Legalizar tareas de seguridad de las
fuerzas armadas agudizará asesinatos, torturas y desapariciones: especialistas
La intención de los diputados
del PRI para impulsar una iniciativa de ley encaminada a reformar el marco
jurídico que de facultades legales a las fuerzas armadas para ejercer tareas de
seguridad, encendió los focos rojos y puso en estado de alerta a especialistas,
académicos, organismos defensores de los derechos humanos y luchadores sociales
que advierten una guerra de baja intensidad con claros visos de incrementar la
violación de los derechos humanos, asesinatos, desapariciones forzadas y
torturas para infundir el miedo como forma de control de la sociedad civil y
disuadir los movimientos de protesta social.
Los investigadores
universitarios, juristas y periodistas especializados en seguridad pública y
justicia en la ciudad de México, sostienen que darle a los soldados y marinos
poder legal para realizar tareas policiacas y de investigación, agudizará la
crisis de derechos humanos que vive el país, pues las estadísticas revelan que
cuando los militares salieron de los cuarteles a las calles para combatir el
narcotráfico, se dispararon los asesinatos, secuestros y desapariciones
forzadas de personas.
Sus declaraciones coinciden
con los informes de organismos internacionales
por la defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y
Open Society Justice Initiative, que señalan a las fuerzas castrenses mexicanas
como responsables de centenares de casos documentados sobre personas
desaparecidas hasta antes de agosto del 2015, y decenas de mujeres presas en
cárceles que afirman haber sido violadas y torturadas por militares que les
obligaron a confesar delitos no cometidos.
El pasado jueves, el
presidente Enrique Peña Nieto exhortó al Congreso de la Unión a establecer un
marco legal para dar certidumbre a las fuerzas armadas en la realización de
tareas relacionadas con la seguridad
pública del país.
En el acto conmemorativo del
Día de la Armada, Peña Nieto refrendó el posicionamiento que cuatro días antes
—justo en el aniversario de la Revolución Mexicana— hiciera el Secretario de
Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, en el sentido de impulsar una norma
legal para facultar a los soldados del Ejército y la Marina en labores
policiales, “encaminadas a recuperar la paz y la tranquilidad en zonas donde se
requiera su presencia”.
El abogado constitucionalista
Elisur Arteaga calificó esta propuesta de ley como “anticonstitucional y
peligrosa”. Y señala que darle un poder “omnipotente” a los militares para
investigar delitos de cualquier índole es muy arriesgado, porque se pueden
emprender trabajos de hostigamiento y persecución contra ciudadanos opositores
al gobierno: luchadores sociales, defensores de derechos humanos y hasta
periodistas críticos del sistema.
El catedrático e investigador
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Azcapotzalco, ratificó
lo anticonstitucional de la iniciativa de ley, porque las facultades de
investigar están atribuidas solo a los ministerios públicos local o federal.
Insistió que el artículo 129
de la Carta Magna establece que en tiempos de paz, ninguna autoridad puede
ejercer mas funciones que las que tengan exacta conexión con las fuerzas
castrenses.
La académica e investigadora
del Posgrado en Estudios Sociales de la UAM, Laura del Alizal Arriaga, advirtió
que la intención de modificar el marco legal para dar poder a los militares en
la realización de tareas policiacas, sería empujar al Ejército a un proceso de
descomposición que tendrá serias repercusiones en su imagen institucional.
“No creo que los altos mandos
del Ejército, incluido el Secretario de la Defensa Nacional, estén convencidos
y de acuerdo con esta iniciativa, porque de modificarse la ley, meterá al
Ejército en un severo problema de acusaciones y demandas por parte de la
sociedad civil y organismos defensores de los derechos humanos”.
La catedrática externó que
sería un error histórico para la vida institucional de las fuerzas castrenses
mexicanas modificar la Constitución y convertir al Ejército en centinela del
país.
“Los militares están formados
para defender al país en tiempos de guerra, cuidar nuestras fronteras o cuando
se amenaza la soberanía y la seguridad nacional, y sobre todo, apoyar a la
sociedad en situaciones de emergencia y salvaguarda de la población ante
situaciones de desastre. Esto último fue lo que les dio la aprobación de la
sociedad”, declaró la especialista y
coordinadora del libro Relaciones entre Poderes del Estado: Acuerdos y
Divergencias, editado por Editorial Anthropos y la UAM.
En su opinión, el deterioro
de la imagen que sufre esta institución surge a partir de que salen a las
calles a realizar tareas de combate contra las drogas y la delincuencia en
general. Los supuestos abusos que denunció la población civil sobre violaciones
cometidas en los retenes militares instalados en gran parte del país, casos
sobre desaparición forzada y el desplazamiento forzado en comunidades y hasta
supuestas violaciones contra mujeres que involucran a militares, es un reflejo
de lo que puede venir, pero a gran escala ante los abusos de autoridad en que
incurran elementos de las fuerzas armadas.
Ante eso, recomendó que la
nueva legislación defina claramente las tareas que tendrá el Ejército en esta
nueva encomienda que se empuja a través del Grupo Parlamentario del PRI para
adaptar el marco legal y darle plenas facultades para investigar y actuar
contra todo lo que ponga en riesgo la paz social y la seguridad interna del
país.
Periodistas especializados en
el tema de seguridad pública y justicia que han laborado por más de una década
en medios de la capital del país, consideran que es un gran error ratificar la
permanencia del Ejército en las calles para realizar actividades de seguridad
pública.
Los militares, opinan, no
están capacitados para perseguir defraudadores, narcos o delincuentes de cuello
blanco.
Cierto es que su presencia en
las calles inhibe los delitos, pero también que su salida de los cuarteles para
enfrentar a la delincuencia callejera propició un repunte en los asesinatos, revela
un periodista asignado a la fuente por 24 años.
Explica que según
estadísticas del Secretariado de
Seguridad Pública Nacional, el sexenio de Vicente Fox registró un promedio
anual de 12 mil 500 homicidios dolosos, mientras que en el actual gobierno la
cifra se ha disparado entre 18 y 20 mil casos.
Ejemplificó que Estados como
Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz y el Estado de
México llevan hasta 15 años con presencia militar y son Entidades donde las estadísticas sobre homicidios dolosos va
en aumento, y son precisamente estos lugares del país los que reportan mayores
casos de violaciones a los derechos humanos sobre todo contra los grupos
indígenas, campesinos y mujeres, como ocurre en el Estado de México.
La presencia de retenes
disparó las denuncias sobre atropellos y abusos de autoridad, alteró la
convivencia social y sobre todo en aras de esa estricta vigilancia se
cometieron errores garrafales, donde militares dispararon y asesinaron a
civiles bajo el pretexto de ser sospechosos por no detener sus vehículos para
las revisiones de rutina.
Algunas opiniones coinciden
en que una de las bondades es que la presencia de los militares ha disuadido a
los delincuentes, pero ha sido mínimo comparado con las violaciones que cometen
contra la población civil.
Señalan que lo que Peña Nieto
pretende hacer para formar a las fuerzas castrenses en tareas de seguridad
pública, será como en el Sistema Penal Acusatorio, los resultados se verán en
treinta años más.
Acaso le preocupa al Mayo
Zambada o al Chapo, que el Ejército permanezca en las calles, se cuestiona uno
de los reporteros. Los militares en las
calles lo que va a provocar es un desplome en la afluencia de visitantes
nacionales y sobre todo extranjeros que con esta ola de asesinatos, secuestros
y desapariciones, han cancelado masivamente sus viajes al país porque no hay la
mínima seguridad y tranquilidad en los destinos turísticos, afirma.
En el seguimiento puntual que
Open Society Justice Initiative y Amnistía Internacional han hecho a esta
cruzada de lucha contra las drogas, han sugerido al gobierno de México regular
el uso de la fuerza pública, pues en sus esfuerzos por combatir la delincuencia
organizada ha aplicado una política de uso indiscriminado y extrajudicial de la
fuerza recurriendo al asesinato, la tortura y la desaparición forzada en
perjuicio de la población civil mexicana.
Open Society Justice
Initiative en su informe 2016, señala que desde que asumió la Presidencia del
país, Enrique Peña Nieto se ha apoyado en la militarización del país como la
vía más efectiva para ejercer la aplicación de la ley civil. De tal magnitud es
la fuerza militar, que de 11 mil elementos que tenía la PFP, al 2014 ya contaba
con 30 mil.
Además su propensión a
ejercer el uso de l a fuerza lo explican con la represión brutal que ordenó
siendo Gobernador del Estado de México, al desplegar policías municipales,
estatales y federales contra campesinos de Atenco opositores al Proyecto de
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Pero además, el organismo
internacional consigna que ya desde 2006, el ex presidente Felipe Calderón
identificó la presencia del crimen organizado como una amenaza para la
seguridad del país, asumiendo que le haría frente por encima del costo social.
En agosto del 2010 reiteró que lo enfrentaría mediante el uso de la fuerza.
Admitiendo que “será una batalla dura y difícil que le costaba al Estado significativos
recursos… que va a tomar tiempo y que por desgracia, seguirá cobrando vidas
humanas.
Dos años después, en 2012, el
entonces Secretario de la Defensa Nacional argumentó que las prácticas del
crimen organizado se consideran hostiles hacia el estado y la sociedad y por
tanto las fuerzas armadas deberían intervenir con rigor y fuerza par abatir a
los criminales.
El General retirado Carlos
Bibiano Villa Castillo, ex secretario estatal de Seguridad Pública en Coahuila,
justificando el uso extrajudicial de la
fuerza contra sospechosos de participar con el crimen organizado dijo
textualmente que “el personal militar está adiestrado para el combate…
correteamos a los balandros y donde los alcanzamos los matamos”. En 2011declaró
que las fuerzas de seguridad habían
matado ya a 200 presuntos criminales en Coahuila, mientras que solo seis
policías sufrieron heridas leves.
Bibiano Villa le confesó a
Isabel Arvide, entones asesora en materia de seguridad del gobernador en turno,
que había consigna entre los comandantes y jefes de las zonas militares de
eliminar a los criminales. Y no entregarlos a las autoridades, porque los
jueces y ministerios públicos corruptos terminarían liberándolos.
Esto mismo expresó en 2011 el
General Francisco Gallardo, quien asegura que “al tomar la decisión de que las
fuerzas armadas deben participar en tareas de seguridad pública, ellos —los
militares— aplican una visión de la fuerza, del uso de las armas y del poder
para abatir a los criminales, o mejor dicho, aniquilarlos o matarlos en lugar
de detenerlos o entregarlos a la autoridad civil”, cita el documento de Open
Society Jusstice Iniciative.
(RIODOCE/ Francisco Sarabia/ Ciudad de
México en 28 noviembre, 2016)
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