Foto: Cortesía
Artículo 19, organización no
gubernamental dedicada a la defensa de la libertad de expresión, presentó este
día su informe del primer semestre de 2017 sobre las agresiones a comunicadores
registradas en México, entre las cuales se encuentran ocho periodistas
asesinados y uno desaparecido.
Si bien, en los primeros seis
meses del año, los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava
Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez fueron
asesinados con armas de fuego y a plena luz del día.
A esta cifra se suman los
homicidios de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en
Acayucan, Veracruz, y el de Luciano Rivera ocurrido el 31 de julio en Playas de
Rosarito, Baja California, ambos ocurridos en la segunda mitad del año.
De acuerdo con el reporte, en
México se agrede a un periodista cada 14.7 horas. De enero a junio de este año,
se registraron 1.5 agresiones diarias y se documentaron un total de 276
agresiones, de las cuales, la mitad se presume fueron cometidas por
funcionarios públicos.
“La impunidad y la falta de
autonomía en la procuración de justicia se convierte en un aliciente para
seguir violentando a la prensa”, concluye la organización dirigida por Ana
María Ruelas.
Como parte de las tendencias
que Artículo 19 identificó, está la violencia agudizada en entidades como
Coahuila, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua,
respecto a años anteriores.
Otro aspecto que resalta la
organización es cómo los procesos electorales incrementan la violencia contra
trabajadores de medios de comunicación. Está el caso de Coahuila que registró
un incremento de agresiones del 325 por ciento, precisamente en un año en que
se vivió una controversial elección que se sigue definiendo en tribunales.
Lo mismo ocurrió en las
entidades donde se presentaron las mayores manifestaciones por el aumento del
precio de la gasolina, a inicios del año, incluyendo a Rosarito, Baja California.
“Las elecciones y la protesta
son ejercicios básicos y fundamentales dentro de una democracia y su cobertura
se considera un discurso especialmente protegido. El aumento de agresiones en
este contexto refleja las fallas institucionales de fondo en un país que se
encuentra lejos de consolidarse como una democracia. Asimismo, corrobora la
intencionalidad de los perpetradores de restringir el flujo efectivo de
información de interés público”, se detalla en el informe.
Mientras que las agresiones más
constantes de enero a junio de 2017 son actos de intimidación (67), amenazas
(60) y ataques físicos o materiales (56). De las amenazas documentadas, 19
fueron de muerte, 9 de daño físico y 3 de ellas realizadas con armas de fuego o
explosivos. También se registraron 4 actos de intimidación con armas de fuego.
(SEMANARIO ZETA/ DESTACADOS INÉS GARCÍA RAMOS/ JUEVES, 17 AGOSTO, 2017
07:49 PM)
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