Denuncias ponen en el ojo del huracán a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por corrupción
Una nueva denuncia de corrupción y abuso de autoridad enfrenta el
presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) en
Sinaloa, Fausto Rubén Ibarra Celis. No es la primera vez que se ventilan
ilegalidades y violaciones en los procedimientos de ejecución de los
asuntos laborales de la Junta, tanto de las partes demandantes como
demandadas, pero sí que una acusación llega documentada ante la Unidad
de Transparencia y Rendición de Cuentas (UTRC) del Gobierno estatal.
La denuncia, acompañada del expediente laboral 6-1057/2009 y un video (de los cuales Ríodoce
tiene copias) fue presentada al titular de la UTRC, Juan Pablo Yamuni
Robles, por la empresa Autotransportes Unidos de Sinaloa (AUS) el pasado
31 de octubre. En ella se argumenta que el titular de la Junta y el
actuario Héctor Peña Angulo “actuaron en claro abuso de autoridad
aprovechándose del poder que le confiere la función pública que ostentan
para actuar con exceso de facultades” y solicitan la intervención del
funcionario estatal “para que se investiguen los hechos expuestos”.
El caso se refiere a un juicio laboral en el que el trabajador Fidel
Bustamante Peraza demanda a la empresa AUS, y a Apolinar, Sergio Manuel y
Jaime Fidencio Félix Rodríguez, por despido injustificado y solicita su
reinstalación.
El procedimiento inició el 8 de julio de 2009 y se desarrolló hasta
la resolución final (laudo) el pasado 10 de septiembre, la cual
consistió en reinstalar al trabajador y pagarle la cantidad de un millón
706 mil 745 pesos, por concepto de vacaciones, aguinaldo, horas extras,
séptimos días, prima dominical y salarios caídos.
El expediente en que se basa la denuncia acredita que a partir de la
notificación del laudo a la empresa y a dos de las personas demandadas
(se omitió notificar a uno de ellos), el 17 y 18 de septiembre, se
desarrollaron una serie de ilegalidades.
La primera de ellas es que en un oficio dirigido a Fausto Ibarra
Celis con fecha 20 de septiembre, Valeria Dalle Mese Zavala, apoderada
legal del trabajador Fidel Bustamante Peraza, le solicita el
“requerimiento de pago y en caso de negativa, se proceda al embargo de
bienes suficientes que garanticen el monto de la condena” y alude al
artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se señala que
“los laudos deben cumplirse dentro de las 72 horas siguientes a la que
surta efectos la notificación”.
Sin embargo, esta petición la hizo cuando aún no había transcurrido
un solo día de la notificación, ya que los días 19 y 20 de septiembre,
la JLCA suspendió actividades debido “a la contingencia meteorológica
causada por el huracán Manuel”, mientras que el 21 y 22 de septiembre, sábado y domingo, son días inhábiles.
La denuncia señala que “todavía no transcurría el término de las 72
horas en razón de que los días 19, 20, 21 y 22 fueron inhábiles y por lo
tanto la Junta no tuvo actuaciones ni se encontraba en funciones, razón
por la cual no pueden computarse estos días como horas y al haberlo
hecho así el funcionario público se excede y abusa de su autoridad…
incumpliendo con su función y cargo, que lo obliga a revisar y vigilar
que los actos de ejecución se cumplan de manera legal, y no a su
capricho o a su manera utilizando el poder que ostenta para contravenir a
la legalidad y seguridad jurídica del procedimiento”.
Fausto Ibarra Celis recibió el oficio de Valeria Mese Zavala el lunes
23 de septiembre y al día siguiente, el martes 24, comisionó al
actuario Héctor Miguel Peña Angulo para requerir la reinstalación y el
pago al trabajador, sin especificar la fecha, hora y lugar en el que se
le debía incorporar (requisito de todo acto de ejecución), y de no ser
así, el embargo de los bienes de la empresa. El acuerdo no lo hizo
llegar a los interesados, sino que lo publicó en estrados, es decir, en
un sitio abierto, que legalmente surte efectos de notificación formal.
Para el miércoles 25 estaba ya el actuario Peña Angulo en las
oficinas de la empresa para requerir al apoderado legal de la compañía,
Gustavo Moreno y a Jaime Fidencio y Apolinar Félix Rodríguez, el pago al
demandante, sin mencionar la reinstalación. Como ninguno de ellos se
encontraba, dejó recado con la secretaria. En el acta levantada, el
actuario señala que “en uso de la voz el actor Fidel Bustamante Peraza
manifiesta que en este acto me reservo el derecho de señalar bienes
propiedad de la demandada, lo cual lo haré con posteridad”, cuando este
ni siquiera estuvo en la diligencia.
Para el lunes 30 de septiembre, otro apoderado legal del trabajador
de nombre Carlos Rafael Pérez Cervantes, solicita al presidente de la
JLCA el embargo de ocho cuentas bancarias de la empresa. Ese mismo día,
Fausto Ibarra recibe, analiza el escrito y comisiona al mismo actuario
Peña Angulo, para que acuda al banco, “requiera la exhibición del saldo
de las cuentas… y una vez que las tenga a la vista, cerciorado de que
dichas cuentas se encuentran registradas a nombre de Autotransportes
Unidos de Sinaloa y Apolinar Félix Rodríguez y de que cuentan con el
saldo suficiente, proceda a declararlas legal y formalmente embargadas”.
También ese día envía un oficio al gerente de la institución bancaria
en donde le solicita que emita el cheque de caja respectivo por un
millón 706 mil 745 pesos.
En la acta que levanta Peña Angulo señala que de acuerdo con la
respuesta del gerente bancario, “no es posible exhibir los saldos de las
cuentas ni proporcionar los nombres de los titulares, ya que con ello
violaría el secreto bancario”. Aún así, el embargo fue ejecutado el
primero de octubre mediante un proyecto de resolución del 2 de
septiembre y no del 10 como se notifica a la parte demandada, por lo que
todos los movimientos se realizaron con sigilo, sin que la empresa se
diera cuenta.
En una siguiente resolución de la Junta, se condicionó a los
demandados al pago de una fianza de 144 mil pesos para garantizar la
subsistencia del trabajador Fidel Bustamante, la cual fue entregada en
efectivo a Fausto Ibarra, “más no restituyó la cantidad embargada
—agrega la denuncia— lo que demuestra el interés y uso abusivo del
derecho y de la aplicación de la ley a su gusto y complacencia, lo cual
ya resulta intolerable”.
El documento señala que el caso de Autotransportes Unidos de Sinaloa
“no es un hecho aislado”, sino que “es evidente el abuso de autoridad y
el uso excesivo de sus facultades (de Fausto Ibarra). La UTRC enumera un
caso en el que a través de una diligencia judicial, el Juzgado Primero
de Distrito advierte que “la JLCA y su presidente” no han dado
cumplimiento a un fallo protector, a pesar de los requerimientos
realizados el seis y 22 de febrero, 21 de marzo, 23 y 29 de abril, 8 y
30 de mayo, 28 de junio, 23 de julio, 7 de agosto, 2 de septiembre y 4
de octubre de este año.
Aquí, el juzgado indica que “dado que la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje del Estado de Sinaloa y su presidente, en diversas ocasiones
se les ha apercibido que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de
amparo se procedería a iniciar el incidente de inejecución de
sentencia”, remitió el expediente al Tribunal Colegiado del Duodécimo
Circuito en turno, a fin de que se substancie el incidente de
inejecución de sentencia y se determine lo relativo a la separación del
cargo y consignación ante autoridad competente de las autoridades antes
precisadas”.
Otro caso fue el de Luis Noel Zavala Díaz, quien desde hace dos años
mantiene una demanda en contra de una empresa ferretera sin visos de
solución. A finales de noviembre pasado, su abogado Héctor Saúl Martínez
Román, acusó públicamente a Fausto Ibarra de ser el responsable del
“caos, corrupción e informalidad dentro de la Junta”.
Entrevistado por Ríodoce sobre el caso, el apoderado legal de
la empresa Gustavo Moreno Sánchez dijo que acudió con el subsecretario
de Gobierno, Bernardo Cárdenas, para solicitarle su intervención ante
las irregularidades y que el jurídico de Gobierno analizara el caso y
decidiera imparcialmente, pero no aceptó, por lo que se interpuso la
demanda ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.
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