Proceso
pudo consultar la investigación que realizó la Dirección de Asuntos Internos de
la PGR sobre las acciones irregulares cometidas en octubre de 2014 por Tomás
Zerón de Lucio, entonces cabeza de la Agencia de Investigación Criminal, en las
indagatorias del caso Ayotzinapa. En primer lugar se evidencia el
comportamiento ilícito del funcionario pero, más importante, queda claro que
los testimonios de los presuntos ejecutores de los 43 normalistas –pilar de la
“verdad histórica” de Murillo Karam– fueron obtenidos mediante tortura. La PGR
se desmiente a sí misma.
CIUDAD
DE MÉXICO (Proceso).- La investigación abierta sobre la actuación de Tomás
Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la
PGR, en el caso Ayotzinapa, evidencia la debilidad de la “verdad histórica”
esgrimida por esa instancia para cerrar el caso de los estudiantes
desaparecidos; y las irregularidades denunciadas por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ponen “en riesgo la
validez del cúmulo de actuaciones” del proceso judicial contra los presuntos
autores materiales de la supuesta cremación de los 43 jóvenes en el basurero de
Cocula.
A
siete meses de que en la presentación de su último informe los integrantes del
GIEI denunciaran a Zerón por haber encabezado diligencias ministeriales –el 28
de octubre de 2014– que no fueron consignadas en el expediente por la
desaparición de los normalistas y encaminadas a sostener la hipótesis oficial,
Proceso accedió al Acuerdo de Conclusión de la indagatoria realizada por la
Visitaduría General de la PGR, bajo la responsabilidad de César Alejandro
Chávez, quien fue removido del cargo antes de poder presentar el documento a
los padres de los estudiantes.
De
177 fojas, el documento DGA/510/CDMX/2016 de la Dirección de Asuntos Internos
de la PGR está fechado el 18 de agosto de 2016, el día en que se rompió el
diálogo entre los familiares de los desaparecidos con la entonces procuradora
Arely Gómez, toda vez que la funcionaria incumplió con el compromiso de
presentar en esa fecha el resultado de la investigación iniciada a Zerón de
Lucio, cuya remoción era exigida por los padres de los 43.
Ese
diálogo sigue roto, más aún ante el nombramiento de Zerón como secretario
técnico de Comisión Nacional de Seguridad y la designación de Omar Hamid García
Harfuch como sucesor de aquél en la AIC; el nombre de este funcionario apareció
en una libreta de contactos asegurada a Sidronio Casarrubias, considerado por
la PGR líder de Guerreros Unidos, organización criminal responsabilizada de los
hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala (Proceso 2089).
El
documento Acuerdo de Conclusión hace un análisis pormenorizado de las
actuaciones de Zerón y otros cinco funcionarios que participaron en las
diligencias no reportadas en el río San Juan, en Cocula.
Firmado
por Ricardo Juan de Dios Martínez, agente del Ministerio Público de la
Federación, visitador adscrito a la Dirección de Asuntos Internos de la
Visitaduría General de la PGR, el documento sólo refleja las actuaciones
ministeriales del 25 al 31 de octubre de 2014, periodo en el que se identifican
las “irregularidades administrativas atribuibles a servidores públicos” de la
PGR.
El
documento advierte que la Dirección General de Evaluación Técnica Jurídica, de
las misma Visitaduría, lleva a cabo una revisión de toda la investigación sobre
la desaparición de los estudiantes, llevada por la Oficina Especial del Caso
Iguala, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Fragmento
del reportaje que se publica en la edición 2090, ya en circulación
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/GLORIA LETICIA DÍAZ/ 19 NOVIEMBRE, 2016)
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