CNTE: LA CONEXIÓN GUERRILLERA

El Gobierno federal está bastante enojado con la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En las negociaciones en la Secretaría de Gobernación les dio todo lo que pidieron –salvo lo imposible de la abrogación de la reforma educativa–, que incluía la no sanción administrativa por abandonar sus trabajos, ninguna represalia penal, reposición de salarios no devengados, destitución de funcionarios locales y hasta la liberación de varios de sus miembros capturados por el secuestro de los sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, en 2012. A cambio, se pedía el levantamiento del plantón en el centro de la Ciudad de México y que regresaran a clases en Oaxaca. Incumplieron.

La molestia en el Gobierno federal fue mayúscula, a decir de las consecuencias de haber engañado al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, encargado de las negociaciones, y al operador político mexiquense, Alejandro Ozuna, actualmente jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la dependencia. Les dijeron que se iban, y no lo hicieron. Los radicales de la Sección 22 rebasaron los liderazgos, forzaron mantener la movilización en busca de la provocación y la recuperación del oxígeno que se les ha ido. Este lunes les respondió el Gobierno.

En el Informe de Labores de la PGR hecho público en Internet, dice en su página 53 que el 22 de mayo pasado se ejerció acción penal en contra de 13 miembros de la Sección 22 de la CNTE, por el delito de delincuencia organizada y secuestro. Pero lo que no había dicho de manera explícita la PGR era su vinculación al Ejército Popular Revolucionario (EPR). “Las víctimas fueron liberadas sin pago alguno, destacándose que esta célula criminal operaba en el Distrito Federal”, indicó la PGR. “Se logró asegurar 748 mil pesos, además de propaganda de grupos subversivos como el EPR”.

En un comunicado el 30 de mayo, el EPR negó las acusaciones que se habían comenzado a formular en la prensa. “De frente al pueblo –afirmó–, sostenemos que los presuntos responsables no tienen nada que ver con nosotros. Queda claro para todos, que profesores y activistas políticos fueron detenidos-desaparecidos temporalmente, bajo falsa acusación han sido encarcelados arbitrariamente”. La PGR, que obtuvo la confesión de las vinculaciones con el EPR por parte de algunos de los maestros detenidos, lo desmintieron.

El pasado 5 de junio, bajo el título de “Las pinzas del EPR”, se publicó en este mismo espacio la relación de maestros oaxaqueños con la guerrilla. Entre lo difundido se encuentra este párrafo: “La Sección 22 responde a la disidencia en la Coordinadora, y ha sido bastión histórico de cuadros del EPR. Una de las personas detenidas, Sara Altamirano, salió de Jalapa del Marqués, en la zona Loxicha, ligada por oriundez y línea política a uno de los dirigentes históricos del EPR, el ex dirigente magisterial, Erangelio Mendoza. De ahí se desprendió otro comandante eperrista, Rafael Sebastián, asesinado hace ocho meses, y al cual vinculan a Altamirano, así como el líder magisterial en el conflicto de 2006 en Oaxaca, Enrique Rueda, actualmente en Canadá”.

Ese texto provocó una referencia directa a este reportero en un comunicado el 29 de agosto, donde afirmó que eran “calumnias y elucubraciones policíacas con un solo propósito: justificar la represión y el baño de sangre. ¿Qué le hemos hecho señor Riva Palacio?”, añadió el EPR en el comunicado. “¿Por qué tanta saña en contra de nuestro partido? ¿Nos quiere ver muertos, presos, o detenidos-desaparecidos? ¿Por qué insiste en vincularnos con la delincuencia?”. Según la guerrilla, se trataba de “una escalada contrainsurgente y en contra de nuestro partido… para deslegitimar el carácter revolucionario de nuestra lucha y justificar nuevos crímenes de lesa humanidad”.

El EPR tiene ahora la acusación directa de la PGR. Pero al manejarse fuera de la legalidad, es sólo parte de su lucha revolucionaria. El problema de fondo lo tiene la Sección 22, donde por primera vez la señala una autoridad federal de tener células del EPR entre sus miembros. La Sección 22 hizo de la exigencia de la liberación de los maestros acusados del secuestro de los sobrinos de Gutiérrez Candiani, una de sus principales banderas de la movilización. También se llegó a un acuerdo para que se fuera desmontando la gravedad de la acusación, cuando menos en algunos de los maestros presos, pero no fue suficiente para los radicales. Entre esos cuadros, saben las autoridades federales, hay células eperristas. La forma llana y directa con la que los desnudó la PGR este lunes, escala la forma como va a tratar el gobierno federal a esa Sección 22, que se sigue jugando en las calles de la ciudad de México su viabilidad y, quizás, sobrevivencia como grupo de presión magisterial.

 

(ZOCALO/ Columna de Raymundo Riva Palacio/ 02  de Octubre 2013)