Fernando Villa Escárciga
De acuerdo, el incremento de 45 a 60 días de aguinaldo a los trabajadores aprobado por el Ayuntamiento fue una decisión irresponsable.
Y de acuerdo en que la principal responsabilidad habría que achacársela al entonces alcalde César Lizárraga Hernández, a pocas horas de salir.
Así se cargan al erario otros 5 millones 700 mil pesos al pago decembrino, que ahora asciende a 22 millones 100 mil. Y con dinero de los contribuyentes.
Dicha cláusula del Contrato Colectivo de Trabajo va en detrimento de las finanzas municipales. Nadie culpe al Sindicato, ellos están en su lucha.
Pero aquí valen algunas precisiones, desde una perspectiva más ciudadana que partidista como ahora pretenden los líderes del PRI y del PRD.
PRI, PRD y PAN carecen de autoridad política para enderezar ese entuerto. Sus pasados los condenan.
Azules como rojos y amarillos han actuado en materia administrativa y financiera en detrimento del Municipio, sea o no con aguinaldos.
Cuando la administración de Sara Valle Dessens, los perredistas abarrotaron el Ayuntamiento con amigos y compadres en la nómina.
Se habla principalmente de los Regidores y gente del PRD. Durante año y medio a partir del ’97 la nómina ascendía a 850 empleados y subió a más de 900.
Luego arriba como sustituto Vicente Pascual Rodríguez, también del PRD, con funcionarios amarillos en los principales puestos del gabinete.
A pocos días de terminar esa administración, la gente del PRD se auto-premió con aquellos fabulosos como ilegales bonos por una eficiencia que nunca tuvieron.
Queda para la historia aquella frase del entonces secretario del Ayuntamiento Antonio Torreblanca Arredondo: “Yo no pedí el bono, me lo dieron”.
Durante la administración del panista Bernardino Cruz Rivas la cosa pintó igual de peor con aquel incremento salarial de 15 por ciento a espaldas del Cabildo.
Pero… ¿Acaso olvida el PRI que antes de eso, el mismo PRI fustigó a Cruz Rivas por desatender los “justos reclamos de los trabajadores”?
Bernardino había recibido una nómina más elevada y él mismo se encargó de incrementarla a cerca de mil 100 laburantes entre funcionarios y empleados.
Para contrarrestar ese 15 por ciento ilegal, que también significaban varios millones de pesos en perjuicio del Ayuntamiento, Carlos Zataráin González le entró al quite.
Prácticamente todo su mandato, entre el 2003 y 2006, Zataráin enfrentó críticas y plantones del sindicato por su medida “anti laboral”. Y los tribunales hablaron.
Más bien, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió a favor del Ayuntamiento y Zataráin ganó una batalla que duró casi tres años.
Al término de su mandato el alcalde del PRI dejó una herencia de mil 128 registros en Servicios Personales que, por cierto, sube como la espuma.
Llega Antonio Astiazarán Gutiérrez y luego de bajar la nómina a casi mil ciento 50 la vuelve a subir acerca de mil 300, aún con el recorte en Servicios Públicos.
Con una directiva sindical a modo logra reducir el aguinaldo de 60 a 45 días lo que, por supuesto, le significó severas críticas de los trabajadores.
Sea por una deficiente estrategia o por una pésima defensa legal, lo cierto es que hoy el Municipio está condenado a pagar más de 5 millones por aquellos despidos.
Unos y otros se inculpan –políticos, a fin de cuentas --, pero el hecho es que el Ayuntamiento de Guaymas volvió a salir lastimado en sus finanzas.
Muy grave es que en el transcurrir de 15 años la nómina se ha incrementado de 850 a mil 404, como se registra hoy en día.
Aunque el número de habitantes de Guaymas es prácticamente el mismo, la “bolsa de trabajo” en la casa de piedra ascendió más del 60 por ciento.
Es decir, en menos de 15 años más de 550 personas han engordado una “empresa pública” que produce muy poco en materia de servicios.
Porque los servicios elementales como limpia, alumbrado, jardines y eficiencia administrativa antes que mejorar ha venido de mal en peor.
Y ya se sabe, la gran mayoría de los “becados” han sido parientes, compadres, cuñados, amigos del primo y nietos de la sirvienta.
Igual o más han lastimado a las finanzas de la comuna los compromisos hacia quienes repartieron volantes durante la campaña electoral.
Mucha gente y poca, muy poca productividad. Esa es la triste realidad de un Guaymas que reclama más eficiencia.
Hoy el PRD con sus bonos millonarios alegres o el PRI con sus sindicatos a modo cuestionan a un PAN y sus fanfarrias a destiempo.
Un ejemplo: Lizárraga deja una partida de Servicios Personales con más del 61 por ciento en proporción al Gasto Corriente. Igual que sus antecesores del PRI.
Y 61 por ciento es una barbaridad si se considera que especialistas en la materia recomiendan menos del 45.
No se trata de discutir si los trabajadores sindicalizados merecen 45 ó 60 días de aguinaldo, sino de los efectos multiplicadores en materia del gasto.
Es muy importante que las remuneraciones de los sindicalizados sean dignas, con mejores prestaciones porque eso y mucho más merecen.
El problema, en este caso, es que el aumento a dos meses de la gratificación decembrina apenas beneficia a 239 sindicalizados de mil 404 personas en la nómina.
Respecto a los policías, igual podrían tener mejores sueldos siempre que la burocracia político-administrativa no sea partícipe de las prestaciones sindicales.
Hay otros trabajadores de base, incluyendo a los más altos funcionarios, que igual se benefician con tamaña onerosidad. Y por supuesto, no lo merecen.
También parece absurdo el planteamiento de que Lizárraga incurriría en violaciones al código electoral, porque el acto pasó por Cabildo.
En este tema como en tantos otros el único perjudicado es el pueblo de Guaymas. Como gobiernos, ningún partido ha dado el ancho.
De mantenerse esta tendencia, dentro de poco Guaymas se verá inmerso en un problema similar al de muchos municipios del país.
El exceso, la obesidad de la nómina, terminará por tragarse la viabilidad financiera del Ayuntamiento hasta dejarlo a punto de la bancarrota.
Más que los líderes de los partidos políticos, es tiempo de que la ciudadanía asuma posturas más exigentes al respecto.
Por lo pronto, demandar a los precandidatos o aspirantes a gobernar Guaymas qué demonios plantean en materia administrativa y financiera.
Y vale más ahora. Después nadie detendrá a un monstruo que crece, que engorda, que todo lo engulle.
Salud, a todos.
fdovilles@hotmail.com
Fernando Villa Escárciga
De acuerdo, el incremento de 45 a 60 días de aguinaldo a los trabajadores aprobado por el Ayuntamiento fue una decisión irresponsable.
Y de acuerdo en que la principal responsabilidad habría que achacársela al entonces alcalde César Lizárraga Hernández, a pocas horas de salir.
Así se cargan al erario otros 5 millones 700 mil pesos al pago decembrino, que ahora asciende a 22 millones 100 mil. Y con dinero de los contribuyentes.
Dicha cláusula del Contrato Colectivo de Trabajo va en detrimento de las finanzas municipales. Nadie culpe al Sindicato, ellos están en su lucha.
Pero aquí valen algunas precisiones, desde una perspectiva más ciudadana que partidista como ahora pretenden los líderes del PRI y del PRD.
PRI, PRD y PAN carecen de autoridad política para enderezar ese entuerto. Sus pasados los condenan.
Azules como rojos y amarillos han actuado en materia administrativa y financiera en detrimento del Municipio, sea o no con aguinaldos.
Cuando la administración de Sara Valle Dessens, los perredistas abarrotaron el Ayuntamiento con amigos y compadres en la nómina.
Se habla principalmente de los Regidores y gente del PRD. Durante año y medio a partir del ’97 la nómina ascendía a 850 empleados y subió a más de 900.
Luego arriba como sustituto Vicente Pascual Rodríguez, también del PRD, con funcionarios amarillos en los principales puestos del gabinete.
A pocos días de terminar esa administración, la gente del PRD se auto-premió con aquellos fabulosos como ilegales bonos por una eficiencia que nunca tuvieron.
Queda para la historia aquella frase del entonces secretario del Ayuntamiento Antonio Torreblanca Arredondo: “Yo no pedí el bono, me lo dieron”.
Durante la administración del panista Bernardino Cruz Rivas la cosa pintó igual de peor con aquel incremento salarial de 15 por ciento a espaldas del Cabildo.
Pero… ¿Acaso olvida el PRI que antes de eso, el mismo PRI fustigó a Cruz Rivas por desatender los “justos reclamos de los trabajadores”?
Bernardino había recibido una nómina más elevada y él mismo se encargó de incrementarla a cerca de mil 100 laburantes entre funcionarios y empleados.
Para contrarrestar ese 15 por ciento ilegal, que también significaban varios millones de pesos en perjuicio del Ayuntamiento, Carlos Zataráin González le entró al quite.
Prácticamente todo su mandato, entre el 2003 y 2006, Zataráin enfrentó críticas y plantones del sindicato por su medida “anti laboral”. Y los tribunales hablaron.
Más bien, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió a favor del Ayuntamiento y Zataráin ganó una batalla que duró casi tres años.
Al término de su mandato el alcalde del PRI dejó una herencia de mil 128 registros en Servicios Personales que, por cierto, sube como la espuma.
Llega Antonio Astiazarán Gutiérrez y luego de bajar la nómina a casi mil ciento 50 la vuelve a subir acerca de mil 300, aún con el recorte en Servicios Públicos.
Con una directiva sindical a modo logra reducir el aguinaldo de 60 a 45 días lo que, por supuesto, le significó severas críticas de los trabajadores.
Sea por una deficiente estrategia o por una pésima defensa legal, lo cierto es que hoy el Municipio está condenado a pagar más de 5 millones por aquellos despidos.
Unos y otros se inculpan –políticos, a fin de cuentas --, pero el hecho es que el Ayuntamiento de Guaymas volvió a salir lastimado en sus finanzas.
Muy grave es que en el transcurrir de 15 años la nómina se ha incrementado de 850 a mil 404, como se registra hoy en día.
Aunque el número de habitantes de Guaymas es prácticamente el mismo, la “bolsa de trabajo” en la casa de piedra ascendió más del 60 por ciento.
Es decir, en menos de 15 años más de 550 personas han engordado una “empresa pública” que produce muy poco en materia de servicios.
Porque los servicios elementales como limpia, alumbrado, jardines y eficiencia administrativa antes que mejorar ha venido de mal en peor.
Y ya se sabe, la gran mayoría de los “becados” han sido parientes, compadres, cuñados, amigos del primo y nietos de la sirvienta.
Igual o más han lastimado a las finanzas de la comuna los compromisos hacia quienes repartieron volantes durante la campaña electoral.
Mucha gente y poca, muy poca productividad. Esa es la triste realidad de un Guaymas que reclama más eficiencia.
Hoy el PRD con sus bonos millonarios alegres o el PRI con sus sindicatos a modo cuestionan a un PAN y sus fanfarrias a destiempo.
Un ejemplo: Lizárraga deja una partida de Servicios Personales con más del 61 por ciento en proporción al Gasto Corriente. Igual que sus antecesores del PRI.
Y 61 por ciento es una barbaridad si se considera que especialistas en la materia recomiendan menos del 45.
No se trata de discutir si los trabajadores sindicalizados merecen 45 ó 60 días de aguinaldo, sino de los efectos multiplicadores en materia del gasto.
Es muy importante que las remuneraciones de los sindicalizados sean dignas, con mejores prestaciones porque eso y mucho más merecen.
El problema, en este caso, es que el aumento a dos meses de la gratificación decembrina apenas beneficia a 239 sindicalizados de mil 404 personas en la nómina.
Respecto a los policías, igual podrían tener mejores sueldos siempre que la burocracia político-administrativa no sea partícipe de las prestaciones sindicales.
Hay otros trabajadores de base, incluyendo a los más altos funcionarios, que igual se benefician con tamaña onerosidad. Y por supuesto, no lo merecen.
También parece absurdo el planteamiento de que Lizárraga incurriría en violaciones al código electoral, porque el acto pasó por Cabildo.
En este tema como en tantos otros el único perjudicado es el pueblo de Guaymas. Como gobiernos, ningún partido ha dado el ancho.
De mantenerse esta tendencia, dentro de poco Guaymas se verá inmerso en un problema similar al de muchos municipios del país.
El exceso, la obesidad de la nómina, terminará por tragarse la viabilidad financiera del Ayuntamiento hasta dejarlo a punto de la bancarrota.
Más que los líderes de los partidos políticos, es tiempo de que la ciudadanía asuma posturas más exigentes al respecto.
Por lo pronto, demandar a los precandidatos o aspirantes a gobernar Guaymas qué demonios plantean en materia administrativa y financiera.
Y vale más ahora. Después nadie detendrá a un monstruo que crece, que engorda, que todo lo engulle.
Salud, a todos.
fdovilles@hotmail.com
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