Un cargamento de heroína de dos millones
de dólares oculto en los camiones que secuestraron los estudiantes de
Ayotzinapa, sin saberlo, fue el motivo de su desaparición, revela la periodista
El 27 Batallón del Ejército
fue el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
quienes sin saberlo habían robado dos camiones cargados de heroína, y el
Presidente Enrique Peña Nieto estaría detrás de encubrir el hecho luego de una investigación
interna de la misma visitaduría de la PGR, reveló la periodista Anabel
Hernández.
En su más reciente libro que
está por salir a la venta, "La verdadera noche de Iguala", la
escritora da a conocer detalles de su investigación y de lo ocurrido la noche
del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
De manera independiente,
apoyada por la Universidad de Berkeley, en California, tardó dos años en unir
las piezas de este rompecabezas, el cual explicó en entrevista telefónica para
Noticiero Noroeste.
En el programa reveló de
manera exclusiva que una buena parte de los investigados en la línea de la
"verdad histórica de la PGR" fueron torturados, entre ellos el ex
alcalde de Iguala, José Luis Abarca, así como su esposa María de los Ángeles Pineda,
quienes son señalados por las autoridades como los responsables de ordenar la
detención de los normalistas. De corroborarse esto no podría continuar su
proceso y serían puestos en libertad, advirtió.
"La historia que nos
contaba el Gobierno federal, la versión oficial de que los estudiantes hayan
sido atacados única y exclusivamente por el Alcalde de Iguala, José Luis
Abarca, y la Policía Municipal de Iguala y Cocula, que los estudiantes habían
sido llevados por un pequeño grupo criminal llamado Guerreros Unidos a un
basurero y ahí cuatro muchachos que en realidad son albañiles que apenas saben
leer y escribir, supuestamente los habrían asesinado, quemado y arrojado al río
San Juan, ninguna de estas historias contadas por el Gobierno corresponde con la
realidad, la realidad fue bastante diferente", dijo la periodista.
Esta investigación la hizo
basada en testimonios de testigos de los hechos, así como parte de los
documentos de la investigación previa del Gobierno de Guerrero y de la PGR,
compuestas de miles de hojas.
"Lo que pasó ahí es una
operación de Estado, dirigida principalmente, coordinada por el 27 batallón de
infantería, quienes habrían sido los principales actores de esa noche con los
estudiantes, que habrían participado también en su desaparición... hay
casquillos del Ejército en las escenas del crimen, tanto de la calle Juan N.
Álvarez como el camino Santa Teresa", mencionó.
Recordó que en diciembre de
2014 publicó cómo los camiones fueron monitoreados cuatro horas antes de la
agresión, y el Ejército y la Policía Federal estuvieron presentes en diferentes
momentos del trayecto.
Existió un quinto camión
donde se transportaban deportistas, y que fue blanco también de los ataques,
pero la razón fue por una confusión al parecerse a uno de los vehículos, donde
en realidad se transportaba heroína y los estudiantes secuestraron, pero para
trasladarse a la Ciudad de México, sin saber lo que llevaban.
"De acuerdo a mi
investigación, la recuperación de un cargamento de heroína de dos millones de
dólares era el objetivo de esa noche, pero no se encontraba en el quinto
camión, se encontraba en dos de los camiones donde desaparecieron los 43
estudiantes... la información que yo tengo, es que supuestamente un capo, que
no es ninguno de los detenidos por el cártel de Guerreros, ni su nombre ha sido
mencionado, ni revelado por el Gobierno de México, dudo que no sepan quién es y
lo que pasó esa noche, este capo habría sido enterado y él habría llamado
directamente a los mandos del batallón que estaban en su nómina, así como
policías estatales, federales y municipales", agregó.
Anabel Hernández aseveró que
esta persona pidió al Ejército orquestar el operativo para dar "a como
diera lugar" con los camiones que llevaban la droga, y aunque la intención
inicial no era desaparecer a los estudiantes, esto se fue dando al calor de la
noche.
EL ENCUBRIMIENTO PRESIDENCIAL
La especialista en temas de
narcotráfico encontró en su investigación que en mayo pasado la visitaduría de
la PGR decidió investigar de manera interna y sigilosamente la indagatoria
hecha por el caso de los 43 de Ayotzinapa, donde más de seis ministerios
públicos y un fiscal, Alejandro Chávez Flores, participaron en este análisis.
"Lo que se revela en
esta investigación interna es realmente de miedo, no sólo se revela, se ordena
investigar al capitán José Martínez Crespo (capitán segundo adscrito al 27
batallón) por crimen organizado, no sólo se ordena investigar la verdadera
actuación del 27 batallón de infantería, incluyendo encubrimiento de autoridad,
y también investigar a más de nueve policías federales que participaron esa
noche, y también se ordena investigar las armas que portaba la Policía Federal,
y se revelan los nombres de 66 funcionarios públicos de la Marina, de la
Sedena, la Policía Federal, de la Policía Ministerial Federal, que habrían
participado en las torturas para fabricar la falsa versión histórica",
señaló.
Comentó que en 19 casos ya se
comprobó se dio la tortura, y este expediente menciona los abusos contra Abarca
y su esposa.
"Ningún testimonio bajo
tortura, ningún testimonio puede ser tomado como válida por un juez, estamos
ante la situación de que muchos de los principales detenidos, incluyendo los
cuatro albañiles que supuestamente quemaron y mataron a los estudiantes,
tendrían que salir tarde o temprano libres, el caso es absolutamente falso,
fabricado", comentó.
Sin embargo, acotó, el 18 de
agosto la PGR tenía que entregar a los padres de familia de los desaparecidos
este expediente donde se pedía procesar a Tomás Zerón de Lucio, hoy Secretario
Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, y quien colaboró en ese entonces con
ministerios públicos en la reconstrucción de los hechos en río San Juan.
"Cuando ya está hecho el
dictamen, la Procuradora Arely Gómez le pide al fiscal César Alejandro Chávez
Flores que detenga el documento, que se espere, que no lo revele todavía,
porque necesita la autorización presidencial", refirió.
"Va la Procuradora, se
reúne con el Presidente, y el Presidente Enrique Peña Nieto ordena desde los
Pinos: 'Esto no puede salir público', y pide la protección por supuesto para su
hombre de confianza, Tomás Zerón", mencionó.
Hernández resaltó que se
pidió al fiscal "cambiar y maquillar" el documento para que no se
"cayera el caso", y seguir encubriéndolo, y ante esto, el fiscal
presentó su renuncia.
Anabel Hernández reconoció
que en noviembre de 2015 cuando estaba en los "puntos más álgidos" de
su investigación se dio un allanamiento de su casa, pese a estar protegida por
el mecanismo de protección a periodistas, se grabó los rostros de las personas
que entraron buscando información al no llevarse nada valor, así como las
placas del vehículo que usaron, pero hasta ahora no han sido detenidos.
"Cuando yo vi el video,
y vi su actuación, no me queda la menor duda, es gente del Estado", dijo
repitiendo el comentario que le hizo un funcionario del gobierno de México al
ver la grabación.
Además, dijo, una de sus
fuentes importantes de información fue asesinada en el transcurso de este
tiempo, y otros más, así como algunos de los familiares de los albañiles
acusados, fueron "levantados".
"Durante estos dos años
ha habido una andanada del gobierno, no me cabe la menor duda que es del
gobierno, pienso yo, para intentar acallar a las diferentes fuentes de
información que estuve siguiendo a lo largo de estos dos años, y por supuesto,
mi compromiso era, después de que tanta gente que tuvo el valor de compartir
documentos, que arriesgo su propia vida para que saliera a la luz esta verdad,
pues lo menos que yo podía hacer es este libro, publicarlo, y hoy asumir la
responsabilidad y los riesgos que esto conlleva", comentó.
(NOROESTE/ GABRIEL MERCADO/ 29/11/2016 |
02:00)
No hay comentarios:
Publicar un comentario