Los cargamentos ilícitos de productos marinos en extinción nunca son
interceptados, por el contrario, siempre llegan a su destino sin haber sido
detectados por alguna autoridad.
Permisionarios y cooperativistas denuncian:
“Los pescadores furtivos nos tienen amenazados de que si hablamos, nos van a
levantar y a matar, porque estaríamos poniendo en riesgo su
negocio”.
Investigaciones ZETA
Puerto San Carlos, Baja California Sur.- El largo zumbido de
un motor corta el silencio de la noche oscura. El reloj marca las tres de la
mañana del 14 de enero, y el sueño de los pobladores de esta comunidad pesquera
de casi 5 mil habitantes se ve interrumpido, como todos los días y todas las
noches.
En los últimos días, la actividad pesquera se ha intensificado de
madrugada en el complejo lagunar de Bahía Magdalena, donde decenas de pescadores
y buzos, buscan afanosamente capturar dos tipos de almeja: La generosa o
chiluda, y la catarina.
Las codiciadas especies marinas son asediadas por pescadores
furtivos que, por la poca visibilidad nocturna y en virtud de que son las únicas
que carecen de veda, capturan irracionalmente el producto que posteriormente es
escondido y guardado vivo en zonas de esteros, y sacado de esos lugares para
entregarlo en la ciudad de Ensenada, y de ahí, enviarlo a Los Ángeles,
California, principal centro de reclutamiento y distribución hacia Europa y
Asia.
En una noche, los pescadores furtivos capturan lo que
permisionarios y cooperativas tienen autorizado captar en todo un año. Los
cargamentos de estos productos marinos obtenidos de manera ilícita, extrañamente
nunca son interceptados, por el contrario, siempre llegan a su destino sin ser
detectados por alguna autoridad.
El trabajo de los inspectores de Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca (CONAPESCA) y efectivos de la Secretaría de Marina, Policía Federal
Preventiva (PFP), Procuraduría General de la República (PGR), Policía
Ministerial, Policía Municipal y Procuraduría Federal de Protección al Medio
Ambiente (PROFEPA), es dudoso y por demás sospechoso, cuando los propios
pobladores saben y hablan de que están coludidos con los pescadores furtivos,
integrantes de la delincuencia organizada en el tráfico de especies marinas,
quienes, como en el narcotráfico, se disputan la plaza y el mercado para obtener
jugosas ganancias y repartirlas entre los implicados en el sucio negocio.
Las ganancias
Durante una investigación, ZETA logró recabar
datos para presentar una idea más clara del negocio que representa la extracción
y venta de la llamada “almeja generosa o chiluda”.
En una plática informal y basada en las versiones de los propios
pescadores furtivos, se logró establecer que cada pieza de esta especie es
comprada en 100 pesos en el mercado negro.
Tomando en cuenta que -según versión de los pescadores- todas las
noches logran sacar cerca de mil piezas de esa especie, se estaría obteniendo
una ganancia total de 100 mil pesos por día; es decir, en una semana los
cabecillas del ilícito negocio, fácilmente se echan a la bolsa 700 mil pesos, y
por mes, 2 millones 800 mil pesos. En un año, el ingreso que deja esta actividad
asciende a 33 millones 600 mil pesos, un excelente negocio que comparten los
cuatro cabecillas de las bandas de traficantes de especies marinas, y donde para
colmo, se encuentra un ex funcionario de CONAPESCA.
Ellos son:
1. Ernesto López Duarte “El Pechi”, líder de la
banda “Los Generosos”.
2. Jesús Martínez González “El Chuyín”, líder de
la banda de “Los Seven” y ex inspector de Protección y Vigilancia de la
CONAPESCA.
3. Los hermanos Eduardo y Fernando Loera
Palomares, “Los Lopa”.
A decir de los propios pescadores furtivos, estos cuatro
personajes son los responsables de extraer ilícitamente la especie, utilizan a
pescadores de los estados de Sinaloa y Sonora, incluso delincuentes que vienen
huyendo de aquellos estados para conseguir y resguardar el producto.
Para extraer la almeja generosa o chiluda, los también llamados
“guateros” únicamente requieren el trabajo de tres personas: Un motorista, un
buzo y un jabero, quienes se movilizan a bordo de una lancha equipada con ligas,
radio y motobombas.
El pago que reciben las autoridades inmiscuidas en este negocio
ilícito son 10 pesos por cada kilo de especie extraída, y tienen como 50 kilos
como mínimo de cuota; es decir, en la operación más baja, los servidores
públicos corruptos se llevan a la bolsa cuando menos 500 pesos “pa’ que valga la
pena”, le dicen a los guateros.
Lo que definitivamente contribuye y fomenta esta pesca furtiva, es
que hasta el día de hoy, tanto la almeja generosa o chiluda como la catarina,
carecen de veda, ya que ni el Centro Regional de Investigaciones Pesqueras
(CRIP) ni el Centro de Investigaciones Biológicas, se han preocupado por
establecer medidas.
Por consiguiente, no es delito capturar la especie todo el
año y a cualquier hora del día, aun cuando los permisionarios y cooperativistas
tengan cierta restricción en los permisos para su explotación.
Caso contrario
sucede con las especies en veda, pues no sólo se decomisa el producto, sino que
se procede penalmente contra los responsables o contra quien lleve consigo una
especie vedada.
La vigilancia
Lo verdaderamente sorprendente es cómo todos los días y a todas
horas, los cargamentos de almeja generosa o chiluda salen de este puerto
pesquero sin ser detectadas por alguna autoridad, a pesar de ser sacada en
primera instancia por mar y en segunda por tierra, a través de la única
carretera que une a Puerto San Carlos con Ensenada, donde hay por lo menos seis
retenes militares.
Y es que este tipo de almeja tiene una peculiaridad; los
compradores finales de Europa y Asia la exigen viva como condición para celebrar
la operación de compraventa, por lo que tiene que ser transportada forzosamente
en piletas de agua salada y enviada en camiones o en barcazas hasta Ensenada,
donde se encuentra el único punto de concentración de este producto en México;
posteriormente se manda a Los Ángeles, California.
Por eso, los pescadores de esta población dicen que detrás de la
actividad ilícita están inmiscuidos inspectores de pesca, policías municipales,
policías ministeriales, policías federales preventivos y de la PGR, y hasta
efectivos de la Secretaría de Marina, quienes, dicho sea de paso, son los que
avisan a los pescadores furtivos cuando salen a realizar operativos de
vigilancia.
“No es casualidad de que cuando llegamos a su base y solicitamos
su respaldo, siempre tardan en alistarse más de una hora, tiempo en el que los
pescadores furtivos, salen del área, y cuando llegamos ya no hay nadie”, explica
uno de los cooperativistas.
Los permisionarios y cooperativistas de la zona se niegan a que
sus nombres sean publicados, ya que explican: “Los pescadores furtivos nos
tienen amenazados de que si hablamos, nos van a levantar y a matar,
porque estaríamos poniendo en riesgo su negocio”.
Hoy se sabe que cuando alguno de ellos se ha atrevido a
denunciarlos de manera personal sobre la actividad ilícita que realizan, el
subdelegado de Pesca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como el coordinador de Inspección y
Vigilancia de la CONAPESCA, Marco Antonio Murtalla Olivas y Arturo Morales
Álvarez, respectivamente, de inmediato ordenan operativos en contra de los
denunciantes, a manera de presión para acallarlos.
ZETA solicitó una entrevista con ambos servidores
públicos, quienes se negaron a recibir a los reporteros, argumentando, en el
caso de Murtalla, que iba de salida a la Ciudad de México; en tanto Morales los
citó en su oficina. Sin embargo, tuvo que retirarse porque “salió a inspeccionar
una embarcación”.
Los dos funcionarios federales son acusados por pescadores de
cobrar cuotas de protección a los pescadores furtivos, quienes, a decir de
permisionarios y cooperativistas, “reciben sus pagos en efectivo y cuando
visitan a Ciudad Constitución”.
Durante esta investigación, ZETA corroboró con
permisionarios y cooperativistas de la zona que desde cuatro o cinco meses atrás
no había inspección y vigilancia en la zona, porque se había acabado el
presupuesto y no tenían dinero ni para la gasolina.
Los propios pescadores se han dado a la tarea de aportar dinero de
su bolsa para reiniciar con los operativos de vigilancia, ya que las autoridades
municipales, estatales y federales, simplemente los han abandonado a su suerte,
solapando a los pescadores furtivos.
El hartazgo
Ante la situación, pescadores y permisionarios hicieron justicia
por su propia mano y, en un hecho sin precedentes, considerado como un acto de
valentía, realizaron un operativo por su cuenta, sin el respaldo de ningún tipo
de autoridad, capturando una de dos embarcaciones propiedad de los hermanos
Eduardo y Fernando Loera Palomares, “Los Lopa”, que extraían de manera ilícita
almeja generosa o chiluda.
El 4 de enero, los permisionarios iniciaron una persecución por
altamar por casi dos horas, para descubrir que los pescadores furtivos
cínicamente estaban sustrayendo el producto a plena luz del día.
Enojados, los cooperativistas se acercaron a la embarcación y
trataron de revisarla, pero como traía producto ilícito, inició una discusión
que terminó en persecución, y al momento en que los pescadores furtivos se
sintieron acorralados, trataron de chocar su lancha contra la de los
persecutores, hasta que el motor se dañó y quedaron a la deriva en una zona de
estero, bajándose del lugar y huyendo a pie.
Los permisionarios lograron identificar a los pescadores furtivos
encabezados por un sujeto conocido como “El Vale”, trabajador de “Los Lopa”.
Remolcaron la lancha de color gris que carecía de registro, matrícula y nombre
de embarcación que pudiera identificarla.
En la embarcación se encontró un paquete de ligas que son usadas
para amarrar las almejas, una motobomba y jabas, además de que el producto fue
tirado en la persecución, pero se encontraron algunas piezas como evidencia.
Los permisionarios convocaron a una junta cerca de la plaza
principal del pueblo, donde estuvieron más de 200 pescadores, quienes
incendiaron la embarcación con todo y motor para que sirviera de advertencia de
que ya no estaban dispuestos a seguir permitiendo la sobrexplotación de la
almeja generosa o chiluda, aunque la autoridad no hiciera nada y protegiera a
las bandas delictivas del tráfico de especies marinas.
Un hecho que vino a confirmar la red de complicidad entre
pescadores furtivos y autoridades de CONAPESCA, PROFEPA, SEMAR, PGR y PFP, es el
decomiso de 600 caballitos de mar en un retén del Ejército mexicano, establecido
en el Kilometro 24 de la carretera Loreto-Santa Rosalía, en la cual dos personas
fueron detenidas.
A bordo de un vehículo de renta Nissan Tiida, modelo
2012, intentaron pasar el retén como si nada, por lo que fueron aprehendidos y
consignados al agente del Ministerio Público Federal de la PGR, por no comprobar
la legal procedencia del producto marino en extinción; cargamento que habría
salido de Puerto San Carlos y que nadie vio.
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