300 mil jóvenes sin actividad productiva
o educativa están en riesgo de ser incorporados a la delincuencia organizada.
Redes de “halcones” que vigilan y alertan a jefes de la mafia o puntos de venta
de droga o trasiego, se nutren de niños y adolescentes, penalmente
inimputables. Adultos detenidos por estas actividades y consignados al fuero
común recuperan su libertad al anularse sus sentencias. Falta uniformidad en el
“tipo penal” que describe legalmente el delito en los códigos penales, asegura
investigador de la Universidad de Guadalajara. De diez procesos penales contra
“halcones”, solo una condena quedó firme, constató ZETA
El Estado tiene que poner
mayor atención para combatir el fenómeno social de los llamados “halcones” que
operan para el crimen organizado y que impiden la persecución de importantes
delincuentes, quienes alertados, pueden escapar de la acción de la justicia y
generan aún más impunidad, aseguró el profesor investigador de la Universidad
de Guadalajara, Eduardo Barajas Languren.
Para desgracia de la justicia
mexicana, cuando eventualmente son detenidas, las personas contratadas para
vigilar el paso de autoridades policiales o militares, generalmente jóvenes o
mujeres, que avisan sobre su localización a criminales, rápidamente recuperan
su libertad para ponerse de nuevo a las órdenes de quienes les contratan.
Así lo demuestra una serie de
sentencias a las que ZETA tuvo acceso en los estados de Tamaulipas y Veracruz,
donde se registra la mayor incidencia del fenómeno propiciado, en algunos
casos, por las acciones del Cártel del Golfo, y en otros por la organización
delincuencial de Los Zetas, aunque el problema tiene presencia prácticamente en
todo el país y con todos los grupos criminales en los diversos estados.
Las historias del “halconeo”
en eventos que forman parte reciente de la conocida “guerra contra el
narcotráfico” no son pocas. Se habla de la participación de estos niños,
adolescentes y adultos en el acecho y vigilancia de los cuerpos de seguridad
pública, incluso la participación de servidores públicos como mismos “espías” e
informantes, en la matanza de los 72 migrantes en San Fernando, la emboscada a
militares en Sinaloa, o el atentado contra la Fiscalía de Chihuahua.
El maestro Barajas Languren,
del Centro Universitario de la Ciénega (CUCIENEGA), de la Universidad de
Guadalajara, que vive en su demarcación -limítrofe entre Jalisco y Michoacán-
la batalla entre organizaciones criminales y que en 2015 masacraron a una
decena de agentes de la Gendarmería Nacional, advierte el riesgo de la
incorporación de jovencitos a las filas de la delincuencia.
“Este es un fenómeno que con
el paso del tiempo va en aumento, en virtud de que inciden aspectos como la
falta de educación escolar, la búsqueda de recursos económicos, y que los
jóvenes generalmente con minoría edad, que son inimputables ante la legislación
penal, son utilizados por esas células delictivas organizadas porque su manera
de evadir el cumplimiento de la Ley es más fácil”, dijo el investigador.
Un estudio dado a conocer por
la Procuraduría General de la República (PGR) en noviembre de 2017 reveló que
por lo menos cerca de 300 mil jóvenes que no desempeñan ninguna actividad
productiva o educativa, se encuentran en riesgo de ser incorporados a células del
crimen organizado, como ocurre en el noreste del país con el narcotráfico, o
actualmente en Puebla, en la comisión de delitos como la sustracción de
hidrocarburos.
CUALQUIERA PUEDE SER
Los “halcones”, a los que el
asesinado periodista sinaloense Javier Valdez bautizó como los “morros del
narco”, son retribuidos económicamente por sus servicios de “chivateo” desde
mil hasta 2 mil pesos semanales. Aunque en casos como el de Puebla, donde además
intervienen familias enteras, le pagan entre 10 mil y 15 mil pesos mensuales a
cada miembro, dentro de las ilícitas actividades del “huachicoleo”.
El maestro Eduardo Barajas
describe el perfil del “halcón” o “halconcillo”. Los ha visto o sabe de ellos
en Ocotlán, La Barca o Jamay, Jalisco. Igual en Briseñas y Vista Hermosa,
Michoacán. Son muchachos no muy diferentes a los del norte de México.
“La experiencia nos indica
que se tiene ubicados a jóvenes, generalmente, de estrato económico social muy
bajo y zonas marginales, donde la educación y la oferta laboral es ínfima. Si
no tienen oportunidades, para esos jóvenes es muy atractivo, por una cantidad
equis a la semana, con un celular o radio, el uso de una motocicleta,
involucrarse en la delincuencia”.
Se trata de los miembros de
más bajo rango en la jerarquía de los grupos criminales. Perciben, como se
acotó, cantidades irrisorias de dinero por sus turnos, que pueden durar de 15 a
18 horas en algún punto estratégico a vigilar. Sin embargo, son considerados
piezas clave y muy importantes en la estructura de la organización.
“Dentro de la estructura de
este tipo de organizaciones criminales, es fundamental contar con este tipo de
servicios, porque para ellos se trata de un servicio, una parte esencial de su
funcionamiento, encontrar personas que le sirvan desde ese punto de vista. Esa
actividad es esencial para ellos, porque aunque las células ya cuentan con
implementos tecnológicos para el monitoreo y vigilancia, el elemento humano les
permite -con más certeza- que la autoridad no detenga en flagrancia de delito
al jefe o su personal. Y no les resulta oneroso pagar pequeñas cantidades de
dinero a muchachos por hacerlo”, señala con razón el académico.
En mayo de 2015 fue sorprendente
conocer cómo en Reynosa, Tamaulipas, el Cártel del Golfo contaba con todo un
sistema de narcoespionaje en las calles. Al grado que en un solo operativo,
iniciado por denuncia de la sociedad civil, elementos de las fuerzas estatales
y federales desmantelaron una red conformada por 52 puntos fijos calificados de
“alto impacto”, que contaban con el monitoreo de 39 cámaras operadas a través
de internet.
El uso de la tecnología
continuó y se supo de diversas acciones en las que se retiraron artilugios de
vigilancia y espionaje de postes de luz y teléfonos de las calles de ciudades
fronterizas, pero el elemento humano sigue siendo clave para esas acciones. Tan
es así que luego de la aprehensión del presunto narcotraficante Juan Manuel
Loisa Salinas “El Comandante Toro”, en abril de 2017, autoridades federales
pudieron conocer que en por lo menos diez ocasiones anteriores pudo escapar
gracias a los pitazos de sus “halcones”.
Algunos niños y jóvenes,
vendedores ambulantes, limpiadores de parabrisas, policías municipales y
federales, sitieros y mototaxistas, entre otra gama de personajes citadinos que
a veces pasan desapercibidos, han formado parte de la red de protección de
delincuentes y sus actividades. En ocasiones su pago, más que dinero, se cuenta
en dosis de droga. El extinto líder del Cártel de Tláhuac en Ciudad de México,
Felipe Pérez “El Ojos”, pagaba hasta 2 mil pesos semanales a los “halcones”,
entre los que se asegura, había mínimo 70 mototaxistas.
UN PASEO A PRISIÓN
Eduardo Barajas Languren reconoce
que en el caso de los “halcones” que son imputables, por su mayoría de edad,
cuando son detenidos, se convierten en parte de la estadística del llamado
efecto de la “puerta giratoria”, a través de la cual, quien ingresa a la
cárcel, recupera muy pronto su libertad y vuelve a las andadas.
El investigador destaca que
este es otro factor de impunidad: “El hecho de que no se unifique una
legislación, donde nada tiene que ver que haya un Nuevo Sistema de Justicia
Penal, ni el anterior, impide actuar plenamente y genera impunidad. ¿Por qué?
Porque aquí estamos hablando del ‘tipo penal’, que es la conducta que se adecua
a lo que describe la legislación. Y si la Ley penal estatal le quiere ganar a
la federal -que es la controversia que existe en el momento-, se fragmenta el
esfuerzo punitivo.
“Debe haber unificación de
criterios y se trata de confeccionar, elaborar, un ‘tipo penal’ adecuado a la
conducta desplegada, buscando siempre que este tipo de conductas puedan ser
punibles y tengan una cuestión uniforme en todas las entidades federativas del
país”, reiteró Barajas.
La investigación de ZETA en
diez expedientes penales en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Coahuila y San
Luis Potosí, zonas donde operan Los Zetas y el Cártel del Golfo, corrobora lo
expuesto por el entrevistado, pues solo en uno de los asuntos quedó firme la
sentencia y en nueve los imputados; después de recibir condenas, recibieron
amparos que ordenaron su inmediata libertad. La diferencia fue que los nueve
procedimientos penales fallidos, se consignaron en el fuero común, y el único
que quedó sujeto de sanción fue conocido en el ámbito federal.
En todos los asuntos fueron
detenidos dos, tres o un solitario sujeto en poder de aparatos de
radiocomunicación, Algunos con droga o armas, pero la mayoría solo con un
radio. Los aprehensores fueron militares en más de la mitad de expedientes, a
pesar de ello, se consignó ante el fuero común. Los otros agentes fueron
federales en un caso, y estatales en otro.
Todos los casos fallidos,
cuyos inculpados inicialmente recibieron entre siete y nueve años de prisión,
confirmados en segunda instancia, los magistrados de tribunales colegiados
concedieron amparos directos para efecto de que no se les tuviese plenamente
responsables en la comisión de los delitos que, en Veracruz, se denomina
“espionaje”, y en Tamaulipas “contra servidores públicos”.
La argumentación coincidente
de los magistrados converge en el corrillo que enfatiza: “En ningún momento los
elementos militares refirieron que el sentenciado previamente los hubiera
estado siguiendo, o bien, que en alguna otra ocasión se hubieran percatado de
su presencia en el lugar donde lo detuvieron o en otro; lo cual revelaría que
su estancia en el lugar de los hechos no era fortuita”.
Y la generalidad de los
fallos añade: “Por el contrario, lo que se desprende de ese informe es, que al
llegar los militares al lugar de los hechos, el ahora quejoso ya se encontraba
ahí, y que al advertir su presencia, trató de pasar desapercibido, y el hecho
de traer consigo el radio de comunicación, tampoco constituye un indicio que
corrobore acechaba, vigilaba, informaba o realizaba espionaje sobre las
actividades, operativos, ubicación o respecto de las labores que realicen los
elementos de las fuerzas armadas”.
ASPECTOS LEGALES
En el único caso que la
sentencia condenatoria quedó firme en el fuero común, la consignación fue por
el delito de delincuencia organizada. La pena para un “halcón” fue de 10 años
de prisión. Juez, magistrado unitario e imputado no tuvieron para donde
hacerse, simplemente se probó la pertenencia del sujeto al grupo criminal del
que se demostró su preexistencia. Magistrados del Tribunal Colegiado Penal le
negaron el amparo directo.
El investigador de CUCIENEGA
reconoce que de aplicarse una verdadera sanción al criminal, se evitaría la
reincidencia de este tipo de conductas, como ocurre con otras.
“Si existe una sanción real,
entonces pudiéramos tener efectos diferentes. ¿Por qué? Porque la sanción
finalmente busca que a través del derecho penitenciario, se ejemplifique la
consecuencia de una conducta criminal. Es decir, poner un ejemplo al ciudadano
para que sepa lo que no debe de hacer, y en caso de violar la norma penal,
entonces existe una consecuencia.
“Cuando entendemos que el
Derecho Penal está cumpliendo con su función, porque toda su estructura y sus políticas
criminales son uniformes y adecuadas, se vuelve una herramienta efectiva para
que la autoridad cumpla con su trabajo de manera adecuada”, insiste Barajas.
En Tamaulipas, el “halconeo”,
conocido como delitos cometidos contra servidores públicos, está previsto en el
Artículo 188 Bis de su Código Penal y se sanciona con pena que va de siete a
quince años de prisión, además de una multa que oscila entre 200 y 400 días de
salario. El delito se atribuye a “quien aceche, vigile, alerte, informe o realice
espionaje, sobre las actividades, operativos, ubicación o en general, respecto
de las labores que realicen los elementos de las fuerzas armadas, o las
instituciones de seguridad pública o de persecución y sanción del delito”.
Por su parte, en Veracruz, se
le denomina espionaje y se encuentra tipificado en la codificación sustantiva
en el Artículo 371 como un delito cometido en agravio de las Instituciones de
Seguridad Pública, que a la letra reza: “Se impondrán de tres a quince años de
prisión y multa de hasta cuatrocientos días de salario, a quien aceche o
realice acciones de espionaje con el propósito de obtener información sobre la
ubicación, las actividades, los operativos o labores en general que, en el
desempeño de sus funciones, realicen elementos de instituciones de seguridad
pública, sean estas de vigilancia, de persecución, de investigación, de sanción
del delito o de ejecución de penas. Si el sujeto activo es un servidor público,
las penas señaladas en el párrafo anterior se incrementaran hasta en una mitad
y se impondrá la inhabilitación para el desempeño de empleo, cargo o comisión
públicos hasta por el termino de quince años”.
Sin tanto embrollo, en la
legislación federal, concretamente la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, se incluye al “halcón” o cualquier sujeto como miembro del
concierto criminal al cometer un delito cuando se cuenta en más de dos a los
integrantes que se reúnen para cometer ilícitos señalados en ese cuerpo
normativo de manera reiterada y permanente.
“Se trata de que el
funcionario público, hablando del Ministerio Público y los elementos operativos
-desde policías municipales, estatales o ministeriales- tengan conocimiento de
qué y cómo pueden hacer para mejorar su función. Incluso personal del Ejército
Mexicano, que son los que más se enfrentan a este tipo de aspectos y al llegar
a los sitios se encuentran con que todo mundo trae radios, teléfonos u otros
aparatos de comunicación, y empiezan a llamarse, lo que no permite, a veces por
las zonas de terrenos accidentados, encontrar a delincuentes, armas o drogas”,
finalizó el experto.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / LUIS CARLOS SÁINZ
/LUNES, 23 JULIO, 2018 01:00 PM)
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