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En
2011, el abogado y profesor Netzaí Sandoval interpuso una denuncia contra
Felipe Calderón Hinojosa por crímenes de guerra y lesa humanidad ante la Corte
Penal Internacional, por los muertos en la “guerra contra las drogas”; política
que Enrique Peña Nieto continuó con prácticas contrarias al derecho
internacional
La
llamada “guerra contra el narco”, que comenzó el ex Presidente Felipe Calderón
Hinojosa el 12 de diciembre de hace 10 años, no tuvo justificación clara, sin
embargo, hizo que en México el asesinato se convirtiera en un delito más que
cotidiano, según la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con 155 mil homicidios dolosos
desde enero de 2007, sin contabilizar los miles de desaparecidos y las fosas
clandestinas por todo el territorio nacional.
“Que
la droga no llegue a sus hijos”, fue la promesa que lanzó Calderón en diciembre
de 2006 y, sin más, envió a 5 mil elementos contra el crimen organizado en el
primer operativo realizado en Michoacán.
Sin
embargo, en la actualidad aún no hay resultados en seguridad ni en salud.
Allí
están los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes
2014, que reveló que alrededor de un millón 789 mil jóvenes mexicanos han
consumido drogas, y que su uso se ha duplicado de 1991 a 2014.
Ante
ello, el abogado y profesor de posgrado de la Universidad Iberoamericana,
Netzaí Sandoval Ballesteros, se convirtió en 2011, en el primer mexicano en
presentar una denuncia por crímenes de guerra y lesa humanidad contra Calderón
ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos.
Ahora,
dijo en entrevista con ZETA, no sería
descabellado demandar al actual mandatario nacional, Enrique Peña Nieto, quien
continuó la estrategia del panista que ha permitido cientos de miles de
muertes, por su acción u omisión en la guerra que ya lleva una década.
Egresado
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sandoval, hijo y nieto de
activistas y políticos de izquierda en Guerrero, señaló a este Semanario que
actualmente la CPI analiza la crisis humanitaria de México con diez casos,
desde el pasado sexenio panista, hasta el actual gobierno de Peña Nieto.
Sandoval
Ballesteros narró a ZETA cómo la denuncia contra Calderón pasó un primer
filtro, pero los representantes del Presidente en La Haya solicitaron fuera
desechada por “notoriamente improcedente”, lo que al final se superó, ya que
fue admitida y estudiada porque, argumentó, “existen elementos que apuntan a la
comisión de delitos internacionales en México”.
“No
fue solamente nuestra denuncia. Se sumaron decenas más de organizaciones y
abogados para señalar que en México hay crímenes de lesa humanidad. Existen
señalamientos en ese mismo sentido por parte de muchas organizaciones
internacionales e instancias de la ONU”, agregó quien fuera asesor del
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora
Pimentel.
“Sí
sería posible una acusación en contra de Peña Nieto en la Corte Penal
Internacional, no precisamente por el número de homicidios dolosos, sino por
las responsabilidades, como jefe supremo del Ejército Mexicano, institución que
está utilizando prácticas contrarias al derecho internacional, como la tortura,
para forzar a las personas para que se auto inculpen.
“El
gobierno de Peña ha tolerado ese tipo de prácticas, al igual que lo hizo el
Presidente Calderón”, opina el abogado con maestría en la Universidad
Complutense de Madrid.
Citando
al ministro de la SCJN, José Ramón Cossío Díaz, el abogado afirmó que el
Ejército Mexicano no puede estar realizando la labor de las policías en las
calles, porque no tienen un mandato constitucional expreso, como por ejemplo,
una suspensión de garantías que le autorizara realizar dichas funciones.
“El
Ejército Mexicano mismo ha señalado que no tiene un marco jurídico concreto
para actuar en estos momentos. Entonces, Enrique Peña Nieto continuó con la
política militarista de Felipe Calderón, a pesar de que Peña Nieto había
señalado al principio de su mandato, de que iba a regresar al Ejército a sus
cuarteles, y que iba a crear una Gendarmería para sustituir al Ejército, para
que fuera una Policía Civil la que se encargara de la seguridad pública, pero
no cumplió”, afirmó el profesor de la Universidad Iberoamericana.
“Peña
Nieto realizó algunos actos francamente risibles, como colocarle estampitas a
las patrullas de la Policía Federal, que ahora dicen División de Gendarmería,
pero jamás creó un verdadero cuerpo civil capaz de sustituir al Ejército en las
tareas policiacas que ha estado realizando, y el Ejército sigue en las calles.
Por ello Peña Nieto fracasó en su política de seguridad pública y continuó la
estrategia de Calderón, y por lo tanto, sí podría ser juzgado en la CPI,
inclusive con fuero, “porque el Estatuto de Roma, en el Artículo 27, no
reconoce esto como un impedimento, porque no puede haber impunidad, no importa
si sea un jefe de Estado, la Corte no juzga delitos comunes”, asentó el abogado
por la UNAM.
En
comparación con Calderón, en el caso de la posible denuncia contra Peña Nieto
existen nuevos elementos como la práctica de la desaparición forzada ejercida
por el Estado mexicano, en casos documentados como el de los 43 estudiantes de
la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala,
Guerrero.
“Hay
muchos elementos que nos permiten hablar de que en México se cometen crímenes
de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, que además
han sido verdaderos escándalos internacionales, y son casos que se convierten
en elementos para acusar al gobierno de Peña Nieto, y a él mismo, por no
prevenir o sancionar a quienes cometen estos delitos.
Si
Enrique Peña Nieto tiene conocimiento de que los soldados mexicanos están
torturando en los cuarteles militares y esto ha venido ocurriendo desde años,
tendría que haber tomado medidas para evitar que esto continuara ocurriendo”,
considera Sandoval, para continuar:
“En
el caso de Ayotzinapa también hay una serie de omisiones, de responsabilidades
gravísimas por parte del Estado mexicano, incluso medidas para desvanecer
pruebas, como lo hizo Tomás Zerón de Lucio, que estuvo haciendo visitas no
documentadas a los lugares del crimen. Todos estos elementos nos hablan de
responsabilidades penales, para encubrir un crimen de lesa humanidad, como es
el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que no es un caso aislado”.
Por
último, el abogado constitucionalista recalcó que la denuncia se podría
extender contra diversos capos del narcotráfico, porque usan armas prohibidas
por el derecho internacional y realizan el reclutamiento de menores de edad
para practicar hostilidades.
(SEMANARIO
ZETA/ Edición Impresa/ Carlos Álvarez
/Domingo, 1 enero, 2017 12:00 PM)
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