Alberto Elías Beltrán,
encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), aseguró
este martes que la investigación sobre Odebrecht sigue avanzando “bien”, que la
misma no “se ha parado”, y de no llegarse a un acuerdo reparatorio con la
empresa brasileña -ya que buscan reponga el dinero y sea inhabilitada-, el caso
será judicializado antes de que finalice la administración de Enrique Peña
Nieto.
“La investigación sobre
Odebrecht no está congelada, y que en cuestión de semanas, el caso ya estará en
los juzgados”, aseguró el encargado de despacho de la PGR, en entrevista con el
periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.
“Hice un análisis profundo
del tema que conocía cuando era subprocurador Jurídico de Asuntos
Internacionales. Es una investigación de orden internacional, por ello se han
pedido solicitudes al extranjero, pero no se tiene toda la información, no se
tienen todos los elementos suficientes para conformar un caso sólido para
enfrentar a la justicia mexicana”, indicó Elías Beltrán,
El encargado de despacho de
la PGR aceptó que se ha criticado a México porque no se ha avanzado en el caso
en comparación con otras naciones, pero dijo que ello se debe a la secrecía y a
que el país busca que las empresas queden inhabilitadas, no sólo aceptar el
pago doble del daño, para después no otorgarle a Odebrecht más contratos de
trabajo.
“No se ha parado la
investigación. Otros países han tenido avances porque han llegado a acuerdos
reparatorios […], pero nosotros buscamos una reparación del daño por encima y
una desmantelación (sic) de la empresa. Antes de que termine la administración,
este caso será judicializado […] Estamos buscando que Odebrecht repare el daño
con el doble de lo defraudado y que se les inhabilite y no vuelvan a trabajar
en México. Si no quieren que judicialicemos el caso y vayamos a la vía penal,
deben aceptar el acuerdo”, dijo Elías Beltrán.
“El caso no ha sido parado,
porque hemos insistido con instancias internacionales, presionado para que
tengamos intercambios de información. Llevamos más de un año esperando
información financiera a otros países, pero se ha retrasado”, aseguró Elías
Beltrán sobre que Brasil y algunos países europeos, no han cumplido al
respecto, pese a que el tema de Odebrecht se abordó durante la Cumbre de
Brasilia.
Por otra parte, Elías Beltrán
rechazó que el Gobierno del virtual presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador, recibirá una PGR “destruida” y dijo que hasta el momento no tiene
conocimiento de con quién se llevarán a cabo los trabajos de transición.
El pasado 11 de junio, el
diario estadounidense The New York Times, aseguró basado en 3 fuentes, que el
Gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios por
supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, pero se está
rehusando a presentar cargos porque podrían perjudicar al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) previo a las elecciones presidenciales.
“Los casos penales yacen
atrapados en un limbo legal común para las investigaciones políticamente
delicadas en México, donde la corrupción sigue siendo uno de los mayores
impedimentos al incipiente estado de derecho del País”, indicó el NYT, que
publicó la información en su versión impresa.
El pasado 14 de marzo, Nieto
Castillo aseguró que fue despedido de su cargo en la Fepade para detener varias
las investigaciones que había iniciado, no solo por presuntos sobornos de
Odebrecht al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin,
sino también en supuestos casos de financiación ilegal de elecciones estatales
por parte del PRI.
Santiago Nieto -quien después
se sumó a la campaña de López Obrador- afirmó en una entrevista al diario The
Wall Street Journal, que poco antes de su despido de la Fepade, había
solicitado información bancaria de varios paraísos fiscales, además de
declaraciones juradas y otra documentación de las autoridades brasileñas, como
parte de su esfuerzo para decidir si existían motivos para presentar cargos
contra Lozoya Austin.
El ex titular de la Fepade
fue destituido de su cargo el 25 de octubre del año pasado, por el encargado de
despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, por supuestamente “violar” el código
de ética de la institución, así como “violentar la reserva estricta que
establece la Constitución y el Código Penal” en materia de investigaciones.
Existen declaraciones bajo
juramento de varios altos ex funcionarios de Odebrecht ante los fiscales
brasileños, testimonios en los que aseguran la constructora pagó 10.5 millones
de dólares en sobornos a Emilio Lozoya para obtener contratos de obra pública,
de los cuales 4 mdd se entregaron en el 2012, año en que Peña Nieto fue elegido
presidente.
El resto del dinero
supuestamente fluyó a Lozoya después de que se convirtiera en jefe de la
petrolera estatal Petróleos Mexicanos en diciembre de 2012, dijeron los ex
funcionarios de Odebrecht, constructora que ganó contratos con Pemex por valor
de al menos 1.5 mil millones de dólares durante su dirección, que finalizó en
2016, lo que el ex funcionario federal ha negado.
La PGR afirmó que Nieto
Castillo fue despedido por divulgar ilegalmente detalles de una investigación
activa. El ex fiscal dio una entrevista con el diario Reforma, días antes de
que fuera despedido, asegurando que Lozoya Austin lo presionó para que
supuestamente lo declarara públicamente inocente, por los señalamientos de
presuntos sobornos. Sin embargo, el ex director de Pemex mostró una carta, en
la que simplemente había pedido que lo llamaran para testificar.
Según el NYT, la
investigación de la PGR ha confirmado en gran medida lo que ya se conoce: que
millones de dólares en sobornos fueron depositados a cuentas offshore para
garantizar contratos de infraestructura.
“Sin embargo, los
investigadores mexicanos no extendieron considerablemente su pesquisa para buscar
contratos o pagos que podrían haber pasado desapercibidos a las autoridades
brasileñas, de acuerdo con las fuentes con conocimiento del caso.”
“Los fiscales mexicanos
podrían tener un caso todavía más sólido, con más evidencia de las autoridades
brasileñas, de acuerdo con personas familiarizadas con el caso. Pero a
diferencia de la mayoría de las naciones afectadas por el escándalo, México
rechazó la petición de Brasil de no procesar a Odebrecht o a sus ejecutivos, lo
que potencialmente atemorizó a testigos y evitó que rindieran testimonio
completo, dijeron las personas.”, abundó el rotativo.
“También podría haber más
sobornos de los que se reconoció en un principio. Documentos y registros de
transferencias bancarias dados a conocer en los medios mexicanos sugieren que
los sobornos pagados a funcionarios mexicanos podrían haber alcanzado los 16
millones de dólares, una cifra mucho mayor de lo que estipuló la compañía en su
testimonio para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.”, aseveró el NYT
en ese entonces.
A principios de marzo de este
año, Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primera de Distrito en Amparo Penal
de la Ciudad de México, concedió a Lozoya Austin, la suspensión definitiva
contra la judicialización de la indagatoria por enriquecimiento ilícito y
cohecho, que lleva a cabo la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delitos Federales (SEIDF), de la PGR, hasta que no se dicte una sentencia en el
juicio de garantía contra el ex director de Pemex.
“Se concede la suspensión
definitiva para el único efecto de que las cosas permanezcan en el estado en
que se encuentra la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017 y no
se determine en definitiva la investigación inicial, si ésta no se ha
judicializado; y hasta en tanto se notifique a la responsable la resolución que
recaiga en el fondo del juicio de amparo”, resolvió la juez.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS CARLOS ÁLVAREZ/ MARTES, 24 JULIO, 2018 10:28
AM)
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