Mientras los propietarios de inmuebles coludidos con la mafia no son
castigados por su participación indirecta en el tráfico de estupefacientes,
renteros enfrentan burocráticos procesos de embargo de sus inmuebles y dan
batalla legal para su recuperación.
Luis Alonso Pérez
Entre la impunidad y la injusticia se encuentran los dueños de los
inmuebles que albergan narcotúneles en Tijuana.
Mientras los propietarios de inmuebles coludidos con la mafia no
son castigados por su participación indirecta en el trasiego de drogas, los
renteros que de buena fe arrendaron sus bodegas o casas, ahora tienen que lidiar
con los burocráticos procesos del embargo de sus inmuebles y pugnar legalmente
su recuperación.
La mayoría de los bienes asegurados en Tijuana desde 2006 se
encuentran en total abandono, a merced de ladrones e indigentes. En contraste,
autoridades norteamericanas se aseguran de que los inmuebles se mantengan en
buenas condiciones y tardan en promedio un mes para retenerlos bajo
investigación.
También sellan las entradas a los túneles y obstruyen el paso en
los límites fronterizos, mientras que sus contrapartes mexicanas, con frecuencia
dejan abiertas las entradas a los túneles, permitiendo su reutilización por
parte de los traficantes.
Inmuebles en el abandono
Era la noche del 3 de diciembre de 2009 cuando Gabriel Yu, escuchó
la mala noticia de parte de un amigo: “Oye, estoy viendo en la televisión que
catearon tu nave, que encontraron un narcotúnel ahí”.
Por medio de un administrador, el señor Yu rentó esa bodega a unos
comerciantes por más de dos años. Al principio todo parecía normal, pero casi al
final de la relación comercial, comenzó a notar situaciones raras.
“En una ocasión se retrasaron un par de meses y, cuando fueron a
pagar, me liquidaron esos dos meses y pagaron dos meses más, todo lo llevaron en
billetes de 20 dólares”, explicó.
En ese momento pidió al gerente que realizara una inspección
visual de la bodega con mucha cautela, para ver si observaba restos de tierra o
algún otro detalle sospechoso, pero no encontró nada anormal.
Fue hasta que vio su nave en las noticias cuando confirmó su
sospecha: la empresa comercializadora de productos Renaissance, era
sólo un frente para operar un narcotúnel en su propiedad.
A más de dos años del cateo, la bodega no ha sido devuelta a Yu.
Durante este tiempo el inmueble ha estado completamente abandonado, lo que fue
aprovechado por delincuentes que reabrieron un hoyo pequeño a unos metros de la
entrada principal del túnel, y excavaron otra salida del lado americano, creando
un “hoyo de topos”, como lo denominan las autoridades estadounidenses.
El abandono también ocasionó que los ladrones se llevaran las
láminas metálicas del techo, la cortina de acero y todas las ventanas. Para
evitar más robos y vandalismo, el propietario del inmueble mandó a cubrir los
huecos de las puertas y las paredes con bloques. La bodega está tan devastada
que, para su arreglo, requerirá una inversión de entre 50 mil y 60 mil
dólares.
Ésta no es la única pérdida económica que ha tenido que solventar
el propietario, ya que ha gastado cerca de 20 mil dólares en abogados para que
pugne legalmente su devolución, algo que hasta el momento no ha logrado.
“Yo sólo le pido a las autoridades que por amor de Dios, dejen de
arrastrar los pies y me regresen mi bodega” reclamó Gabriel Yu.
En condiciones similares se encuentran la mayoría de los inmuebles
de Tijuana que han albergado a narcotúneles, cuyos propietarios deben atravesar
el mismo viacrucis burocrático que el señor Yu para recuperar sus bienes.
La única bodega que ha sido regresada a sus propietarios y que ya
se encuentra en operación, es la que albergaba un túnel descubierto por el
Ejército mexicano y la Policía Federal en el lote 4 del ex Ejido Tampico, el 25
de enero de 2006.
El resto están completamente abandonadas, incluso el inmueble en
el que el 29 de noviembre de 2011 se encontró el túnel más sofisticado de la
frontera, ubicado a escasos metros de la base de la Policía Federal en la
colonia Aeropuerto, no se encuentra resguardado, sólo hay unos sellos de la
Procuraduría General de la República (PGR) sobre las puertas y rejas.
ZETA ingresó al túnel con la autorización del
Ejército y la PGR para constatar que la entrada al túnel aún no ha sido tapada
y, aunque el elevador está descompuesto, se pudo descender e ingresar al
pasadizo clandestino.
La delegación Baja California de la PGR reportó a este Semanario
que el inmueble aún se encuentra bajo en trámite, es decir, todavía se practican
diligencias dentro de la investigación.
Posteriormente se esperará un lapso de
90 días para que sea reclamado, de lo contrario se considerará en abandono, y su
embargo será anunciado mediante un edicto en la prensa.
Los seis inmuebles restantes se encuentran abandonados. La casa
que albergaba al túnel descubierto el 12 de agosto de 2011, ubicada en Calle
Edda María, Colonia Aeropuerto, es la que se encuentra en mejores condiciones,
porque fue enrejada, posiblemente por sus propietarios. Actualmente está
registrada en las oficinas de Catastro municipal, a nombre de Arnoldo Arana
Jasso.
Otra casa ubicada en la misma colonia, donde el 7 de noviembre de
2009 se encontró un pasadizo clandestino, se encuentra totalmente devastada, y
aunque la entrada del túnel ha sido sellada, el lugar sirve como refugio de
indigentes. La propiedad está registrada en el gobierno municipal, a nombre de
Victoria Pinedo Navarrete.
Una bodega de la colonia Nueva Tijuana cateada el 25 de noviembre
de 2010, también se encuentra abandonada, sólo que a ésta se le aplicará la Ley
de Extinción de Dominio, que permitirá a las autoridades federales su embargo,
ya que fue utilizada en la comisión de un delito.
Los inmuebles en Estados Unidos
En contraste a los procedimientos establecidos por autoridades
mexicanas, en Estados Unidos los inmuebles son investigados y asegurados de otra
manera.
El agente especial Joe García, subdirector de Investigaciones de
la Oficina de San Diego del Departamento de Seguridad Nacional de Estados
Unidos, explicó que cuando un túnel ha sido descubierto, el inmueble es
considerado una escena del crimen.
“Mantenemos la posesión de las bodegas por el tiempo que sea
necesario para hacer nuestras investigaciones”, sostuvo García, y aclaró que en
promedio tardan un mes en realizar todas las diligencias.
A partir del momento en que los bienes son asegurados, las
autoridades federales trabajan junto con los dueños y gerentes para informarlos
del proceso a seguir. Uno de los primeros pasos a seguir en las averiguaciones a
largo plazo, es investigar a quién pertenece.
“La mayoría de las veces son personas inocentes que no sabían para
qué iban a ser utilizadas las bodegas”, dijo el agente especial.
“Aun así se investigan para descartar algún tipo de complicidad”,
expuso y aclaró que hasta el momento ningún rentero ha sido acusado de
contubernio con los inquilinos narcotraficantes.
“Por lo regular los propietarios cooperan de diferentes maneras,
algunos son extremadamente cooperativos y otros son un poco renuentes”,
citó.
Por procedimiento regular, las autoridades norteamericanas sellan
la entrada del túnel y bloquean el paso en los límites fronterizos.
“No queremos dejar el túnel abierto por muchas razones, primero no
queremos que alguien más utilice ese hoyo, y dos, no queremos que sea un
problema para la infraestructura del área, como caminos y otras bodegas”,
comentó el agente.
Mediante un recorrido por la zona industrial de Otay Mesa,
ZETA constató que las bodegas en las que se han encontrado
túneles transfronterizos permanecen en óptimas condiciones.
Incluso un inmueble donde se encontró la salida de un pasadizo en
noviembre de 2011 y fue necesario romper una puerta de vidrio, se colocó una
puerta de madera para evitar que alguien entrara.
Durante el cateo también se
requirió de un agujero en la cortina de metal lateral, pero fue cubierta con la
misma pieza metálica. De lejos pareciera que nada hubiera pasado ahí.
Hace un año las autoridades norteamericanas tuvieron un programa
de acercamiento con los empresarios y propietarios de bodegas de Otay Mesa, en
el que les advirtieron las señales a observar para determinar si un narcotúnel
se construye en sus propiedades, por ejemplo, la presencia de cúmulos de tierra,
fugas de agua, sonidos extraños o poca actividad en sus instalaciones.
También se les exhortó a denunciar este tipo de señales a las
autoridades federales, y de ninguna manera confrontar directamente a los
inquilinos, ya que los criminales involucrados “son propensos a ejercer
violencia”.
“Hemos recibido información interesante a partir de esa plática
para nuestras investigaciones”, informó Joe García.
Para el agente federal, lo más importante es involucrar a la
comunidad en el combate del crimen, para ir acotando a los grupos delictivos su
capacidad de operación en la zona.
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