SAN
MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (apro).- En esta ciudad hierve la sangre y hasta los
niños que salen de la escuela preguntan cómo es que Antonio Luna Hernández,
velador de una finca en la salida a Dolores Hidalgo, pudo haber asesinado a sus
tres hijos en el baño del inmueble que cuidaba mientras un operativo de agentes
ministeriales se enfrascaba en un tiroteo descomunal con supuestos delincuentes
que habían rentado el lugar, en la madrugada del sábado 14.
Las
protestas de familiares, amigos y ciudadanos sanmiguelenses que permanecen
incrédulos mientras Antonio permanece detenido y a disposición de una juez de
control del sistema penal acusatorio, llegaron el miércoles hasta la sede de
los Juzgados de oralidad del Poder Judicial estatal, la Subprocuraduría de
Justicia y la Presidencia Municipal, con pancartas que exigen como demanda
principal la renuncia del procurador Carlos Zamarripa Aguirre.
“¡Queremos ver a Toño, queremos ver a Toño!”,
fue un grito repetido decenas de veces en este recorrido del grupo de
manifestantes, que por la tarde del miércoles bloquearon durante varias horas
la salida a Querétaro y Celaya, a la altura de los edificios públicos
mencionados.
Mientras
esto ocurría, la audiencia que se celebraba en el juzgado para desahogar
testimoniales de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que
ingresaron a la finca donde se encontraban Antonio, Juana su esposa y sus tres
hijos de 4, 8 y 11 años, fue interrumpida a solicitud del abogado defensor del
acusado, luego de que éste debió recibir atención médica.
Por
ello, se pospuso para el jueves la presentación de datos de prueba que
servirían para que la juez determine si lo vincula o no a proceso, lo que se
prevé dará a conocer el viernes.
Presuntamente,
los agentes de la AIC expondrán circunstancias que para la Procuraduría de
justicia son determinantes al fundamentar la acusación por el multihomicidio de
los menores, hijos del matrimonio.
En
contraparte, el defensor, José Luis Vargas, sostiene:
“(Antonio)
está destrozado. Esto que está sucediendo es una tragedia; él es víctima”, y
afirma que el velador fue torturado.
“Lo
tuvieron detenido durante más de nueve horas; argumentó la Policía Ministerial
que porque andaban en el operativo buscando a las otras personas. Nueve horas
tardaron en buscar y nosotros manifestamos que no debió ser así, porque
precisamente estamos en un nuevo sistema y para eso son los jueces de control
de garantías, para que no ocurran estas cosas…”.
No
obstante, ante la presentación de los datos de prueba por parte de la Fiscalía,
la juez de control calificó de legal su detención.
La
audiencia fue declarada privada, tal y como ha ocurrido desde el primer día del
desahogo de la imputación.
El
abogado José Luis Vargas se dijo sorprendido de que a la audiencia se
presentara Juana Antonia Luna, esposa de Antonio y madre de los tres menores
asesinados, en calidad de ofendida y con la Fiscalía que detalla la imputación
de cargos contra su esposo.
Juana
no llegó sola: con ella entró la regidora del PAN en el Ayuntamiento de San
Miguel de Allende, María Dolores Rosales, quien dijo acompañarla en calidad de
“ciudadana sanmiguelense y vecina”; negó que estuviera ‘sacando raja política’
del caso y alcanzó a señalar a los reporteros: “yo creo en la inocencia de
Antonio, pero una cosa es lo que yo creo y otra cosa son las leyes, ¿verdad?”.
“Ha
estado hablando con ella mucha gente que trata de tener protagonismo e
intervenir; en lugar de hablarlo con nosotros lo han hecho con ella”, comentó
el abogado de Antonio.
Afuera,
ante el grupo de manifestantes que llegó a la Presidencia Municipal en ánimo de
tomar el edificio –después de que en la Procuraduría le hicieron saber que el
caso “ya está en manos de un juez”- el gobierno del alcalde panista Ricardo
Villarreal optó por emitir un comunicado en el que se solidarizó con las
familias sanmmiguelenses, y exigió “justicia pronta y completa, con juicios
bajo el debido proceso e información oportuna a nuestra sociedad”.
Por
la noche, en la casa de los Luna Luna en la colonia San Luis Rey, mientras se
rezaba el segundo de los rosarios frente a las imágenes de los santos y una
fotografía de los tres niños, los familiares no vacilan en describir a Antonio
como un hombre trabajador, que pocas veces toma un descanso, muy unido con su
esposa y sus hijos.
La
incredulidad permea entre los presentes, principalmente entre los hermanos de
Juana y Antonio que recibieron las llamadas telefónicas de ella en la madrugada
del sábado 14 desde la finca donde estaba con su esposo y los niños.
“Nos
pedía que llamáramos a la policía, que fueran a ayudarlos porque los querían
matar, que había muchos disparos, que estaban echando gas y sus niños estaban
adentro –narró Bertha Chávez, tía de la pareja-. Nunca nos dejó pasar la
Policía Municipal desde la carretera, no pudimos hacer nada, les fallamos…”.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ VERÓNICA ESPINOSA/19 ENERO, 2017)
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