México, DF.- Rafael Caro Quintero es un hombre que no sólo compró todas las joyas, armas, vehículos y mujeres que el dinero pudo comprar. Por encima de esto, el narcotraficante liberado semanas atrás fue un comprador de hombres. Y no de hombres comunes y corrientes, sino de aquellos colocados en una de las áreas más sensibles del Estado mexicano durante el último período de la Guerra Fría: la agencia de inteligencia mexicana, la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Los detalles de cómo el mariguanero sinaloense tasaba el valor de la
conciencia de directores, comandantes y agentes de la DFS –la versión
muy a la mexicana de la CIA estadounidense, la KGB soviética y la Stasi
alemana– aparecen en el expediente del asesinato del periodista Manuel
Buendía.
Caro Quintero, el narcotraficante que salió libre semanas atrás posee una poderosa relación con el primer asesinato o al menos el más notorio homicidio de un periodista mexicano por su conocimiento de las relaciones entre el narcotráfico y las autoridades, más precisamente aquellas que deberían combatirlo.
Los documentos obtenidos por SinEmbargo muestran que el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, en 1985, tiene como precedente el asesinato del periodista Manuel Buendía, perpetrado en 1984.
El recorrido documental ofrecido para hoy y los siguientes días muestra cómo los cárteles mexicanos son corrientes originarias de ese pacto entre contrabandistas de drogas y la policía política mexicana en tiempos del presidencialismo mexicano, los días en que la leyenda negra del PRI asegura que nada ocurría en el país sin el conocimiento del Presidente.
Todo lo que brilla es oro
Armando Pavón trabajaba con toda la autoridad en Guadalajara desde la ausencia de “Kiki” Camarena. Era el primer comandante de la Policía Judicial Federal y encargado de la investigación de los levantones de Enrique Camarena y Alfredo Zavala. Con el agente muy probablemente muerto y el asunto ya manejado como de afrenta nacional, los estadounidenses exigieron todas las garantías al gobierno mexicano de ir tras los secuestradores de “Kiki”, como llamaban al carismático policía México-americano.
El Procurador General de la República, Sergio García Ramírez, emplazó a Jalisco a su mejor hombre, Armando Pavón, cuya primera orden en el caso le fue dada el 9 de febrero de 1985. Asistiría a tres agentes de la DEA de apellidos Aguilar, Leyva y Delgado en el aeropuerto de Guadalajara en la búsqueda de aviones propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo “El Padrino”, jefe de la organización junto con Caro Quintero y Ernesto Fonseca.
Pavón pidió el apoyo de otros dos comandantes de la Policía Judicial Federal y 24 policías de la misma fuerza. Junto con los tres hombres de la DEA, el grupo se concentró en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR).
–Comandante, por ahí anda un cabrón armado, dos o tres hangares para allá –susurró un operador a Pavón.
El jefe de la judicial federal ordenó al grupo desplazarse al lugar y rodearlo. Al llegar, encontraron que no era un hombre, sino 15 y todos armados con rifles AK-47 alrededor de un jet Falcon blanco con rayas amarillas. Cada quien apunto a alguien del otro bando.
–¡Bajen las armas, hijos de la chingada! –rugió Pavón.
–¡Bájenlas ustedes! –respondieron desde el otro lado.
Detrás, el piloto apagó los motores. Desde la torre de control se impidió el aterrizaje de un helicóptero con dos asesores norteamericanos.
–¡Federales!
–¡Federales nosotros!
–¡Judicial Federal! –anunció uno de los agentes al lado de Pavón
–¡Dirección Federal de Seguridad! –respondieron del lado de los hombres que custodiaban el jet.
–¡Judicial del Estado! –terciaron algunos acompañantes de los anteriores.
–¡Tranquilos, tranquilos todos! Vamos a identificarnos –propuso alguien.
–¡Que se acerquen los que sean comandantes!
Más crímenes que castigo
Si se quiere ver cómo agentes de la Dirección Federal de Seguridad vivían por encima de cualquier sueldo obtenido con honestidad y cómo los usos y costumbres de narcos y policías eran la misma cosa en la década de los 80, sólo falta ver la descripción de los objetos que llevaban consigo algunos de los cómplices del crimen de Buendía cuando ingresaron a prisión:
*Juventino Prado Hurtado, el jefe de la Brigada Especial de la Dirección Federal de Seguridad. Vivía en la colonia Clavería, una de las pocas zonas consideradas de clase media alta de la delegación Azcapotzalco del DF. Llevaba un Reloj Rolex Oyster Perpetual modelo GM Master automático y una cartera rota de piel café con 1 millón 272 mil pesos.
*Raúl Pérez Carmona, comandante adscrito a la Brigada Especial. Es originario del Distrito Federal, con escolaridad el primer año de preparatoria. Reloj Rolex Oyster Perpetual modelo GM Master automático, con carátula negra y caja y pulsera de acero y oro de 14 quilates.
*Sofía Naya Suárez, agente de la Brigada. Fue detenida mientras usaba un reloj para dama marca Rolex Cellini con carátula negra, números romanos, caja de oro de 18 quilates y pulsera de piel. Una gargantilla planchada de oro de 14 quilates, un anillo con un brillante corte limpio blanco, tres argollas unidas de oro combinado, pulserita trenzada combinada de oro, anteojos de sol italianos y 53 mil 400 pesos.
El 31 de agosto de 1989, el juez llamó a Caro Quintero para que testificara. Con tono plano, la secretaria del juzgado exhortó a Caro Quintero para que se condujera con la verdad. A lado de la funcionaria judicial, el fiscal y el abogado del ex director Federal de Seguridad miraron al hombre acercarse a los barrotes. La mujer le recordó que debía responder a los cuestionamientos. El sinaloense se aseguró que lo escuchara.
–Yo ya estoy sentenciado, no quiero declarar– e incrementó el volumen de su voz– ¡Y chinguen a su madre!
Se le propuso que sólo respondiera las preguntas de su defensor. Así hizo el narcotraficante y, fundamentalmente, afirmó conocer al ex funcionario hasta el momento en que se encontraron presos los dos en el Reclusorio Norte.
Al juez no gustó la invitación que le hizo el contrabandista y empleó el momento como un elemento probatorio por sí mismo en términos de que, si Caro era renuente con la autoridad y condescendiente con el acusado, existía relación anterior entre los dos –oficialmente– criminales.
El juzgador concluyó respecto de las complicidades de Zorrilla:
Agente implicado
“Teniendo el carácter de servidor público y aprovechando su cargo permitió en el año de 1984 la siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento y transportación de mariguana en el rancho El Búfalo que se ubica en el estado de Chihuahua, además extendió credenciales de una dependencia gubernamental a personas ajenas a la misma, dedicadas al narcotráfico recibiendo por ello grandes cantidades de dinero (…)”.
“José Zorrilla Pérez se encontraba relacionado ilícitamente con narcotraficantes a quienes les había expedido credenciales de la DFS para realizar actividades ilícitas, circunstancia que fue descubierta por el periodista Manuel Buendía Tellezgirón (…) Concibe la idea de privar de la vida a Manuel Buendía Tellezgirón en razón de que este había descubierto las actividades delictivas en las cuales estaba implicado”.
Recibió una sentencia de 29 años, cuatro meses y 15 días únicamente por el asesinato de Buendía que cumplirá el próximo año, aunque podría dejar la prisión en cualquier momento al mantener su reclamo de libertad anticipada y objetar sus padecimientos de salud al encierro.
-¿Qué hay en la mente de un hombre que entrega su nación al narcotráfico?
Durante su encarcelamiento, el ex jefe de la policía política resolvió en distintas ocasiones los test psicológicos de las prisiones capitalinas por las que transitó: los Reclusorios Norte y Oriente y la Penitenciaría del Distrito Federal.
Los psicólogos que estudiaron a Zorrilla concluyeron tras analizar sus dibujos de casas y personas, de revisar las frases con que proponía concluir ideas incompletas, de calcular sus tendencias psicopáticas, esquizoides o histéricas:
“Estructuró una personalidad egocéntrica, lábil y manipuladora, fantaseando con gran cantidad de metas y gran ambición para alcanzarlas (…) Busca reconocimiento y aceptación social, utiliza el mecanismo de defensa de la fantasía para compensar modificando su relación con las figuras que le representan autoridad, logrando acatar las normas y reglas establecidas.
“Sujeto egocéntrico, con rasgos narcisistas, sus relaciones interpersonales se caracterizan por ser de tipo utilitario ya que busca sacar provecho de los demás aunado a que busca reconocimiento social.
“Desvirtuada introyección de normas y valores sociales, oportunista, bajo control de impulsos aunado a su entorno laboral lo llevan a la comisión del delito. Niega su comisión”.
Zorrilla Pérez se ve más viejo de lo que es.
Ya compurgó las sentencias por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, portación de arma de fuego de uso exclusivo para las Fuerzas Armas y en cualquier momento quedará en libertad por el asesinato de Buendía, único por el que se le condenó.
Es decir, el sistema de justicia mexicano lo sentenció por cometer un asesinato para proteger una red del narcotráfico, pero se negó a responsabilizarlo como un narcotraficante. No uno cualquiera, sino un cofundador del narcoestado mexicano.
Caro Quintero, el narcotraficante que salió libre semanas atrás posee una poderosa relación con el primer asesinato o al menos el más notorio homicidio de un periodista mexicano por su conocimiento de las relaciones entre el narcotráfico y las autoridades, más precisamente aquellas que deberían combatirlo.
Los documentos obtenidos por SinEmbargo muestran que el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, en 1985, tiene como precedente el asesinato del periodista Manuel Buendía, perpetrado en 1984.
El recorrido documental ofrecido para hoy y los siguientes días muestra cómo los cárteles mexicanos son corrientes originarias de ese pacto entre contrabandistas de drogas y la policía política mexicana en tiempos del presidencialismo mexicano, los días en que la leyenda negra del PRI asegura que nada ocurría en el país sin el conocimiento del Presidente.
Todo lo que brilla es oro
Armando Pavón trabajaba con toda la autoridad en Guadalajara desde la ausencia de “Kiki” Camarena. Era el primer comandante de la Policía Judicial Federal y encargado de la investigación de los levantones de Enrique Camarena y Alfredo Zavala. Con el agente muy probablemente muerto y el asunto ya manejado como de afrenta nacional, los estadounidenses exigieron todas las garantías al gobierno mexicano de ir tras los secuestradores de “Kiki”, como llamaban al carismático policía México-americano.
El Procurador General de la República, Sergio García Ramírez, emplazó a Jalisco a su mejor hombre, Armando Pavón, cuya primera orden en el caso le fue dada el 9 de febrero de 1985. Asistiría a tres agentes de la DEA de apellidos Aguilar, Leyva y Delgado en el aeropuerto de Guadalajara en la búsqueda de aviones propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo “El Padrino”, jefe de la organización junto con Caro Quintero y Ernesto Fonseca.
Pavón pidió el apoyo de otros dos comandantes de la Policía Judicial Federal y 24 policías de la misma fuerza. Junto con los tres hombres de la DEA, el grupo se concentró en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR).
–Comandante, por ahí anda un cabrón armado, dos o tres hangares para allá –susurró un operador a Pavón.
El jefe de la judicial federal ordenó al grupo desplazarse al lugar y rodearlo. Al llegar, encontraron que no era un hombre, sino 15 y todos armados con rifles AK-47 alrededor de un jet Falcon blanco con rayas amarillas. Cada quien apunto a alguien del otro bando.
–¡Bajen las armas, hijos de la chingada! –rugió Pavón.
–¡Bájenlas ustedes! –respondieron desde el otro lado.
Detrás, el piloto apagó los motores. Desde la torre de control se impidió el aterrizaje de un helicóptero con dos asesores norteamericanos.
–¡Federales!
–¡Federales nosotros!
–¡Judicial Federal! –anunció uno de los agentes al lado de Pavón
–¡Dirección Federal de Seguridad! –respondieron del lado de los hombres que custodiaban el jet.
–¡Judicial del Estado! –terciaron algunos acompañantes de los anteriores.
–¡Tranquilos, tranquilos todos! Vamos a identificarnos –propuso alguien.
–¡Que se acerquen los que sean comandantes!
Más crímenes que castigo
Si se quiere ver cómo agentes de la Dirección Federal de Seguridad vivían por encima de cualquier sueldo obtenido con honestidad y cómo los usos y costumbres de narcos y policías eran la misma cosa en la década de los 80, sólo falta ver la descripción de los objetos que llevaban consigo algunos de los cómplices del crimen de Buendía cuando ingresaron a prisión:
*Juventino Prado Hurtado, el jefe de la Brigada Especial de la Dirección Federal de Seguridad. Vivía en la colonia Clavería, una de las pocas zonas consideradas de clase media alta de la delegación Azcapotzalco del DF. Llevaba un Reloj Rolex Oyster Perpetual modelo GM Master automático y una cartera rota de piel café con 1 millón 272 mil pesos.
*Raúl Pérez Carmona, comandante adscrito a la Brigada Especial. Es originario del Distrito Federal, con escolaridad el primer año de preparatoria. Reloj Rolex Oyster Perpetual modelo GM Master automático, con carátula negra y caja y pulsera de acero y oro de 14 quilates.
*Sofía Naya Suárez, agente de la Brigada. Fue detenida mientras usaba un reloj para dama marca Rolex Cellini con carátula negra, números romanos, caja de oro de 18 quilates y pulsera de piel. Una gargantilla planchada de oro de 14 quilates, un anillo con un brillante corte limpio blanco, tres argollas unidas de oro combinado, pulserita trenzada combinada de oro, anteojos de sol italianos y 53 mil 400 pesos.
El 31 de agosto de 1989, el juez llamó a Caro Quintero para que testificara. Con tono plano, la secretaria del juzgado exhortó a Caro Quintero para que se condujera con la verdad. A lado de la funcionaria judicial, el fiscal y el abogado del ex director Federal de Seguridad miraron al hombre acercarse a los barrotes. La mujer le recordó que debía responder a los cuestionamientos. El sinaloense se aseguró que lo escuchara.
–Yo ya estoy sentenciado, no quiero declarar– e incrementó el volumen de su voz– ¡Y chinguen a su madre!
Se le propuso que sólo respondiera las preguntas de su defensor. Así hizo el narcotraficante y, fundamentalmente, afirmó conocer al ex funcionario hasta el momento en que se encontraron presos los dos en el Reclusorio Norte.
Al juez no gustó la invitación que le hizo el contrabandista y empleó el momento como un elemento probatorio por sí mismo en términos de que, si Caro era renuente con la autoridad y condescendiente con el acusado, existía relación anterior entre los dos –oficialmente– criminales.
El juzgador concluyó respecto de las complicidades de Zorrilla:
Agente implicado
“Teniendo el carácter de servidor público y aprovechando su cargo permitió en el año de 1984 la siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento y transportación de mariguana en el rancho El Búfalo que se ubica en el estado de Chihuahua, además extendió credenciales de una dependencia gubernamental a personas ajenas a la misma, dedicadas al narcotráfico recibiendo por ello grandes cantidades de dinero (…)”.
“José Zorrilla Pérez se encontraba relacionado ilícitamente con narcotraficantes a quienes les había expedido credenciales de la DFS para realizar actividades ilícitas, circunstancia que fue descubierta por el periodista Manuel Buendía Tellezgirón (…) Concibe la idea de privar de la vida a Manuel Buendía Tellezgirón en razón de que este había descubierto las actividades delictivas en las cuales estaba implicado”.
Recibió una sentencia de 29 años, cuatro meses y 15 días únicamente por el asesinato de Buendía que cumplirá el próximo año, aunque podría dejar la prisión en cualquier momento al mantener su reclamo de libertad anticipada y objetar sus padecimientos de salud al encierro.
-¿Qué hay en la mente de un hombre que entrega su nación al narcotráfico?
Durante su encarcelamiento, el ex jefe de la policía política resolvió en distintas ocasiones los test psicológicos de las prisiones capitalinas por las que transitó: los Reclusorios Norte y Oriente y la Penitenciaría del Distrito Federal.
Los psicólogos que estudiaron a Zorrilla concluyeron tras analizar sus dibujos de casas y personas, de revisar las frases con que proponía concluir ideas incompletas, de calcular sus tendencias psicopáticas, esquizoides o histéricas:
“Estructuró una personalidad egocéntrica, lábil y manipuladora, fantaseando con gran cantidad de metas y gran ambición para alcanzarlas (…) Busca reconocimiento y aceptación social, utiliza el mecanismo de defensa de la fantasía para compensar modificando su relación con las figuras que le representan autoridad, logrando acatar las normas y reglas establecidas.
“Sujeto egocéntrico, con rasgos narcisistas, sus relaciones interpersonales se caracterizan por ser de tipo utilitario ya que busca sacar provecho de los demás aunado a que busca reconocimiento social.
“Desvirtuada introyección de normas y valores sociales, oportunista, bajo control de impulsos aunado a su entorno laboral lo llevan a la comisión del delito. Niega su comisión”.
Zorrilla Pérez se ve más viejo de lo que es.
Ya compurgó las sentencias por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, portación de arma de fuego de uso exclusivo para las Fuerzas Armas y en cualquier momento quedará en libertad por el asesinato de Buendía, único por el que se le condenó.
Es decir, el sistema de justicia mexicano lo sentenció por cometer un asesinato para proteger una red del narcotráfico, pero se negó a responsabilizarlo como un narcotraficante. No uno cualquiera, sino un cofundador del narcoestado mexicano.
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