Convertido
en reserva de la biosfera por decreto presidencial en febrero de 2007,
el corazón de la Sierra Gorda de Guanajuato, rica en vida vegetal y
animal única en el mundo, tiene una maldición: está llena de minerales
susceptibles de explotación. Ahora hay rastros –tóxicos casi todos
ellos– de actividad extractiva anterior. Los grandes consorcios de la
minería no quieren soltar la presa y cabildean para echar abajo las
medidas de protección de la biodiversidad.
XICHÚ, GTO. (Proceso).-
El camino de terracería que sale de la cabecera de este municipio y se
adentra en la Sierra Gorda está bordeado por montones de desechos
tóxicos, pilas de residuos y jales mineros abandonados por las empresas
que explotaron los yacimientos de la región hace décadas.
A lo
largo del recorrido hasta los ejidos del Toro, Buenavista y la comunidad
de Majadas, en los límites de los municipios de Xichú y Atarjea, se
perciben los olores de óxidos y arsénico que desprenden esos cerros de
desperdicios minerales.
Esto ocurre en el corazón de la Reserva de
la Biosfera de la Sierra Gorda de Guanajuato (RBSGG), creada por
decreto de Felipe Calderón publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 2 de febrero de 2007.
Pero la voracidad de las
compañías mineras –sobre todo las canadienses– no ha desaparecido, se ha
avivado y presiona a las autoridades municipales, a legisladores y
comuneros, en un intento de modificar el decreto presidencial y que se
reabran varias minas.
La reserva abarca 236 mil 882 hectáreas en
cinco municipios del noreste de Guanajuato: San Luis de la Paz, Santa
Catarina, Victoria, Xichú y Atarjea. Las zonas núcleo abarcan 78 mil 304
hectáreas.
En el decreto de creación de la RBSGG se estipula:
“Que
la Sierra Gorda de Guanajuato es una zona en México que aún conserva
importantes mecanismos ecológicos en cuanto a regulación climática e
hidrológica, alta biodiversidad de especies y recursos biológicos;
alberga, en su parte alta, zonas compactas y en buen estado de
conservación de bosques templados y tropicales, así como de diversos
tipos de matorral resguardados por lo abrupto del macizo montañoso y la
falta de vías de comunicación adecuadas, constituyendo una importante
zona de recarga de los mantos acuíferos, las cuales alimentan las
principales corrientes de agua de importancia en la región, de las que
dependen varias poblaciones, así como sus actividades productivas.
“Que
en la región de la Sierra Gorda de Guanajuato existe una diversidad
biológica notable por la variedad de su orografía, que permite el
desarrollo de una gran diversidad de especies de flora y fauna, en las
que se comprenden 31 familias, 56 géneros y 84 especies de las cuales,
39 son de la forma arbórea, 18 arbustivas, 27 herbáceas y una epífita;
que posee una riqueza de especies en riesgo incluidas en la
NOM-059-SEMARNAT-2001”, así como 182 especies de aves y 42 de mamíferos.
Para
elaborar el decreto, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), el gobierno de Guanajuato y los de los cinco municipios
mencionados realizaron los estudios técnicos de los cuales se desprendió
que la zona “posee una extraordinaria riqueza a nivel mundial” y
constituye una región de alta fragilidad, con muestras representativas
de ecosistemas originales.
El decreto limita la exploración y
explotación minera en las denominadas zonas de amortiguamiento de la
reserva y prohíbe terminantemente dichas actividades en las “zonas
núcleo”, clasificadas así por la riqueza natural que presentan.
No obstante los empresarios mineros se afanan en echar abajo esta prohibición mediante la modificación del decreto presidencial.
Un
mapa oficial da cuenta de 39 minas de plata, cobre, plomo, zinc,
mercurio, fluorita y barita en la RBSGG, de las cuales se identifican al
menos 13 vetas. Otro mapa, en poder del director de la reserva, le pone
nombre a la propiedad de las minas ubicadas en parte de la zona núcleo y
de amortiguamiento entre Xichú y Atarjea: es la canadiense Goldcorp.
La
reactivación de la explotación minera daría empleos, tan escasos en la
región (una de las de más alta marginación en Guanajuato), argumentan
los empresarios, unidos a algunas autoridades municipales, legisladores
locales y federales.
Y el propio director de la reserva, Víctor
Manuel Ildefonso Apolinar, justifica, defiende y promueve la apertura a
la minería, en medio de las señales confusas que dan el gobierno federal
y las autoridades estatales sobre el tema.
Aunque el gobernador
de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez ha expresado un rotundo no a la
explotación minera en la zona, el director de la reserva asegura que
tiene la instrucción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y la aprobación de todas las instancias implicadas
para tramitar la modificación del decreto.
“Cuando se da el
decreto prácticamente no se estaban trabajando las minas, pero varios
denuncios están activos… el mapa que tenemos actualmente de la
zonificación tiene apartadas varias superficies que son denuncios, ya
desde ese momento no está prohibida la minería, alguien la consideró una
posibilidad, aún con la zona núcleo como está ahorita”, dice el
funcionario a Proceso.
Consultados por este semanario habitantes
de la región y comisariados ejidales de Buenavista, El Toro, Río Abajo,
manifiestan opiniones divididas: Ignacio González y Julio Vargas, de los
dos primeros ejidos, esperan los empleos de la minería “porque trabajo
no hay aquí”. Para Adán Velázquez, de Río Abajo, “sería destrozar los
recursos naturales. ¿Fuentes de empleo? Sí, un tiempo. Los nietos ya no
tendrán nada”.
“Un tajante no a la explotación minera en la
Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda. No nos vamos a acabar lo
único que tenemos protegido”, declaró el gobernador Márquez el viernes 8
al diario Correo.
Muchos intereses
Ildefonso
ha cabildeado con alcaldes, legisladores e integrantes del consejo
asesor de la reserva en favor de la reactivación minera. “Todo depende
de un estudio técnico justificativo que elabora un especialista con las
normas que envía la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, se
justifica.
Asegura que fueron los presidentes municipales (del
trienio anterior) quienes plantearon –mediante una carta a Calderón– que
la zona núcleo les estorbaba para llevar a cabo algunas actividades.
“Los presidentes municipales, la hoy diputada Petra Barrera, entregaron
el escrito; se viene en cascada, llega a mí como encargado de la reserva
y estamos tratando de proceder”.
Esta petición, aprobada en
Querétaro en noviembre de 2011, no fue ratificada por los presidentes
municipales actuales, quienes iniciaron el trienio en octubre de 2012.
“Pero yo ya me he entrevistado con todos y están de acuerdo en las
modificaciones”, insiste Ildefonso.
–¿Como director de la reserva usted considera que se justifica la modificación, principalmente para la minería? –se le pregunta.
–Las
minas subterráneas prácticamente no tienen impactos al medio ambiente,
menos ahora cuando se está pidiendo a los mineros que no hagan el
beneficio in situ, con la idea de no dejar residuos peligrosos.
“También
hablamos de limpieza de jales y terreros antiguos, que es parte de los
trabajos que queremos hacer… no sólo trabajar en minas. Pero quienes las
trabajan son los dueños de los denuncios, no nosotros. No me
corresponde decir si apoyo la minería porque mi papel es imparcial. No
estoy promoviendo ninguna minería.”
–¿Usted está formalizando la petición de los exalcaldes?
–Me
ha tocado recibirla. Los que la formalizaron fueron los anteriores
presidentes municipales. El procedimiento viene desde el secretario de
Agricultura, el de Semarnat, el comisionado de áreas naturales
protegidas (Luis Fueyo MacDonald) pero yo no participé en la formulación
del documento.
Lo que sigue, explica, es la contratación de un
técnico para elaborar una nueva cartografía con las modificaciones.
Originalmente este cartógrafo sería contratado por la Semarnat o la
Conanp, pero nadie previó recursos para ello en el presupuesto del
presente año.
Ildefonso dice que hasta un donador puede pagar al
cartógrafo. “Unos posibles donadores eran los mineros; otro, el diputado
local Francisco Flores Solano (del PAN) y una más la diputada Barrera, a
quien ya le perdimos la pista, así que el próximo año se liberan
recursos federales para contratar al cartógrafo”.
Esa cartografía
se enviará a la coordinación regional, cuyo cuerpo técnico elaborará el
programa de manejo y todo se entregará para pedirle al presidente
Enrique Peña Nieto un nuevo decreto, posiblemente con la gestión de los
diputados federales.
“Los trámites se pueden agilizar vía los
políticos, con mucha más facilidad, que por el trámite propio de la
Conanp o de la Semarnat. Sería relativamente sencillo, pienso, que el
año próximo tengamos una zonificación nueva.”
–¿Le parece que la declaratoria de 2007 estuvo mal hecha?
–Creo
que sí. Y lo dice toda la región. Era un problema social cuando yo
llegué; había muchas trabas para los proyectos, como los de la Comisión
Nacional Forestal. Las vías de comunicación no se han hecho porque están
en la zona núcleo.
–El gobernador Márquez también ha dicho “rotundamente no” a la reactivación minera.
–No lo he leído.
–Algunos consejeros, especialmente investigadores universitarios, también están en contra de la modificación de la declaratoria.
–Todo
mundo puede opinar, pero nosotros estamos buscando hacer esta nueva
modificación con términos de referencia que dará la Semarnat, no el
consejo asesor. Las universidades pueden desear una reserva hermética,
ellos trabajan en la conservación a ultranza, pero la realidad es otra:
los productores están buscando aprovechamientos de bosques y otros
recursos. Los académicos estarán en desacuerdo, pero muchos no viven en
la reserva, es una posición un tanto cómoda, cuando en la realidad hay
para todos.
Aunque fue designado director de la reserva en agosto
de 2011 –en relevo del primer director, Gabriel Vázquez, con quien hizo
un enroque en la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda de Querétaro–
Ildefonso no convocó a la instalación del consejo asesor sino hasta
marzo de 2012.
En su opinión los académicos e investigadores
universitarios –como Gloria Magaña Cota, directora del Museo de Historia
Natural Alfredo Dugés, de la Universidad de Guanajuato, quienes
manifestaron su desaprobación a sus gestiones y a la modificación del
decreto de la reserva en declaraciones al Correo– “están
sobrerrepresentados” y su postura está “fuera de la realidad” porque no
viven en la reserva y tienen una tendencia “a defender la conservación a
ultranza”.
El director de la RBSGG dice que “quiere balancear” la
representatividad dentro del consejo asesor, donde participan
universitarios, alcaldes, organizaciones sociales y algunos productores,
por lo que ya promueve la integración de representantes de otros
sectores productivos… empezando por los mineros.
En una segunda
convocatoria al consejo a principios de septiembre pasado, el director
de la reserva llevó como invitado al empresario minero Gerardo Favila
Flores, quien en un punto de la reunión pidió la palabra pese a carecer
de ese derecho por no ser integrante del consejo ni estar en calidad de
invitado especial del mismo.
El empresario, confirmaron Correo y a
este semanario el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) José Isaac González Calderón, enfrenta actualmente un
procedimiento ante esta instancia por la explotación ilegal de una mina
de barita en el ejido El Charco, Atarjea, la cual fue clausurada el
pasado 19 de julio pues carece de permiso y está en una zona prohibida.
El
procedimiento sigue abierto, en etapa de presentación de alegatos por
parte del empresario; no obstante el delegado de la Profepa dejó en
claro que aunque se levantó una suspensión provisional, “si está en la
zona núcleo no podrá operar nunca”.
Pero ya hay al menos dos
empresas trabajando en la zona. Una es Mexichem, interesada en la
fluorita. “El principal yacimiento de fluorita del mundo está en los
límites entre Guanajuato y San Luis Potosí, por El Realito. A ellos les
está pidiendo Semarnat que formalicen sus procesos y presenten su
manifiesto de impacto ambiental, para que se defina si los dejarán
trabajar o no”, señala el director de la RBSGG.
La otra es Autlán.
Proceso constató que empleados de la empresa y habitantes del ejido del
Toro –quienes reciben una paga de 150 pesos diarios– hacen trabajos de
muestreo y exploración para la posible explotación en una mina a cielo
abierto… con autorización de la Semarnat.
“Los mineros están en su
derecho de presentar sus manifiestos de impacto ambiental y sus medidas
de compensación y mitigación del impacto, y pueden pasar. No están
prohibidos”, es la defensa de Ildefonso.
Reportaje publicado en la edición 1933 de la revista Proceso.
/25 de noviembre de 2013)
No hay comentarios:
Publicar un comentario