martes, 14 de junio de 2016

EXIGEN DIPUTADOS FEDERALES INVESTIGAR A MALOVA Y A VARGAS LANDEROS POR SUS PROBABLES NEXOS CON ‘EL CHAPO’

Diputados federales de Movimiento Ciudadano, del PAN y el diputado independiente Manuel Clouthier  exigen al Ministerio Público Federal investigar al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez y a su Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros  por ser los presuntos responsables que están detrás del enredo narco político que concluyó con la autorización del desafuero e la diputada Lucero  Guadalupe Sánchez López, acusada de falsificar documentación cuando visitó a Joaquín Guzmán Loera en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.

En tribuna y ante el Pleno de la Cámara Baja, cuestionan también que habiendo 350 expedientes de juicio político contra muchos delincuentes de cuello blanco –algunos secretarios de Estado, gobernadores y altos funcionarios- que deberían estar en las cárceles por delitos graves contra el patrimonio  de los mexicanos, se curan en salud enjuiciando a una diputada local por falsificar un documento.

El diputado independiente Manuel Clouthier, expuso que el caso del desafuero de la diputada local no debe quedar ahí porque detrás de esos vínculos entre narcos y políticos está toda una red organizada de políticos que promueven este tipo de candidaturas.

Acusa al  Gobernador Mario López Valdez  de ser quién postuló a la entonces candidata del PAN a diputada local por Cosalá y por tanto exigió al Ministerio Público Federal se investiguen posibles vínculos que puedan existir entre el Mandatario estatal con el narcotraficante sinaloense en torno a esta postulación de Lucero Guadalupe.

Abiertamente el diputado del PAN, pidió que esta investigación se haga extensiva al Secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, el hombre de mayor confianza del Gobernador,  por estar directamente involucrado en la comisión del delito que llevó al desafuero de la diputada local.

Y le señala que siendo Secretario General de Gobierno, Vargas Landeros  le expidió de forma extemporánea en el 2014 a la todavía diputada, un acta de nacimiento falsa para consumar el delito, y esto obliga al Ministerio Público Federal a someter al funcionario a una rigurosa investigación

La declaración de procedencia que autoriza el desafuero a la diputada local sinaloense Lucero Guadalupe Sánchez López,  desencadenó una avalancha de acusaciones contra la Sección Instructora a la que Morena, el PRD y Movimiento Ciudadano exigieron hacer de lado la simulación y desempolvar los 350 casos de solicitudes de juicios políticos; desaparecer el fuero a diputados y hasta el Presidente de la República.

Luis Toribio, agente del Ministerio Público federal, expuso los argumentos para que esta soberanía se pronuncie a favor del desafuero de la hoy legisladora, por uso de documentos públicos falsos, y mostró dos imágenes de las cámaras de ingreso al penal del Altilano, con identificación falsa y a nombre de Devany Vianney Villatoro Pérez.

Rubén Tamayo, abogada de la inculpada, dijo que este es un juicio político, no un caso de desafuero, y cuestionó por qué un juicio como este ha tenido tanta celeridad y si hay tantas solicitudes. Dijo que el caso nace con la detención arbitraria el 20 de enero en Culiacán saliendo de su domicilio, por agentes del Ministerio Público de la federación, en cumplimiento a una orden de búsqueda y presentación.

Señaló que los agentes federales la condujeron con lujo de violencia hasta la Ciudad de México.

“El delito fue por delincuencia organizada y uso de documentos falsos. Se le investigó en bancos y el Registro Público de la Propiedad y la información de la PGR no fue suficiente para afirmar que la diputada hubiese tenido uso indebido de sus recursos. Por tanto, delincuencia organizada no prosperó, solo uso de documentos falsos”.

El litigante pidió a los diputados apegarse a derecho y pronunciarse en contra del desafuero.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Comisión Instructora, afirmó que Sánchez usó documentos falsos que le imputan la probable responsabilidad, y este órgano legislativo determina que existen méritos suficientes para emitir la declaración de procedencia.

“Esta Sección Instructora considera que obran elementos probatorios para demostrar un delito federal  por uso de documento falso y hay elementos que demuestran el cuerpo del delito. Por tanto, que se proceda penalmente contra la diputada y se proceda a desaforarla”, dijo

En tribuna, el sinaloense Manuel Clouthier Carrillo, diputado independiente, dijo que el narco es  la mayor amenaza a las instituciones mexicanas y a la incipiente democracia porque está metido en las más altas esferas y actividades del país, en todos los partidos políticos y poder ejecutivos y judicial y hasta en instituciones  de la salvaguarda nacional.

“la corrupción no es individual, es organizada. Y cuando se pone al descubierto  se pone de forma individual, como es el caso de la diputada Lucero Sánchez, que fue postulada por el Gobernador Malova”.

Empezar a limpiar la narcopolitica, agregó, fue el reclamo e los ciudadanos en la pasada elección en Sinaloa y otros estados.

El diputado Macedonio Salomón Tamez, de Movimiento Ciudadano, manifestó que “no nos engañemos ni engañemos al pueblo, la decisión no tendrá satisfecha la población. El fuero debe desaparecer y dar ocasión para estudiar este tema para que todo servidor publico pueda ser sometido  a la acción de la justicia”.

Aseguró que hay otras 350 demandas de juicios políticos en esta legislatura que permanecen “congelados”, y afirmó que esperan que este caso sirva de ejemplo para que Ministerio Público investigue nexos entre políticos y delincuentes, porque “la justicia no puede darse a pedacitos”

Alfredo Basurto, legislador de Movimiento de Regeneración Nacional, sostuvo que en este y otros casos, se aplica el criterio de “justicia para mis amigos, y la ley para mis enemigos”.

“Hay asuntos tan delicados para el país y si se procediera bien, muchos diputados estuvieran en la cárcel. Hay muchos delincuentes de cuello blanco y hasta se les premian con diputaciones y gubernaturas, y hoy se sanciona a una diputada por una falsificación de documento. La Sección Instructora no hizo bien su trabajo”.

Impunidad y corrupción, añadió, deben ser combatidas por los legisladores, y esto no se logra si se incurre en simulación.

“Resulta importante evitar que la delincuencia penetre la estructura de gobierno, sobre todo a servidores públicos. No permitiremos que el narco penetre la política. Debe sancionarse de acuerdo a la ley y de manera ejemplar para que no se repita”, dijo.

Juan Pablo Piña, de Acción Nacional (PAN), criticó el hecho de que se haya denunciado este caso, de la supuesta falsificación de documentos oficiales, ocho meses después de que se detectó esta irregularidad, en el penal del Altiplano.

“Hay corrupción e ineficiencia en el penal de máxima seguridad porque el juez dijo que no autorizó el ingreso. Otro dato es que el gobierno del Estado de Sinaloa le autorizó un acta de nacimiento en el 2014, tan solo 32 años después de la fecha de nacimiento y el responsable es el secretario General de Gobierno , Gerardo Vargas Landeros”.

Como un acto de congruencia, explicó, el blanquiazul votó a favor del dictamen, porque la ley debe aplicarse a quien la infrinja, pero también señalan irregularidades del Gobierno federal en torno al funcionamiento del penal de máxima seguridad.


(RIODOCE/ REDACCION/ 14 junio, 2016)

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