Descubre Contraloría malos manejos de servidores públicos cabeños, quienes se
dedicaban a asignar terrenos adquiridos por el Municipio, pero cobraban su
“cuota de recuperación” correspondiente.
Hilda Martínez Guerra
Cabo San Lucas. Por primera vez en la historia
del municipio de los Cabos, dos empleados fueron cesados de sus cargos: un
funcionario de segundo nivel y un trabajador sindicalizado, al comprobarse que
no sólo hacían negocio con el puesto que desempeñaban, sino que disponían de
tierras sin tenerlas.
La denuncia pública hecha por uno de los vecinos, reveló una serie
de irregularidades que culminó en solicitud de renuncia por parte de los
elementos corruptos, sin derecho a ocupar puestos públicos en los próximos tres
años.
El señor José Ortiz, vecino primero de la invasión Cactus y ahora
reubicado en la quinta etapa de la colonia Leonardo Gastélum, aprovechó una gira
del gobernador Marcos Covarrubias y del presidente municipal de Los Cabos para
exponer su enojo ante lo que, como persona necesitada de un pedazo de tierra
para vivir, tuvo que soportar.
De entrada, les planteó que aprovechándose de su puesto, José
Alemán Arcos, empleado sindicalizado con más de diez años de servicio en
diferentes áreas, y que en ese tiempo se desempeñaba en Asentamientos Humanos,
distribuía los predios a quienes se les “asignaba”, además de hacer cuantiosos
cobros por “apresurar los trámites”.
En ese mismo sentido, Alemán Arcos negociaba espacios como
esquinas o lotes que también eran canjeables por módicas cantidades entre 3 mil
y 5 mil pesos, situación que fue denunciada ante las autoridades en un acto
público realizado en la mencionada colonia. Luego se supo que había sido el
propio ingeniero Daniel Muñoz quien enviaba a José Alemán a realizar dichos
cobros.
Pero no fue la denuncia de la gente lo que hizo que Alemán Arcos
fuera llamado a “cuentas” por Contraloría Municipal. La gota que derramó el vaso
fue la acusación de un líder de vendedores ambulantes, de nombre Domingo
Figueroa, quien informó de la venta fraudulenta de una licencia de alcoholes,
propiedad de José Alemán Arcos, misma que el funcionario corrupto vendió a otra
persona llamada Jorge Uraga.
Lo anterior provocó que el propio gobernador le solicitara al
alcalde, José Antonio Agúndez, la apertura a una investigación en torno a la
denuncia, abriendo una serie de irregularidades que por años venían cometiendo
ambos empleados de la delegación municipal.
Los antecedentes
El alto crecimiento demográfico que se registra en Los Cabos,
sobre todo en la delegación más grande del estado, Cabo San Lucas, ha provocado
que miles de familias hoy vivan en asentamientos irregulares, incluso ubicadas
en cauces de arroyos o predios de particulares, o bien, propiedad de los
ejidos.
Para solucionar el problema, el gobierno intentó negociar con los
dueños de las tierras, mayoritariamente ejidatarios que, inicialmente, buscaban
la recuperación de sus espacios, pero al no conseguirlo, accedieron a venderle
al gobierno, lo que aún continúa en trámites.
De esa manera surgieron en Cabo San Lucas colonias como Mesa
Colorada, Las Palmas, Leonardo Gastélum, y Vista Hermosa en San José.
Sin embargo, la autoridad dejó el tema en manos de los empleados
del área de Asentamientos Humanos, quienes a sus anchas, repartieron los predios
primero entre conocidos, amigos y familiares indirectos, y después a familias
que realmente los necesitaban, haciendo así el negocio de su vida.
No faltó quien llegara con sus 3 mil pesos para quedar en una
esquina, según denunció José Ortiz, y de ahí, poco a poco le asignaron a una
sola familia hasta dos terrenos contiguos.
Los llamados “Líderes de Colonia” se encargaron de los servicios
básicos indispensables en esta zona de reciente creación, como son agua potable
y energía eléctrica.
Actualmente se sabe que alrededor de 15 mil familias viven en
zonas irregulares, por lo que reciben el servicio de agua a través de pipas, y
en algunos de los casos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha accedido a
proporcionarles luz por medio de tableros comunitarios; situación que los
llamados líderes o gestores de sus colonias, aprovechan al cobrar
arbitrariamente por el “servicio”.
En cuanto al tema de los empleados despedidos, se sabe que tanto
Daniel Muñoz como José Alemán Arcos, trabajaban en contubernio.
Este último
realizaba el “trabajo sucio”, en tanto que Muñoz despachaba desde su área las
asignaciones a quienes requerían un terreno.
El ingeniero Daniel Muñoz fue invitado recientemente a entregar su
responsabilidad en la coordinación de Asentamientos Humanos de la delegación
municipal de Cabo San Lucas, siendo sustituido por Javier Geraldo.
Actualmente la mayoría de predios de la colonia Leonardo Gastélum
ya fueron asignados, y cada uno de los vecinos tiene algo que contar sobre cómo
obtuvieron el predio en el que residen.
En enero pasado, el gobierno de Marcos Covarrubias requirió ante
la Procuraduría General de Justicia a ex funcionarios del gobierno estatal que
encabezó Narciso Agúndez, bajo el argumento de estar implicados en la venta de
terrenos ubicados en el desarrollo El Pedregal en Cabo San Lucas. Predios que,
se informó, ya fueron recuperados por el Estado.
La autoridad de la PGJE confirmó que la investigación en torno a
dichos predios sigue su curso, toda vez que, tras la primera compraventa,
regresaron los bienes, pero después fueron vendidos a diferentes personas por 25
millones de pesos.
Al momento se sabe que hay más funcionarios implicados en el
negociazo que fue la comercialización ilegal de las tierras de Cabo San
Lucas.
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