SE DISPARA CRIMINALIDAD EN BAJA CALIFORNIA SUR

La joven de 15 años fue cruelmente asesinada el 5 de noviembre dentro de su hogar. En lo que va de 2013, 14 mujeres han perdido la vida de manera violenta en el estado. Según la PGJE, se han registrado 45 homicidios a la fecha en Baja California Sur

Los Cabos, Baja California Sur. -Alrededor de las cuatro de tarde del 9 de noviembre de 2013, se respira un aire cálido en el estacionamiento de la plaza comercial Mega en San José del Cabo.

Los automovilistas llegan y empiezan a formar una fila india; en el interior, hombres, mujeres, jóvenes y niños sacan por la ventanilla de los vehículos globos blancos y comienzan a agitarlos.

La mayoría vestidos de blanco, se bajan de las unidades y se saludan entre sí. Pegan con cinta adhesiva globos sobre el cofre, techo y antenas, esbozando una sonrisa tímida. Se vuelven a subir y comienzan a pitar.

Aunque solamente participan entre diez y veinte, los vehículos forman parte de una caravana denominada “Marcha Monumental”, desde San José del Cabo hasta Cabo San Lucas, que termina en el estacionamiento del supermercado City Club del puerto sanluqueño.

El convoy lleva en la parte de enfrente la fotografía de María Fernanda, la penúltima víctima -al cierre de esta edición- del clima de inseguridad que hoy trastoca a Baja California Sur.

La joven de solo 15 años fue cruelmente asesinada el  5 de noviembre dentro de su hogar, localizado en la Manzana 50, Lote 12, de la colonia Valle del Cabo en el destino turístico, cuando regresaba de estudiar del Colegio de Bachilleres (COBACH) Número 10.

Felipa Sánchez Rodríguez, madre de la joven, la encontró tirada sobre el piso, en la sala, semidesnuda, con sangre a su alrededor y un cable enredado en el cuello, luego de regresar de su trabajo aproximadamente a las 7:30 pm.

“El homicidio de María Fernanda fue la gota que derramó el vaso”, dijo a ZETA la tía de la joven estudiante, Blanca Lamas Lucero, quien exige justicia y solicita al gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, declarar una alerta de género para detener la ola de crímenes.

Durante un mitin en Cabo San Lucas, la familiar de María Fernanda demandó mayor seguridad pública de parte de los tres niveles de gobierno, asegurando que no quieren “ni una muerta más”, incluso, expuso que hasta donde sabía, la mayor parte de los atacantes de mujeres no han sido detenidos y “no tenemos información de cómo van las investigaciones”.

La presidenta de la organización Equidad y Desarrollo de Los Cabos, Georgina Hernández Beltrán, comentó que “las madres trabajadoras tienen derecho de ir a laborar con la seguridad de que sus hijos están seguros en sus casas”, pero ahora, con el clima de violencia, cuestiona: “¿Qué seguridad tenemos de que nuestros hijos estarán a salvo?”.

Un padre de familia, de nombre Francisco Zetina -presente en el mitin-, expuso: “La inseguridad prácticamente se salió del control del gobierno, cuando una mujer como María Fernanda no estuvo a salvo ni en su propia casa, y los robos y asaltos con alto índice de violencia cada vez son mas frecuentes”.

Según estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en lo que va del año, 14 mujeres han sido asesinadas:

01. Eudocia Rodríguez Alejandro.

02. Verónica Zumaya Castro.

03. Gloria Loreto Bazán.

04. María Luisa Gararain García.

05. Erika Rosales González.

06. Damaris Karina Márquez Moreno.

07. Dayana Joselyn Pacheco.

08. Francisca Chable Félix.

09. María del Pilar Guardado González.

10. Paulette Viridiana Mendoza Lizardi.

11. Rosina Adelina Castro Jara.

12. Refugio Janeth Díaz Cruz.

13. Ana Karen Félix Valdez.

14. María Fernanda Lamas Sánchez.

EL CRIMEN

El día del asesinato, la madre de la joven llamó a María Fernanda vía celular alrededor de la una y media de la tarde, para preguntarle si ya había salido de la escuela y si estaba en su casa, a lo que contestó que ya se encontraba en camino y “no tardaba en llegar”.

Posteriormente, marcó por segunda ocasión cerca de las dos de la tarde. La menor dijo que ya estaba en su casa comiendo.

Felipa Sánchez Rodríguez, originaria de Mazatlán, Sinaloa, marcó a su pareja sentimental, de nombre Juan Manuel Loera, a las 5:30 pm, cuando estaba a punto de salir de trabajar. Pidió le llamara a su hija, porque no contestaba, y tampoco respondió al llamado del novio de su madre.

Entonces Sánchez salió de su trabajo y se dirigió a su hogar, abrió el candado de la puerta principal e ingresó. Lo primero que observó -según relató a la PGJE- fue que su hija estaba tirada en el piso, “llena de sangre y parecía inconsciente, entonces me acerqué y vi que tenía un cable enrollado en el cuello, y noté que no se movía”.

La madre de familia salió corriendo de su vivienda y solicitó auxilio a un vecino, quien se comunicó vía C-4 y reportó el incidente, solicitando la presencia de una ambulancia y de la Policía.

Durante la revisión, paramédicos de la Cruz Roja observaron que la menor de edad no tenía signos vitales y solicitaron la presencia del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, así como de peritos de la Dirección de Servicios Periciales.

En la escena del crimen, encontraron el cuerpo de la joven en posición cubito dorsal. Todavía vestía el uniforme escolar de playera blanca, falda verde, calcetas blancas y zapatos negros.

A simple vista -de acuerdo al parte oficial-, María Fernanda “tenía la cabeza llena de sangre, así como un lago hemático irregular sobre el piso del lado derecho de la cabeza, golpes en el rostro, una extensión eléctrica de color café enredada en el cuello, la falda levantada a la altura del abdomen y las pantaletas de color negro, bajadas de la cadera, a la altura de los muslos”.

El zapato del pie izquierdo se encontraba tirado sobre el piso, a 30 centímetros de la mano derecha y manchas de sangre por proyección en la pared en dirección de la cabeza.

Los peritos también encontraron un teléfono celular de color negro marca Alcatel, y en una de las tres sillas del comedor de madera, en la parte del asiento, una playera echa bola de color blanco con estampado de leopardo. Abajo, una huella semi-legible marcada de lo que podría ser un tenis en la mancha del lago hemático, cabellos largos y otros cortos en ambas manos de la víctima e incluso pedazos de piel, así como un condón aún en su sobre cerrado, tirado sobre el piso junto al ventanal de la parte trasera de la vivienda.

En base al informe, en el piso “estaba un trapo de cocina lleno de manchas de sangre en su totalidad, el cual se presume, fue utilizado para limpiar y borrar las huellas del calzado que quedaron impresas en las manchas de sangre”.

Según el dictamen de peritos, la causa de la muerte de María Fernanda fue por asfixia por estrangulamiento mecánico. El cuerpo fue levantado y llevado al anfiteatro de la PGJE.

Sobre estos hechos, los investigadores del caso explicaron a ZETA que el principal móvil del crimen fue un ataque sexual en contra de la joven, el cual no pudo consumarse porque -de acuerdo a las evidencias en la escena del crimen-, se defendió y luchó en contra del asesino, tanto que parte de su cabello y carne quedaron entre las uñas de la occisa.

Los investigadores creen que el atacante es una sola persona, la cual después de cometer el crimen, salió huyendo por la ventana trasera de la vivienda, donde quedaron dos manchas de sangre.

Asimismo, con base al testimonio de la madre, el asesino conocía o tenía bien estudiada a la victima, porque entró y salió por la ventana trasera de la casa, teniendo pleno conocimiento de que la joven había perdido la llave de la puerta de su vivienda, y entraba y salía por la ventana para introducirse a su domicilio.

En la revisión y análisis de llamadas telefónicas y mensajes de texto del celular de la joven, los investigadores descubrieron que tenía relaciones sentimentales con siete personas, inclusive de diferentes edades, cuyas evidencias fueron confirmadas en su cuenta de Facebook, donde detectaron un hallazgo de mensajes y pláticas poco comunes entre jóvenes de su edad.

El día del crimen, uno de los siete sospechosos incluso hizo 72 llamadas a María Fernanda. También se encontraron mensajes donde pedían verla en su casa. “Los mensajes nos dicen que la jovencita metía constantemente jóvenes a su casa, aprovechando la ausencia de la madre”, expuso uno de los investigadores.

Aunque al cierre de esta edición todavía no se había resuelto el crimen, la principal sospecha recae sobre un joven de entre 20 y 25 años, quien ese día fue visto en la parte trasera de la casa, a bordo de una camioneta color blanco.

La PGJE tiene dos hipótesis sobre el asesinato:

1. El ataque sexual perpetrado por una de las siete parejas sentimentales de la joven, o por algún pretendiente de Facebook que fue rechazado por la joven y entonces pretendió tomarla por la fuerza.

2. Una venganza.

Según testimonios, María Fernanda y su madre inicialmente vivían el fraccionamiento Paraíso Iguana en Cabo San Lucas, pero repentinamente dejaron la casa, la rentaron y se fueron a residir a Villas del Cabo.

Los investigadores del caso indagan por qué “viviendo en una colonia de nivel medio, se fueron a vivir a un fraccionamiento de nivel bajo, a un costado de la colonia más conflictiva de Los Cabos”, donde  a decir por amigos de la joven fallecida, “no quería que supieran dónde vivía y constantemente se negaba a ser visitada en su hogar por los amigos de su escuela”, incluso el estatus escolar de María Fernanda pasó de un colegio de paga a una escuela de gobierno.

La madre de la joven prácticamente emigró de Los Cabos y no se tiene rastro de ella, únicamente de su tía, quien reclama justicia.

LAS ESTADÍSTICAS

Pero el crimen de María Fernanda y de las otras 13 mujeres no son los únicos en el estado.

Según datos de la PGJE, de enero a noviembre de este año, 45 personas han sido asesinadas por delitos que van desde conflictos de pareja, hasta ajuste de cuentas por asuntos de narcotráfico.

De los 45 casos, 14 están relacionados con mujeres, y 31 ligados a hombres.

El delito de homicidio tuvo un incremento del 28 por ciento entre un año y otro, pues de 30 casos registrados en 2012, hoy van 45, a casi mes y medio de terminar 2013, entre los que destaca el del ex líder del Cártel de Tijuana, Francisco Rafael Arellano Félix “La Pancha”.

La incidencia de crímenes tuvo el siguiente comportamiento en los cinco municipios del estado:

- 21 en La Paz.

- 16 en Los Cabos.

- 5 en Mulegé.

- 2 en Comondú.

- 1 en Loreto.

El procurador estatal Gamill Arreola Leal dijo a ZETA que del total de crímenes cometidos en lo que va del año, el 72% ha sido esclarecido. Solo el 28% está pendiente de resolver.

En números fríos, 30 casos fueron resueltos y 15 aún están pendientes de esclarecer.

En entrevista con este Semanario, expuso que el crecimiento de crímenes tiene explicación con tres fenómenos detectados, según el resultado de un estudio realizado recientemente por la PGJE:

1. La migración de personas provenientes de otros estados, algunas de las cuales vienen huyendo de sus lugares de origen para cometer delitos en la región.

2. La pobreza a partir del desempleo, donde personas que no tienen trabajo, últimamente optan por delinquir para obtener dinero de manera ilícita.

3. La delincuencia organizada que está trastocando la seguridad en Baja California Sur.

El titular de la PGJE agregó que el índice delictivo se disparó desde hace tiempo: “No es de ahora, antes se cometían cuando mucho tres homicidios por año, y hemos ido de menos a más. No podemos cegarnos a reconocer que el tiempo ha cambiado, porque mucha gente esta volteando a ver el estado y desgraciadamente ven terreno fértil, cuando las cosas se complicaron en sus lugares de origen; pero tanto vienen personas de bien a invertir y hacer su modo de vida en el estado, como otras que únicamente llegan a delinquir”.

Efectivamente, los números hablan por sí solos.

Los delitos de alto impacto subieron un 12.8%. De 17 mil 485 registrados en 2012, hasta la fecha van 19 mil 730, es decir, 2 mil 245 más entre un año y otro.

De acuerdo con la clasificación nacional, los delitos de alto impacto son:

- Homicidios dolosos.

- Secuestros.

- Robo con violencia.

- Extorsión telefónica.

- Trata de personas.

- Violación.

A excepción del delito de secuestro, que registra cero casos en las estadísticas oficiales, el robo con violencia bajó de 607 casos en 2012 a 535 hasta noviembre de 2013, lo que representa una reducción del 12%.

No obstante, el delito de extorsión telefónica subió de 68 casos en 2012 a 117 en 2013, lo que significa un incremento del 72% en este delito.

Finalmente, el delito de violación bajó de 122 casos el año anterior, a 117 en 2013, casi el 5% menos entre un año y otro.

Los delitos de alto impacto golpearon de la siguiente manera a los cinco municipios del estado:

- La Paz, 10 mil 77 casos.

- Los Cabos, 7 mil 3.

- Comondú, mil 190.

- Mulegé, mil 134.

- Loreto, 326.

“La investigación de crímenes a veces es un poco lenta, pero eso no significa que no estemos trabajando para esclarecerlos”, reconoció el procurador Gamill Arreola.

— La tía de María Fernanda dijo que la mayoría de los asesinatos de mujeres no han sido esclarecidos y los homicidas no han sido detenidos. ¿Qué nos puede decir al respecto?

“Lo único que te puedo decir es que de los 14 casos que tenemos, únicamente tres no están resueltos, y son los casos de Damaris Karina Márquez Moreno, Erika Rosales González y el de María Fernanda Lamas Sánchez. En los tres casos tenemos datos e información que estamos integrando a las averiguaciones previas, los cuales no podemos adelantar por el sigilo de las investigaciones”.

 Las reacciones

El espiral de criminalidad, a partir del homicidio de María Fernanda, cimbró a la clase empresarial de la costa de oro de Los Cabos.

El pleno del Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Julio Castillo Gómez, salió a exponer su preocupación “en calidad de ciudadanos”, “seres humanos” y “representantes de organizaciones de restauranteros, hoteleros y prestadores de servicios”.

El líder de los empresarios comentó: “De plano tenemos que salir a manifestar nuestra preocupación por los hechos sangrientos de las últimas semanas, los cuales vemos, se han acrecentado no solo en números, sino han escalado en la forma violenta con que se vienen cometiendo y donde ahorita llevamos tres bancazos”.

Recordó que el Artículo 1 de la Constitución, obliga al Estado a proveer de seguridad a la ciudadanía en el ámbito de sus competencias, “y es increíble que no podamos decir hoy que en este destino gocemos de ese derecho, y estemos viendo día a día cómo y de qué manera lo estamos perdiendo.

“En el asunto de la ola de inseguridad nadie se salva, porque es responsabilidad de los tres niveles de gobierno garantizar seguridad, desde el Ayuntamiento hasta el gobierno estatal y Federal, y no estamos saliendo ahorita por el caso que nos ha conmocionado como sociedad del crimen de la joven de 15 años, sino lo que ha venido sucediendo en días anteriores. Es increíble que en una ciudad tan pequeña, comiencen a darse esos signos”, lamentó, para complementar:

“Hicimos un recuento de los sucesos y estamos alarmados, porque el día que se cometió el crimen de la joven, hubo a la vez dos asaltos a mano armada, atacando dentro de su casa a una pareja, y posteriormente, a dos turistas extranjeros”.

“¿Qué debemos hacer?”, cuestionó, además de considerar que es “el colmo que ni en la propia casa de uno nos podamos sentir seguros, estamos llegando al punto donde no nos podemos quedar callados, tenemos que dejar claro y enviar el mensaje que se tiene que hacer algo, porque vemos que hay una total impunidad sobre todo en asaltos y robos; lo único que está generando es que se esté elevando el número de incidentes y el nivel de violencia”.

Para el sector empresarial, el espiral de violencia tiene su origen en tres cosas factores:

- Negligencia.

- Incompetencia.

- Complicidad.

— ¿Cuál es la solución?, preguntó ZETA a Julio Castillo.

“Si no pueden, ¡que se vayan! Que se vayan y hagan los cambios que tengan que hacer, y pongan a gente que dé resultados”.

De acuerdo con los números del Consejo Coordinador Empresarial, tan solo en 2012 hubo 20 mil 886 averiguaciones previas en Baja California Sur, de las cuales únicamente se ejercitó acción penal en 2 mil 084. De éstas, solo llegaron a 700 sentencias condenatorias.

Según el líder de los empresarios, “hubo 13 mil denuncias en el primer semestre de 2013” en la entidad, “de las cuales seis mil fueron por el delito de robo. Eso es lo que estamos viviendo”, finalizó.

(SEMANARIO ZETA/ Investigaciones ZETA/ Noviembre 19, 2013 12:00 PM )