Ni investigaciones ni coordinación. El trabajo conjunto, la confianza
interinstitucional, las capturas de grandes capos y demás resultados, se
terminaron; de nuevo la desconfianza y corrupción oscurecen las relaciones entre
corporaciones que combaten la delincuencia en Baja California.
La opacidad o
nulidad caracterizan las investigaciones relacionadas con el crimen
organizado.
Rosario Mosso Castro
La noche del sábado 28 de enero, se registró un asesinato múltiple en la
colonia 3 de Octubre de Tijuana. La sangrienta escena de cabezas destrozadas a
balazos fue dantesca.
En la versión pública, las autoridades locales publicitaron su mensaje de
aparente calma. Le restaron importancia al atroz crimen.
Igual que en el discurso oficial del Presidente de la República, Felipe
Calderón, permeado a la sociedad que responsabiliza a las víctimas,
señalándolas sin escrúpulos ni rasero, como miembros del crimen organizado y
asegurando que se están matando entre ellos, en Baja California sucede de igual
manera.
Con un alto porcentaje de crímenes impunes, investigaciones inconclusas o
congeladas, los titulares del gobierno federal, estatal y recientemente el de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se erigen en fiscales para
declarar lo que no está respaldado en documentos legales: que un alto porcentaje
de los más de 60 mil muertos registrados en 2011, pertenecían al narcotráfico o
a alguna célula del crimen organizado.
El colmo fue la declaración de Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, quien
aseguró que sólo 42 de las 47 mil 515 mil personas asesinadas violentamente en
medio de la narcoviolencia durante 2011 -más de 60 mil, según recopilación de
ZETA-, fueron víctimas inocentes.
En su informe anual, como el Presidente, los gobernadores y procuradores,
este presunto defensor de los Derechos Humanos se alineó y, en cuestión de días,
investigó, juzgó y sentenció como culpables y prácticamente merecedores de la
pena de muerte (prohibida en la Ley, ejercida en la calle en México) a decenas
de miles de víctimas de homicidio.
Las autoridades lo hacen porque consideran que la ciudadanía ya se acostumbró
a las balaceras y a los muertos que se suceden a diario, y en la práctica se han
dado cuenta que si los o las asesinadas son expuestos como presuntos homicidas o
narcotraficantes, la sociedad no va a reclamar la violencia que vive.
Como funcionarios, aprendieron que si callan o minimizan los cada vez más
frecuentes enfrentamientos entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno
en el estado, similares al choque entre el Ministerio Público del Fuero Común y
la Policía Estatal Preventiva (PEP) con elementos del Ejército, en el homicidio
de la colonia 3 de Octubre y en otros hechos recientes, la sociedad seguirá
creyendo en la falsa idea de la coordinación y los resultados.
Bajo esta estrategia mediática y de discursos, pretenden que la comunidad
minimice los homicidios que -aunque supuestamente ya no hay enfrentamientos
internos de cárteles- siguen ocurriendo por decenas; además, que no se perciba
que estos asesinados no son investigados, ni resueltos, y por lo tanto, ninguna
autoridad puede asumir de manera oficial y menos declarada, que los muertos son
delincuentes pertenecientes al crimen organizado o víctimas inocentes como la
mayoría de los ciudadanos.
La realidad es que las ejecuciones en Baja California suceden todos los días,
y que muchas de estas víctimas, como el caso del adolescente de 13 años, son
inocentes que caen en el fuego cruzado entre criminales con criminales, comandos
contra criminales, policías contra narcotraficantes, o en el extremo de la
impunidad, acribillados por agentes del orden.
El multi-homicidio
El 27 de enero, mientras se desarrollaba una fiesta infantil que reunió a
cinco familias, hombres armados interrumpieron la festiva escena. Después de
amagar verbalmente y con las armas, cinco personas terminaron ejecutadas. Todas
en una misma habitación, con tiros directos a la cabeza.
Al estilo de la mafia, los asesinos tiraron certero. Seleccionaron a las
víctimas. Una de ellas, el hermano del ex policía municipal Omar Cabrera
Bengochea, detenido el 4 de enero de 2012. El domicilio en la colonia 3 de
Octubre de Tijuana donde sucedió el multi-homicidio pertenecía a su madre.
Los sobrevivientes ofrecieron varias y distintas versiones del sorpresivo
ataque, en general hablaron de tres o cuatro hombres en dos vehículos, tres
encapuchados y uno con el rostro expuesto, vestidos de color oscuro, pero todos
con botas de las usadas por los policías, principalmente por los grupos
especiales.
Altos, robustos de apariencia ejercitada y con actitud de mando.
Estacionaron vehículos afuera de la casa y ordenaron a los enfiestados que
estaban en el patio que ingresaran al domicilio. Concentraron a los asistentes
en la sala y después los separaron. En este punto las versiones empiezan a ser
diferentes.
1. Los más cercanos a la familia Bengochea dicen que no
preguntaron por nadie, simplemente jalaron a los hombres a la cocina y
descargaron sus armas.
2. Otro de los asistentes aseguró que llegaron preguntando
por “Daniel” (Alberto Cabrera Bengochea) y, cuando el señalado se identificó,
los matones dudaron y jalaron a otro de los presentes por su parecido. En medio
de esa confusión, mencionan, se decidieron a separar a todos los hombres,
incluido un niño de trece años.
3. Otra de las primeras declaraciones indica que uno de los
hombres asistentes al festejo, logró evadir la muerte. Se escondió cuando
escuchó el violento arribo de los homicidas. Una de las mujeres dijo que incluso
pudo deslizarse del lugar donde tenían encañonados a los varones.
Al final, a pesar de estar en espacios separados de la casa, las féminas
podían darse cuenta y escuchar lo que sucedía. Los disparos sonaron uno a uno y
después todos estaban muertos: Daniel Alberto Cabrera Bengochea, de 28 años;
Fernando Meléndrez García, de 31; Edgar Pérez Martínez, de 37; Hipólito Beltrán
Ríos, de 56; y un jovencito de 13 años.
Del resto de los invitados al festejo salió la alerta telefónica al número de
Emergencias. Los primeros en llegar fueron los elementos de la PEP y los
rescatistas de la Cruz Roja; seguidos de la Municipal que, antes de abordar al
punto, acordonaron con patrullaje y búsqueda las colonias en calles
aledañas.
Las fuerzas de auxilio no pudieron hacer nada ante la escena, en la cocina
había sangre por todos lados. En el piso, un hombre obeso y alto, de camisa a
cuadros, despojado de sus pantalones y ropa interior, estaba en medio de un
charco de sangre que pintaba la poca ropa que le dejaron puesta, su cabeza había
sido despedazada. Había servilletas de papel ensangrentadas a su alrededor, a él
le dispararon de frente y su cuerpo quedó inerte boca arriba.
Cerca, el cadáver de otra víctima masculina que vestía chamarra azul, gorra y
pantalón de mezclilla oscuro. Quedó boca abajo y entre dos charcos hemáticos,
uno en la cabeza y otro en los pies. Le dispararon por la espalda. En una
esquina, el tercer asesinado estaba de cara al piso y con las dos manos sobre su
cabeza, todavía en señal de sometimiento, mucha sangre alrededor de su cuerpo y
cuatro casquillos a menos de medio metro de distancia.
Un cuarto que los presentes intentaron salvar estaba sobre un sillón, con una
herida que le había atravesado al cabeza hasta levantarle el cuero cabelludo con
extensos pedazos de piel.
Fueron asesinados a mansalva.
Los padres del menor levantaron su cuerpo y lo subieron a un pick-up
para llevarlo a un hospital, pero fueron interceptados en el camino por una
ambulancia; los paramédicos decidieron ya no mover el cuerpo porque estaba sin
vida.
Uniformados municipales y estatales, así como el Ministerio Público del Fuero
Común, se impactaron frente a la escena, incluso creyeron que dos de las
víctimas eran menores. Todos sabían qué familia vivía ahí, por los antecedentes
de Omar Cabrera, prácticamente todas las autoridades habían cateado la casa con
anterioridad, y también habían corrido en el sistema nacional la información del
resto de la familia sin encontrar antecedentes delictivos para investigar.
Además, en fechas recientes se habían dado dos denuncias al 066 de presuntos
secuestros en las inmediaciones de la casa, también investigados sin
resultados.
“Qué pudo haber dicho este cabrón (Omar Cabrera) en la cárcel (a la SIEDO)
para que le hayan hecho esto a su familia… está muy raro” dijo un policía en la
escena del crimen.
Más grave todavía, expuso un investigador: “Cómo pudieron enterarse los
criminales de algo que todas las autoridades de Baja California desconocen,
porque aquí nadie sabe nada de sus declaraciones”.
Las dudas
No existen sospechosos oficiales, sin
embargo, al interior de la Policía Municipal, la PEP y el Ejército, la versión
es muy similar. Los perpetradores del horrible multi-asesinato fueron policías
federales, estatales o municipales. Incluso mencionaron un nombre, Jesús
Hurtado, a quien según investigadores, Cabrera habría intentado asesinar en por
lo menos dos ocasiones.
Bajo esa teoría que lidera las hipótesis sobre el crimen, los mismos
uniformados ubican dos posibles escenarios que pudieron resultar en la
matanza:
1. Policías corruptos sabedores que Omar Cabrera Bengochea,
detenido a inicio de año, conoce la podredumbre en las corporaciones, y
temerosos que lo pueda declarar, decidieron enviarle un mensaje para
silenciarlo: la ejecución de su hermano.
2. Ejecución por parte del crimen organizado para silenciar
a Omar Cabrera en relación a la información que tiene sobre la operación de los
cárteles de la droga, sus rutas, sus cadenas de corrupción y sus integrantes,
tanto del Cártel Arellano Félix, en el que fue ubicado de manera inicial, como
de la organización criminal de Sinaloa para la que fue reclutado
posteriormente.
Investigadores de distintas corporaciones informaron a ZETA
que el hermano del ex policía Cabrera no tenía antecedentes, de hecho lo habían
investigado sin encontrar elementos en su contra, dudaron: “Eso no quiere decir
que fuera inocente, pero hay más elementos en contra del hermano”.
La sospecha contra los uniformados deriva de la forma en que fueron
ejecutados los invitados a la fiesta en la casa de los Cabrera. Actuaron frente
a las víctimas, tenían características físicas de policías, huyeron pie tierra
evadiendo los filtros, como si conocieran las órdenes a seguir en casos
similares. Y evidentemente tuvieron acceso a información que habría fiesta,
porque algunos miembros de la familia recién habían regresado a la ciudad de
Tijuana.
Además, considerando que Omar Cabrera hubiese declarado, sabían que podría
proporcionar varios nombres de uniformados, que conoce a los corruptos y
presuntamente, participó en varios operativos homicidas contra policías de
todas las corporaciones.
El enfrentamiento
Este operativo “coordinado” que empezó con el reporte del homicidio al número
de Emergencias y concluyó con la presentación de tres sospechosos a la
Procuraduría General de la República (PGR) de parte del Ejército, tuvo dos
momentos álgidos a partir que todas las corporaciones dan por hecho que los
homicidas fueron agentes.
El primero se dio mientras la PEP y la Municipal buscaban sospechosos en las
inmediaciones de la colonia 3 de Octubre. Agentes del Ayuntamiento encontraron
una licencia en la calle a nombre de Teódulo, sin antecedentes penales, pero con
un hermano en la cárcel.
Resultaba ilógico que uno de los agresores hubiera dejado su tarjeta de
presentación, pero atendieron el hecho. Fueron por el portador de la licencia,
quien les informó que ese mismo día en la colonia aledaña a la 3 de Octubre,
elementos de la Preventiva lo habían detenido para inspección, solicitándole la
credencial, pero no se la regresaron.
Aun cuando el sentir en la Municipal fue que los agresores podrían ser los
estatales preventivos que horas antes habían quitado la licencia a Teódulo,
investigaron. Éstos se justificaron argumentando que ellos fueron los primeros
en llegar a la escena del crimen. Que la licencia se les pudo caer en ese
momento.
Los hombres de Alberto Capella sugirieron a los de Daniel de la Rosa, que los
estatales que habían detenido a Teódulo se presentaran ante los sobrevivientes
del multi-homicidio para descartarlos como los asesinos. Pero en el momento de
la discusión, de la PEP alertaron la ubicación de posibles sospechosos en una
dirección de la colonia Aztlán, justo en los límites con Rosarito, y la atención
sobre los preventivos de la credencial se diseminó.
Los PEPs se dirigieron al domicilio señalado y ahí inició un
enfrentamiento contra los probables asesinos. Ante lo tupido de las balas y lo
accidentado del terreno, la Policía Municipal de Tijuana los apoyó con una
unidad blindada. Ahí notaron los locales que el domicilio en cuestión es
efectivamente de personas dedicadas al tráfico de drogas y homicidios en la zona
de Santa Fe y San Antonio de los Buenos. Saben que son delincuentes, pero dudan
que sean los que buscan, los asesinados en la 3 de Octubre.
De hecho informaron que la PEP tenía más de una semana vigilando esa casa y
acreditando los movimientos ilícitos, y que minutos después del asesinato de los
cinco, observaron que llegó una camioneta a toda velocidad y golpeada en
aparente huida. Bajo la lógica que existen veredas que conectan las dos
colonias, dedujeron que podría tratarse de los asesinos, al menos así lo
justificaron. Además que, cuando los ocupantes de la casa vieron llegar las
unidades policiacas, los recibieron a balazos.
Con el apoyo de la Municipal hicieron huir a los agresores y, terminada la
balacera, los policías de Capella se replegaron y los estatales capturaron en
diferentes casas que rodeaban el domicilio a varios de los presuntos atacantes,
uno de ellos herido.
Así quedaron detenidos Javier Ramírez de la Cruz, Hugo Francisco Sánchez
Lucero, Juan Carlos Pérez Hernández, José Valentín Vázquez Serrano y Juan
Carlos Pérez Hernández; Juan Carlos Pérez Santos.
La balacera duró más de 20 minutos, de tal suerte que al momento de las
capturas ya estaba presente el Ministerio Público del Fuero Común, que daba fe
de las armas y la droga incautadas; momento en el que llegó un pelotón enviado
por el Comandante de la Segunda Zona Militar, General Gilberto Landeros, con la
instrucción de hacerse cargo de los detenidos. Ahí se dio el otro momento
álgido. El comandante operativo de la PEP se negó a entregar la situación a los
del Ejército. Se hicieron de palabras, y al final los preventivos se
retiraron.
De acuerdo a un investigador, la situación es que en el Ejército no confían
en las corporaciones policíacas, a las que inclusive, consideran sospechosas en
este caso. No es para menos, ya que luego de la detención de Omar Cabrera
Bengochea a manos de la Policía Municipal de Tijuana, éste fue entregado para su
custodia al Ejército en condiciones graves, producto de una golpiza. Temían
entonces que sucediera lo mismo.
Al final, este jaloneo, como en otras ocasiones, resultó en detrimento de la
investigación.
Después de los conflictos entre municipales contra estatales, y elementos
estatales contra militares, estos últimos remitieron el caso, los detenidos y
las armas a la delegación de la PGR, y todos se rehusaron a continuar la
investigación. A pesar de ser un homicidio y por tanto un delito del fuero
común, los únicos que no aparecieron en la escena fueron los municipales de
Rommel Moreno Manjarrez, tan paralizados en los últimos meses.
No se hizo un levantamiento pericial de la caza de la colonia Aztlán, ninguna
de las autoridades entrevistó a los detenidos sospechosos de otras actividades
ilícitas, y los aprehendidos se remitieron a la PGR sin los antecedentes de
inteligencia de la Municipal y la PEP. Las armas que presuntamente usaron para
atacar a la Preventiva, salieron negativas para el homicidio, así que sólo
fueron consignados por la posesión de los rifles.
Tras la trifulca y las dudas, los jefes de la PEP regresaron a sus agentes
relacionados con la credencial, que han cambiado su versión en varias ocasiones,
razón por la que están siendo revisados, pero sólo internamente.
En el caso de la Policía Municipal, Capella no está conforme por la fuga de
los homicidas de la 3 de Octubre, y aunque algunos elementos aseguran haber
encontrado ropa, como si los asesinos se hubieran cambiado mientras huían y se
escondían en algunas casas de las inmediaciones, el secretario advirtió que
analizará qué falló en el operativo. Pero de nuevo, se trata de otra indagatoria
interna sin fines ministeriales.
Oficialmente, en la Procuraduría del Estado la versión es que todavía no
tienen ningún sospechoso.
Vilipendiados e ignorados
El crimen múltiple se une numéricamente a los cometidos impunemente en el
estado, que durante el mes de enero fueron 57, presuntamente originados en
delincuencia organizada, 10 identificados como del fuero común. Además de 10
privaciones ilegales de la libertad registradas.
Los hechos demuestran que los criminales pueden entrar a las casas, disparar
a los residentes a mansalva y escapar. Mientras las víctimas fallecidas e
indefensas son sometidas al juicio público de autoridades, que bajo
justificaciones en lugar de indagatorias, evaden su obligación de hacer
justicia investigando; prácticamente exculpan a los homicidas porque, a su
juicio, las víctimas merecen lo que les pasó.
Para corroborar esta impunidad, basta recurrir a las estadísticas del primer
mes del año que recién empieza:
En Mexicali, el 3 de enero una pareja fue sacada de su domicilio para
matarlos; 8 de enero, un encapuchado ingresó a un domicilio y mata a dos
hermanos en Tijuana; el día 17, en Tijuana entraron a la casa de un hombre de 70
años en la colonia Terrazas; y el 26 de enero, en un domicilio de Playas de
Tijuana, una pareja fue asesinada a balazos.
El exhibicionismo ante familias se repitió el mismo 26 de enero, cuando el
dueño de una tienda de importaciones en Zona Río, fue asesinado dentro de su
negocio frente a hijos y esposa. Tres fueron los agresores, entre ellos una
mujer. El mismo día, pero horas más tarde, en la colonia Obrera Segunda Sección,
un hombre de 32 años de edad resultó muerto por disparos de arma de fuego, lo
acompañaba su esposa.
Otra prueba de que la calma o la paz publicitada es ficticia, son los cuerpos
calcinados y torturados remitidos al Servicio Médico Forense: Uno localizado el
3 de enero en Tijuana, y dos en Mexicali, levantados los días 10 y 12
de enero, respectivamente.
Se suman las balaceras registradas, dos las más públicas, el 3 de enero en
Tijuana y el 28 de enero en la colonia Aztlán de Rosarito.
La suma de cadáveres continúa, más de 10 baleados, la mayoría con tiros en la
cabeza. Y otro homicidio sospechoso el 21 de enero, cuando hombres vestidos de
civiles “portando una placas parecidas a la de las corporaciones policiacas”,
mataron a Mario Orlando Navarro en la colonia El Lago de Tijuana.
La semana que concluye, además de las cuatro víctimas del homicidio múltiple
en la colonia 3 de Octubre, se adicionaron los asesinatos de dos mujeres, una
acribillada en el interior de un jardín de niños del fraccionamiento
Villafontana en Tijuana, otra que estaba embarazada, cuyo cuerpo fue localizado
en el Bulevar 2000 y el dueño de una tienda de abarrotes en la ampliación Benito
Juárez en Rosarito, baleado en múltiples ocasiones.
En los casos mencionados y según la autoridad ligados al tráfico de drogas,
no hay detenidos. Sin embargo, el mes pasado la Procuraduría resolvió 10 casos
de homicidio, de los cuales siete ocurrieron en enero de 2012, tres en diciembre
de 2011, y uno en Sinaloa. En la mayoría se trató de asaltos violentos, crímenes
pasionales o riñas de adictos, básicamente fuero común.
Asimismo, detuvieron a los presuntos homicidas de Juan Villa el 7 de enero;
de una menor de edad violada el 19 del mismo mes; del guardia del relleno
sanitario el día 24; un tiroteado por dos asaltantes, padre e hijo (de 15 años),
el 8 de enero. Falta que los juzguen y sean condenados.
En este contexto está claro que no hay calma, ni siquiera aparente, la única
paz y tranquilidad en la entidad está en los discursos oficiales, que ahora se
ve enfrentada a las pugnas al interior del Consejo Estatal de Seguridad.
El trabajo conjunto, la confianza interinstitucional, las capturas de grandes
capos y demás resultados, se terminaron; de nuevo la desconfianza y corrupción
oscurecen las relaciones entre corporaciones que combaten la delincuencia en
Baja California.
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