El año pasado 15 activistas
medioambientales fueron asesinados en México, de acuerdo con el análisis “¿A
qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la
tierra y del medio ambiente en 2017”. Las cifras se quintuplicaron en comparación
con 2016, cuando se documentaron tres homicidios.
El estado más mortífero para los
ambientalistas es Michoacán, donde fueron asesinados cinco defensores (José
Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo Hernández Cohenete, Francisco Jiménez
Alejandre, Santiago Luna Crisanto y Felipe Ramírez), seguido de Oaxaca, con
cuatro homicidios (Marciano Martínez Cruz, Rafael Hernández Cisneros, Benjamín
Juárez José, Gabriel Ramos Olivera).
El análisis pone el dedo sobre la llaga:
Los defensores indígenas son los más vulnerables a los ataques, pues 13 de las
15 personas asesinadas pertenecían a alguna comunidad que se encontraba
defendiendo su territorio ancestral.
Ciudad de México, 23 de julio
(SinEmbargo).– Los asesinatos de defensores y defensoras del medio ambiente y
el territorio en México han ido en aumento gracias a la corrupción, la falta de
protección por parte del Estado, la impunidad, la propagación del crimen
organizado y la poca participación de las comunidades en la toma de decisiones
sobre el uso de su territorio, alerta Ben Richard Leather, uno de los autores
del último informe de Global Witness.
De acuerdo con el análisis
“¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras
de la tierra y del medio ambiente en 2017”, el año pasado 15 activistas
medioambientales fueron asesinados en México. Las cifras se quintuplicaron en
comparación con el año pasado, cuando la organización documentó tres
homicidios.
En entrevista para
SinEmbargo, Leather explica que “la raíz” del problema es la corrupción,
esencialmente la que permite colusión entre autoridades y empresas para imponer
los proyectos. El Gobierno, critica, antepone los intereses económicos sobre
los derechos de las comunidades, los habitantes son orillados a defender sus
territorios y recursos naturales, y son acallados ya sea por las empresas o por
propios funcionarios.
“Hay actores estatales que
están participando de forma activa en los asesinatos de activistas”, dice.
Otras manifestaciones de la
corrupción, subraya, se visualizan en la falta de actuación para combatir al
crimen organizado y la impunidad, la implementación de sanciones contra los
agresores y la nula protección para los activistas que denuncian amenazas, ya
que, asegura, en muchos casos el asesinato pudo ser evitado si las autoridades
hubieran actuado a tiempo.
“La raíz de este problema es
la corrupción que permite que empresas y actores estatales se coludan para
imponer los megaproyectos sobre las comunidades. Si no fuera por eso, muchos
conflictos se hubieran evitado y esas vidas nunca se hubieran puesto en esta
situación de riesgo”, manifiesta. Agrega que “el Estado suele favorecer los intereses
económicos sobre los derechos de las comunidades”.
De acuerdo con Leather, el
incremento de los homicidios de ambientalistas fue también causado por estos
factores:
–Propagación del crimen organizado, especialmente en
zonas de explotación de recursos naturales.
–Impunidad persistente: perpetradores de asesinatos de
defensores y defensoras de territorio y medio ambiente se sienten con el poder
de llevar a cabo los crímenes sin que haya consecuencias.
–Falta de protección por parte del Gobierno, ya que no
se ha dado una implementación cabal y eficaz del mecanismo de protección para
las y los defensores.
–Poca participación de las comunidades en la toma de
decisiones sobre el uso de su tierra y sus recursos naturales.
El análisis pone el dedo
sobre la llaga: los defensores indígenas son los más vulnerables a los ataques,
pues 13 de las 15 personas asesinadas pertenecían a alguna comunidad que se
encontraba defendiendo su territorio ancestral.
El estado más mortífero para
los ambientalistas durante 2017 fue Michoacán. Donde, por defender su
territorio y el medio ambiente, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Luis Gustavo
Hernández Cohenete, Francisco Jiménez Alejandre, Santiago Luna Crisanto y
Felipe Ramírez fueron asesinados en ese estado gobernado por Silvano Aureoles
Conejo.
Oaxaca, entidad gobernada por
Alejandro Murat Hinojosa, fue la segunda, con los asesinatos de Marciano
Martínez Cruz, Rafael Hernández Cisneros, Benjamín Juárez José, Gabriel Ramos
Olivera.
Chihuahua, Jalisco y Chiapas
fueron los siguientes estados con más asesinatos registrado. Isidro Baldenegro
López y Juan Ontiveros Ramos; Miguel Ángel y Agustín Vázquez Torres; además de
Rodrigo Guadalupe Huet Gómez y Pablo Andrés Jiménez fueron ejecutados en esas
entidades.
Ben Richard Leather, de
Global Witness, hace un llamado a Andrés Manuel López Obrador, virtual
Presidente de México, a trabajar para detener la ola de violencia generada
contra el gremio ambientalista:
“Hacemos un llamado al
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a que se pronuncie públicamente para
señalar como prioridad la protección de las personas defensoras del medio
ambiente”.
VIDA DE ACTIVISTAS, BAJO AMENAZA EN AL
El informe revela que la
situación ha ido empeorando no sólo en México, sino en todo el mundo,
especialmente en América Latina, donde ocurrió cerca del 60 por ciento de los
207 asesinatos de activistas en defensa de la tierra y el medio ambiente
perpetrados durante 2017, seis más que en 2016.
“Significa que cada semana en
el mundo están siendo asesinadas cuatro personas por defender sus ríos, sus
bosques, sus hogares, el territorio y el medio ambiente. Eso demuestra que ni
los estados ni las empresas están haciendo lo suficiente para combatir este
fenómeno”, expone Leather y destaca que 2017 ha sido “el peor año” para los
activistas ambientales, desde hace seis años que comenzaron con el recuento en
Global Witness.
Con 57 casos, Brasil resultó
ser el primer lugar entre los países latinoamericanos más mortíferos para los
defensores, donde el 80 por ciento de los ataques fue perpetrado mientras los
activistas resguardaban las riquezas naturales del Amazonas.
En segundo lugar se encuentra
Colombia, donde 24 personas defensoras fueron ejecutadas a consecuencia de los
conflictos por la tierra, y en tercer lugar está México, donde los homicidios
aumentaron de tres a 15.
A nivel mundial, este año el
sector más letal para los ambientalistas fue la agroindustria que por primera
vez superó a la minería, con 46 asesinatos perpetrados contra activistas que
protestaron contra la forma en que se producen los bienes de consumo.
URGEN A TOMAR MEDIDAS
El análisis enlista tres
recomendaciones dirigidas a los gobiernos del mundo –incluido el de México–
para salvaguardar la integridad y vida de las y los defensores en su labor a
favor del medio ambiente y el territorio:
-Combatir la corrupción y la
impunidad, asegurar y respetar los títulos de propiedad de las tierras, y
garantizar el derecho de las comunidades afectadas a dar o negar su
consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos
naturales.
-Adoptar una serie de medidas
por parte de las empresas y gobiernos para reconocer públicamente el importante
papel de las personas defensoras, abogar por su protección, proporcionarles las
herramientas necesarias para llevar a cabo eficazmente su activismo y
garantizar su seguridad cuando están en riesgo.
-Garantizar la justicia a fin
de evitar futuras amenazas y disuadir a los posibles agresores y quienes no
apoyen ni protejan el activismo deben enfrentar consecuencias políticas,
financieras y judiciales.
(SIN EMBARGO/ IVETTE LIRA/ 24 DE JULIO 2018)
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