Y critica desatención del DIF
Hermosillo…
La nota del fin de semana describe que
varios menores de edad trabajan en los principales cruceros de Hermosillo,
arriesgándose de ser víctimas de atropellamiento, además que buscó la opinión
del DIF Municipal sin encontrar respuesta; sin embargo, nunca refiere a los más
de 50 niños pobres que utiliza para vender El Imparcial y La I en estos mismos
puntos de alto riesgo…
Hermosillo, Sonora (DP).-
Sorprendentemente, el periódico El Imparcial publica un reportaje sobre niños
que trabajan en la calle sin supervisión, cuidad, control y exponiendo su vida
en el tránsito vehicular, “limpiavidrios, vendedores y hasta malabaristas” sin
hablar sobre las decenas de menores que explota día con día como “papeleritos”.
La nota del fin de semana
describe que varios menores de edad trabajan en los principales cruceros de
Hermosillo, arriesgándose de ser víctimas de atropellamiento, además que buscó
la opinión del DIF Municipal sin encontrar respuesta; sin embargo, en ninguna
parte del reportaje refiere a los más de 50 niños pobres que utiliza para
vender El Imparcial y La I en estos mismos puntos de alto riesgo.
El 15 de diciembre del 2015,
Dossier Político consignó una campaña de desprestigio del periódico El
Imparcial contra la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el alcalde de
Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, a quienes presiona a cambio de la
firma de contratos multimillonarios en cobertura informativa y publicidad
oficial.
El último mes, las páginas
del rotativo de la calle Mina están plagadas de críticas inusuales de parte del
medio, cuyos directivos exigen de manera mediática al Gobierno del Estado
restablecer las relaciones “comerciales” y ante la falta de estos acuerdos, El
Imparcial ha emprendido una campaña desmedida con notas contra el alza al agua
y más deuda para Sonora.
Ese medio de comunicación ha
publicado sendas portadas relacionadas con las supuestas inconformidades
sociales y opiniones críticas contra la gobernadora de Sonora y el presidente
municipal de Hermosillo, lo anterior por el Presupuesto de Egresos 2016 donde
los diputados aprobaron una “reestructuración” por más de 22 mil millones de
pesos, alza a la tarifa del agua y la autorización de dos créditos por más de
mil 983 millones de pesos para Hermosillo.
Aparentemente, la intención
de El Imparcial es presionar a Pavlovich Arellano y al Maloro para reactivar
los jugosos contratos que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de
Hermosillo mantuvieron los últimos 6 años con la administración de Guillermo
Padrés Elías y los ex alcaldes Javier Gándara Magaña y Alejandro López
Caballero.
El 4 de julio del 2014,
Dossier Político publicó que el Ayuntamiento de Hermosillo llevaba a cabo un
intenso trabajo para detectar vendedores ambulantes en calles, plazas, barrios
y sectores comerciales de Hermosillo a fin de retirarlos de la vía pública; sin
embargo, privilegia a los voceadores de El Imparcial y otros medios de
comunicación impresos de Sonora.
Dossier Político solicitó vía
transparencia información sobre ¿qué permisos deben cumplir los voceadores de
El Imparcial y cuántos vendedores de este periódico existen en la capital de
Sonora?, la respuesta del Gobierno Municipal fue “no se le ha otorgado ningún
permiso municipal a dicha empresa”.
La solicitud de Acceso a la
Información Pública del Estado de Sonora con folio 00239414 presentada el día 6
de junio y respondida por la Secretaría del Ayuntamiento el 2 de julio, precisa
que esta información correspondió a la Dirección de Inspección y Vigilancia del
Ayuntamiento de Hermosillo.
Desde el inicio de la
presente Administración, se han establecido fuertes y firmes medidas para
evitar el ambulantaje en Hermosillo, más aún en tiempos de festividades como
las Fiestas del Pitic, Regreso a Clases, Fiestas Patrias y decembrinas donde
los inspectores realizan intensos operativos para retirar de la vía pública a
los vendedores irregulares.
Sólo basta recordar el retiro
masivo de vendedores ambulantes del Parque Madero que fue amurallado con
grandes vallas metálicas con la intención de “proteger” las áreas verdes y
establecer negocios formales para beneficios de familiares cercanos al poder
público y político de Sonora.
El caso de los hogdogueros de
la Universidad de Sonora es una muestra más de ello.
La ilegalidad cometida
durante décadas por El Imparcial y posteriormente por otros medios impresos de
la localidad es una constante como lo es el hecho de convertirse en un “Juez
Social” con peligrosas complicaciones como lo es el hecho de publicar
fotografías con los rostros de personas que son detenidas por la Policía
Municipal, Estatal o Federal.
Las demandas y juicios
civiles de forma masiva contra este medio de comunicación se estarían fraguando
por violar el principio de presunción de inocencia que establece el Código
Penal.
El 27 de febrero del 2014,
Dossier Político documentó que es muy común que medios locales y nacionales,
sobre todo de tinte policíaco, incurran en la violación al principio jurídico
de “presunción de inocencia” al presentar imágenes fotográficas o televisivas
de una persona que presuntamente cometió un delito, antes de que un juez lo
declare culpable.
El abogado litigante Jorge
Pesqueira Leal aseguró que cuando se detiene a una personas aún en flagrancia,
“se tienen que investigar para que se le integre una averiguación previa,
además “de contar con elementos para que se le dicte una orden de aprensión” o
auto de formal prisión, si está a disposición de una autoridad judicial.
“Que se capture a una persona
con el arma en la mano, con el cadáver a un lado y hay flagrancia cuando se
detiene eso, no significa que sea responsable; no se sabe qué factores
concurren, por eso el principio de ´presunción de inocencia´ los protege hasta
en tanto no se dicte sentencia”, aseveró.
Precisó que cuando una
persona es declarada culpable, por un juez, es cuando realmente se debe de
presentar ante los medios de comunicación y decir que esa persona es un
delincuente, dijo que de lo contrario, se violan sus garantías contemplado en
el Artículo 20 contemplado en la Constitución Política Federal.
Pesqueira Leal señaló que al
violentarse esa garantía constitucional, puede darse la punta para investigar
al funcionario que ha llevado a cabo este tipo de acciones que se presentan en
todos los niveles de Gobierno de todos los Estados de la República, incluido el
Distrito Federal.
El 11 de julio del 2014, DP
consignó que un humilde “papelerito” de ese medio denunció que por la venta de
un ejemplar ganaba 50 centavos por cada periódico vendido a 10 pesos en los
principales cruceros con la anuencia del Ayuntamiento de Hermosillo, una
explotación laboral de niños y ancianos.
Dossier Político consultó a
varios de estos pequeños que a diario se levantan a las 4 de la mañana para
echarle ganas ala vida como cualquier adulto que busca llevar el plato de sopa
a la mesa, niños que son explotados con o sin elconsentimiento de sus padres;
en muchos de os casos son niños que desertaron de la escuela ante la falta de
un tutor.
Sin más opciones que vender
El Imparcial y La I, “Roberto”, de 10 años, dice a DP que se ve obligado a
vender 100 ejemplares para recibir apenas 50 pesos al día, lo que normalmente
no sucede pues alcanza a vender unos 30 ó 40; es decir, unos 15 ó 20 pesos son
los que lleva a su casa si es que no compró su botellita de agua de 10 pesos o
una torta de 20 pesos.
Claro que los 50 pesos nunca
los ha visto y si los conoce, es porque tiene que dar feria.
Por décadas, El Imparcial se
ha dedicado a la explotación laboral infantil con toda impunidad, sin ser
molestado por lo que consideran los políticos y funcionarios públicos como
“valores entendidos”, lo anterior por temor a que el periódico de la calle Mina
tome revanchas políticas, como esas de los priístas y panistas con garrote en
mano.
De las 5 de la mañana y hasta
que venda el último a mediodía o después, “Roberto” espera en uno de los
cruceros más transitados de la ciudad que algún hermosillense considere su
condición económica
El caso de doña “María” es
muy similar al de “Roberto”, sin ninguna protección legal, ni de seguridad
social, se expone como decenas de niños “papeleritos” a sufrir un “golpe de
calor” que El Imparcial jamás asumirá.
La ilegalidad se comete bajo
el amparo y el proteccionismo del Ayuntamiento de Hermosillo y el Gobierno del
Estado, ambos entes comparsas de la explotación laboral en Sonora.
(DOSSIER POLITICO/ Jesús Ortega /
2016-04-11)
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