El Instituto de la Defensoría
Pública de Nuevo León se ha esforzado por aumentar el tabulador de sueldos de
sus litigantes, pero aún así persisten las denuncias sobre abogados pidiendo
compensación extra a los procesados para acelerar su defensa
“(El abogado de oficio debe) abstenerse
de solicitar, cobrar o recibir honorarios en numerario o en especie, o
cualquier otro beneficio, directa o indirectamente, con motivo del desempeño de
su encargo” artículo 60del Reglamento de la Ley de la Defensoría Pública
En Nuevo León, del 80 por ciento de los
casos penales que se ventilan, su defensa proviene del defensor público
Aunque ahora los litigantes
de oficio tienen un mejor salario, en comparación con años anteriores, aún así persisten en
prácticas de corrupción al solicitar compensaciones extras a los procesados
para una mejor defensa.
Según consta en la página de
transparencia de este instituto, el tabulador de sueldos para abogados llega
hasta los 40 mil pesos.
La religiosa Consuelo
Morales, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC),
asegura que los procesados denuncian a los defensores públicos por esta
práctica cuando ya están encarcelados.
“Les piden dinero para
sacarlo o que pase el proceso de tal manera”, sostuvo Morales.
Esta versión fue confirmada
el pasado 6 de agosto durante la mesa de transición del equipo del gobernador
electo Jaime Rodríguez Calderón con la Secretaría General de Gobierno.
El director del Instituto de
Defensoría Pública, David Peña González, reveló que habría despedido a dos
defensores de oficio por solicitar “moche”.
“Y en algunas ocasiones todos
nos equivocamos, no conozco una institución perfecta”, consideró el
funcionario.
El artículo 60 del Reglamento
de la Ley de la Defensoría Pública señala que el abogado de oficio debe
“abstenerse de solicitar, cobrar o recibir honorarios en numerario o en
especie, o cualquier otro beneficio, directa o indirectamente, con motivo del
desempeño de su encargo”, dice el texto.
Otra mala práctica muy
recurrente de los defensores de oficio hacia los procesados está en el poco
interés de los abogados por realizar una buena defensa y tener contacto directo
con el cliente.
“Y es que la inmensa mayoría
de los abogados de oficio no tiene contacto con su cliente, muchos no lo
conocen, se los cambian y unos no saben quién es su defensor”, explicó Consuelo
Morales.
Añadió que se ha hecho un
esfuerzo para lograr que los litigantes tengan un buen salario.
“Los abogados de oficio antes
tenían un salario muy bajito, pero ahora el nivel salarial es alto, y tenemos
igual o más grave la situación en la Defensoría, porque tenemos una gran
cantidad de internos del cual, el 40 por ciento está en vinculación a proceso”,
dijo Consuelo.
En Nuevo León, del 80 por
ciento de los casos penales que se ventilan, su defensa proviene del defensor
público.
Reporte Indigo adelantó que
el Instituto de la Defensoría Pública está en una crisis interna de
transparencia por la falta de buenos resultados.
Y que bajo el estigma de una
imagen incompetente, la ciudadanía pareciera tener la percepción de que un
defensor público es de poca o nula ayuda cuando se enfrenta un caso penal.
Incluso, organizaciones
civiles consideran que asesorarse por un defensor público durante un caso penal
es prácticamente una condena a pisar la cárcel.
NADA LOS RIGE
El Instituto de la Defensoría
Pública estatal opera sin fundamento, al no contar con la aprobación del
Gobierno estatal para la ejecución del reglamento de este organismo.
Y sin este estatuto, los
abogados trabajan sin un código de operación o sanción que los rige en
abstenerse de pedir “moches” a las personas vinculadas a proceso.
“No hay nada que nos rija,
porque la ley habla en términos muy generales, pero si tu vas a otra secretaría
tiene su ley y reglamento, y eso es muy importante en términos administrativos.
“Hoy el Instituto de la
Defensoría de Nuevo León no tiene un reglamento porque el Gobierno no lo hace
oficial”, reveló una fuente de la Defensoría.
Actualmente, este organismo
sólo cuenta con una ley, pero debería contar con el Reglamento a la Ley del
Instituto de la Defensoría Pública de Nuevo León.
“Vivimos en un estado de
Derecho, muchas de las cosas que hacemos de la operatividad de la Defensoría no
vienen en la ley, está en el reglamento, pero estamos actuando sin soporte
jurídico porque no tenemos reglamento”, refiere la fuente.
Agregó que la falta del
estatuto apunta a que el Gobierno estatal intentó quitarle la autonomía
financiera al Instituto de la Defensoría Pública.
“Hace dos años el Gobierno le
empieza a quitar la autonomía financiera a la Defensoría Pública, no en la ley, pero sí en la operatividad.
“El año pasado salió una
reforma a la ley de la Defensoría Pública de Nuevo León, y tenía que salir el
reglamento, y a la fecha no ha salido porque no lo ha firmado el Gobierno, pero
no lo hace porque quería quitarle la autonomía financiara”, reveló el
informante.
CASOS NO DEBEN LLEGAR A JUICIO
Demetrio Cadena Montoya,
director del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial estatal, explicó que
los defensores públicos tendrían que evitar que el caso llegue a juicio.
“Hoy en día un defensor que
llegue a juicio su caso, es porque no pudo solucionar el problema antes, hay
delitos que son complejos, pero en un asunto menor, el llegar a juicio es
porque no pudo desplegar otras habilidades el defensor.
“El reto es solucionar la
mayor parte de los asuntos en un grado de conformidad bastante alto en ambas
partes en los asuntos civiles y delitos menores. Y en delitos mayores es hacer
un buen juicio de defensa”, explicó el director.
Los abogados y defensores en
el Nuevo Sistema Penal Acusatorio tienen como obligación invitar a sus clientes
a que existen otras alternativas para resolver un conflicto.
“Hay asuntos que no son muy
importantes y desgasta mucho a la ciudadanía, todos los problemas tienen un
impacto para ellos, pero quieren tener una solución y no quieren llegar a
juicio”, explicó Cadena.
Consideró que los defensores
públicos poco a poco están ganando confianza en la ciudadanía para llegar a
acuerdos para ambas partes.
“Se ha podido observar que la
mayoría de los asuntos los tiene la Defensoría Pública, y se han preparado a
los defensores públicos, tengo entendido que la Defensoría, al menos la local,
está reconocida a nivel nacional.
“Se ha tocado el tema que la
Defensoría de Nuevo León es la que tiene un nivel de avance importante, incluso
trabajamos con ellos en la capacitación, pero los que más han estado pegados a
aprender el nuevo sistema son los defensores públicos” concluyó Cadena.
(REPORTE INDIGO/ JESÚS PADILLA / Lunes 7
de septiembre de 2015)
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