Declaraciones dispares, confusiones, reclamos y engaños siguen
envolviendo la alcaldía ensenadense donde funcionarios dicen que sólo mostrarán
los manejos del Ramo 33 si se pagan las fotocopias.
Ricardo Meza Godoy
Adolfo Villarino Ibarra, siendo Secretario Particular de Enrique Pelayo
Torres, con el objetivo de acceder a toda la documentación y registros del Ramo
33, fue quien ordenó el 6 de julio de 2011 a personal del gobierno municipal
ingresar a las oficinas donde se encontraban datos personales y archivos que
integraban los expedientes de cientos de ciudadanos que conformaron los comités
para solicitar obras al XX Ayuntamiento de Ensenada.
Sin que se conozca la existencia de algún aviso previo u oficio de por medio,
y sin la presencia de los responsables del resguardo de dichos documentos, los
funcionarios Fernando Cacique Rodríguez, entonces director de Servicios de Apoyo
y ahora Oficial Mayor del Ayuntamiento; y Manuel Marín Valdez, secretario
privado del Presidente Municipal, literalmente asaltaron el lugar, abrieron
candados y se llevaron los expedientes.
Otros dos funcionarios, de nombre Iván Gutiérrez y Juan Guillén Sánchez,
serían señalados también por retirar las computadoras de las oficinas de
innovación gubernamental y centro de atención empresarial del gobierno
municipal.
El argumento que daría posteriormente Adolfo Villarino ante la Sindicatura
Municipal, sería que la información del Ramo 33 estaba en riesgo de perderse y
tenía que ser resguardada. A pesar de que se encontraba bajo llave y en una
oficina ubicada en el cuarto piso del edificio del gobierno municipal, el mismo
donde se encuentra la oficina del Presidente Municipal.
Días antes, las diferencias entre el Coordinador de Gabinete Noé Rivera
Domínguez y Enrique Pelayo Torres habían llegado a su clímax, cuando Pelayo
removió definitivamente a Rivera el 29 de junio de 2011. Un pleito que enmarcó
estos acontecimientos.
Los encargados de las oficinas donde se encontraban los expedientes del Ramo
33, eran Óscar Soto Brito y Hugo E. Sánchez Villegas, quienes en un documento
recibido en Sindicatura Municipal el 14 de julio de 2011, hicieron del
conocimiento de la dependencia, entonces a cargo de Alfredo Constantino
Bernaldez Caravantes, lo que consideraron un acto irregular.
A su decir, mil 135
expedientes sociales de obra para ejercer el fondo de infraestructura social
básica, con actas de integración de los comités de obra del Ramo 33, copias de
las credenciales de elector de los integrantes de los comités, formato del
responsable de obra y las peticiones expresas de obra dirigidas al Presidente
Municipal, entre otros documentos oficiales.
En ese documento dirigido a Sindicatura, ambos funcionarios se deslindaban de
cualquier mal uso que se hiciera de la documentación y/o bienes que se
encontraran en el interior.
Aseguraban, que no se realizó ningún acto de
entrega-recepción y el ingreso de los otros empleados municipales se hizo sin su
presencia. Incluso, dicen, se cambiaron las cerraduras de las oficinas desde el
7 de julio y ya no les permitían la entrada.
Y que Fernando Cacique, Director de
Servicios de Apoyo, los amenazó inclusive, con retener ilegalmente toda
percepción y retribución a la que tenían derecho en ese entonces.
El 18 de agosto, pasada la transición en la titularidad de la Sindicatura
Municipal, el nuevo Síndico, Carlos Fidel Escobar Hernández, solicitó a Adolfo
Villarino un informe detallado sobre lo declarado por Soto y Sánchez, debido a
que la situación pudiera constituir una falta administrativa.
Y citó de igual
forma a Manuel Marín Valdez y a Fernando F. Cacique Rodríguez.
El 25 de agosto de 2011, Cacique respondería al Síndico Municipal afirmando
lo siguiente: “… es FALSO todo lo manifestado por Óscar Soto Brito y Hugo
Enrique Sánchez Villegas contra mi persona, de que se rompieran cerraduras y
sustrajeran folders con documentación oficial, 1135 expedientes
sociales de obra para ejercer el fondo de infraestructura social básica y demás
documentos y que se haya dejado vacía la oficina y que se sustrajeron objetos de
los escritorios, también es FALSO que se le haya impedido el acceso a ambos…en
ningún momento los amenacé de retenerles toda percepción y retribución
laboral…”. Como se conoció después, sus declaraciones no fueron consistentes con
las de Marín y Villarino ante la Sindicatura.
El 2 de septiembre de 2011 Escobar citó a Marín y a Villarino. El día 9 de
ese mes Villarino reconoció ante el Síndico que el 6 de julio sí había girado
instrucciones a personal de la dirección de informática del XX Ayuntamiento de
Ensenada, “… para que procedieran a retirar los equipos de cómputo que se
encontraban instalados en las oficinas de Innovación Gubernamental y del Centro
de Atención Empresarial y a su vez fuesen resguardados en diverso sitio…”.
El motivo esgrimido por el Secretario Particular de Pelayo fue “ante el temor
fundado que dichos sistemas fuesen sustraídos o eliminados de los archivos
computacionales por las personas que laboraban en dicha área”.
Villarino confirmó que también giró instrucciones a Cacique y a Marín, para
que: “procedieran a resguardar toda la información documental relativa al fondo
de infraestructura social básica del Ramo 33”.
Incluso hace referencia a que ambos abrieron las oficinas con ayuda de un
cerrajero, y la información la entregaron a Jorge Alberto Reyes Moreno, director
de Desarrollo Social Municipal, quien las archivó en algún sitio de sus
oficinas.
Las declaraciones de Manuel Marín coincidieron con las de Villarino,
“…procedimos a retirar los expedientes relativos al citado fondo federal”,
dijo.
Desde entonces, el tema se quedó en Sindicatura, no se registraron sanciones
ni mayor seguimiento al respecto, aun cuando existían declaraciones dispares
entre lo que dijo Cacique y lo que declararon Villarino y Marín. El propio
Villarino declararía a ZETA esta misma semana que no había
mucho que decir sobre el asunto del Ramo 33.
El retiro irregular de los documentos por orden del particular del Alcalde y
los propios expedientes del Ramo 33 quedarían fuera del alcance ciudadano por
meses, como evidenció la petición de información pública que Soto Brito hizo en
noviembre 2011, donde Pelayo Torres negó en repetidas ocasiones entregarla bajo
el argumento de que Soto había trabajado ahí y que existía una investigación en
su contra, por haber chocado un vehículo propiedad del Ayuntamiento.
El 2 de mayo de 2012 al cuestionar ZETA sobre el tema del
Ramo 33 al Presidente Municipal, el servidor público decidió no entrar en
detalles.
“Yo creo que ya le han dado demasiada difusión a ese tema de Soto
Brito, mucha polémica por ahí que en realidad ustedes se han encargado de abonar
en que se haga mucho aspaviento de una situación que no existe…”, afirmó
Pelayo.
Sin embargo, las cotidianas inconsistencias en las declaraciones del
Presidente Municipal de Ensenada, mantienen la duda en el propio Soto Brito
sobre la veracidad de sus afirmaciones, y Soto asegura que no ha sido notificado
formalmente de la entrega de dicha documentación, como lo establece la Ley.
El Secretario del Ayuntamiento comentó el mismo 2 de mayo, que la información
ya se tiene disponible y que tenían conocimiento de que ya se había notificado a
Soto pero éste no había acudido.
Horas más tarde, Adrián Alcalá Méndez,
consejero Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Baja California (ITAIPBC), confirmó a ZETA que a
Soto se le había notificado vía correo electrónico el pasado 26 de abril de
2011, sin embargo fue hasta el 2 de mayo, cuando Soto habló con personal de la
dependencia, argumentando no haber recibido el correo.
Será luego de que Soto haga el pago correspondiente de las copias
certificadas y copias simples de la información que solicitó, cuando tendrá
acceso a los documentos. Y en caso de estar incompletos podrá inconformarse ante
el propio ITAIPBC para que éste a su vez pida de nuevo la información faltante
al XX Ayuntamiento.
El dinero a pagar: 6 mil 780.82 pesos, correspondiente a las copias
certificadas del recurso de revisión núm. 26. Y mil 578.16 pesos por la
obtención de copias simples en el recurso de revisión núm. 22 de Soto.
La Durango chocada
Volviendo a 2011, mientras se registraban los conflictos entre Noé Rivera y
Pelayo; mientras Adolfo Villarino ordenaba retirar toda la documentación del
Ramo 33 a empleados que harían declaraciones opuestas ante la Sindicatura; el
Secretario General del Ayuntamiento, Miguel Ángel Ley Álvarez buscaba un
carro.
La búsqueda del Secretario Ley de un vehículo, sería encausada desde el
inicio en oficio dirigido al director de la Administración de Bienes
Patrimoniales (A.B.P.), Alfredo Ariel Cortez Castro, bajo la premisa de hacer
gestiones contra Óscar Soto Brito para recuperar el vehículo.
De acuerdo con Ley, a Soto le pidieron prestado un carro que tenía bajo
resguardo y se hizo una especie de cambalache que duraría un día, esto es, del 5
al 6 de julio, donde a Soto se le prestó un vehículo Dodge Durango, vehículo que
aseguró Ley Álvarez, Soto nunca regresó. El 20 de julio, Cortez Castro envió a
la Sindicatura Municipal una petición de seguimiento al caso del vehículo
buscado por Ley.
Sindicatura requirió al titular de la dirección de A.B.P., que mostrara la
documentación necesaria para dar con el vehículo y deslindar responsabilidades,
una serie de requisitos burocráticos.
También le solicitó copias de los siguientes documentos: acta administrativa;
evidencia documental de que la unidad fue prestada y entregada a Soto Brito;
resguardo de la unidad; denuncia interpuesta ante el Ministerio Público. Con esa
información podría proceder una posible sanción y Sindicatura tendría elementos
para hacerlo.
En abril de 2012, durante una entrevista con personal de Sindicatura,
ZETA tuvo conocimiento que nunca existió evidencia documental
que indicara que Soto Brito recibiera alguna vez el vehículo. La única fuente
que tenía la dirección de A.B.P. y la propia Secretaría General, eran
declaraciones de testigos.
Durante el proceso de la denuncia de la dirección de A.B.P. ante la
Sindicatura, y ante el desconocimiento de lo que había ocurrido con el vehículo,
hubo también algunas inconsistencias.
En un oficio despachado por Alfredo Ariel
Cortez el 10 de agosto de 2011, el funcionario escribe:
“Asunto: Reporte de
extravío de Unidad Oficial”. Una semana después, el mismo funcionario en otro
oficio escribe al Síndico Procurador:
“Asunto: Robo de Unidad”. Cuando aún no se
determinaba qué había pasado.
Sindicatura Municipal conoció después que la Durango estaba asignada
formalmente a la Coordinación de Delegaciones y citó a su titular, José de Jesús
Segura Ruiz, el 5 de octubre de 2011.
Segura admite que el vehículo está asignado a la dependencia a su cargo, sin
embargo refiere que nunca se hizo ningún protocolo de entrega en la Coordinación
de Delegaciones, “…es importante aclarar que nunca hubo un evento de
entrega-recepción cuando yo entré a la dependencia”, dijo.
La declaración de Segura ante Sindicatura proporcionaría una serie de datos
reveladores: “… me entero que ese vehículo Durango está asignado a la
Coordinación de Delegaciones… había sido solicitado al director anterior, por
parte del Secretario del Ayuntamiento, para uso de sus tareas. Utilizaba el
vehículo para cumplir tareas propias de su responsabilidad”.
Y prosigue: “…me
comenta el Ciudadano Secretario que la unidad había sido chocada, pero que
mientras se reparaba…me ofrecía prestarme otro vehículo…”.
Después, Segura recibió una llamada telefónica de una licenciada de nombre
Raquel Reynoso, comentándole que la Durango estaba detenida en la agencia del
ministerio público por ocasionar daños en propiedad ajena, bajo la Averiguación
Previa 4011/11/311.
Sobre el caso, Soto Brito narró ante Sindicatura el 20 de octubre de 2011
que, vía radio, Zaida Nallely Bracamonte Mendoza, empleada en Secretaría
General, aproximadamente el 5 de julio le pidió de favor que le prestara el
vehículo que él conducía ese día.
Al día siguiente, Bracamonte y Soto hacen el
cambio de llaves y Soto se queda con “… una camioneta roja”.
Horas más tarde cuando Soto quiso salir del Ayuntamiento en el otro vehículo,
asegura que no pudo porque se apagaba y terminó dejándolo en un estacionamiento
de tierra a un costado de la Casa Municipal, solicitó fueran por él y dice, que
las llaves de la camioneta roja las dejó en su escritorio.
Al siguiente día,
Soto no se presentó a la oficina, dijo que por cuestiones médicas. Soto y
Sánchez fueron removidos un par de días después de sus cargos. Refiere que días
después, Nallely Bracamonte le llama por teléfono y comienza a preguntarle sobre
la camioneta.
En resumen, un carro con una averiguación por daños; asignada a la
Coordinación de Delegaciones; que Segura Ruiz descubrió utilizaba el Secretario
Ley Álvarez; que los funcionarios de la Secretaría General aseguran prestaron en
lo económico a Soto, justamente en los días del asalto a la documentación del
Ramo 33; y la misma que el Presidente Municipal Enrique Pelayo Torres insinuaría
públicamente en abril 2012 que Soto chocó.
Las declaraciones del Alcalde, derivaron en una denuncia en su contra por
difamación, entablada por Soto ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), el 25 de abril de 2012.
El 2 de mayo, Ley Álvarez comentó a la prensa local, que la Sindicatura
Municipal tiene una denuncia en contra de Soto Brito, “…por la probable comisión
del delito de abuso de confianza. Esto es en relación a un vehículo que él tenía
bajo su resguardo, y que mientras él tenía bajo su resguardo ese vehículo
apareció chocado en alguna colonia y pues ahí se inició una averiguación previa
en contra de quien resultara responsable…. tengo entendido que chocó contra una
barda… el propietario de una barda presentó su querella por daños y está esa
averiguación, pero aparte hay otra presentada por Sindicatura…”, dijo Ley.
No obstante, a la fecha, ni la historia de la Durango chocada, ni la historia
de la solicitud de información sobre el manejo de recursos del Ramo 33, han
derivado en sanciones a funcionario alguno y ninguna de las dos historias está
clara.
Aliados contra Pelayo
Pese a tener ideologías, intereses y objetivos distintos, nuevos y antiguos
personajes de la actual administración municipal de Ensenada coincidieron en
algo durante esta época electoral, decidieron distanciarse lo más posible del
Presidente Municipal Enrique Pelayo Torres, y lo han hecho público.
El regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y también candidato
al Senado por Baja California, Alfonso Orel Blancafort Camarena, terminó de
decidirse el lunes 2 de abril cuando el Presidente Municipal clausuró porque
quiso, la Sesión de Cabildo que se desarrollaba de manera regular y donde estaba
por hacer uso de la voz en asuntos generales el regidor del verde.
La acción de censura de Pelayo fue la gota que derramó el vaso en la molestia
sobre el trabajo en la administración municipal que Blancafort venía acumulando,
como ocurrió a mediados de 2011 cuando afirmaba tener que hacer plantones frente
a la oficina de la Tesorera Municipal, María de Guadalupe Beltrán Rocha, para
que lo atendiera, ya que la funcionaria no respondía los llamados a brindar
informes ante el Cabildo.
El tema que abordaría Blancafort el 2 de abril, del cual dimos cuenta en
ediciones pasadas en ZETA, era el manejo de los recursos del
Ramo 33. Una lista con varias peticiones dirigidas al Cabildo para exhortar al
Alcalde, a transparentar las cuentas públicas.
El conocimiento previo de Pelayo
sobre el asunto que plantearía Blancafort ese día, fue lo que le llevó a
clausurar la sesión para evitar que fuera propuesto, según estimó el propio
regidor del PVEM.
La actitud del Alcalde de clausurar esa Sesión fue también calificada como
inadecuada por el propio Síndico Municipal, Carlos Escobar Hernández, días
después. Por ello, Blancafort y el Partido Verde al menos en Ensenada, pintaron
su raya frente a Pelayo.
Junto a la candidatura del regidor del Verde Ecologista rumbo al Senado de la
República, surgió otro personaje del XX Ayuntamiento, que parecía haberse salido
completamente de la ecuación política local, Noé Rivera Domínguez, quien habló
con ZETA sobre su reaparición en los reflectores, no como el
actual operador de la campaña de Blancafort a nivel estatal, sino como alguien
todavía perseguido por acciones del Alcalde, según dio a entender.
Portando una camisa clara de manga larga con un bordado de la campaña del
Partido Verde, y un pantalón oscuro, bien rasurado y peinado, Rivera Domínguez
llegó al punto de reunión para la entrevista, y se sentó a platicar
tranquilamente, recorriendo una gran cantidad de temas sobre el gobierno local,
moviéndose de un tema a otro rápidamente, donde tocó asuntos sobre su ríspida
relación durante los primeros meses de la administración, con distintos
funcionarios municipales y con el mismo Alcalde, de quien espera poder
distanciarse lo más posible en todos los aspectos, laborales, políticos y hasta
geográficos.
Eso sí, dejó claro que sus comentarios durante la charla no
estarían enfocados a atacar a Pelayo, simplemente a resumir lo que él veía y lo
que le ha ocurrido, en sus palabras: “Pelayo me traicionó y me apuñaló por atrás
y se deshizo de mí por medio de lo que otros le decían”.
Tras haber sido despedido del XX Ayuntamiento por Pelayo e irse a radicar a
la Ciudad de México, su regreso a Ensenada fue tras una invitación; “Me vine a
invitación de Rommel Arvizu”, dijo Rivera.
Aseguró que durante un viaje que hizo
a la Ciudad de México el empresario concesionario de la estación XS 92.9 FM, ex
aspirante a candidato para la presidencia municipal de Ensenada y ex aspirante a
candidato para Senador de la República por el PRI, y tras un encuentro entre
ambos, lo invitó a trabajar en la estación, de vuelta a Baja California y él
aceptó.
Con un programa en la radio que inició en 2012, titulado “Mercado Negro”,
explicó Rivera, comenzaron a manejar información con noticias de carácter
nacional, y posteriormente fueron enfocándose en el ámbito local, donde hubo a
su decir, una serie de “presiones”, y luego, el jueves 12 de abril, ocurrió un
incidente que marcó el cierre de su programa.
Hechos que Rivera vincula con
represalias del gobierno municipal, sospechando del Alcalde Pelayo.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó que a las 22:45 horas
del 12 de abril, se recibió un reporte vía C-4 donde se informaba que: “en la
calle Paseo de los Fresnos 656 del Frac. Loma Dorada un vehículo estaba
incendiándose, por lo que se abocó los elementos de la SSPM de la Estación Punta
Banda los cuales al llegar se entrevistaron con el reportante (Noé Rivera)… el
cual menciona que se encontraba en el interior de su domicilio trabajando en el
segundo piso, cuando escuchó una detonación y al asomarse por una ventana
visualizó que su vehículo marca Hummer H-3 color Verde modelo 2006 con serie
vehicular #5GTPN136X68144070 y placas de circulación 244-XKW del D.F., estaba
ardiendo en llamas, arribando al lugar la unidad M-4 de bomberos los cuales
sofocaron el incendio así como personal de la policía ministerial…”.
Donde un sujeto encapuchado y con chamarra arrojó combustible a su Hummer,
encendió el vehículo y se dio a la fuga en un pick up blanco, declaró Rivera,
haciendo esa misma noche señalamientos de la posibilidad de que fuera gente
vinculada al actual gobierno municipal los que planearon esa agresión, haciendo
responsable al Alcalde de lo que pudiera pasarle a él y a su familia.
Las investigaciones del ministerio público continúan y Rivera se dice
sorprendido de la “primitivez política de Ensenada”.
Asegura que no trae campaña contra el Alcalde, y que los rumores de que él se
encuentra detrás de las acciones que ha realizado Óscar Soto Brito, un ciudadano
que ha requerido información a través del Instituto de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC) a la autoridad
municipal, son falsas. “¡Óscar Soto no es mi amigo!… Soy amigo de Blancafort
pero Óscar no es mi amigo”, expone el ex coordinador de gabinete en el gobierno
de Pelayo, mismas declaraciones que hace Soto Brito sobre si tiene alguna
relación con Noé Rivera en el caso de la solicitud de información sobre el Ramo
33. Se conocen solamente, dicen ambos, porque coincidieron en un mismo periodo
en la administración debido a sus puestos en el gobierno municipal.
“Si yo estoy o no detrás de Soto, pues que cumpla con la ley”, afirmó Rivera,
refiriéndose a las declaraciones del Alcalde de que la información se le había
negado a Soto porque había otros asuntos de por medio.
Rivera se sorprende de un gobierno municipal donde se mantienen impunes
situaciones como el depósito de los dos millones de dólares, que no se haya
hecho nada ante los involucrados incluyendo los propietarios de las cuentas
bancarias.
Se sorprende que el Alcalde declarara conocer a Suzumo Azano cuando
días antes aseguraba no conocerlo, sabiendo que se reunía con él e incluso
comían juntos.
Se sorprende de la nula reacción del gobierno estatal ante tanta
irregularidad, “esto deja mal parado al gobierno del estado… prefieren vivir en
la familia embobada”, dijo, sin que nadie haga nada.
Le sorprende también que le hayan quemado su carro cuando nunca había pasado
por algo así. Pero al final de cuentas asegura: “no traigo odio”. Lo que quiere
hacer, es sacarle la campaña a Blancafort, y que “aunque no gane… que sea la
mejor campaña para Senador”.
Dos personajes del XX Ayuntamiento, con perfiles
distintos, del mismo equipo y la misma fuerza política que llevó a Pelayo a la
presidencia municipal, y que ahora coinciden en su distanciamiento con el primer
edil.
En otro frente y también en contra de las actitudes del Alcalde, se sumó el
regidor Armando Reyes Ledezma, quien a principios del mes de abril de 2012,
hacía duras críticas hacia él:
“La falta de transparencia y la ilegalidad han
sido las características principales del Gobierno Municipal encabezado por
Enrique Pelayo Torres, quien con sus acciones corruptas daña la imagen del
Partido Revolucionario Institucional”, informaba a través de comunicados el
regidor y líder estatal del Partido del Trabajo.
Y después arremetía con declaraciones más fuertes dirigiéndose a los
priístas: “…que no les sorprenda si pierden las elecciones por tener impunemente
en sus filas a personajes tan nefastos como el actual Presidente Municipal de
Ensenada”.
Reyes destaca, al igual que lo ha hecho el regidor del Partido Acción
Nacional, Aníbal Santana Chaires, que además de la falta de transparencia en el
manejo del Ramo 33 en 2011, el gobierno de Enrique Pelayo no ha realizado lo que
corresponde al ciclo 2012, “(sobre el Ramo 33) no tenemos hasta ahorita ninguna
propuesta de obra generalizada por parte de la ciudadanía, o por parte de los
consejos, hasta ahorita no hay conocimiento que los consejos de desarrollo
social, el consejo de desarrollo comunitario, que es el CODEC, se hayan reunido,
ahorita no se han reunido ni hecho análisis de las obras, los tiempos los
tenemos desfasados”, afirmó el regidor del PT, anunciando nuevamente un retraso
en el ejercicio del recurso que también estuvo retrasado en el 2011.
El regidor asegura que las declaraciones de Enrique Pelayo en torno a que no
le han llegado recursos federales pueden estar relacionadas con un
incumplimiento a las normatividades por parte de la administración, “esos
recursos son por default, son recursos que ya están etiquetados dentro del
ejercicio fiscal que nosotros aprobamos, es decir, todo lo que es el proyecto de
egresos de los mil 300 millones de pesos que se aprobó, ahí están aprobadas las
aportaciones federales y ahí están los del Ramo 33. Si estos recursos no
llegaron obvio que puede que no se esté cumpliendo con lo que marca la
normatividad, hay una normatividad que se llama la ley de coordinación fiscal,
el artículo 33 te menciona todo lo referente con la aplicación del recurso, que
son todos los requisitos que debes cumplir como ayuntamiento”, explicaba
Reyes.
El regidor señaló que será a través del Cabildo donde hará una petición para
que la administración explique por qué no se ha hecho efectivo el recurso y qué
pueden hacer como ayuntamiento. Lo único que sí tienen, dijo, “es un mundo de
demandas de obras” que desde el año 2011 se quedaron en el aire.
Las constantes negativas para reportar lo que está haciendo, y teniendo
facultades los regidores para solicitarle informes al Presidente Municipal y
demás funcionarios del Ayuntamiento, afirmó Reyes Ledezma, pueden llevar a
sanciones contra el Alcalde, “es un ejecutivo con una actitud autoritaria,
cerrada, de poco oficio político el cual no le permite poder entablar una
relación de conciliación y de acuerdos con el Cabildo, con el resto del
Ayuntamiento… aquí las decisiones han sido de manera unilateral…. y
desgraciadamente sus decisiones en todos los sectores han sido equivocadas, no
hay aciertos”, dijo.
Sobre los puntos de coincidencia que tiene con Noé Rivera y Alfonso Orel
Blancafort, el regidor del PT comentó: “…estamos coincidiendo tres pero debemos
coincidir muchos más, si tú le preguntas a los perredistas, si tú le preguntas a
Nueva Alianza, si tú le preguntas a la misma gente del PRI, si tú le preguntas
al PAN, hay una coincidencia total en las acciones que está realizando mal la
administración”.
Y quiso dejar claro que coinciden pero no están en complicidad. Sobre Noé
Rivera dice, “es un ciudadano que causó mucha polémica con Pelayo y que el
pleito es de ellos, es un pleito personal de ellos, es un romance que se rompió.
Seguido aquí se rompen los romances, ahorita se rompió con el general (Florencio
Raúl Cuevas Salgado) y (el regidor Antonio) Lomelí por ejemplo. Aquí los
romances se rompen todos los días… donde lo único que ha hecho es desmotivar la
participación ciudadana”, afirmó.
Estos personajes que en otros momentos han actuado enfrentados, con calidad
moral o no, Pelayo los unió. Ahora, coinciden en una alianza en relación a
peticiones sobre rendición de cuentas, de explicaciones sobre el manejo de los
recursos y la operatividad del gobierno municipal, y llamados a la cordura al
Alcalde, mientras Noé Rivera asegura que ésta es “la peor administración del
país”, y comentó sobre Pelayo: “te van a acribillar una vez que pase a elección
presidencial, te van a usar de ejemplo”.
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