La anunciada reestructuración al
interior del Poder Judicial en la entidad ya está en marcha y, de inicio, tres
Juzgados tradicionales serán cerrados; se ha fortalecido el trabajo en la
Secretaría General, se ampliaron horarios en Oficialía de Partes y ya se
programa el paso al expediente y la firma electrónica. En el caso del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, arranca en dos meses en Tecate -con lo básico-,
luego en Ensenada y Tijuana -donde hay un plan B, con instalaciones
provisionales en tanto concluyen los Centros de Justicia-; en tanto que en
Rosarito y San Quintín se espera apoyo estadounidense para equipar las
instalaciones
Como parte del proceso de
reorganización al interior del Poder Judicial, especialmente en Mexicali, tres
de los seis Juzgados penales “tradicionales” serán cerrados.
Se trata de los Juzgados
Segundo, Cuarto y Quinto, cuyo personal será reorientado a otras áreas, promovido,
o dado de baja. Permanecerán en funciones otros tres Juzgados, que se dedicarán
a casos relativos a la ejecución de sentencias.
La medida se toma luego de
que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) impera en la administración de la
justicia en Mexicali y los casos en los Juzgados tradicionales se van
desahogando. Además, explicó Jorge Armando Vázquez, presidente del Tribunal
Superior de Justicia, “la reingeniería va encaminada a fortalecer el aparato
jurisdiccional y adelgazar organizacionalmente el área administrativa. Desde la
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sabíamos que la carga de
trabajo se iba a empezar reducir año con año, al grado de que a los seis
Juzgados tradicionales que existen en Mexicali, la carga de trabajo es mínima,
200, 300 expedientes”.
Ejemplo de ello es el Juzgado
Quinto Penal, donde ya solo atienden alrededor de 150 expedientes; aunque tiene
carga por narcomenudeo, dado que en las reformas legales de 2012 se dispuso que
ese rubro sería fuero estatal, pero con la entrada del Código Nacional de
Procedimientos Penales, pasará al Nuevo Sistema.
Vázquez hizo ejercicios para
ver cómo reforzar las áreas en materia jurisdiccional; a la par, analizó que
cerrar Juzgados implicaría indemnizar al personal al darlo de baja, entonces se
optó aprovechar la experiencia de esa plantilla de Juzgado tradicional.
Actualmente un Juzgado, solo en gasto corriente, implica 5 millones de pesos
anuales. Con la reingeniería calculan ahorrar la mitad de esa cantidad.
“Empezamos a revisar y
valorar perfiles, para reforzar un área de Segunda Instancia: la Secretaría
General”, dice del área encargada de realizar los trámites de todos los
recursos que llegan por las sentencias que dictan los jueces penales, civiles y
familiares; área dividida por secciones Civil, Penal y Amparos.
“Era un caos cuando llegue
aquí”, expone Vázquez recordando cómo desde 2007, cuando asumió su cargo como
magistrado, propuso revisar la situación de la Secretaría General, a la que
caracteriza con una organización muy deficiente. De ahí que una de las ideas
centrales sea que personal de los Juzgados pueda ser reubicado en la Secretaria
General para fortalecerla y hacerla eficiente. De hecho, en el Juzgado Quinto
actualmente quedan cinco, seis empleados, otros han sido reubicados a la
Secretaría General, especialmente a la sección de Amparos.
En esa dinámica, el
magistrado presidente calcula que el Juzgado Quinto Penal podría estar cerrado
en dos semanas.
Con esta reingeniería la
decisión es cerrar -además del Quinto- el Cuarto y el Segundo, a la par de
conservar el Primero y el Sexto, dejando el Tercero para que se encargue
exclusivamente de las ejecuciones de sentencia. “Vamos a convocar a un concurso
para juez de ejecución”, adelanta Vázquez en referencia a que antes de que
termine este año ya estarían cerrados el Cuarto y el Segundo.
Otro objetivo: especializar
Juzgados. Del área Mercantil, por ejemplo, y canalizar ahí los Juzgados de Paz,
para lo cual requerirían más actuarios, que podrían ser los que están en los
Juzgados penales tradicionales.
Al tiempo que estas medidas
van encaminadas a hacer más eficiente la administración de la justicia,
despiertan incertidumbre entre los empleados de los Juzgados tradicionales. Con
ellos, dice Vázquez, ya ha hablado, pero es reacio: “No a toda la gente la vamos
a poder reubicar, lamentablemente sí vamos a tener que prescindir de personal”.
Sin embargo, la reingeniería
trae consigo el uso de tecnología para hacer más eficientes y ágiles los
trámites, lo que provocará más actividad para juzgadores y, por ende,
crecimiento.
En el Valle de Mexicali
también habrá cambios. El plan es desaparecer los tres Juzgados penales
tradicionales -Algodones, Guadalupe Victoria y San Felipe- y quedarían para
materia Mercantil, Civil y Familiar. Otra modificación: la ampliación del
horario hasta las una de la mañana en Oficialía de Partes -recién publicado en
el Boletín Judicial-, lo que había sido un añejo reclamo de los abogados en
todo el Estado.
De hecho había un atraso en
las remisiones de Oficialía de Partes hacia los Juzgados -llegaron a cerca de
600 promociones acumuladas-, rezago que en menos de diez días ya se ha
eliminado.
TECNOLOGÍA, ACTUARIOS, CONVIVENCIA
En la modernización
tecnológica, el Tribunal Superior de Justicia va por la implementación del
expediente electrónico para darle celeridad al trámite, optimizar y evitar el
gasto en insumos -como el papel-, además de ahorra en tiempos, traslados.
“El aplicar la tecnología nos
va a permitir no gastar tanto en papel, tinta, impresoras, pero desde el punto
de vista de la administración de justicia, vamos a lograr ahórranos tiempos, lo
que significa agilizar el proceso”, dice el magistrado presidente del Tribunal
de Justicia.
Refiere que en Estados como Tamaulipas, Guanajuato,
Quintana Roo y Baja California Sur ya está implementado el expediente
electrónico. Aparte de papel y tinta se puede ahorrar en actuarios
–notificadores- gasolina, tiempo.
El expediente electrónico
está ligado a la firma electrónica -el ejemplo del Servicio de Administración
Tributara es el más cercano-, lo que significará que con esta firma electrónica
se avalará digitalmente toda la actividad jurisdiccional. Eso implicará que se
oficialice un padrón de abogados, su registro, el otorgamiento de una clave
para hacer trámites electrónicos desde una computadora, una tableta electrónica
e incluso desde un teléfono celular.
Actualmente está en trámite
el proceso para la adjudicación directa del software de firma electrónica y la
implementación de esta en el NSJP; en el área tradicional la idea es que en el
presupuesto de 2016 se pueda obtener el recurso para implementarlo. Calculan un
costo cercano a los 4 millones de pesos.
En cuanto a la Central de
Actuarios y los Centros de Convivencia Familiar -esta última instancia esperan
inicie operaciones en Mexicali en diciembre-, se trabaja en la propuesta de
ampliación presupuestal -4 millones de pesos-, y ya hay proyecto y recurso
humano; están en búsqueda de opciones de arrendamiento o, en su caso, comodato
con el gobierno estatal.
NSJP, MEDIO DIFÍCIL
Sobre la entrada del Nuevo
Sistema de Justicia Penal en el resto de los municipios, Jorge Armando Vázquez
comenta que el 11 de noviembre iniciará operaciones en Tecate. “En tres semanas
estaremos listos, el pleno del Tribunal estará decidiendo quién va a ocupar las
plazas de jueces de Garantías”. Serán seis.
Con la experiencia de
Mexicali, en Tecate podrían iniciar el funcionamiento con apenas dos jueces,
dado que en este modelo lo que se pretende es no llegar al proceso final, por
lo que se prioriza en justicia alternativa y medios alternativos de solución de
conflictos. La idea es que los otro cuatro jueces seleccionados puedan auxiliar
en Mexicali en casos de licencias, vacaciones.
Por lo pronto ya están
habilitadas las salas -falta el equipamiento- y el personal administrativo,
mínimo cuatro, cinco personas. Se calcula que este arranque significará un
gasto aproximado a 9 millones de pesos.
En la lista seguiría
Ensenada, programado el inicio para enero o febrero de 2016, aunque el
presidente del Poder Judicial del Estado asume: “La veo medio difícil”.
Respecto a Tijuana, los
cuatro operadores –Defensoría de Oficio, Ministerio Publico, Seguridad Publico
y Poder Judicial- analizan el arranque a más tardar en junio de 2016. Ante el
tema presupuestario, Vázquez menciona
una propuesta que incluye realizar una serie de adecuaciones en el edificio del
Poder Judicial anexo al CERESO (penitenciaría en La Mesa) y habilitar el primer
piso para salas.
Esto mientras se termina el
inmueble grande, el Centro de Justicia donde se pretende concentrar los cuatro
operadores y trasladar a personal -jueces, defensores-, aunque el proyecto de
infraestructura lo realiza el Ejecutivo.
Para ese proyecto -aprobado-
ya hay un espacio seleccionado en la zona del Bulevar 2000, y se había
programado poner la primera piedra en agosto de este año, hecho que al momento
no ha sucedido.
“Nosotros como Poder Judicial
estamos inquietos por estar listos”, comenta el magistrado Vázquez, por eso la
idea de proponer un plan B y utilizar el inmueble del Poder Judicial en La
Mesa. Y es que en ese punto hay dos áreas que estaban destinadas al
narcomenudeo. La idea es subir de piso los dos Juzgados tradicionales y
habilitar ese primer piso y crear cuatro salas para el NSJP.
En Ensenada, el proyecto del Nuevo
Sistema de Justicia Penal -en un terreno adjunto al CERESO, en la salida a Ojos
Negros- contempla terminar el inmueble en abril del año próximo. De no estar
listo el edificio, se buscaría implementar un plan alternativo que incluye la
habilitación de casas móviles. En San Quintín se pretende contar con una Sala
Oral.
“Si en abril está listo el
Centro de Justicia, en dos meses equipamos. En caso de que no, arrancamos en
casas móviles”, aclara el magistrado presidente, quien afirma, en el puerto lo
óptimo sería instalar ocho salas.
“En Rosarito no tenemos
ningún problema, falta equipamiento”, añadiendo que la semana pasada se reunió
con un representante de la embajada estadunidense -parte de la Iniciativa
Mérida-, quien asumió el compromiso de que si las salas de Rosarito y San
Quintín están listas, se compromete a equiparlas en un mes, con recursos de ese
proyecto, “para mí, esa es una de las cosas más seguras que va a haber,
Rosarito y San Quintín”, considera el funcionario judicial, y sintetiza:
“En lo que respecta al Poder
Judicial podemos decir que estamos listos, pero hay que reunirnos con los otros
operadores, tenemos que estar trabajando en conjunto, los tiempos están muy
acotados”,
JUZGADOS
En los Juzgados penales
“tradicionales” hay incertidumbre entre los empleados, dado que no saben
exactamente cuáles cerrarán operaciones y quiénes serán reubicados -y en
dónde-. Cada uno promedia entre 300 y 400 causas, aunque la mayoría tiene que
ver con narcomenudeo y sobre un posible reacomodo nada saben, aunque advierten
que de cerrar la mitad, se cargaría el trabajo a los que queden.
“Sería pesado”, asegura una
de las juezas, aunque añade que “si antes podíamos, debemos de poder ahora”, en
alusión a los más de mil 200 casos que llegaron a tener antes del Nuevo
Sistema.
Temerosos de abordar el tema
públicamente, la mayoría expone que no hay más información que la escasa que ha
trascendido en la prensa: “Sí hay mucha incertidumbre, deberían informarnos,
todo eso tiene repercusiones, aquí los que trabajamos somos personas…”.
“NO ME VA A DETENER…”
En cuanto a la inconformidad
generada por recientes cambios, el magistrado presidente menciona casos como el
área de contabilidad donde la titular fue removida: “La supervisión de ella era
mínima, los que estaban trabajando eran los órganos secundarios”, asume el
titular del Poder Judicial, en una plaza ni siquiera estructurada dentro del
organigrama y que anualmente costaba cerca de un millón de pesos erogados en
una plaza innecesaria. Caso similar fue lo sucedido en Contraloría. “Todos los
cambios que se han presentado obedecen al tema presupuestal. El Poder Judicial
estaba operando con el 10 por ciento del presupuesto, el 90% se estaba yendo al
recurso humano. Lo que sigue es el Instituto de la Judicatura, es el último.
De la situación del Tribunal,
“somos 17 y cada uno tiene su manera de pensar, algunos compartimos propuestas
de los magistrados, otros no las compartimos, es un intercambio de opiniones…Es
normal que pase eso en un órgano colegiado”, menciona Jorge Armando Vázquez.
“Lo que puedo decir es que
los cambios que se han suscitado tienen un solo objetivo: modernizar el Poder
Judicial. A mí no me va a detener nada de esto que está pasando, con tal de que
el Poder judicial se modernice”.
QUEJAS
- “Tenemos una audiencia
programada desde abril de este año y lamentablemente no empezamos a tiempo, no
existe el orden que debe existir, sigue habiendo saturación de las audiencias,
de audiencias que se programan a la misma hora. Estos detalles, después de
cinco año debieran estar superados, son vicios que se vienen arraigando, es
preocupante”, afirma Pedro Ariel Mendívil, de la Federación Estatal de
Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados.
- “No veo nada conveniente que con ese pretexto -el de
la reingeniería- se van a traer a los jueces tradicionales a este Nuevo
Sistema, no lo conocen y van a venir a lesionarlo. Ellos eran secretarios de
Acuerdos, habría que regresarlos a sus plazas y que se concursen por personas
capacitadas para este Nuevo Sistema. En estos cinco años me he dado cuenta que
ha habido jueces que desafortunadamente no se quitaron ese chip del sistema
tradicional, lo tienen más arraigado. La oposición que tiene a dejar su cargo
como jueces es porque saben que no están capacitados para entrar a este Nuevo
Sistema. En el litigio me he encontrado jueces que les ha costado mucho trabajo
quitarse el chip y han ocasionado daño a la evolución al Nuevo Sistema”, opina
por su parte Hernán López Frank, ex presidente del Colegio de Abogados de
Mexicali.
- “La defensa de nosotros
lleva dos asuntos diferentes, hay uno por robo calificado y otro por homicidio,
pero resulta que los abogados de nuestra defensa, están en los dos juicios. En
uno de esos procesos está una juez que también está en el otro. No puede esa
juez estar en los dos juicios a la vez. Es una falla, una falta de respeto, una
violación manifiesta de la administración del Poder Judicial del Estado de Baja
California. Se van a diferir más las audiencias, los imputados van a estar más
tiempo detenidos, y eso va en detrimento de la persona”, reflexiona José Juna
Castro Crespo, miembro del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre de
Derecho.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Sergio Haro
Cordero/ 07 de Septiembre del 2015 a
las 12:00:39)
No hay comentarios:
Publicar un comentario