Paralizada la Procuraduría de Justicia ante crímenes de alto impacto
Luis Pérez Hernández, Oly Alonso Pérez, Francisco el Fuco
Urrea, Alfredo Cuen Ojeda, Perla Lizeth Vega Medina y Frank Armenta
Espinoza son algunos de los nombres de las víctimas del crimen que
cimbraron a Sinaloa, pero no a la procuración de justicia. Sus
expedientes, perdidos entre los más de 4 mil homicidios dolosos cometido
de enero de 2011 a la fecha, están en el olvido la mayoría y otros
plagados de inconsistencias que amenazan con echar abajo las
consignaciones hechas ante los jueces.
Todos ellos acabaron siendo un expediente encajonado. El gobernador
Mario López Valdez —aún tratándose las víctimas de personas que lo
apoyaron para llegar al cargo— ha dado la orden de cerrar las
investigaciones, que por cierto nunca iniciaron.
Son los casos ruidosos que conmocionaron a la opinión pública y que
en la mayoría de ellos llevaron a López Valdez a plantarse ante los
ataúdes y prometer justicia. Desde Luis Pérez Hernández, uno de los
operadores de la campaña política que en 2010 generó el triunfo de Malova,
hasta Frank Armenta Espinoza, el guardaespaldas del gobernador que fue
secuestrado y luego encontrado muerto tras aparecer en dos videos
acusando al mandatario de brindar protección al cártel de Sinaloa.
La apatía por investigar abarca a toda la estructura gubernamental.
La Procuraduría General de Justicia del Estado está convertida en un
cementerio de expedientes. Sus peritos forenses revelan que en los
homicidios de alto impacto no se ha ido más allá del trabajo de campo
efectuado en la escena del crimen, ello por instrucciones de
funcionarios de alto nivel para que abandonen las pesquisas.
“La procuración de justicia en Sinaloa pasa por una abulia nunca
vista. La fiscalía estatal deja pasar, deja hacer, sin que se note un
esfuerzo por ir al fondo en las investigaciones y dar con los
responsables para ponerlos a disposición de un juez. A la impunidad que
desde hace tiempo existe en Sinaloa se agrega la indiferencia oficial
como elemento nocivo”, dice el sociólogo Martín Villegas Santibáñez,
experto en temas de criminalística.
“El polvo en que se convierten los cuerpos de las víctimas, es
similar al que cae sobre los archivos criminales, o el mismo que borra
cualquier rastro de los asesinos. Todos callan bajo la evasiva de la
secrecía que exige la investigación y en ese silencio se van escondiendo
la apatía e ineficacia del Ministerio Público”, comenta el autor del
estudio Dos veces víctimas; dos veces ineficientes.
Bajo siete llaves
El sábado 24 de agosto, cuando se cumplieron dos años del levantón
y posterior asesinato del periodista Humberto Millán, la directiva de
la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, encabezada por
Gabriel Mercado Guerrero, solicitó al procurador Marco Antonio Higuera
Gómez que diera un informe sobre el avance en la investigación sobre el
caso.
El fiscal del Estado se negó a la reunión arguyendo que no podía
hacer públicos los resultados de la correspondiente indagatoria “porque
lo prohíbe un ordenamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”.
Se refugió Higuera Gómez en el ombudsman al que una semana antes
había calificado de incompetente al rechazarle a la CEDH una
recomendación por irregularidades detectadas en la integración de la
averiguación previa concerniente al asesinato de la maestra
universitaria Perla Lizeth Vega Medina.
Guardados herméticamente los expedientes —no solo el de Perla Lizeth,
sino también los de Luis Pérez y todos los crímenes de alto impacto que
sucedieron luego de que asesinaron al operador político de Malova— la PGJE realmente le quitó todo interés a las investigaciones.
En los casos en que ha consignado a presuntos responsables, como son
los homicidios de Perla Lizeth Vega Medina, ocurrido en el domicilio de
la víctima el 17 de mayo de 2012; el de Alfredo Cuen Ojeda, ultimado por
gente armada en el malecón viejo de Culiacán el 2 de julio de 2012, y
el de Francisco Javier Jacobson Pérez, sub jefe de Adquisiciones del
Gobierno de Sinaloa, encontrado sin vida en el interior de su casa en el
fraccionamiento Terranova el 5 de septiembre de 2012, la sospecha de la
tortura amenaza con echar abajo las consignaciones.
Este semanario solicitó datos sobre el desarrollo de las
investigaciones en crímenes de alto impacto y la respuesta fue que se
trata de sucesos sellados por la confidencialidad. Lo que ocurre, se
sincera un funcionario de la Dirección de Averiguaciones Previas de la
PGJE, es que no hay capacidad ni técnica ni humana para darles el
adecuado seguimiento.
“Necesitaríamos tres o más estructuras similares a las que tiene hoy
la Procuraduría para atender el promedio diario de casi cuatro
homicidios dolosos que se cometen en Sinaloa. Esto tomando en cuenta que
para sacar adelante satisfactoriamente la investigación de un solo caso
se requieren de tres a seis meses de trabajo pericial y pesquisas”,
agrega.
Los deudos de las víctimas piensan distinto. La madre de Édgar
Guadalupe García Hernández, trabajador del procurador Marco Antonio
Higuera, que desapareció desde el 13 de febrero de 2012 en la colonia
Progreso, coincide en que la investigación no avanza y que la familia
misma ha hecho sus propias indagatorias teniendo que ir en diferentes
ocasiones a las fosas en que se entierran restos humanos, para ver si
encuentran ahí el cadáver de su hijo.
“Yo pensé que por ser trabajador de la Procuraduría le iban a poner
más empeño, a preocuparse más. Pero no. A mí me han tratado bien, pero
no es eso lo que quiero. Lo que les pido es que me ayuden a encontrar a
Édgar”, dice Sandra Hernández.
Peritos en criminalística rompen la cláusula de silencio
“LA ORDEN ES NO INVESTIGAR”
Son integrantes de la Dirección de Investigación Criminalística y
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Se dicen confundidos porque desde mediados de 2011 se ha hecho costumbre
que primero les ordenen darle toda prioridad a homicidios dolosos de
alto impacto y en cuestión de días o semanas les llega la contraorden:
dar por cerrados los casos.
Lo peritos se dicen decepcionados. “De pronto estás utilizando tus
capacidades y conocimientos para sacar adelante una investigación,
llevas un buen avance, y de la noche a la mañana te asignan a otro caso
para que dejes inconcluso el anterior”.
Este esquema de derrumbar el progreso de periciales, mencionan, se ha
repetido en las indagatorias de los asesinatos de Luis Pérez Hernández,
Martha Olivia Oli Alonso, Humberto Millán Salazar y Francisco Javier
Jacobson Pérez, hechos todos que generaron fuertes reacciones en la
sociedad al tratarse de personajes vinculados a la vida pública.
Solicitan el anonimato por miedo a las represalias del procurador
Marco Antonio Higuera y sus colaboradores, que les imponen la cláusula
de silencio. Sin embargo, aclaran, solo las intervenciones del
gobernador Mario López Valdez y de organismos no gubernamentales pueden
cambiar la situación.
“Si la ciencia forense se ve frustrada en hechos en los que de una u
otra manera hay presión de la sociedad para que se esclarezcan, no se
diga en los homicidios dolosos donde el afectado es un ciudadano común y
corriente. Aquí lo único que se hace es levantar el mapa del crimen y
dejar hasta ahí las indagatorias”.
Lo que pasa es que las escasas evidencias que se colectan en la
escena del crimen tienden a debilitarse con el paso del tiempo y de ser
pruebas fehacientes se vuelven fácilmente rebatibles porque no se
concluyen los procesos que sustentan los indicios, explican.
Los peritajes, defienden, en su gran mayoría tienen calidad, recaban
el suficiente material sensible que es fundamental para el debido
procesamiento de los indicios a tal grado de aproximarse al
esclarecimiento de los crímenes, pero lo que falta es voluntad de las
autoridades para correr todos los procedimientos.
“Finalmente el procurador u otros funcionarios piden que se les
entreguen los expedientes y nunca más volvemos a saber de ellos pues nos
saturan de trabajo y en algunos casos nos traen de un hecho violento a
otro, convirtiéndonos en mil usos al no enfocarnos en lo que sabemos y
debemos hacer”.
En los casos que se han esclarecido —mencionan como ejemplo la
aprehensión de los asesinos de César Valenzuela Gaxiola, ex presidente
de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán— se ha hecho trabajo
forense y pericial a fondo y se ha permitido que se vaya al fondo en las
investigaciones.
“¿Por qué en la mayoría de los delitos de gran impacto que han
ocurrido en el gobierno de Mario López Valdez no nos permiten avanzar
hasta donde lo permita la ciencia forense?”, preguntan.
Luis Pérez Hernández
— Subdirector de Gobierno y operador político de la campaña que llevó al poder a Mario López Valdez en 2010.
— Levantado el 24 de enero de 2011 en la colonia Las Quintas,
Culiacán, y encontrado muerto al día siguiente en el estacionamiento de
una plaza comercial en Guamúchil.
— Móvil del crimen: la PGJE sostuvo inicialmente la motivación
política y el gobernador ofreció investigar a todos aquellos con los que
la víctima tuvo conflictos o desencuentros.
ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN: ARCHIVADA
Oly Alonso Pérez
— Vidente.
— Asesinada el 28 de junio de 2011 en el domicilio en el que tenía su negocio de lectura de cartas.
— Móvil del crimen: la PGJE vinculó el hecho con el asesinato de Luis
Pérez Hernández, con quien Alonso Pérez tenía amistad, supuestamente
hasta parentesco, al grado de confiarle datos obtenidos mediante el
sistema de espionaje que realizó en los sexenios de Juan Millán y Jesús
Aguilar.
Estado de la investigación: ARCHIVADA
Francisco el Fuco Urrea Salazar
— Abogado y criminólogo. Ex coordinador de Acceso a la Información
Pública del Gobierno de Culiacán. Colaborador en la campaña de Jesús
Vizcarra Calderón.
— Asesinado el 28 de julio de 2011. El cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de la Unidad de Servicios Estatales.
— Móvil del crimen. La PGJE nunca estableció alguna línea de investigación.
— Estado de la investigación: ARCHIVADA
Humberto Millán Salazar
— Periodista.
— Levantado el 24 de agosto de 2011 al dirigirse al noticiero
de radio que conducía en el grupo Radiofórmula y localizado su cadáver
el 25 de agosto en un paraje de la salida norte de Culiacán.
— Móvil del crimen: La fiscalía estatal inició fortaleciendo la
hipótesis del móvil político, luego agregó seis posibles motivaciones
más, pero al cumplirse el segundo año de su muerte, el procurador Marco
Antonio Higuera Gómez se negó a hablar sobre el caso.
Estado de la investigación: ARCHIVADA
Frank Armenta Espinoza
— Escolta del gobernador Mario López Valdez.
— Fue secuestrado en Guasave por un grupo armado el 4 de junio de
2013 y veinte días después apareció en videograbaciones en las cuales
señalaba al gobernador de dar protección a capos del cártel de Sinaloa.
El 9 de agosto fue encontrado su cadáver en el sector sur de Culiacán.
— Móvil del crimen: la PGJE solo realizó trabajo pericial en el sitio
en que se localizó el cadáver, pero no ha establecido las posibles
motivaciones del homicidio.
Estado de la investigación: NO INICIADA
(RIODOCE/ Alejandro Sicairos/ septiembre 1, 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario