DESAPARECIDOS

Javier Valdez  Desaparecer en México es morir. Morir muchas veces. Morir siempre. Los familiares que han padecido la desaparición o levantón de un pariente lo dicen claramente: es un infierno que no se acaba, el peor. Datos de la recientemente creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) señalan que en cuatro meses suman 646 casos. 646 formas de morir. Muertes multiplicadas. En Sinaloa, si se incluyen las desapariciones forzadas por motivos políticos, son cerca de 350 víctimas, de acuerdo con datos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS). De estos, 52 casos corresponden al periodo de 1994 a 2003 y 11 de 2004 a la fecha. “Cuestionamos las omisiones y acciones de la autoridad, que son efecto multiplicador de la violencia: el abandono de sus obligaciones constitucionales en más del 80 por ciento de los casos denunciados, su enfermiza práctica de violentar los derechos humanos en casi todas las investigaciones y el imperdonable olvido y discriminación de las víctimas del delito”, reza una carta de este organismo. El documento fue enviado al gobernador Mario López Valdez y a Marco Antonio Higuera Bernal, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el 12 de febrero pasado, cuando este organismo y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad iniciaron la campaña Ponte en los zapatos del otro. El texto incluye los nombres de los desaparecidos de 1975 a 2012 “para hacer presentes a las víctimas del delito, para que el tiempo no sea un velo que las cubra y para que la autoridad no vea en el tiempo la razón de su incumplimiento en procurarles justicia”. Impunidad y complicidad: ONU El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la Organización de las Naciones Unidas, informó el 31 de marzo de 2011 que supo de 412 casos de este tipo en México, de los cuales 239 siguen sin resolverse. Además, autoridades federales advirtieron que muchas de las responsabilidades en cuanto a prevención, investigación y sanción de estos delitos recaen en gobiernos estatales, pero estos acusaron a la Federación de no asumir esa responsabilidad, ante la presencia de elementos del Ejército y la Policía Federal. “(En México) la desaparición forzada es un delito autónomo en el Código Penal Federal así como en la legislación penal de siete Estados —Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Durango, Distrito Federal, Nayarit y Oaxaca—, mientras que en los 25 restantes no se encuentra tipificada. Asimismo, la legislación penal de la Federación y los estados que han tipificado la desaparición forzada no utilizan la misma definición”, señala el informe rendido por este organismo de la ONU. Además, señala, la mayoría de los estados no incluyen la posibilidad de que las desapariciones forzadas sean perpetradas por grupos organizados o particulares que actúen en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, autorización o aquiescencia. “Las inconsistencias de la definición del delito de desaparición forzada en relación con la declaración y otros instrumentos internacionales relevantes, así como el hecho de que la gran mayoría de los estados no hayan tipificado la desaparición forzada como un delito autónomo, contribuyen a la impunidad”. El GTDFI recibió múltiples testimonios de casos en que la privación de la libertad, a pesar de contar con elementos para ubicarla como desaparición forzada, los clasificaron como delitos de secuestro o abuso de autoridad. En muchos otros, son ubicados eufemísticamente como levantones. “Adicionalmente, en múltiples casos, las personas son simplemente consideradas ‘extraviadas’ o ‘perdidas’ sin considerar que pudieron haber sido víctimas de una desaparición forzada, particularmente grupos como mujeres, menores y migrantes”. En el informe, el grupo advierte que organizaciones ciudadanas y de derechos humanos informaron sobre más de 3 mil personas desaparecidas de 2006 al 2010, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró un incremento en las quejas en esta materia: pasó de cuatro quejas en el 2006 a 77 en el 2010. “Solo mediante una investigación independiente, imparcial, completa y efectiva, se puede descartar una potencial desaparición forzada. Por ende, el número de casos de desaparición forzada no puede ser establecido a cabalidad sin una adecuada investigación de todos estos delitos (…) el GTDFI condena todos los actos de desapariciones independientemente de la calidad del perpetrador”, señaló. El organismo advierte que ante la decisión del Gobierno federal de desplegar fuerzas militares en todo el país, para combatir el narco, las quejas contra las fuerzas castrenses incrementaron considerablemente a partir de 2006. El número de quejas recibidas por la CNDH contra la Secretaría de la Defensa Nacional aumentaron de 182 en el 2006 a mil 230 en 2008. En este lapso, la Comisión Nacional emitió 40 recomendaciones contra el Ejército. Lamentablemente, agrega el grupo en el informe sobre México, este país carece de una política integral para enfrentar el fenómeno de las desapariciones forzadas, y además de que no cuenta con programas para prevenir y sancionar esta incidencia, “desea resaltar los problemas respecto a la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente, la identificación de restos, la exhumación de cadáveres, la falta de una base de datos centralizada sobre personas desaparecidas y la falta de acceso a la información relacionada con casos de desapariciones forzadas”. También advierte que la población migrante resulta especialmente vulnerable a la desaparición forzada: datos de la CNDH señalan que en el 2009 hubo 9 mil 578 migrantes secuestrados principalmente por organizaciones criminales y en algunas ocasiones estos delincuentes son ayudados por policías federales, estatales y municipales, personal del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades. Durante los primeros seis meses de 2010, en alrededor del 8.9 por ciento de los secuestros documentados hubo participación de autoridades gubernamentales, de acuerdo con reportes de la CNDH. Otro grupo específico son los periodistas, en cuanto a ataques y desapariciones: doce periodistas han sido desaparecidos desde 2000 y tan solo en el 2010 hubo cuatro casos. Seis estados En el país, seis estados encabezan la lista de desapariciones: Coahuila con 113, Tamaulipas 99, Nuevo León, 69, Veracruz suma 61, Chihuahua 33 y el Distrito Federal 28. En total son 646 personas desaparecidas, de las que solo han sido localizadas 19, tres de ellas con vida, de acuerdo con datos proporcionados por Províctima. El organismo, creado por decreto por el Gobierno federal, tiene como obligación atender de manera gratuita a familiares y víctimas de delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, extorsión y otros. Del total de desapariciones, 479 corresponden a hombres y 167 a mujeres, y 64 son menores de edad. La dependencia informó que en 310 de los casos no se especifica la ocupación, profesión u oficio de la víctima, y del resto 48 son estudiantes, 43 empleados, 30 comerciantes, 25 choferes y las ocho restantes eran de profesiones u ocupaciones diversas. En cuanto a las edades, precisa que 180 de las personas reportadas tiene entre 18 y 29 años, 104 entre 30 y 39, 56 tienen entre los 40 y 49, 27 entre 50 y 69 años, dos más son reportados como adultos mayores, y en el resto, 213 casos no hay datos de edades. Polvo y memoria Son muchos los casos en Sinaloa y en el resto del país de personas levantadas, con o sin vínculos con el crimen organizado. Algunas de ellas han aparecido, otras no. El olvido, esa cruel telaraña, ha cubierto algunos de estos hechos. La impunidad, el polvo y la desesperanza, también. Entre estos casos representativos está el de los tres jóvenes de la colonia Las Quintas, desaparecidos el 30 de junio de 1996. Esa noche, en una fiesta familiar en la residencia de Rolando Andrade, extinto empresario a quien se le atribuyeron operaciones de lavado de dinero de recursos del narcotráfico, fueron vistos por última vez. Los tres jóvenes, primos hermanos, llegaron juntos. Y todo parece indicar que se fueron juntos: luego de esa gresca con Rommel, hijo de Rolando y hermano de Helga, a quien pretendía uno de los muchachos, y de la intervención del cuerpo de seguridad de la familia, no se ha sabido más de ellos. Lo mismo pasó con el periodista Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial, de Hermosillo, en el estado de Sonora, y ex reportero de El Debate y Noroeste, en Culiacán. Sus reportajes sobre el narco y la complicidad con el gobierno de aquella entidad, parecieron llevárselo desde entonces, aquel 2 de abril de 2005, cuando fue interceptado por un comando. Los más recientes son las fosas clandestinas encontradas cerca de la comunidad Chihuahuita, municipio de Ahome, y Mojolo, en Culiacán. Los de Chihuahuita fueron identificados como Salvador Valenzuela Valdez, Olga Lidia Madrigal Soto y Arnoldo Leyva Salazar; los dos primeros fueron levantados el 16 de enero. En Mojolo, los occisos son Felipe de Jesús Olmeda Rivera, Saúl Castro Mendoza y Óscar Ortega Villalobos, quienes fueron privados de la libertad días antes de navidad, en diciembre, en la colonia Tierra Blanca de esta ciudad capital. Un delito que no existe Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS), advirtió que lo peor es que se está hablando de un delito que no existe en la ley porque no está tipificado como tal y cuando se da es manejado como privación ilegal de la libertad o secuestro. “A nivel federal sí existe pero con deficiencias. Por ejemplo no contempla que lo cometan particulares, en este caso el crimen organizado, con la complacencia de las autoridades de Gobierno”, dijo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han señalado insistentemente al Estado mexicano sobre la necesidad de realizar reformas legales para tipificar este delito, pero también de llevar a cabo políticas públicas integrales en esta materia, no solo de prevención y persecución, sino también de investigación, prevención y castigo. Otras fuentes consultadas por Ríodoce, que temen que sus identidades aparezcan públicamente, señalaron que poderosos grupos criminales aliados con servidores públicos de alto rango entorpecen estas reformas legales, porque esto obligaría al Gobierno a actuar. “Es que cuando se da un levantón, una desaparición, desaparece el Ejército, la política, hay total impunidad y encubrimiento. Es desastroso esto que está pasando, sobre todo porque es un delito que se mantiene y crece, se multiplica y sin castigo”, señaló uno de los consultados. Otro de ellos, con un familiar privado de la libertad por grupos armados, señaló que luego de la desaparición no hubo operativos para dar con los responsables ni investigaciones. La víctima de uno de estos casos apareció muerta a balazos muy cerca del lugar en que fue levantado. “¿Qué operativo se instrumentó cuando se reportó este caso? ¡Ninguno!”. En muchas ocasiones, agregó, los parientes acuden a los narcotraficantes para que les informen sobre el paradero de sus familiares. Sobre esto, Aguirre manifestó que el Gobierno, la Policía y los militares actúan esperando que la víctima aparezca sin vida. De esa manera, lamentó, investigan el caso como homicidio y no como desaparición forzada vinculada con el crimen organizado, aunque de todos modos no pasa nada: nadie investiga y no hay castigo. “Yo lo veía tan lejos” Aquel 27 de agosto su familia lo vio por última vez. Dos señoras y dos conocidos de él fueron a buscarlo con el pretexto de que el hijo de una de ellas había tenido un problema vial y que estaba detenido, y por eso necesitaban de su ayuda. Era sábado. Un día después, el domingo, una de las mujeres fue a avisarles a los parientes que se lo habían llevado unos desconocidos. Curiosamente, entre los levantados iba el hijo de una de ellas. La privación ilegal de la libertad fue alrededor de las 7 horas del sábado, pero la familia recibe el reporte a las 14 horas del día siguiente. Cuando fue a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a interponer una denuncia, un sentimiento de alivio le aligeró la carga: el personal del Ministerio Público que la recibió le dijo que iban a revisar videos y llamadas telefónicas realizadas al teléfono celular y desde este, y las cámaras de video instaladas en la gasolinera donde lo levantaron. Unos conocidos de él, que aparentemente están involucrados en el crimen organizado, le señalaron a la esposa que no se preocupara, que seguramente él iba a encontrar un “buen jale”, dando a entender que iba a trabajar con el narcotráfico. Otros que tenían este tipo de contactos le anunciaron que pronto lo liberarían y unos más sabían que su cadáver estaba cerca de la comunidad El batallón, en el municipio de Navolato, por la carretera a Culiacán. Cuando fue a reportar esto al Ministerio Público le dijeron que no se preocupara, que un helicóptero estaba “peinando” la zona y que si había algo le iban a avisar. Nada. “La verdad es que la gente de la Procuraduría nunca lo buscó ni hicieron nada. Es como si él fuera un delincuente. Ni siquiera enviaron oficios de investigación. Yo siempre pensé si esto me pasa a mí voy a buscar casa por casa, en todos lados, hasta encontrarlo. Él tenía GPS en su teléfono celular, había hecho llamadas y recibido ese día. Pensé que la Procuraduría lo iba a encontrar, con los investigadores, la tecnología, los videos. Estaba equivocada”. El 12 de octubre de 2011 lo encontraron. Su cadáver estaba limpio, sin lesiones provocadas por tortura. Tampoco estaba deshidratado o malcomido. Eso sí, desaseado y barbón. Estaba con otros dos: un expolicía y el joven hijo de la señora aquella que había ido a buscarlo a su casa. Habían pasado 45 días: la vida de la familia era un páramo. Uno desesperanzador. Un tiro de gracia. Una bala que entró por la nuca y salió junto a la boca. Orificio limpio. Duró dos días en una funeraria de la localidad. Porque la falta de investigación alcanza para eso. Alguien les avisó a los familiares y fue su padre y algunos de sus hermanos a identificarlo. Por su cuenta, consiguieron que les entregaran el cadáver. Donde ellos viven el narco los rodea. Atrás hay balaceras. Igual al frente, a los lados. Todos los días. Ella, su esposa, tiene cuatro hijos. Y lo veía tan lejos. Lejana la posibilidad de que esto les sucediera: él del trabajo, en una cadena de tiendas de supermercado, a la casa, y ahí, en ese rinconcito tibio, se echaba sus cervezas. Ahí también lo visitaban parientes y amigos. “Esto es algo que no tiene solución, que no tiene vuelta atrás. Ahora es puro dolor. En lugar de Navidad, Año Nuevo o días de paseo familiar, ella y sus hijas acuden al panteón. Lo mismo pasa cada día 12. Cada mes”. La niña de 4 años le llora mucho. Todos lo extrañan. No eran sus hijos pero se llevaba bien con ellos. El padre, evidentemente involucrado en el narcotráfico, fue asesinado en diciembre de ese año. Su cadáver tenía huellas de tortura y estaba en las cercanías de El Limón de los Ramos, Culiacán. A sus 30, ella pensó que no iba a encontrar a nadie para pasar el resto de su vida. Y así fue: lo encontró pero se lo arrebataron. Ahora está sola de nuevo, viviendo de lo que le dan amigos y familiares, y el programa Oportunidades. “Él era buen muchacho, serio. Recuerdo que se llevaba bien con las niñas, que les leía. Ellas le tenían confianza y hasta cuidaba a una que tiene problemas de salud, la limpiaba y todo. No hicieron nada los del Gobierno porque no somos gente importante ni políticos ni tenemos mucho dinero”. Sus ojos, detrás de esas antiparras bifocales, están escoltados por sombras que parecen agrandarse con las micas. Su cabeza dice no. Porque no lo cree. Sabe que no se lo merecen. Que él no. Ni ellos. Por eso tiene coraje. Contra todo y todos. Por lo que se pudo hacer y no se hizo. Contra esos, los que lo mataron. Su vida es esa muerte, la de su esposo. Y se multiplican: se hacen muchas muertes, una que no termina, una dolorosa, rabiosa y eterna. De acuerdo con datos de Províctimas, son seis estados que encabezan la lista de desapariciones. Estado Desaparecidos Coahuila 113 Tamaulipas 99 Nuevo León 69 Veracruz suma 61 Chihuahua 33 Distrito Federal 28 Total de desapariciones: 646 En 2012