El Gobierno de Coahuila está
insatisfecho con la difusión renovada de un campo de exterminio -como lo
definieron los peritos forenses de la PGR- en Patrocinio, un ejido en San Pedro
de las Colonias, a unos 80 kilómetros de Torreón, que tiene una herida de más
de un kilómetro de extensión que es la fosa clandestina más grande jamás
descubierta en México. En voz del encargado del despacho de la Subprocuraduría
de Personas Desaparecidas de la procuraduría estatal, José Ángel Herrera Cepeda,
una carta aclaratoria a este espacio del Gobierno de Rubén Moreira, habla mucho
de sus deficiencias y omisiones, y poco de lo que quiere defender: que ese
campo de la muerte en la Comarca Lagunera, ha sido tratado con negligencia.
Herrera Cepeda afirmó: “La
Subprocuraduría de Personas Desaparecidas ha realizado seis operativos en dicho
ejido, y prueba de ello es que se han revisado varios puntos geo
referenciados y en la inspección en
ninguna acta ministerial se da fe de la existencia de una grieta que se
encuentra encallada en la tierra, lo cierto es la existencia de un canal de
riego mismo que es utilizado por ejidatarios para abastecer parcelas que forman
parte del mismo ejido; por ello existe fractura de la tierra”.
Muy bien. Herida o fractura dice
que no hay, como si quisiera sugerir que no hubo ninguna excavación de mil 500
metros de largo por 80 de ancho que fuera cavado ex profeso para ser utilizado
como fosa clandestina. Es un canal de riego donde, “jamás se ha encontrado un
cuerpo humano”. En el reportaje publicado por Eje Central el jueves pasado,
referido el lunes en este espacio, nunca se habló de ningún cuerpo humano, sino
de restos de cuerpos humanos. “Desde hace más de un año –se apunto-, (la fosa)
ha ido vomitando restos de cuerpos humanos, 341 el año pasado y tres mil 147 en
lo que va de este”.
Desde el principio de su
réplica, Herrera Cepeda entró en contradicciones. En el primer párrafo de su
carta aclaratoria el subprocurador interino señaló: “En las búsquedas y
operativos que se han efectuado no se ha encontrado evidencia biológica de
ningún tipo que refiera que éste fuera utilizado en su momento como punto para
ocultamiento de restos”. En el segundo párrafo, sin embargo, admite que durante
los operativos realizados “se han logrado asegurar diversos indicios, entre
ellos, tres secuencias anatómicas incompletas, fragmentos óseos, prendas de
vestir, material balístico, entre otros”. ¿Entonces? ¿A quién creerle? ¿Al
funcionario que escribió el primer párrafo o al que escribió el segundo? Su
inicio de réplica es un galimatías.
Hay que creerle al segundo,
porque más adelante reconoce que derivado de los operativos, se lograron
“recuperar y embalar 3 mil 488 fragmentos de restos óseos, mismos que con su
debida cadena de custodia fueron recolectados por perittos especializados de la
Policía Federal Científica y enviados al laboratorio de la Comisión Nacional de
Seguridad Pública para la obtención de perfiles genéticos”. Herrera Cepeda
rechazó que haya habido negligencia o que se hayan suspendidos los trabajos
que, confirmó, han realizado en coordinación con el Grupo Vida, que fue quien
les llamó la atención de la fosa en abril de 2015.
El reportaje cita -recogido
por este espacio el lunes-, a Silvia Ortiz, una de las líderes del Grupo Vida,
que condujo a los periodistas de Eje Central por la fosa clandestina, quienes
olían aún el diésel que se utilizó para incinerar los cuerpos, y con cuidado de
no pisar restos humanos, que encontraron por todos lados. “Aquí inicia”, dijo
Ortiz, “pero no hay una entrada, no hay un acordonamiento, es campo abierto.
Quizá dicen que es el inicio porque un montón de zapatos en descomposición dan
los primeros indicios, luego la ropa y más zapatos. Hay que mirar con cuidado,
hay que pisar con cuidado”.
Aún así, Herrera Cepeda
afirmó que no hay abandono institucional. En su recorrido por el campo de
exterminio en que se convirtió ese canal de riego, habilitado como fosa
clandestina, los periodistas de Eje Central corroboraron lo contrario, el
abandono institucional. Ningún acordonamiento del área, ninguna presencia de
ninguna autoridad, ningún señalamiento de que se trabajara en Patrocinio para,
como subrayó el subprocurador interino, “dar una respuesta a las necesidades y
demandas de la sociedad, en ese sentido, procurar justicia y encausar a los
responsables de estos actos”.
La realidad es que no han
hecho nada más allá que realizar los operativos, realizar peritajes que no han
conducido a nada, y permanecer a la espera de que se logre un perfil genético,
difícil, admitió Herrera Cepeda, “por su grado de complejidad, degradación y
carbonización”. O sea, se lavaron las manos y hasta la publicación del campo de
exterminio la semana pasada, se acordaron que tenían un pendiente en la Comarca
Lagunera y cuentas qué saldar con la sociedad. También cayeron en la misma
cuenta las autoridades federales.
Tras la publicación,
funcionarios de la PGR informaron que personal de las subprocuradurías de
Derechos Humanos y de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo,
viajarían junto con un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
dentro de unas dos semanas al ejido donde se dio esta tragedia mexicana. La
Procuraduría de Coahuila, en cambio, siguió pasiva, salvo por la réplica que
envió a la prensa para cubrir su negligencia. Pero tapar el exterminio de
Patrocinio con un dedo no será posible. Ni ahora, ni nunca.
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
Raymundo Riva Palacio/ 06/10/2016 | 01:15 AM)
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