¿MANDA MALOVA O EL NARCO?

Todos los caminos nos llevan al crimen, afirma Mike O’Connor Gabriela Soto    La definición es compleja e inevitable: saber de quién es Sinaloa, quién manda. ¿El gobernador Mario López Valdez o el narcotráfico? Ese es el asunto prioritario aquí, tierra que amolda tumbas a los cuerpos sin vida. Así lo reflexionó el periodista Mike O’Connor durante el foro de Ataques a la Prensa 2011 organizado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) en conjunto con Ríodoce, en el marco de su noveno aniversario. Para dar respuesta a los problemas imperantes en educación, salud, infraestructura urbana y demás, se requiere determinar quién decide en el despacho del gobernador, el político en que los sinaloenses confiaron su voto a la alternancia en la contienda electoral de 2010, insistió el colaborador para el diario New York Times en su visita a Culiacán el martes. “El asunto es de quién manda, ¿tú mandas aquí? ¿O mandan aquellos (los narcotraficantes? ¿Es tuya esta ciudad o es de aquellos? ¿El Estado es de los ciudadanos o de aquellos? Esa es la pregunta fundamental. El Gobierno, la casa o el despacho del gobernador, ¿quién manda ahí? ¿La gente que votó por el gobernador o aquellos? De ahí viene todo para mí”, expresó. O’Connor manifestó que la indefinición genera incertidumbre sobre quién comunica a la sociedad, quienes confían en las publicaciones de los medios de comunicación. “¿Y quién tiene la mano sobre la palanca del periodismo? ¿Los periodistas? ¿O aquellos? ¿Quién decide quiénes son los actores de las empresas periodísticas, los redactores que van todos los días a las redacciones u otros? Que no podemos nombrar, que se conocen por códigos, en otros estados por la última letra, por gente secreta, por desconocidos”, cuestionó. De igual forma, María Teresa Ronderos, miembro del CPJ, señaló que el “matrimonio narcopolítica-corrupción” ha cooptado la vida porque “termina por mandar en todo”. “Yo creo que realmente te metes a ver qué está pasando en la educación, o en la salud, o en las carreteras, o en el desarrollo urbano, o en las tierras de la ciudad, realmente al fondo vas a dar al mismo tema: (narcotráfico)”, afirmó. “En mi país, (la propiedad de las tierras) es un gran tema que la gente no ha mirado y cuando alguien se puso a mirarlo, ¿por qué se desarrolla esta parte de la ciudad y no aquella? Porque aquí hay unos señores que tienen estas tierras, y esas tierras ¿de quién son? Y volvimos a lo mismo: descubrimos que un monto de narcotraficantes eran dueños de un monto de tierras”, ejemplificó la periodista colombiana. La censura informativa En su intervención, Carlos Lauría, miembro de CPJ para América Latina, dijo que la organización tiene centrada su atención en México por ser un país peligroso para el ejercicio del periodismo, por la violencia generada en el combate a la delincuencia organizada. “Muchos periódicos en muchas regiones del país donde el crimen organizado disputa territorio, o ya directamente controla directo, donde los diarios no solo no investigan, la investigación en muchas partes de México es un oficio ya en extinción, si no el proceso de cobertura del crimen con fuentes que no tienen que ver con seguridad y justicia. Muchos ya no lo hacen siquiera… hemos visto cada vez más generalizada (que) existen vacíos informativos, agujeros negros donde la gente de la sociedad no sabe lo que está ocurriendo”, dijo. Además, señaló el argentino, el sistema de justicia mexicano obsoleto fomenta la impunidad de las más de 40 muertes de periodistas y los ataques y amenazas a comunicólogos y medios de comunicación. La CPJ contabiliza 13 “caídas” y diez desapariciones de periodistas en su labor informativa en el periodo de 2007 a 2011. Ubica a México en el octavo nivel de impunidad, “está entre los peores países del mundo en combatir la violencia letal contra la prensa”, señala en su informe global de 2011. En el foro se recordó a los sinaloenses fallecidos: Gregorio Rodríguez, 2004; Alfredo Jiménez, 2005; Óscar Rivera, 2007; José Luis Romero, 2009; Humberto Millán, 2011. En su intervención, el subdirector de este semanario, Alejandro Sicairos, expresó que ejercer periodismo en Sinaloa es “ir solo contra el monstruo del crimen organizado”. “Mientras el crimen organizado avanza en el objetivo de una prensa muda, ciega y sorda. Los gobernantes se rezagan en dar garantías para la libre expresión: simular una investigación y luego cerrar un expediente es lo único que el Gobierno puede hacer por salvaguardar el derecho de la libre expresión… a la mano que mata se le oculta la ineficacia del Ministerio Público”, criticó. Sicairos llamó a los gobiernos federal y estatal, además del Congreso de la Unión y local a trabajar en una tarea urgente en ofrecer garantías a la libertad de expresión y a los periodistas. Y al Poder Judicial a dar respuesta a los ataques a los medios de comunicación. Un nuevo método para silenciar Atacar las páginas en línea es “una nueva capacidad” para censurar información, esta alta tecnología es utilizada por la delincuencia organizada y los regímenes autoritarios desde Angola hasta Birmania, Rusia y Siria, dijo Danniel O’Brien. El portal informativo de Ríodoce fue atacado durante una semana en 2011. “El periodismo hecho por Ríodoce tiene un impacto global, sé por experiencia propia que la voz de Ríodoce es escuchada en el mundo. Pero si su sitio es silenciado no hay manera de leerlo en los Estados Unidos, ni en Venezuela, ni en España. Y eso es tan dañino como silenciar a todo el periodismo aquí en Culiacán”, dijo. Es la fuerza que levanta el arma y jala el gatillo contra los comunicadores La impunidad es otra forma de complicidad El año 2011 confirmó que a ninguno de los tres niveles de Gobierno —federal, estatal y municipal— ni a los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que constitucionalmente “funcionan” en México les interesa instrumentar medidas para proteger a periodistas que laboran en zonas de riesgo. En la guerra del narcotráfico, entendida esta como el choque entre cárteles de las drogas o el combate que el Gobierno ha declarado a las organizaciones criminales, el periodista ha quedado en medio del fuego cruzado, circunstancia que es mayormente grave cuando el Estado en vez de proveer justicia, lo que garantiza es impunidad. Dentro de la cuota de más de 50 mil muertos que a México le ha significado el sexenio del presidente Felipe Calderón, la cifra de personas inocentes que han sido sacrificadas, y el número de periodistas inmolados en el cumplimiento de su deber constituyen una afrenta que, por desgracia, a los políticos mexicanos parece no preocuparles. En Sinaloa han ocurrido casi 7 mil 500 homicidios dolosos durante el mandato de Felipe Calderón. La tierra de los once ríos es ahora un enorme cenotafio que da cuenta también de decenas de ciudadanos de bien que han caído sin deberla ni temerla. De ese tamaño es la realidad que los gobernantes procuran tapar. Los periodistas y medios de comunicación han sido objeto de constantes agresiones y ninguna de ellas ha sido castigada. Menciono las ocurridas durante el gobierno de Felipe Calderón: El 5 de septiembre de 2007 asesinaron a Óscar Rivera Inzunza, vocero del Gobierno de Sinaloa en materia de seguridad pública. En la madrugada del 17 de noviembre de 2008 dos granadas de fragmentación fueron lanzadas a las puertas de las instalaciones de El Debate de Culiacán. Durante las primeras horas del 7 de septiembre de 2009 una granada de fragmentación fue arrojada contra el inmueble que albergaba las oficinas del semanario Ríodoce. El primero de septiembre de 2010 el blanco de los criminales fueron las instalaciones del periódico Noroeste con sede en Mazatlán. El 4 de octubre de 2010 sujetos amparados en las sombras de la noche dispararon armas de alto poder destructivo contra las oficinas de El Debate de Mazatlán. El 24 de agosto de 2011 fue secuestrado el periodista Humberto Millán Salazar, director del diario digital A Discusión, y fue encontrado asesinado el 25 de agosto de ese mismo año. El 25 de noviembre de 2011 inicia un “ataque brutal” contra el sitio en Internet del semanario Ríodoce. La impunidad prevaleciente en torno a agresiones a periodistas es otra forma de complicidad del Estado con los criminales. La ausencia de voluntad en las autoridades para investigar, esclarecer y castigar esos hechos se transforma en la fuerza que levanta el arma y jala el gatillo contra los comunicadores. Si el gobernante es rebasado por la acción criminal, si a la justicia le tiembla la mano al tratar de aplicar la ley y si los congresos federal y estatales se paralizan a la hora de legislar en pro de la seguridad de los periodistas, entonces el resultado es una prensa abandonada a expensas de grupos delictivos cuya pretensión es que ninguna voz se escuche, ni siquiera el lamento de los deudos de los muertos, para que prevalezca el estampido del plomo y de ahí derive el miedo como única forma de coexistir. En este deprimente panorama, el periodismo opta por colocarse a sí mismo la mordaza que el terror trae implícita. México es el país más peligroso de América Latina para los profesionales de comunicación, y Sinaloa es el estado del país donde ejercer el periodismo libre equivale a la locura de ir solo contra el todavía invencible monstruo del narcotráfico. Mientras el crimen organizado avanza en el objetivo de una prensa muda, ciega y sorda, los gobernantes se rezagan en la responsabilidad de dar garantías para el ejercicio de la libre expresión. Simular una investigación, y luego cerrar el expediente, es lo único que el Gobierno puede hacer por salvaguardar el derecho de libre expresión. Aquí, en Sinaloa, el Gobierno llega al límite de cerrar los expedientes sin esfuerzo alguno por esclarecer los atentados contra periodistas y medios. El caso más reciente, que costó la vida a Humberto Millán Salazar, así lo refrenda. A la mano que mata se le oculta tras la ineficacia del Ministerio Público. Aquí a los deudos de los periodistas se les otorga una esquela, a los agraviados la falsa promesa de justicia. Así ha sido. No hay más. Aquí al periodismo crítico se le castiga con el bloqueo publicitario como el que ha ordenado el gobernador Mario López Valdez contra el semanario Ríodoce. Aquí el elogio se paga bien y el hecho de disentir tiene un costo demasiado alto. Esos son los códigos hipócritas con los cuales los servidores públicos disfrazan la impunidad. Son signos de desaliento extremo. En la mira de la alta delincuencia y en la intolerancia del poder político, a los periodistas les queda la encrucijada de jugarse la vida por la noticia o abdicar a una libertad que el miedo no permite desplegar del todo. Desde esta tribuna hacemos un llamado a los gobiernos federal y estatales, al Congreso de la Unión, a los congresos de los estados, para que como una tarea de urgencia nacional establezcan mecanismos y leyes que garanticen el libre ejercicio del periodismo en México, y al Poder Judicial para que se proceda a esclarecer todos los hechos que constituyen ataques a periodistas y a medios. Por eso nos hemos convocado hoy, con la esperanza de que el Comité para la Protección de los Periodistas sea para los comunicadores de Sinaloa y de México una voz de aliento, una luz en el túnel, en momentos sumamente críticos para el ejercicio del periodismo. Posicionamiento pronunciado por Alejandro Sicairos a nombre de Ríodoce, durante la presentación del informe Ataques a la prensa en 2011, del Comité para la Protección de los Periodistas.