Lo que sigue es la crónica de
lo que no debió suceder, pero sucedió. De la impotencia que confirma el estado
de indefensión frente a la delincuencia desorganizada -como suele llamarse a
ese ejército disperso, violento, aturdido por las drogas que opera por toda la
capital-, y el certificado de impunidad que se extiende por personal indolente,
policías sobre quienes el sentido común hace albergar sospechas de eventuales
complicidades con esa delincuencia.
No hay discurso que valga
cuando se vive en carne propia, o por un familiar o amigo cercano la tragedia
de pensar que Hermosillo está bajo un virtual toque de queda, con zonas
vedadas, prohibidas y de acceso bajo propio riesgo, ya que en ellas no hay más
autoridad que la del machetazo y el descontón; el asalto a mano armada, el
“túmbate con lo que traigas y no hagas pancho”.
No hay acciones ni programas
de fomento a la cultura de la denuncia que crucen la ventanilla cerrada, el
personal somnoliento y presto a la prefabricada respuesta: “no se puede-vuelva
mañana-quizás en otro lado”.
El sábado a eso de las 21:30
horas, una persona muy cercana a mis afectos decidió que era buena idea ir con
una amiga a contemplar las luces de la ciudad desde alguna parte del
emblemático cerro de la Campana. Era su cumpleaños y llevaban hasta un pastel
para celebrar allá arriba.
El joven le decía a la chica
que a él sí le gustaba Hermosillo, que sí se quedaría a vivir aquí, donde
nació. En eso estaba, cuando el filo de un machete se posó en su cuello. A su
lado, surgido de la noche, apareció un joven con gorra y embozado con un
pañuelo. Enfrente, un tipo mayor, alto, enjuto, de rostro quemado por el sol,
mirada perdida y también con un machete en la mano.
No había nada qué hacer. Les
entregaron sus pertenencias: una cadena, la cartera don documentos personales,
dinero en efectivo, los tenis que llevaba puestos él; una bolsa, un pulso,
dinero en efectivo, un reloj ella. Uno de los asaltantes abrió la puerta del
carro y sacó un iphone y hasta el pastel.
De la parte alta del cerro,
apareció en descenso una patrulla de la policía municipal. El más joven alertó
al otro y ambos saltaron la pequeña barda de piedra que sirve como muro de
contención a lo largo del camino de caracol que rodea el cerro hasta la cima.
El joven para a los policías,
les informa del asalto. Los agentes toman su nombre, piden un teléfono al cual
llamar y se retiran aduciendo que están por cambiar el turno (en realidad el
cambio de turno es hasta las 23:00 horas). Les dicen que esperen allí hasta que
llegue otra patrulla que ellos mismos llamarán. Y se retiran.
Los jóvenes se quedan de
nuevo en medio de la nada. Valoran la conveniencia de permanecer allí,
esperando la otra patrulla, después de haber sido asaltados a punta de machete.
Deciden retirarse. Allá abajo, en el bulevar Rosales, los agentes esperan que
cambie la luz roja del semáforo para seguir su camino, quién sabe hacia dónde.
El problema es serio. Esos
agentes, como primer respondiente en el lenguaje y protocolos del Nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio, debieron haber tomado datos para redactar el
Informe Policial Homologado, un documento que contiene todas las incidencias
del evento reportado, pero que además es fundamental para el inicio del
proceso, la denuncia ante el ministerio público.
De eso nos dimos cuenta
cuando acudimos a la base de la Policía Estatal Investigadora a presentar la
denuncia. El personal allí nos dijo que no podían recibirla, aunque muy
solícitos, nos sugirieron que regresáramos al cerro de la Campana, marcáramos
el 066 y esperáramos una patrulla de la municipal para que elaborara el IPH
correspondiente. O que fuéramos al Hospital General, donde hay un MP de
guardia, pero no sabían si podía recibir la denuncia sobre el asalto.
Antes de eso, el joven había
acudido a la Procuraduría General de Justicia, ubicada en Rosales y Serna, en
el Vado del Río y muy cerca del lugar de los hechos. No había nadie. Bueno, sí
había. Una señora alta, de cabello rizado que tomaba café junto a un hombre, lo
vio entrar. Le escuchó los motivos de su presencia allí. Le respondió que no
había quién recibiera la denuncia y que volviera el lunes.
El joven se retiró. Cuando
dio media vuelta, la mujer lo llamó, sólo para recomendarle, con sardónica
sonrisa, que cuando regresara, se pusiera zapatos. Y es que el muchacho andaba
sólo en calcetines, pues sus tenis también habían sido parte del botín.
Cuando me contó este pasaje,
recordé que el procurador Rodolfo Montes de Oca presumió en alguna ocasión,
cuando la gobernadora visitó esas instalaciones para supervisar las
adecuaciones al edificio que ya alberga nuevos espacios para el personal del
NSJP, que buena parte del personal son mujeres, porque son más sensibles,
honestas y trabajadoras. No tengo duda de que así sea, pero tampoco creo que
sea el caso de esa señora. Sentí una especie de náusea.
Esa misma noche recibí una
llamada del comisario de la Policía Municipal, Ramsés Arce Fierro, después que
denuncié los hechos en mi cuenta de Twitter. Me dijo que sus muchachos no se
habían retirado de la escena así nomás, sino que habían ido tras los presuntos
asaltantes. Es falso. A Ramsés le mintieron y les creyó. Ni siquiera hay IPH
del evento.
Lo que sí hay, insisto, es
otro IPH pero con dos horas de diferencia, casi en el mismo lugar, con los
mismos métodos (machetes incluidos) y con las mismas palabras según ese
informe: “No hagan pancho”. La diferencia es que esta vez eran tres los
agresores y también asaltaron a jóvenes paseantes del lugar.
Por la mañana me habló el
secretario del Ayuntamiento, Jorge Andrés Suilo. Dijo que ya tenían el IPH y
que ellos procederían a presentar la denuncia correspondiente. También le
mintieron y también les creyó. Lo que tienen es el IPH del asalto de las 23:05,
no del registrado unas dos horas antes. Ese no existe.
Tengo también un mensaje del
alcalde Maloro Acosta en el que lamenta la situación y se compromete a
investigar a los policías que no cumplieron su trabajo. Dice que está
comprometido con la erradicación de viejos vicios e inculcar el espíritu de
servicio en los miembros de la corporación. Se agradece el gesto, y se agradece
también que tome nota: los policías no elaboraron el IPH. El asalto a mi hijo
nunca ocurrió para ellos y optaron por dejar a los jóvenes a su suerte.
Por la mañana se comunica el
director de Atención a Víctimas, de la PGJE, Salvador Guirado. Me pide que le
relate los hechos. Le cuento del asalto y el robo de pertenencias, incluido el
celular. Le cuento también de la actitud de la señora en la Procuraduría y su
sorna frente a un muchacho que llega en calcetines porque le robaron hasta los
tenis. Me pregunta que si el muchacho le tomó fotos con su celular, para saber
quién es. Le recuerdo que el celular también se lo robaron. “Ah, sí, sí,
disculpa, qué lamentable”, dice.
También dice que están a la
orden y que en el momento en que queramos podemos ir a presentar la denuncia.
La procuraduría ya tomó
cartas en el asunto y está investigando. El propio procurador me aseguró ayer
que atraparán a los malandros. Como ciudadanos, estamos colaborando con ellos,
aportando toda la información que se requiera.
II
El tema de la seguridad
pública en Hermosillo es grave y no es nuevo. En este mismo espacio hemos
denunciado durante las anteriores dos administraciones, igual número de robos
domiciliarios en casa del que esto escribe. Me ha ido bien. A la colega y amiga
Soledad Durazo le ha pasado tres veces, según posteó en su cuenta de Twitter a
raíz de una encuesta rápida difundida en esa red social.
Desde luego que no es la
única. A raíz de la denuncia del asalto el sábado, decenas de ciudadanos
levantaron la mano como víctimas de robos, asaltos, agresiones.
Claro, el tema es
políticamente redituable y del mismo se colgaron connotados panistas locales, a
través de sus cuentas personales y sus cuentas troll, que son más numerosas.
Extraño despliegue de solidaridad y activismo (con honrosas excepciones de
panistas congruentes), cuando todos ellos guardaron ominoso silencio cómplice
frente a denuncias en este mismo espacio, sobre hechos peores ocurridos durante
las administraciones panistas de Javier Gándara y Alejandro López Caballero.
Pero se entiende. El problema
de seguridad pública en Hermosillo es grave y el alcalde no le ha encontrado la
cuadratura al círculo. Se le complica por los vicios heredados, pero eso
tampoco justifica que no dé un manotazo en la mesa y ponga orden en una
corporación municipal que luce podrida.
Ni siquiera abundaré sobre la
gran paradoja del día siguiente, cuando dos patrullas de la municipal
detuvieron un vehículo de mi propiedad, que estaba siendo probado por un
cliente que ya lo compró. El auto no trae placas porque apenas el viernes las
dimos de baja, ya que sería vendido.
No hay policías preventivos
que cuiden zonas conflictivas como el cerro de la Campana, donde una noche
antes asaltaron a mi hijo, pero dos patrullas llegan a dos cuadras de mi casa
para querer llevarse a toda costa al corralón un carro totalmente en regla,
pero que supusieron era robado.
Pareciera ese momento mágico
en el que te asaltan los delincuentes, vas y buscas ayuda con la policía, no la
encuentras y ya de regreso, te agarra esa misma policía y te quieren meter al
bote porque los miraste feo o algo.
III
El tema de la seguridad
pública en Sonora, y particularmente en Hermosillo es grave. Muy denso.
Por eso el anuncio hecho ayer
por la gobernadora Claudia Pavlovich, vino a oxigenar un poco lo pesado del
ambiente. Si algún gobierno ha gestionado y entregado recursos para el área de
seguridad pública, es el actual. Que se pierdan en ese sinuoso camino donde se
manda un peso y llegan 20 centavos, es algo muy diferente y un tema que se
tiene que revisar con lupa.
O que se invierta mucho en la
seda para vestir monas que al final, monas se quedan, pues también es algo que
debe revisarse.
Lo que queda claro es que la
gobernadora está haciendo lo suyo y ayer anunció lo que dijo, será una nueva
etapa en las labores de vigilancia policiaca en Sonora. “Más de tres mil
cámaras estarán vigilando nuestras escuelas, nuestras calles, nuestros hijos,
nuestras carreteras, arcos de seguridad para que sepamos quien está transitando
por nuestro estado, quienes están saliendo, quienes están entrando, quienes
están llegando para saber a quién recibimos y a quien no”, explicó.
Se trata del Centro de
Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), que
estará listo en 18 meses y contará con 12 sub centros en la entidad.
El edificio de Hermosillo
albergará hasta 900 personas certificadas, incluyendo a miembros de todas las
corporaciones de seguridad, tanto locales, estatales, federales y militares, como
instituciones de atención de emergencia y de salud digital escolar.
Por cierto, ayer pudimos
saludar a la gobernadora en ese evento, y realmente se mostró preocupada por lo
que ocurre en Sonora, pero particularmente en Hermosillo. Recibimos palabras de
aliento y compromiso por resolver no sólo asuntos particulares, sino por
diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de seguridad que se traduzcan
en mejores condiciones de vida para la sociedad en su conjunto. Sonora ya lo
merece.
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(DOSSIER POLITICO/ Arturo Soto Munguía/
2016-08-22)
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