El 1 de febrero entró en vigor una ley estatal que grava con un 4.5 por
ciento todo extracto que contenga una graduación de alcohol del 3 por ciento o
más.
Ante la inconformidad de los sectores vitivinícola y restaurantero el
Gobierno de Osuna hizo un decreto para exentar el vino de esta tasación que si
acaso generará 100 mil pesos de ingresos a Baja California.
Francisco Navarro Fausto
El gobierno de Baja California hizo un enredo fiscal. Creó un impuesto a
bebidas con graduación alcohólica para supuestamente inhibir el consumo de las
mismas, pero al mismo tiempo acordó con la cámara de diputados local que se
publicaría un decreto para exentar el vino y evitar que los productores de otros
licores se amparen ante la nueva ley de impuestos del estado.
Todo como una medida recaudatoria desesperada que ha generado más
confusión en el sector vitivinícola y restaurantero. Y para colmo, su beneficio
en cuanto a los recursos que podrá generar para la entidad está en tela de
duda.
Desde el miércoles 1 de febrero entró en vigor el Impuesto Estatal
a la Venta Final de Bebidas con contenido Alcohólico, que grava con un 4.5 por
ciento todo extracto que contenga una graduación de alcohol del 3 por ciento o
más.
Dicha reglamentación no considera que se cobre impuesto al vino
nacional ni a la cerveza, con lo que no se afectará a los productores de vino de
la región, pues será el consumidor final quien absorberá el costo, según dio a
conocer el Secretario de Planeación y Finanzas, Manuel Aguilar Bojórquez.
De acuerdo con el funcionario, lo anterior está basado en un
exhorto enviado el 30 de diciembre al Gobernador del Estado, José Guadalupe
Osuna Millán, para que publique un decreto administrativo y exente del pago por
impuesto sobre producción, ampliación o transformación del alcohol y bebidas
alcohólicas, los vinos de producción, sobre producción, ampliación o
transformación del alcohol y bebidas alcohólicas, a los vinos de producción
local; documento que se firmó el miércoles pasado y se espera sea publicado hoy
viernes 3 de febrero.
Cabe recordar que el 30 de diciembre del año pasado, en el Diario
Oficial del Estado se publicó la Ley de Ingresos para Baja California, y las
reformas a la Ley de Hacienda del estado, mismas que consideraban incrementos en
el pago de algunas contribuciones vigentes, debido a que en 2012, la entidad
deberá contrarrestar un déficit de 970 millones de pesos dado que dejó de
percibir recursos por el concepto de tenencia.
La desesperada medida del gobierno estatal por recaudar impuestos
ya levantó ámpula en diversos sectores de la región. Y es que con este cobro,
serían tres los impuestos que los comensales tendrían que pagar por una bebida
que contenga alcohol, IVA (11 por ciento), IEPS (16.5 por ciento) y el impuesto
estatal (4.5 por ciento), lo que eleva el precio del producto en un 40 por
ciento.
De entrada, el pago de la contribución afectará al sector
restaurantero porque ellos tendrán que trasladar el costo adicional al comensal.
Así lo dio a conocer el Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en el Estado, César Escandón
Ojeda.
Agregó que independientemente de que se cobre o no el nuevo
gravamen al vino nacional la recaudación en impuestos a las bebidas alcohólicas
que hace el gobierno federal eleva su costo aproximadamente en un 30 por
ciento.
Tan sólo de Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un 11 por ciento
que sumado al 16.5 del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) dan
el 27.5 por ciento, lo que se paga por un vino mexicano, por lo que resulta más
barato comprar un vino importado.
ZETA visitó algunas tiendas de autoservicio y
pudo constatar que un vino tinto promedio de origen español o chileno ronda los
70 pesos, mientras que los que son producidos en el estado cuestan entre 80 y 90
pesos.
Eso no es todo, de acuerdo con Ignacio Ochoa Alldredge, socio del
despacho fiscal Güereña y Ochoa, se trata de un “un impuesto hecho al vapor”,
que no fue bien planeado, prueba de ello es que los ingresos que el gobierno
estatal piensa recaudar en 2012 por dicho concepto apenas serán de 100 mil
pesos.
Por su parte, el contador Jesús Chávez Rivera mencionó que apenas
se aplique el impuesto existe la posibilidad de que productores de bebidas con
graduación alcohólica como es el tequila, presenten juicios de amparo ante la
inconformidad por el cobro del impuesto.
Ley enredosa
Aunque el Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con
Contenido Alcohólico se incluye en una adición del capítulo XXI de la Ley de
Hacienda del Estado, misma que se publicó en diciembre pasado, dicho documento
no menciona que el vino tendría una exención de la tarifa en cuestión.
La reglamentación grava la venta final de bebidas con contenido
alcohólico en envase cerrado, a excepción de la cerveza. La base es el precio de
venta sin incluir IVA ni IEPS. El documento precisa que el impuesto se incluirá
en el precio de venta y no deberá trasladarse ni señalarse en forma expresa.
El artículo 156-39 menciona que “los distribuidores o comerciantes
que enajenen las bebidas a que se refiere el artículo 156-33, a quienes a su vez
venderán en envase cerrado las citadas bebidas, estarán obligados a llevar un
registro mensual de estas personas, debiendo de recabar de ellos y conservar una
copia del registro ante el Estado”.
Agrega que quienes no cumplan con la obligación señalada en el
párrafo anterior serán responsables solidarios del impuesto que se dejase de
pagar respecto de las bebidas enajenadas por ellos. La tasa de dicho gravamen
será de 4.5 por ciento y no se causará por la presente contribución el Impuesto
Adicional para la Educación Media Superior.
El documento entró en vigor el 1 de febrero de 2012; el segundo
transitorio del decreto indica que el impuesto relativo a los dos primeros meses
de vigencia se podrá presentar por esta única vez de forma bimestral dentro de
los 25 días del mes siguiente a que termine dicho período.
Impuesto al consumidor
Para el economista Rubén Roa Dueñas el apartado 156-36 del
capítulo que contempla la Ley de Hacienda del Estado, indica que el gravamen a
la venta final de bebidas alcohólicas no debe ser desglosado, en otras palabras
“lo van a esconder al consumidor. Ya va incluido en los impuestos, no te lo van
a decir. Otra cosa, el impuesto es antes de que sea aplicado el del IEPS, y el
IVA.
“Pero hay un punto de acuerdo con fecha del 30 de diciembre de
2012 para exentar del pago de este impuesto a los productores locales. Lo firman
todos los diputados. Aparte hay un oficio donde el presidente del congreso
formula el acuerdo para que el gobierno del estado publique un decreto para
exentar del pago por impuesto sobre producción, embasamiento o bebidas
alcohólicas a los vinos de producción nacional”, agregó.
El entrevistado dijo que una vez publicada la ley se debe esperar
a que surta efecto para luego aplicar el decreto que exenta a los productores de
la región.
“Esto es un contrasentido. Ésa es la única forma para exentar, y
para beneficio de los vinos locales, porque si en la Ley se incluía que
estuvieran exentos, los vinos, los productores o comercializadores de tequila
por ejemplo se iban a amparar y a tumbar la Ley.
“Ésta es una maniobra (el decreto) para proteger a los productores
de vino adicional a la ley publicada. Si el gobernador no emite el decreto lo
pagan todos. Y sería un duro golpe a los productores del vino nacional. A eso
súmale toda la problemática por la que están atravesando, un impuesto adicional
al IEPS, ausencia de agua, y de créditos disponibles para financiar su
crecimiento en maquinaria, y de la producción, eso les dificulta competir con
vinos del extranjero”, finalizó.
Las contradicciones
El abogado fiscal Ignacio Ochoa Alldredge precisó que conforme a
los antecedentes legislativos del impuesto se precisa que éste no tiene un fin
recaudatorio, sino extra fiscal, al pretender inhibir el consumo de bebidas
alcohólicas, por ser dañinas para la salud.
“Sin embargo esto es contradictorio, puesto que grava de igual
manera la venta de bebidas alcohólicas, independientemente de la graduación
alcohólica que tengan de las mismas.
A manera de ejemplo, se impone la misma
tasa a una botella de vino de mesa importado y a una botella de vodka, no
obstante que los grados de alcohol difieren sustancialmente, por ende, si el
vino de mesa importado tiene menor graduación alcohólica, causa menos perjuicio
para la salud, y por ello, debe de ser gravado de menor manera que una bebida
con mayor graduación, que causa más daño, como en este ejemplo lo sería el
vodka”.
Mencionó que lo correcto hubiera sido establecer distintas tasas
para cada bebida, dependiendo de su graduación alcohólica, tal como lo hace la
Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS).
No sólo eso, agregó que la ley no define claramente cuándo se
considera que existe una “venta final”, y con ello no se respeta el principio de
legalidad tributaria que exige que todos los elementos de la contribución estén
debidamente previstos en la ley, a fin de que no haya incertidumbre para el
contribuyente.
El fiscalista sentenció que el nuevo impuesto genera inequidad, al
tratar de manera desigual a aquel que vende el producto en envase cerrado, con
el que vende el mismo producto en envase abierto o por copeo, ya que en este
último caso no se grava a la venta.
Sí habría afectación
Por su parte César Escandón Ojeda, ex titular de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC),
dijo que directamente a quien más le afecta el nuevo impuesto será al
consumidor, mientras a ellos como comerciantes les perjudica “porque si llegan a
aplicar el impuesto al vino, los clientes no van a consumir el producto mexicano
porque éste es el que tiene el impuesto más alto comparado con otros, y esto es
un abuso que hace el gobierno”.
Molesto, el representante del sector afirmó que el gobierno
(estatal) no piensa en proteger a nadie, pues siempre están afectando a los
empresarios; prueba de ello es que “están más baratos los vinos chilenos,
españoles, nosotros no podemos comprar ese tipo de vino, porque estamos
promoviendo lo nacional. Y no nos dan un apoyo por ello. No le dan apoyo al
empresariado”, sentenció.
Escandón enfatizó que en lugar de gravar el producto local se
debería poner impuestos a productos de importación pues el empresario cautivo es
quien tiene que hacer frente al pago de todo tipo de impuestos que imponen los
tres niveles de gobierno.
“El gobierno busca cómo sacar dinero para poder vivir sin trabajar
realmente, qué hacen por nosotros, aquí no se ve nadie que quiera defender a los
vinicultores, o al empresariado que estamos trabajando, que somos los que
estamos viendo realmente por nuestra ciudad, nuestro país. Dicen que apoyan,
pero por otro lado les está cobrando la factura, nos apoya cobrándonos. Siempre
se ha trabajado con el dinero de nosotros”, acotó.
Luego hizo un llamado para que los diputados locales hagan su
trabajo de representación, sin importar el color del partido, y que en
consecuencia soliciten que este impuesto sea retirado.
Encarecen el producto
“Realmente no sé qué está pasando, y así es como también piensan
las demás vinícolas, al ver que existe la posibilidad de que van a aplicar este
impuesto adicional para cualquiera de los vinicultores, es incongruente porque
como productor de la región no se nos hace lógico que en el propio estado que
produce más del 60 por ciento del vino nacional tengas que pagar”, externó un
productor de vino en la región que pidió que se omitiera su nombre.
Llegar a aplicar cualquier tipo de carga tributaria a la
producción del vino castigaría aún más al productor local, que genera derrama
económica con la ruta del vino y las actividades que se generan en torno a
ella.
“Éste es de 4.5 y luego le agregas el IVA del 11 por ciento, más
el IEPS de 16.5, entonces estás diciendo que se vuelve un 40 por ciento en puros
impuestos, entonces lo que van a hacer es que al momento que el último
consumidor, adonde va dirigido el impuesto, a la hora que va a comprar en el
punto de venta tendrá que optar por productos de alguna manera más económicos y
estamos conscientes que hay productos importados más baratos”.
El entrevistado agregó que el cliente busca que le rinda el
dinero, lo que podría generar que se deje de vender el producto local. “Aunque
es para el consumidor final, y la ley dice que es en envase cerrado, si yo
restaurantero voy a darte el servicio no soy el consumidor final. No entiendo
cómo le van a hacer al momento de pagar este impuesto”, acotó.
Decreto firmado
La implementación del nuevo sobreprecio iniciada esta semana puso
en alerta a los productores de vino y otros sectores, es por ello que para
calmar los ánimos el Secretario de Planeación y Finanzas aclaró a
ZETA:
“El impuesto se aplica así como viene la disposición de la Ley de
Hacienda, sin embargo es oportuno hacer la aclaración que cuando se aprueba
también, en ese momento se aprueba el que el Ejecutivo elabore un decreto para
exentar también a la enajenación del vino, argumentando que la producción que se
realiza en Baja California es la más importante del país, por eso la ley es sin
necesidad de afectar la venta de vino”.
Bojórquez subrayó que si bien es cierto que la cerveza es la única
bebida alcohólica que no estará sujeta a la Ley de Hacienda del estado, también
se aprobó la exención del gravamen en el caso del vino.
“Entra en vigor el 1 de febrero, el primer pago provisional de
este impuesto a empresas que enajenen bebidas con graduación alcohólica en Baja
California será hasta el 25 de abril. Febrero y marzo se juntan. Y después en
forma mensual. El decreto en el que no se cobra a los vinos entra en vigor el 1
de febrero”.
Respecto al tema, el Presidente de la Congreso del Estado, Máximo
García López mencionó que el asunto del vino ya estaba previamente acordado en
el Congreso.
“La cerveza no se grava porque hay una disposición federal, para
que puedas exentarlo (el cobro al vino) primero debes cobrarlo. Sino podría
generar un movimiento jurídico, porque no lo estaba haciendo un impuesto
general”.
Dijo que aunque el diputado Francisco Vega de la Madrid envió un
exhorto al Congreso para que el gravamen no sea aplicado la realidad es que
“nunca ha existido la posibilidad de que se les vaya a cobrar, esta falta de
información generó todo”.
Lo que sí afirmó es que finalmente se le agregará un impuesto a
las bebidas alcohólicas en envase cerrado para que el estado se haga de
ingresos, pero en ningún momento se pensó aplicarlo a los productores vinícolas,
“porque, por un lado, se están generando políticas públicas para un mayor
beneficio para ellos, pues (la ruta del vino) es un atractivo para el turismo y
toda la derrama que generan y sabemos lo mucho que le batallan para sacar la
producción, bonitos nos veríamos haciéndole el caldo gordo cobrándoles más
cuando realmente debemos impulsar políticas que beneficien a la industria
vinícola”.
El diputado finalizó diciendo que los productores y quienes
comercializan el producto no deben preocuparse, pues el pago lo hará el
consumidor final. En otras palabras, quedamos en las mismas.
Cabe recordar que el miércoles 1 de febrero, el gobernador del
estado, José Guadalupe Osuna Millán, firmó el decreto de exención del impuesto,
del 4.5 por ciento a la venta final del vino.
El mandatario diría que el acto administrativo que corresponde
aplicar al Ejecutivo estatal, causará efectos a partir de hoy viernes, cuando se
publique en el Diario Oficial del Estado.
Falta protección al productor
“Lo que pasa es que hace falta más protección del gobierno
estatal, porque la industria vinícola es de las más fuertes del país, y
sorprende a muchos que lancen el 4.5 sobre todo excepto la cerveza. En esa parte
como que el gobierno estatal no lo vio claro y formó una nube gris con decir que
es un impuesto extra fiscal con el que van a inhibir el consumo del alcohol,
aprovecharon finalmente la inercia de que el gobierno tiene un menoscabo en el
presupuesto”, expuso en torno al impuesto a bebidas alcohólicas el contador
público certificado, Jesús Chávez Rivera.
“Están tomando por ese lado, pero es cierto, ¿cómo es posible que
un vino extranjero te cueste más barato que el local?”, cuestionó. Luego
especificó que el gobierno estatal no agregó la exención del pago del impuesto
al vino en la ley, para evitar la inconformidad con los otros productores de
bebidas con graduación alcohólica, con la posibilidad de que a futuro se
pudieran amparar. Sin embargo reconoció que eso no será una limitante para que
en su momento surjan litigios en contra de la disposición, por lo que
resumió:
“De alguna manera se tiene razón (en la ley) porque empieza la
supuesta inequidad, y obviamente empiezan a prosperar los amparos, que sin
embargo esto no a va a ser una limitante. Lo más probable es que en el caso de
productores de tequila y otras bebidas que los está contemplando la ley
obviamente van a tratar de buscar un motivo de amparo para que su producto no se
encarezca”, completó.
Revertir solicitud: Francisco Vega
El Presidente de la Comisión Especial de Impulso a la Industria
Vitivinícola en la LXI Legislatura Federal, Francisco Vega de Lamadrid dijo
unirse a los productores de vino de la región en la solicitud de eliminar la
disposición donde se considera gravar bebidas alcohólicas.
“El sector vitivinícola ya dio su posicionamiento y está en contra
de ello. No es conveniente y contraviene a las políticas en donde estamos
buscando promover el estado para generar empleo, atraer oportunidades y atraer
al turismo para ser más competitivos.
“Eso se debería revisar y estamos solicitando tanto al congreso
como al Ejecutivo que tome bien esta solicitud o revierta la disposición donde
se pretende cobrar este impuesto al vino. O se re-dirija el mismo”, determinó el
legislador.
El funcionario federal aprovechó para mencionar que en la Cámara
de Diputados presentó una iniciativa de Ley que fomenta la industria
vitivinícola, con la cual “se trata de dar coordinación y compromiso a los tres
niveles de gobierno para impulsar nuestra industria, en ella se contempla un
consejo certificador del vino para que nuestros vinos en Baja California esté
certificado y sea más atractivo al cliente”.
A la par indicó que como Presidente de dicha comisión especial
envió oficios al congreso bajacaliforniano así como al Gobernador José Guadalupe
Osuna Millán buscando que la autoridad rectifique la medida en cuestión y se
puedan hacer las modificaciones a la brevedad, dentro de la Ley de Hacienda
Estatal.
El funcionario englobó que el 90 por ciento de los vinos que se
producen a nivel nacional son elaborados en el estado y la industria genera
entre 9 mil y 10 mil empleos. Aparentemente Vega de Lamadrid desconocía todavía
el tema del decreto que, al menos en teoría, solucionará el problema que el mismo gobierno estatal creó.
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