 13
horas, en la sala de juntas del piso 11 de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH) tuvo lugar una audiencia con los integrantes de la nueva
compañía mexicana Sierra Oil and Gas.
“Se
comentaron algunas dudas por parte de los participantes de la empresa Sierra
Oil and Gas en relación a la Reforma Energética: bases para la evaluación de
empresas con experiencia reciente en el mercado, regulación de reconocimiento y
exploración superficial, diferencia entre los procesos de exploración
superficial y rondas de licitación; calendario del proceso de asignaciones para
adquisición de información y precalificación”, dice el acta de la reunión.
“La
empresa Sierra Oil and Gas mostró su estrategia, experiencia, capacidad
financiera y de operación, estructura organizacional. Comentaron que están
interesados en proyectos de exploración, terrestres, agua someras y no
convencionales”, agrega el documento.
Por
parte de la CNH estuvieron los comisionados Edgar Rangel, Alma Porras Luna y
Sergio Pimentel Vargas, mientras que por la firma mexicana acudieron el
director, Ivan Sandrea, así como el ex cónsul de México en Nueva York y ex
director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener)
con Felipe Calderón Hinojosa, Salvador Beltrán del Río, hoy consejero general
de Sierra Oil and Gas.
La
empresa había hecho su aparición pública apenas unos meses antes, el 18 de
septiembre, cuando un boletín la describió como “la primera firma independiente
de producción y exploración” de México. Su directivo Iván Sandrea, agregó la
información difundida por el servicio de información corporativa PRNewswire, es
un ejecutivo “altamente experimentado” en el sector de hidrocarburos por su
trabajo en compañías como Statoil, British Petroleum, Energy Intelligence y,
también, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
“El
señor Sandrea ha compuesto un equipo de distinguidos profesionales mexicanos e
internacionales del sector de gas y petróleo, representado más de 350 años de
experiencia con aplicabilidad directa al conjunto de oportunidades en México”,
dice el comunicado. Los socios, agregó la información, son las firmas
Riverstone Holdings y EnCap Investments, que comprometieron 450 millones de
dólares, mientras que Infraestructura Institucional, “la firma de acciones de
infraestructura más grande México”, comprometió 75 millones.
“Sierra
representa una oportunidad importante para el capital institucional de México,
particularmente el fondo de pensiones, Afores, que invierten en nuestros
Certificados de Capital de Desarrollo (CKD’s), para ayudar a financiar el
desarrollo del naciente sector energético privado mexicano con la participación
en los proyectos de exploración y producción desbloqueadas con la reforma
energética”, dijo Juan Alberto Leautaud, vicepresidente de Infraestructura
Institucional, citado en el boletín.
Infraestructura
Institucional, agregó el documento, fue fundada en 2010 como una firma de
inversión enfocada en proyectos de infraestructura. Según la misma fuente, en
ese periodo obtuvo más de mil millones de dólares en “acciones” a través de dos
de sus CKD compuestos básicamente: los Afores y otras “instituciones” mexicanas.
Menos
de un año después de haber hecho su aparición pública, Sierra Oil and Gas se
convirtió, el pasado mes de julio, en la ganadora de la primera licitación de
la reforma energética, al quedarse con la adjudicación de los dos únicos
contratos de bloques a explorar en aguas someras mexicanas que lograron ser
subastados por la Secretaría de Energía en la Ronda Uno.
“El
claro y robusto marco regulatorio que el Gobierno mexicano adoptó como
resultado de la Reforma Energética de 2013 hizo posible la creación del
consorcio”, informó Sierra Oil and Gas en un comunicado del 17 de julio.
Dos
semanas después, el periódico Reforma reportó que Infraestructura Institucional
había estado presidida hasta hacia unos días por Jerónimo Marcos Gerard Rivero,
hermano de Ana Paula Gerard, esposa del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari
(1988-1994). El medio basó su información en los datos –disponibles aún– de la
página electrónica de la firma española Acciona, en la cual aparece Gerard
también como integrante del consejo de administración.
“Entre
los múltiples puestos que ocupa en la actualidad, es consejero de AMEXCAP,
vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios y de
Infraestructura (AMFII), consejero de la Bolsa Mexicana de Valores, consejero del
Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B., responsable de fondos de inversión
privados en México para The Latin America Entreprise Fund, presidente de
Infraestructura Institucional y consejero de Telefónica México”, dice aún la
página electrónica de Acciona.
“Es
Vicepresidente del Consejo de Olimpiadas Especiales de México y Profesor de
Microeconomía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha sido
CFO de Telefónica Móviles México y CEO de
Telefónica B2B y trabajó en Goldman Sachs & Co. Fue Asesor del
Vicesecretario de Finanzas del Gobierno Mexicano de Carlos Salinas durante todo
su mandato presidencial (1988-1994)”,
agrega la información.
Reforma
recordó también que el integrante de la nueva firma es además hermano de
Hipólito Gerard, dueño de Constructora y Edificadora GIA+A, que también había
sido beneficiada con la licitación para construir el Tren de Alta Velocidad
entre México y Querétaro.
En
este proyecto, recordó el periódico, GIA iba en combinación con Grupo Higa, la
constructora del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del Presidente
Enrique Peña Nieto y conocido ahora a nivel internacional por haber financiado
la residencia llamada “casa blanca” de la pareja presidencial y una más al
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
Luego,
el 1 de septiembre pasado, el ex Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006)
apareció también como socio de una nueva empresa que busca explotar, de igual
forma, el mercado de los hidrocarburos en México. “EIM Capital y una filial de
la firma American Energy Partners anunciaron la nueva e histórica asociación
para explorar las bastas oportunidades de exploración y desarrollo ofrecidas
por los abundantes recursos de petróleo y gas de México”, publicó PRNewswire.
“EIM
capital, una firma de inversión privada basada en la Ciudad de México y
dedicada sólidamente a las nuevas inversiones en el sector energético mexicano,
está liderada por Franco C. Hamdan y el ex Presidente Vicente Fox”, agrega el
mismo comunicado.
POLÍTICA, “MONEDA DE CAMBIO” EN EL
MERCADO
Virgilio
Andrade, titular de la SFP, encargada de investigar a funcionarios públicos por
sospechas de conflictos de interés, corrupción y desvía de recursos, entre
otros, y el Presidente, su jefe. Foto: Presidencia de la República
Omar
Escamilla, investigador de la organización Poder –experta en rendición de
cuentas y ética empresarial–, dice que no le sorprende conocer más casos de
compañías que hoy buscan una parte del negocio derivado de la Reforma
Energética y que tienen entre sus integrantes a ex funcionarios o personas
cercanas al poder político mexicano.
A
la fecha, informa, Poder está por concluir un estudio que encuentra que este
tránsito o “puerta giratoria” que utilizan diversos ex funcionarios ahora en el
negocio de los hidrocarburos es una tendencia clara, sobre todo, dice, desde
los últimos 25 años.
Tan
clara, dice, que la investigación encontró que seis de los nueve últimos
directivos de Petróleos Mexicanos salieron de la paraestatal para ocupar
puestos en empresas relacionadas con el sector energético: Carlos Ruiz
Sacristán, hoy director general de Infraestructura Energética Nova (Ienova),
filial de la californiana Sempra Energy; Adrián Lajous, integrante del Consejo
de Administración de Schlumberger hasta 2014; Rogelio Montemayor, hoy presidente
del Cluster Minero-Petrolero de Coahuila; Luis Ramírez Corzo, accionista de la
nueva empresa de servicios Oro Negro; Jesús Reyes Heroles, asociado con Morgan
Stanley para inversiones en energía, y Juan José Suárez Coppel, hoy integrante
del Consejo Directivo de la consultora Jacobs Engineering Group.
“En
el caso de Montemayor –explica-, fue Gobernador de Coahuila, y luego se fue a
una firma que se llama Cluster Minero-Petrolero de Coahuila, que lógicamente
surge para cabildear intereses privados, porque en eso consiste la puerta
giratoria –explica Escamilla– en compartir puestos de Gobierno y en utilizar la
información para cabildear a favor de empresas privadas”. O lo que también se
denomina, dice el investigador, “captura del Estado” por parte de las élites
económicas vinculadas al poder político.
En
la entrevista, Escamilla menciona que le llamó la atención cómo, por ejemplo,
en el boletín en el que la firma Morgan Stanley anunció en 2012 la contratación
de Reyes Heroles para iniciar sus inversiones en el sector energético mexicano,
lo que destacó fue, precisamente, el conocimiento y “la inigualable red de
relaciones” que el ex funcionario tiene del sector energético de todo
Norteamérica.
“Es
como una burla que las posiciones de Gobierno se conviertan en moneda de
cambio, en un activo que buscan las empresas”, dijo Arredondo.
Este
uso de la “puerta giratoria”, agrega, se ha exacerbado en el país debido a la
insuficiencia, huecos y falta de claridad del marco jurídico que regula el
conflicto de interés entre servidores públicos.
Otro
aspecto preocupante ahora, agrega Escamilla, es también el esquema de
“especulación” financiera en el que hay indicios que entró Infraestructura
Institucional, vendida en plena adjudicación de la Ronda Uno a la firma de planeación
financiera Black Rock.
“Estas
alianzas permiten que gigantes como Black Rock ingresen a la industria de los
hidrocarburos en México justo cuando se aseguraba que las riquezas nacionales
se quedarían en el país”, agregó.
ESTADO “CAPTURADO” POR INTERESES
Los
apellidos Gerard o Fox no son los únicos de ex servidores públicos que ahora
aparecen en el nuevo sector de hidrocarburos. El nuevo integrante del Fondo
Mexicano del Petróleo y ex secretario de Energía, Agricultura y Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez
Kuénzler, ha sido considerado ejemplo del funcionario con conflicto de interés
o del uso de la “puerta giratoria” debido a su constante tránsito entre el
sector público y el privado.
“Téllez
dejó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y, en 2010, regresó a
Sempra Energy como integrante del consejo directivo; y ahí aparecía su nombre
todavía en diciembre de 2014, recibiendo una compensación de 195 mil 500
dólares al año”, publicó SinEmbargo el pasado 17 de abril en un artículo que
detalla la relación del ex servidor público con diversos consejos
empresariales, como el de Grupo México o el de Monsanto.
“En
2013, cuando Téllez también encabezaba la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
Sempra se convirtió en México en Infraestructura Energética Nova (Ienova), la
cual acaba de ganar uno de los primeros contratos requeridos por la actual
Reforma Energética: la construcción de un gasoducto en el estado de Chihuahua,
en la región de Ojinaga –rica también en depósitos de gas– y otorgado apenas en
noviembre pasado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, agregó el
mismo texto.
Otro
caso es el de la ex Secretaria de Energía con Calderón, Georgina Kessel
Martínez, quien de la administración pública federal pasó al Consejo de
Administración de Iberdrola.
Más
recientemente, otro político también impulsor de la Reforma Energética y ahora
relacionado con empresas que buscan hacer negocios de esta apertura es el
Embajador de Estados Unidos en México hasta 2002, Jeffrey Davidow, hoy
consejero de Ienova y, también, de la firma internacional de consultoría DLA
Piper.
En
abril pasado, Davidow anunció su asociación con el despacho mexicano
Gallástegui y Lozano, con el que buscarán atraer los negocios derivados de las
reformas estructurales del actual sexenio, como la energética y la de
telecomunicaciones. En Gallástegui y Lozano, además, es socio Gerardo Lozano
Alarcón, hermano del senador panista Javier Lozano, abierto promotor de la
reforma en materia de Telecomunicaciones.
“Es
la forma en la que los intereses económicos y privados capturan diferentes
responsabilidades regulatorias, a través de sus influencias, y terminan
controlando temas de políticas públicas”, explicó entonces Benjamin Cokelet,
director de la organización Poder y autor de una investigación sobre las redes
entre empresarios y funcionarios.
“En
colaboración con políticos y encargados de las regulaciones, el capitalismo de
amigos ha socavado el crecimiento económico equitativo en un país donde las
instituciones democráticas aún están en formación”, plantea Cokelet en su
investigación, titulada “Consejo Mexicano de Hombres de Negocios: política,
élites y toma de decisiones en México”, publicada en 2013.
En
el documento, el autor ubica específicamente el sexenio de Carlos Salinas de
Gortari (1988-1994) como el periodo en el que se consolidó la influencia de
esta agrupación de élite empresarial sobre el Poder Ejecutivo.
Salinas
de Gortari, dice Cokelet, se acercó con el Consejo Mexicano de Hombres de
Negocios desde 1987, cuando estaba en la “pasarela” de presidenciables y cuando
su plan de apertura económica lo perfilaron como el favorito del Presidente
Miguel de la Madrid Hurtado y de los empresarios. Una vez electo, agrega,
Salinas le dio al CMHN poder sobre un amplio rango de asuntos, incluyendo las
reformas legislativas que facilitaron las privatizaciones, la aprobación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y, en general, la
imposición del modelo neoliberal en México.
“A
cambio del acceso a la Presidencia, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
cumplió parte del trato promoviendo la imagen de Salinas en el extranjero,
financiando la participación del sector privado en el apoyo de las
negociaciones al Tratado de Libre Comercio y, por lo demás, legitimando su
Presidencia”, dice la investigación.
“La
visión tecnócrata de Carlos Salinas sobre la política económica se ajustó bien
a la creciente preferencia de los empresarios por una mezcla de proteccionismo
y neoliberalismo. Al final, las políticas de Carlos Salinas agrandaron la
inequidad, profundizando la concentración de riqueza en manos de los integrantes
del CMHN y otras élites de negocios y, al final, sentando las bases para la
crisis del Peso en 1995”, agrega.
“GARANTÍA DE IMPUNIDAD”
Cuestionado
entonces sobre el nombramiento de Téllez en el Fondo Mexicano del Petróleo, el
investigador de la organización Fundar, Oscar Arredondo Pico, planteó –como los
investigadores de Poder– que es la laxitud de las regulaciones alrededor del
conflicto de interés una de las principales causas de este tipo de prácticas.
La
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, explicó desde principios de este año, si
bien prohíbe los conflictos de interés, también ofrece una salida para que
cualquier consejero que incurra en perjuicio o quebranto a la Hacienda Pública
Federal quede exonerado en los tribunales.
“En
el artículo 25 hay una fracción que los exime de responsabilidades, porque dice
que los miembros del comité no se considerarán responsables por daños y
perjuicios cuando, entre otros supuestos, actúen conforme a sus facultades o
con base en su leal saber y entender”, explicó Arredondo.
Cuestionado
ahora con respecto a los nuevos casos, Arredondo, como Escamilla, dice no
sorprenderse. “En las altas esferas del Gobierno hay información privilegiada,
datos estratégicos y relaciones clave para incorporarse a la economía del
sector con ventajas competitivas. Esto sucede por la laxitud de las normas
jurídicas, su poco alcance y limitada interpretación. El conflicto de interés y
demás figuras que pudieran ser constitutivas de irregularidades son acotadas en
su propia definición”, dijo.
“En
la realidad vemos conflicto de interés, pero en la legalidad no alcanzamos a
ver conexiones; un ex Presidente beneficiado de un acto de la presente
administración no presume ningún conflicto de interés en la Ley, así que no
detona ni detonará ninguna investigación (…) Han ocurrido muchas cosas en
México con relación al conflicto de interés. El tema de la ‘casa blanca’ puso
en evidencia la fragilidad del marco jurídico, la garantía de impunidad que da
la debilidad y dependencia de las instancias sancionatorias”, agregó.
(SIN
EMBARGO.MX/ Sandra Rodríguez Nieto /septiembre 29, 2015 - 00:00h)
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