Desde el Bordo
Javier González Monroy
Ante las acciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Ensenada, incluyendo “la clausura total temporal de la Terminal de Gas Natural Licuado” de la empresa Energía Costa Azul, filial de Sempra Energy por el “incumplimiento a la normatividad, leyes, reglamentos, programas y demás disposiciones legales en el municipio de Ensenada” y la posterior apertura, rompiendo los sellos de clausurado, por el gobierno del Estado y el gobierno Federal, la Cámara de Diputados nombró una Sub Comisión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para investigar los hechos denunciados por el Ayuntamiento de Ensenada y fijar una posición.
En el desarrollo de la investigación se han fortalecido las denuncias sobre las violaciones a la Constitución, leyes y reglamentos ecológicos y de uso de suelo, en las que Sempra incurrió con tal de lograr instalarse en el lugar en donde hoy se encuentra operando irregularmente, aprovechándose de lo permeable que son las instituciones de gobierno, la voracidad de funcionarios públicos y la complicidad de las cámaras patronales (COPARMEX) que por veinte mendrugos puede venderle, también, su alma al diablo y defender causas plagadas de irregularidades.
Con las declaraciones hechas, a destiempo, por el ex Procurador General de Justicia de Baja California, Antonio Martínez Luna, en el sentido de que la adquisición de los terrenos por parte de Sempra Energy, “está afectada por nulidad” porque “compró” los terrenos ecológicos y de conservación turística a una muerta, se confirma la tesis que se venía sosteniendo respecto a la forma irregular con la que Energía Costa Azul se hizo del predio donde está instalada, pues el terreno tenía un conflicto entre particulares que reclamaban la propiedad del predio.
La trasnacional le compra a una de las partes que había cedido los poderes para vender, pero resulta “que la señora que otorga el instrumento murió en 2004 y la operación se realizó en 2006”.
En relación al permiso de suelo otorgado, de manera irregular, por el gobierno panista encabezado por el finado Jorge Catalán Sosa, Rubén Ayub García, ex director de Desarrollo Urbano y Ecología del XVII Ayuntamiento de Ensenada, “aceptó que la sucursal evadió un programa social y financiero que se le propuso a cambio del uso de suelo” como fue:
Aplicar “la tecnología más alta en cuanto a disipadores de energía sísmica para sus tanques”, porque la empresa está asentada en los márgenes de la falla de San Andrés; en la construcción del gasoducto dejar una toma para la ciudad de Ensenada y “la entrega de cinco millones de dólares anuales al municipio”, lo cual obviamente la empresa se negó a aceptar, por lo que se rompieron las pláticas y en tres meses sale firmado el dictamen de aprobación de uso del suelo, sólo por el presidente municipal que ya no está para responder porque firmó un documento a espaldas de su director de Desarrollo Urbano y Ecología y de los miembros del Cabildo.
En la visita que hicieron los legisladores también se pudo constatar que Energía Costa Azul viene operando de manera irregular el puerto marítimo de altura y cabotaje que en 2007 se le autorizó; a la fecha no cuenta con “capitanía de puerto, aduana, sanidad ni vigilancia con fuerzas federales” lo cual no deja de ser preocupante, pues por ahí puede entrar cualquier cosa.
Por cierto quien autorizó el permiso para la operación del puerto fue Luis Téllez Kuenzler quien tuvo el cargo de miembro del consejo consultivo de Sempra Energy (por aquello de que quien autorizó la operación de la empresa en el estado fue Eugenio Elorduy y su hija es socia de Sempra).
Ello hace patente que en la instalación y operación de la empresa existió complicidad, corrupción, tráfico de influencias o sobornos como infiere que hubo Marathon Oil, señalando que el ex gobernador Elorduy tiene cuentas bancarias en Suiza y las Islas Caimán donde depositó los dineros producto de la expedición de los permisos a la trasnacional.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el gobierno federal, para proteger a la trasnacional causante de la crisis energética que tuvo California hace algunos años y a los panistas que se han visto envueltos en los actos de corrupción señalados, recientemente, aprobó a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el manifiesto de impacto ambiental “que la Comisión Federal de Electricidad solicitó para construir una planta de energía eléctrica en La Jovita, predio ubicado en Salsipuedes, a un lado de las instalaciones de Energía Costa Azul” quien ya firmó un contrato para surtir de gas natural a la termoeléctrica durante 15 años.
Con esa acción el gobierno federal afirma de qué lado está y le pone más dinamita al campo minado en el que han convertido al corredor turístico y ecológico más hermoso del mediterráneo mexicano.
Ojalá y los diputados, de la oposición al partido gobernante, logren un acuerdo que permita que la trasnacional cumpla con las medidas de seguridad y la normatividad mexicana, en estos momentos ellos tienen la palabra, esperemos que resistan los cañonazos de dólares que les serán lanzados por la empresa corruptora.
Javier González Monroy es académico de la Universidad Pedagógica Nacional.
Correo: tabano88@yahoo.com.mx
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