La pugna de narcomenudistas de los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín “El
Chapo” Guzmán, por el control de la plaza de Cabo San Lucas, pasó de la guerra
sorda a los levantones y ejecuciones, y el 28 de enero brincó al escenario
público, cuando criminales expusieron a policías vinculados con la delincuencia
organizada, a través de un video en Youtube.
El caso ameritó que se abriera una
investigación, según adelantó el procurador Gamill Arreola Leal.
Cabo San Lucas, Baja California Sur.- La repentina aparición
de un narcovideo en el portal de Youtube expuso los vínculos entre policías y
narcotraficantes de la peleada plaza de Los Cabos, y donde un integrante de la
banda del líder de narcomenudistas de San José del Cabo, Javier López Rivera,
Javier Acosta López o Javier Munguía, alias “El Javier” o “El Javi”, puso el
dedo en la llaga cuando hizo un par de llamadas desde su radio y conversó con
los comandantes de la División de Homicidios y de Robos de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), Enrique Willars Ramírez y Fernando Rojas
Pérez.
La pugna por el control de la plaza entre narcomenudistas de los cárteles de
los hermanos Beltrán Leyva y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, sobre el principal
destino turístico del estado, pasó de la guerra sorda a los levantones y
ejecuciones, y el 28 de enero brincó al escenario público, donde los criminales
comenzaron a evidenciar a policías vinculados con la delincuencia organizada, y
que desde sus cargos sirven a los intereses de ambas organizaciones
delictivas.
El caso ameritó que se abriera una investigación al respecto esta misma
semana, según adelantó el procurador Gamill Arreola Leal, y que oficialmente los
jefes policiacos aludidos serían relevados de sus cargos para ser sometidos a
una investigación y deslinde de responsabilidades.
Sin embargo, al cierre de esta edición, Enrique Willars Ramírez seguía
despachando como comandante en Cabo San Lucas y Fernando Rojas Pérez había sido
cambiado a la comandancia de San Ignacio del municipio de Mulegé.
En una conferencia de prensa, el 30 de enero el titular de la PGJE dijo que,
una vez abierta la investigación, llamaría a declarar a todos los involucrados,
es decir, a los comandantes Enrique Willars Ramírez y Fernando Rojas Pérez, así
como a Gilberto López Fregoso, un integrante del crimen organizado que
evidentemente fue levantado, marca y conversa con los policías, sobre el pago de
sobornos a cambio de protección de sus actividades ilícitas.
El Procurador comentó que investigarán quién elaboró y subió el video, ya que
adelantó, pudo haber sido subido bajo tres vertientes.
1.- Pudieron haber sido criminales que han estado viendo afectados sus
intereses y están tratando de desacreditar a comandantes para sacarlos del
camino.
2.- Puede ser producto efectivamente de una conducta inapropiada por parte de
los comandantes, y quienes de haber elementos suficientes, tendrán que responder
por estar vinculados con criminales.
3.- Pudieron haber sido elementos de algunas corporaciones policiacas o
militares, como explica el video, quienes están interesados en delatar a los
mandos vinculados con el crimen organizado.
Por tal motivo explicó que tendrán que hacer una revisión a fondo y atender
este asunto de manera urgente porque “trabajar bajo sospecha, no es lo más
óptimo, ya que es hasta cierto punto, es hasta riesgoso, sobre todo por las
dudas de que pudieran estar trabajando en coordinación con delincuentes del
crimen organizado”.
El video
En el narcovideo se puede leer una serie de datos donde explican que la ola
de violencia en Los Cabos –y que ha dejado hasta hoy un saldo de 7 personas
muertas entre delincuentes, policías y marinos y 14 detenidos— es derivado de
que el comandante de la Policía Ministerial, Enrique Willars Ramírez, vendió la
plaza a dos cárteles del crimen organizado.
No los llaman por su nombre, pero son el Cártel de Sinaloa y del Cártel de
los hermanos Beltrán Leyva, según un informe del Grupo de Coordinación.
En la grabación aparece un integrante del crimen organizado, vestido con
pantalón café y playera floreada, atado de las manos y después encapuchado y con
la cabeza encintada. El individuo dice llamarse Jorge Alejandro Ramírez
Osuna.
El delincuente afirma vivir sobre la calle Océano Índigo, manzana 9, lote 56
del fraccionamiento Miramar de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y ser
apoderado legal de las empresas “Cabo Azul” y “Aceros del Pacífico”.
Afirmó tener 13 años trabajando para “La Empresa” y haber sido el responsable
de haber entregado dinero y una casa habitación a los hermanos Enrique y
Fernando Willars Ramírez y a Fernando Rojas Pérez, comandantes de la Policía
Ministerial de la División de Homicidio, Robo de Vehículos y Robos Diversos.
El criminal dijo que habían entregado 250 mil pesos a los citados comandantes
para que protegieran a “La Empresa”, lo cual consistiría en liberar a todos los
narcomenudistas que fueran cayendo en manos de la PGJE y de la PGR.
Para probar que efectivamente había trato entre los comandantes y los
narcomenudistas, los captores del videodenunciante que aparece con las manos
amarradas hacen una llamada a los comandantes Enrique y Fernando Willars
Ramírez, así como a Fernando Rojas Pérez y conversan con Jorge Alejandro Ramírez
Osuna.
A continuación, un extracto de una sola llamada:
Comandante: ¡Bueno!
Narcomenudista: ¿Qué onda comandante, cómo andamos?
Comandante: ¡Bien, bien! ¿Qué ha habido?
Narcomenudista: Nada, viejo. Oye, lo que te dimos la otra vez, lo que te
entregamos, es sólo un “aperitivo”, no vayas a pensar que así trabaja “La
Empresa”, con una madre. El lunes sueltan un agasajo fuerte, porque ya entra
esta gente a la plaza, viene autorizaciones de mas arriba.
Comandante: ¡Ajá!
Narcomenudista: Entonces yo le voy hablar a Usted y nos reunimos para
entregarle eso, jefe.
Comandante: ¡Háblale a Fernando!
Narcomenudista: Sí, yo le hablo, eso que le di y los agentes, eso es un
aperitivo, ¿no? La raza de Usted, eso es un aperitivo para que no diga que
nosotros le estamos dando menos que la gente esa ¡los tlacuaches esos!
Comandante: ¡Ándale pues!
Termina la conversación.
En el video se explica que ése es el motivo de los hechos violentos que se
han registrado y que el Comandante Willars vendió la plaza y protege a Víctor y
“El Javier”, quienes habrían traicionado al Diputado y al Belén para quedarse
con toda la plaza de Los Cabos.
El video explica que al jefe policiaco le ganó la avaricia, porque pactó con
el Cártel de Sinaloa e hizo trato con dos al mismo tiempo.
¿Y qué pasó con el jurídico que sale en este video?, se hace una pregunta y
se responde; “No, no está muerto, porque no somos matones, somos agentes de una
corporación”.
Al final remata lanzando una advertencia: “Su día llegará, y en esta vida,
todo se paga”.
La disputa
Al respecto el titular de la PGJE, Gamill Arreola Leal, consideró que “la
difusión del video, es una llamada de atención y que van a tener que redoblar
las medidas de seguridad para actuar con firmeza ante cualquier eventualidad que
pueda surgir”.
El funcionario aceptó que la plaza de Los Cabos, es hoy por hoy, la más
disputada del estado y dijo tener información de que existen algunos grupos
criminales que pretenden asentarse en la plaza de este destino turístico, ahora
que se han capturado cabezas de grupos.
“Todo esto está generando una tremenda confusión y descoordinación entre los
delincuentes por falta de una cabeza de mando, y ahora entre ellos mismos, se
andan peleando por el control y por dirigir a todos”, expresó.
El procurador sostuvo que ese tema lo han estado tocando en las reuniones
semanales en el consejo de seguridad pública, donde participa la PGJE, PGR,
SESP, Sedena y Secretaría de Marina, y se ha decidido trabajar de manera
coordinada para tratar de evitar que entren grupos criminales de otros estados y
se apoderen de las plazas locales, porque “no queremos actos de violencia y
hechos delictivos con los niveles que hay en otras partes del país”.
“Los Cabos es la plaza más peleada y muy importante en todos los sentidos por
el sector turístico y productivo, por eso estamos poniendo mucha atención,
independientemente del evento que se avecina del G-20, y desgraciadamente es una
zona donde convergen gentes de todas partes del país y del mundo”, arguyó.
El abogado del estado recalcó que si la delincuencia en el pasado permeó la
institución, hoy no puede seguir permeando al interior, ya que es un compromiso
de estado, y por tal motivo se ha iniciado un proceso de depuración, donde se
han dado de baja agentes del ministerio público así como periciales.
Sobre algunas balaceras que se han registrado en el estado, dijo que han sido
protagonizadas por personas ajenas al crimen organizado y que algunas tienen que
ver con jóvenes que disparan un arma o personas en estado de ebriedad, sin
embargo, dijo que hay preocupación por la portación de armas de fuego de
particulares, lo que obliga a redoblar esfuerzos para prevenir cualquier
incidente mayor.
El titular de la PGJE reconoció que actualmente están trabajando con policías
y comandantes que no están certificados, y de los 276 elementos que tienen como
fuerza de estado, apenas están en el proceso de batería para los exámenes de
control de confianza y los cuales están siendo sometidos a pruebas médicas,
psicológicas, entorno social y polígrafo
“Solamente yo, los subprocuradores y el director de la policía ministerial,
estamos certificados, y tenemos la obligación por acuerdos con el gobierno
federal, en que debemos sacar a 117 elementos plenamente certificados, y los
cuales, van a ser la primera generación de la nueva policía ministerial del
estado”, dijo.
El procurador recordó que cuando tomó el cargo, había solamente 226 elementos
y recientemente contrataron 50 agentes más. En estos momentos están trabajando
para contratar otros 50 efectivos más que se habrán de desplegar en todo el
estado.
Comentó que no todo es personal, también se ha comprado armamento, chalecos
antibalas, vehículos y hasta se está resolviendo poco a poco el problema del
combustible en las unidades, el cual era un pretexto de “no trabajar bien”.
Sobre las disputas por la plaza de Los Cabos, en vísperas del G-20, subrayó
que ya llegó una avanzada del Centro de Seguridad Nacional (CISEN), de la
Secretaría de Gobernación, PGR y están por llegar de la Secretaría de Marina,
quienes coordinarán el plan de seguridad previamente y durante la reunión
internacional, como una manera de blindar el estado.
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