INVESTIGAN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE LOS HIJOS DE MARTA

Washington— El gobierno de Enrique Peña Nieto ha decidido su campo de batalla: Petróleos Mexicanos.

Ahora, funcionarios priístas investigan un caso en extremo sensible para el panismo: en el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, la empresa Oceanografía S.A. de C.V., fue repetidamente favorecida con la asignación de contratos por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), que con “maniobras marrulleras” le dio a ganar miles de millones de pesos.

De acuerdo con documentos y entrevistas realizadas por el corresponsal, el asunto es relevante porque –desde hace 11 años– en la paraestatal se menciona que detrás de Oceanografía están inmiscuidos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Fox.

Sólo en el periodo 2010-2012, a partir de la asignación de cinco contratos, Pemex favoreció a Oceanografía con ingresos brutos por 3 mil 250 millones 455 mil 303 pesos, gracias a la ampliación de convenios cuya legalidad no es clara, según revelan documentos consultados por Proceso.

Con la llegada de Enrique Pena Nieto a la Presidencia, en Pemex se inició un “proceso de limpia” para presuntamente eliminar todo vestigio de corrupción propiciado y permitido durante los sexenios panistas. Desde el primer día del actual sexenio, el Gobierno abrió una investigación confidencial en contra de Mario Alberto Ávila Lizárraga, quien fuera subdirector de Mantenimiento y Logística en la Coordinación de Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción durante el calderonismo. Ávila Lizárraga, además, había sido apadrinado por Juan Camilo Mouriño, mano derecha de Felipe Calderón (Proceso 1932).

Así, el PAN afronta estas indagatorias semanas después de que condicionara la aprobación de la reforma energética propuesta por el mandatario a que antes se avale la político-electoral.

“Se están revisando a detalle todos los contratos concedidos a Oceanografía”, confirma en entrevista con Proceso un importante funcionario de Pemex que aceptó platicar con este semanario bajo estricta condición del anonimato, por tratarse de un caso que está bajo investigación.

“Hay aspectos que revelan claramente actos de corrupción por parte de funcionarios de Pemex para favorecer a esta empresa y en algún momento tendremos que imponer sanciones a quienes los cometieron. Y lo haremos porque se sabe y se habla que Oceanografía podría pertenecer a los hermanos Bribiesca Sahagún”, afirma.

En todos los documentos revisados por Proceso no se encontró ninguno que oficialmente relacionara a los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún con la empresa Oceanografía S.A. de C.V.

Sin embargo, en mayo de 2005, el propio Manuel Bribiesca declaró a Miguel Badillo, de Contralínea: “Te debo decir que sí; mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo Sahagún Jiménez) llamaron a Pemex para que le diera un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esta empresa está dedicada a trabajos petroleros; mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato” por 154 millones de dólares (Proceso 1511).

De hecho, en 2005 y 2006 los diputados federales organizaron tres comisiones para investigar tal vínculo. Detectaron que Pemex siguió dando contratos a Oceanografía pese a que le había rescindido dos en 2003 y uno en 2004 por incumplimiento. El ilegal “voto de confianza” no sirvió para que la compañía se enmendara: en octubre de 2007 la lancha de pasaje Seba’an, de Oceanografía naufragó por su mal estado en la Sonda de Campeche. Llevaba 176 personas a bordo; una murió y dos desaparecieron (Proceso 1854 y 1614).

“También se están analizando los contratos que se le concedieron a Oceanografía durante el sexenio del presidente Fox”, admite un funcionario de Pemex que también aceptó hablar bajo anonimato.

Esos años son cruciales. Fue durante el sexenio del guanajuatense cuando Oceanografía tuvo su despegue. En abril de 2000 estaba a punto de ser embargada por Hacienda, pero sólo un año después había logrado aumentar su capital de 1.5 millones de pesos a 126 millones y medio. Los contratos con Pemex comenzaron a lloverle en 2002 y en sólo tres años logró 32 (Proceso 1614 y 1617).

La investigación que hoy se lleva a cabo en Pemex sobre los contratos concedidos a Oceanografía es muy amplia. En los documentos referidos, y mediante entrevistas con funcionarios del gobierno de Peña Nieto, Proceso pudo constatar la revisión minuciosa de otros 22 asignados a la misma compañía durante el periodo de Calderón.

A través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, este semanario obtuvo la copia de 30 contratos de empresas que prestaron distintos servicios a Pemex de 2010 a 2012. De éstos, cinco son de Oceanografía. Los restantes 25 también exhiben incrementos en la asignación original de recursos por medio de la práctica poco clara de “ampliación de convenios”.

De entre las miles de fojas recopiladas por Proceso, destacan tres páginas donde se resumen los excesos cometidos a partir de este esquema, del que se beneficiaron al menos 22 empresas.

Los documentos titulados “Contratos con Convenios Modificatorios a 100 por Ciento y Asignados por Pemex Exploración y Perforación (PEP)” muestran que Oceanografía fue la más favorecida en términos porcentuales y que la empresa Cotemar S.A. de C.V., fue la más bendecida en términos absolutos: recibió más pesos que nadie gracias a las modificaciones.

Un ejemplo: En 2010, Pemex le concedió a Oceanografía el contrato número 428230840 por un monto original de 250 millones 51 mil 174 pesos. No obstante, de manera casi inmediata y por la “asignación de tres convenios adicionales”, esta empresa privada terminó recibiendo, en total, mil 326 millones 583 mil 791 pesos. Esto significa 430.5% más de lo inicialmente acordado.

En tanto, el contrato 428230832 concedido a Cotemar fue originalmente por 3 mil 300 millones 406 mil 456 pesos. Con la ampliación de cuatro convenios la empresa obtuvo 4 mil 29 millones 237 mil 446 de pesos más.

“La ampliación o modificación de convenios en los contratos es en términos reales y prácticos injustificable”, explica un funcionario de Pemex. “Los contratos que se firman no hablan de ampliación de convenios ni nada por el estilo, pero tampoco lo prohíben; es un hueco legal que justamente estamos revisando”, añade.

– ¿Cuál es el criterio que se aplica para asignar la ampliación de convenios? –se le pregunta al mismo funcionario de Pemex.

– No existe un patrón legal para ello –responde–. Es decir, (lo decide) el funcionario en turno, quien normalmente es el que se encuentra en el lugar específico donde se utilizarán los servicios de la empresa contratada. En el caso de Oceanografía es Campeche, por ejemplo; los autoriza sin consultarlo con nadie.

– ¿Esto se pude interpretar como un acto de corrupción?

– No se puede interpretar: es un acto de corrupción, porque estamos descubriendo que casi todos los funcionarios que otorgaron la ampliación de convenios extrañamente tuvieron aumentos importantes en sus ingresos personales registrados en cuentas bancarias, compra de inmuebles, autos, joyas y la realización de viajes nacionales y al extranjero, entre otras cosas.

– ¿Se va a castigar a los funcionarios corruptos?

– Se van a aplicar sanciones cuando concluyan las investigaciones.

Las acusaciones están hechas desde 2006. Ese año, un grupo de trabajadores petroleros presentó ante la Secretaría de la Función Pública datos que incriminan a funcionarios de PEP (expediente DE-167/2006) por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y violaciones a las leyes de Obra Pública y Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos, para favorecer a Oceanografía y otras empresas. Los acusados fueron José Guadalupe de la Garza Saldívar, ex abogado de Pemex y entonces secretario particular de Felipe Calderón; Mireya Juanita Miranda Moyar, subgerente del sector Cantarell norte y sur, y la entonces coordinadora de Programación de Mantenimiento, Martha Alicia Castañeda Arrieta (Proceso 1618).

En 2010, la empresa Halliburton de México S de RL de CV obtuvo el contrato 423010804, con una asignación original de 204 millones 18 mil 996 pesos. Sin embargo, por medio de cinco convenios adicionales amplió 205.11% el dinero que recibió de PEP; es decir, otros 418 millones 463 mil 686 pesos.

De entre las 15 empresas favorecidas en 2010 por PEP mediante convenios adicionales se destacan también QMAX México SA de CV, Compañía Mexicana de Exploraciones SA de CV y Baker Hughes de México S de RL de CV.

En 2011, PEP asignó dos contratos a Oceanografía –el 428231823, por 189 millones 482 mil 82 pesos, y el 428231828, por 302 millones 683 mil 872 pesos–. Cada uno fue modificado una vez: el primero creció 495.93% y, el segundo, 138.34%, lo que en dinero significó 939 millones 702 mil 951 pesos y 418 millones 726 mil 765 pesos, respectivamente.

En 2011, la empresa ADT Petroservicios SA de CV también obtuvo un “pequeño” contrato y una enorme ampliación: un acuerdo por 21 millones 514 mil 646 pesos creció hasta los 423 millones de pesos. Aumentó más de 2 mil por ciento.

Para 2012 –el último año del sexenio de Calderón– Oceanografía logró convenios adicionales, pero a diferencia de otros años éstos no duplicaron la cifra original de los contratos, según se observa en los documentos de Pemex.

Los acuerdos 428232808 y 428232816 –por 309 millones 362 mil 439 pesos, y 288 millones 73 mil 274 pesos, respectivamente– merecieron dos ampliaciones, que le significaron ingresos adicionales por 297 millones 688 mil 291 pesos, y 267 mil 753 mil 305 millones de pesos.

En suma, los 30 contratos revisados por Proceso muestran que en 2010 PEP otorgó mil 67 millones de pesos en convenios adicionales a 14 empresas. Para el 2011 la paraestatal mexicana asignó 5 mil 850 millones 548 mil 887 pesos en convenios extra que favorecieron a seis empresas, y en el último año de la Presidencia de Calderón, PEP erogó mil 258 millones 125 mil 987 pesos de más a cinco empresas.

“Lo que descubrimos respecto de la ampliación de convenios para ciertas empresas como Oceanografía no puede ser calificado de otra manera más que como chingaderas. Lo que se hizo es un ejemplo muy claro de la corrupción que privó y existe en muchos de los sectores de Pemex y que, aunque no lo crean, se va a hacer todo lo necesario por combatir y eliminar”, subraya uno de los funcionarios entrevistados.

(J. Jesús Esquivel/Proceso)

(MILENIO/Proceso | 2013-11-24 | 21:41)