Los detenidos el mismo día como sospechosos de haber acribillado al agente federal Manuel Platas Camacho, resultaron ser inocentes. Antes fueron torturados física y psicológicamente.
La cerrazón en la Policía Federal impidió investigar a la Procuraduría local cuando tuvo el caso en sus manos.
Hay muchas hipótesis del crimen, pero la mayoría se centran en el crimen organizado y el narcotráfico.
Investigaciones ZETA
Por el informe pericial, la indagatoria del asesinato del coordinador de la Policía Federal en San Quintín, Manuel Platas Camacho, en la Procuraduría sólo tienen claro que el arma usada para matarlo, se utilizó antes para asesinar a operadores delictivos del Cártel de Sinaloa, al servicio de Alfredo Arteaga González y/o Alonso Arzate García, “El Aquiles”.
Con ese único hecho certero, comprobado científicamente, el mensaje de la Procuraduría de Justicia del Estado indicaría que se trató de una ejecución del narcotráfico.
Pero ante la cerrazón informativa de autoridades de la Policía Federal, que aseguraron no habían recibido amenazas recientes, ni realizado trabajos que pudieran acarrearles venganzas, los investigadores revisan otras hipótesis, entre éstas:
1.- Enemigos del cártel de Sinaloa. En esta línea de investigación, los primeros sospechosos para los investigadores, son los integrantes de la célula de Juan Francisco Sillas Rocha, el “único” del Cártel Arellano en emprender un enfrentamiento con la otra organización criminal.
También contemplaron a asesinos de José Soto “El Tigre” o Héctor Eduardo Guajardo “El Güicho “, con los cuales “El Aquiles” sostuvo un enfrentamiento que supuestamente había cesado a partir de 2011.
2.- Víctima incidental. Tal conclusión no la descartan los agentes, luego de analizar la vida del agente Platas y no localizar de entrada enemigos públicos.
Presumen que alguna de las organizaciones criminales que azotan la región intentó enviar un mensaje de escarmiento a la Policía Federal, asesinando a uno de sus elementos, sin importar quien fuera.
De hecho en el vehículo oficial baleado circulaba usualmente otra persona y en Ensenada. El coordinador Platas tenía otra unidad asignada.
3.- Ligas con criminales. En el equipo de inteligencia surgió la versión -no confirmada aún por falta de elementos en la Procuraduría- que el carro que manejaba Platas Camacho, pertenecía en realidad a un miembro del crimen organizado.
Sin embargo, no se ha entrevistado a los dueños de la tramitadora donde se documentó la unidad.
4.- Aseguramiento. Se investiga también si el federal caído participó en una confiscación de droga que no haya sido reportada oficialmente, motivo por el cual los ilícitos posesionarios intentarían recuperarla.
Ya se han presentado hecho como éste en varias ocasiones, particularmente muy cerca de donde mataron a Platas, en el Aeropuerto de Tijuana.
5.- Detenidos extorsionados. También una situación que en el pasado se ha presentado en varias ocasiones, pero difícil de comprobar, dado que no hay registros oficiales y el “trabajo de inteligencia y aseguramientos” de la Policía Federal es escaso, salvo sus remisiones por contrabando equiparado, que no son las detenciones de personas en posesión de autos, cuya propiedad y legal estancia en el país no pueden probar al momento de la detención.
Según las denuncias ciudadanas, los policías piden normalmente de 3 mil a 5 mil dólares por no remitir estos casos; consideran la posibilidad de que hayan detenido a un cabecilla criminal de la zona y le hayan pedido dinero sin dejarlo ir.
Ni grandes decomisos, ni sonadas capturas en San Quintín, en Ensenada y en todo Baja California, los resultados de la Policía Federal han sido abiertamente limitados.
Según reportes al interior del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, los federales hicieron un decomiso de seis toneladas de marihuana “pero hace mucho tiempo”, del cual, por cierto, no hay registros.
En marzo de 2011 incautaron otras dos toneladas y dinero, pero sin más trascendencia que el embargo. Extrañamente no se hicieron reportes públicos de estos hechos, ni de las investigaciones al respecto.
Herméticos, los policías de la Secretaría de Seguridad Pública Federal no han aportado ningún elemento a la investigación que por atracción está llevando desde la tarde del 15 de abril, la delegación Tijuana de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los casquillos
Las armas usadas para asesinar al agente Manuel Platas Camacho se habían utilizado previamente, todas, según las indagatorias de la Procuraduría de Justicia del estado, en medio de una pugna por el pleito entre vendedores de droga al menudeo.
Fueron cuatro actos violentos, la mayoría cometidos en la delegación Centenario, donde ultimaron al federal.
1.- El 26 de febrero de 2010, a las 10: 30 de la noche, sobre la calle Agustín Iturbe y Miguel Alemán, estaba Luis Neri Canchola, de 61 años de edad, reunido con César Iván Baja Villalvazo, de 28, y dos menores de edad de apellidos Islas Macías y Pérez Godínez, cuando llegó una Ford Explorer color arena de modelo reciente y de ahí bajó un hombre que les disparó en 12 ocasiones con un arma 9 milímetros.
Todos sobrevivieron, pero aseguraron desconocer las cusas del atentado o al atacante. Los agentes encargados del área de Lesiones simplemente decidieron dejar de cumplir con su trabajo y no investigaron más.
2.- Balacera sobre una casa en la colonia Magisterial el 15 de marzo, hecho que ni siquiera quedó registrado en el parte policiaco que remite a la prensa la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Pero el delito también tuvo testigos, al haber una denuncia que no ha sido investigada. La justificación: sólo son daños en propiedad ajena.
3.- El homicidio de tres comensales el 1 de abril de 2011, en el restaurante de mariscos Mi Gusto Es, ubicado en el centro comercial del fraccionamiento Otay Constituyentes.
Dos hombres se bajaron de un pequeño auto blanco, llegaron directamente a la mesa, se desfajaron las armas cortas y dispararon. Ahí murieron el mexico-americano Gilberto Vargas González, de 25 años, y Rosario Carrillo Núñez, a quien indagatorias previas ligaron con el Cártel de Sinaloa, encabezado en Tijuana por “El Aquiles”.
Más tarde, mientras era atendido de las heridas, también pereció Baltasar Meza Torres.
En estos hechos se reportó por lo menos un hombre herido que dejó la escena del crimen por su propio pie, después de ser atendido por la Cruz Roja.
Sin embargo, ni la Unidad de Homicidios ni la Subprocuraduría contra el Crimen Organizado han reportado avances o entrevistas en este caso después de 18 días.
Trascendió que los atacantes están siendo investigados por el lado de la banda criminal de “Los Teos”, y que las víctimas habrían estado relacionadas con la célula de Juan Francisco Sillas Rocha.
4.- El 1 de abril a las cuatro de la tarde, en un departamento del módulo 4 de Otay, sobre la calle Josefina Rendón Parra, fue asesinado un joven y otro resulto herido, pero después falleció en el hospital.
Un hombre entró en el inmueble, les disparó y salió sin mayores contratiempos ni testigos.
El ataque
El comandante de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Quintín, Manuel Platas Camacho, salía de la Tramitadora Ayala cuando fue asesinado.
Alrededor de las 10:00 horas del viernes 15 de abril, Platas llevó a su compañero, también coordinador de las fuerzas federales en Ensenada, de apellido Aguirre, al destacamento de la Policías Federal ubicado en las inmediaciones del aeropuerto, a un costado de las oficinas de la Secretaría de Hacienda en la colonia 70-76 en Tijuana.
Ese día habían arribado de Ensenada porque varios mandos estaban citados a una reunión de trabajo con el comisario de la región, la cual se pospuso porque el jefe traía la agenda retrasada.
Ese momento fue aprovechado por el oficial, para solicitar permiso para acudir a la tramitadora y verificar el estado del proceso de importación de un vehículo.
Sus compañeros no supieron decir si lo estaban esperando en la importadora, si apenas iba a solicitar el trámite o ya era cliente del lugar, pero le permitieron salir solo en la unidad 09789.
La patrulla no era la que usualmente conducía Platas, sino la que estaba asignada al comandante de Ensenada, Roberto Bravo Peña.
Los homicidas no lo corretearon a balazos por la carretera, ni lo persiguieron pie tierra hasta la casa móvil que alberga la importadora de vehículos.
Sólo aguardaron pacientemente a que Platas terminara sus negocios, lo vieron salir y lo atacaron.
Debieron esperarlo cerca, probablemente estacionados con el auto encendido, en las inmediaciones del Bulevar Aeropuerto, porque apenas había dado unos pasos fuera de las oficinas cuando llegaron y le dispararon, cerca y de lleno, alrededor de las 10:30 de la mañana de ese viernes.
Empezaron a balearlo desde una camioneta Trail Blazer dorada, los tiros en su mayoría penetraban la patrulla que estaba frente al agente, quien haría el intento de dar la vuelta para regresar, pero lo hirieron. Acertaron dos tiros. Mientras se desvanecía, otro más.
Cayó mientras sus agresores descendían del auto y, ya indefenso en el piso, lo remataron con dos tiros en el pecho.
Dos armas, calibres 40 y 9 milímetros, un total de 25 casquillos quedaron en la escena del crimen, y cinco orificios de entrada en el cuerpo del oficial, lo que evidencia para los investigadores la falta de preparación de los homicidas o probable estado de intoxicación, porque eran armas cortas y a poca distancia.
Los asesinos regresaron al auto y huyeron con rumbo al noreste, sobre el Bulevar Bellas Artes.
Se presume la participación de por lo menos dos tiradores y un conductor, sin embargo, ante la tensión de los hechos violentos, los testigos sólo vieron a la pareja de hombres que jalaron el gatillo.
Delgados, morenos, jóvenes de estatura media, sin ningún rasgo sobresaliente; con esa descripción general y la del auto, los compañeros del federal caído y corporaciones locales iniciaron un operativo de búsqueda.
Dos carros fueron incautados en el módulo 2 de la colonia Nueva Tijuana en Otay: una camioneta Blazer que correspondía a la descripción, con placas 5XXT188 del vecino Estado de California, pero los testigos del crimen no vieron las credenciales del vehículo.
Al revisarla, los policías encontraron en el interior un pasamontañas.
Cerca ubicaron una Montero, a la cual también le hicieron una inspección precautoria. En el interior se localizó un arma calibre 40, que después supieron no fue usada contra el coordinador de la federal.
Además hubo ocho hombres detenidos, a todos los entregaron a la Procuraduría mediante un parte oficial firmado por los policías federales, en un lapso corto.
Cuatro miembros de la familia Rentería Vega fueron capturados después, pero a éstos no los presentaron en la PGR.
Sospechosos liberados
Cada uno de los jóvenes capturados el día 15, obtuvo su libertad el martes 19 de abril, sin embargo, el proceso para deslindar su presunta responsabilidad se llevó 92 horas, tiempo durante el cual la investigación de los hechos subyacentes quedó varada.
Después del homicidio, las aprehensiones de presuntos sospechosos se multiplicaron. Dos jóvenes hermanos que estaban jugando futbol, y, de todos los detenidos, sólo uno de estos dos jóvenes correspondía a la descripción dada por los testigos.
También fueron apresados dos muchachos que circulaban en un auto, que no correspondía a la descripción del que buscaban, pero uno de ellos se iba cambiando de ropa y eso lo convirtió en sospechoso.
Dos mexico-americanos que fueron capturados en la calle, los cuales aseguraron estar en la ciudad de vacaciones, corrieron la misma suerte que un vendedor ambulante de frutas y un empleado de la central de abastos.
Las fuerzas coordinadas les hicieron la prueba de rodizonato de sodio para saber si habían disparado.
Cuatro dieron negativo y los otros cuatro falsos positivos, porque se dedicaban a trabajos donde manejan material que puede provocar ese efecto, como los mecánicos, pintores o quienes manejan fierros.
Para corroborar los primeros resultados hechos a las manos de los sospechosos, se analizaron las ropas que en todos dieron negativo, lo que hubiera sido imposible si la usaron en el atentado.
Adicionalmente, todos fueron puestos a la vista de los testigos, pero no reconocieron a ninguno. Incluso hubo algunas personas que vieron la ropa de los atacantes y éstos tampoco la identificaron en los detenidos.
Posteriormente, la autoridad corroboró las coartadas de cada uno de los presentados, así como las documentales mediante las que se identificaron.
A partir del mediodía del martes 19 de abril, se estaba decretando la libertad de siete de ellos por falta de elementos.
El octavo era un residente de Estados Unidos, del cual sólo quedaba pendiente de corroborar su ciudadanía.
Los ocho muchachos informaron a sus familias que al ser detenidos por los federales no fueron remitidos de manera inmediata a la PGR, sino llevados al destacamento de los federales, donde fueron torturados, golpeados a puño, colgados y pateados.
Algunos aseguraron haber sido llevados ante las fuerzas castrenses y recibir el mismo tratamiento, por lo que ya presentaron su denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Así, la PGR se quedó con las manos vacías, pero con una denuncia en contra de la PFP, interpuesta por la familia Rentería, porque cuatro de sus miembros habían sido agredidos y retenidos de manera ilegal en el destacamento de los federales.
Mediante una investigación electrónica de las placas de la Blazer incautada, los agentes se dieron cuenta que estaba registrada a nombre de un miembro femenino de esa familia, por los mismos medios ubicaron la casa de la presunta dueña del auto, en el que habían encontrado una pistola.
Residen en las inmediaciones donde habían encontrado los carros. Así que fueron por ella y, sin orden de presentación de por medio, originalmente llegaron y solicitaron con amabilidad a los dos padres de la familia que los acompañaran; horas más tarde del mismo viernes 15, llegaron por otros dos adultos de la familia, pero esta vez se portaron violentos. Los esposaron, catearon la casa y destruyeron.
La mujer reconoció ser propietaria, pero haber vendido el auto con un documento privado, aunque en el registro sigue a su nombre, y en las pesquisas aún no se sabe a quién se lo vendió, ni por qué el carro estaba cerca de su casa.
Finalmente liberados y el mismo día, todos los miembros de esa familia presentaron una denuncia, por cateo ilegal, privación de la libertad, agresiones y advertencias de que les sembrarían droga para apresarlos y unas llamadas telefónicas de amenaza que aseguran haber recibido.
El expediente está siendo revisado en la PGR y la familia deberá identificar físicamente en álbum del personal a sus agresores, a fin de que éstos sean procesados.
La otra arma
La pistola calibre 40, presuntamente localizada en el interior de la Montero que la señora Rentería no ha cambiado de nombre ante el registro vehicular, salió positiva en tres crímenes, pero no en ataque a Platas Camacho:
* En el homicidio del abogado de 40 años Eustaquio Rivera Ulloa cometido el 18 de noviembre de 2010 a las 9:30 horas en el fraccionamiento Chapultepec, sobre la calle Nogales. El asesinado atendía juicios federales.
Un comando a bordo de dos camionetas, una Caravan y una minivan, le dispararon de uno de los autos en movimiento, acertando cinco tiros. En el lugar encontraron casquillos de la pistola 40 y de otra calibre 45.
* El 2 de diciembre de 2010, el asesinato en los módulos de Otay cuarta sección, en la calle Amado Nervo.
Como homicidas los testigos identificaron a dos hombres de entre 20 y 40 años, y lo relacionaron con otros dos ataques simultáneos en la misma calle.
* La muerte en el callejón Vasconcelos, en el módulo 1 de Otay, de José de Jesús Morales de la Rosa, quien quedó acribillado en medio de diez casquillos percutidos.
En la zona de Otay, las policías locales tiene identificados a dos grupos de vendedores de droga al menudeo: uno integrado por traficantes de origen mexico-americano al servicio del traficante Melvin Gutiérrez “El Camacho”, y otro ligado a “Los Teos” que si bien no han detectado, saben que está participando en ejecuciones por el pleito de la zona.
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