Una parte de la izquierda en México, en alianza con “nacionalistas revolucionarios” del PRI, sostiene una postura radicalmente conservadora en contra del progreso industrial y tecnológico del país.
No sólo se oponen a cualquier reforma que pudiera modernizar la economía, sino que envueltos en la bandera de la defensa ambiental obstaculizan todos los proyectos importantes de infraestructura, indispensables para detonar los inmensos potenciales de desarrollo que tiene nuestro país.
Un caso ejemplar es el de Ensenada, donde estos sectores “de izquierda” han formado una santa alianza contra todas las iniciativas y proyectos de desarrollo, sea la modernización portuaria, la creación de nuevas fuentes energéticas o la construcción de polos de desarrollo industrial.
En su lugar, pretenden que Ensenada, el municipio más grande de México, se conserve como un paraje bucólico para fines casi exclusivamente turísticos e inmobiliarios.
¿De cuándo acá detener el progreso industrial y tecnológico para favorecer la especulación inmobiliaria es una bandera de izquierda?
Su última batalla es la que libran para clausurar la planta regasificadora de Energía Costa Azul, filial de Sempra Energy, ubicada 30 kilómetros al norte de la ciudad.
A fines de febrero el alcalde de Ensenada, priísta muy vinculado a los mencionados intereses, con el respaldo del PRD y organizaciones civiles de corte ecologista, así como La Jornada y sectores de la izquierda radical en el Congreso de la Unión, se lanzó sin mayores mediaciones –sin estudio previo ni demanda judicial de por medio– a clausurar la planta, argumentando que violaba reglamentos municipales y ponía en peligro a la población.
Ante esta acción irresponsable, por tratarse de una inversión internacional de más de 1000 millones de dólares y de una fuente energética que ya abastece de manera importante la generación de electricidad para toda la región en la termoeléctrica de Rosarito, los gobiernos estatal y federal se vieron obligados a quitar los sellos de clausura para evitar la interrupción de sus operaciones.
Como quiera, el golpe mediático del alcalde y la movilización de algunos legisladores federales logró que el Congreso de la Unión integrara una comisión especial para venir a inspeccionar la planta, lo cual se llevó a cabo en los primeros días de abril.
¿Qué encontraron?
Aunque el alcalde se adelantó a decir que la comisión legislativa había coincidido con él en que “Sempra está operando fuera de la ley, que ha violentado y ha violado todos los ordenamientos, todas las normas y reglas federales, estatales y municipales”, la comisión como tal –Subcomisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados–, luego de recorrer las instalaciones de la plata y recibir por parte de la empresa toda la información técnica sobre sus protocolos de seguridad y de protección al medio ambiente, se limitó a decir que analizará cuidadosamente dicha información, con el auxilio de técnicos y expertos independientes, para luego fijar su postura.
El que sí despotricó contra la empresa y confirmó su veredicto de clausura total fue el diputado José Narro Céspedes, del PRD, autor de la iniciativa que creó la Subcomisión Legislativa, quien por cierto ni se tomó la molestia de participar en la inspección de la planta y escuchar los argumentos de los técnicos, dado que él de antemano ya traía listo y elaborado su veredicto condenatorio.
Narro, único poseedor de la verdad, sólo participó en el “foro ciudadano” organizado por el alcalde, en el que la gran mayoría de los invitados fueron quienes pensaban exactamente como él.
Estuvieron, entre otros, Marco Antonio Lazcano, primer abogado en el juicio contra Sempra Energy; Alfonso García Quiñones, ex candidato del PRD a la diputación federal y asesor del alcalde; Armando Duarte Moller, ex diputado y ex dirigente del PST; Ismael Quintero, quien hace 9 años fue el único promotor de la primera iniciativa contra Sempra Energy; Manuel Álvarez, ex presidente del PRD local; el periodista Sergio Cruz, partidario ferviente de la cruzada anti-Sempra Energy; Mario Corona, representante de Bajamar, empresa que no quiere de vecino a Sempra Energy.
Y por el lado priísta, además del alcalde Enrique Pelayo, uno de los más activos en esta “lucha” ha sido el ex diputado Enrique Acosta Fregoso, promovente del primer acuerdo del Congreso del estado contra la empresa, y abogado de Susumo Azano, el especulador inmobiliario y socio capitalista de Ramón Sánchez Ritchie en su litigio contra Energía Costa Azul por los terrenos en los que se asienta la planta y su área de amortiguamiento.
Todos ellos forman parte de esta extraña pero muy aguerrida alianza nacional “de izquierda” contra el desarrollo.
Ricardo Olvera es director de Selección de Prensa
Correo: frolvera@prodigy.net.mx
No hay comentarios:
Publicar un comentario