El megaproyecto inmobiliario My
Residence, que se construye en la capital del estado en un predio donado por el
gobierno de Puebla al Consejo Coordinador Empresarial, se encuentra en la mira
de la Secretaría Hacienda y de la PGR. Resulta que éste y otros enormes
proyectos habitacionales y comerciales forman parte de una investigación sobre
rutas y redes de complicidad por presunto lavado de dinero. Los empresarios que
encabezan esas multimillonarias inversiones han sido avalados desde 2011 por el
gobernador Rafael Moreno Valle.
PUEBLA, PUE. (Proceso).- En
la zona más cara del estado, Lomas de Angelópolis, se levanta un lujoso
complejo inmobiliario integrado por centros comerciales, corporativos,
habitacionales y de entretenimiento –restaurantes, bares, cines, clubes
nocturnos–, desde donde se mira la majestuosidad del Popocatépetl y el
Iztaccíhuatl.
Es el opulento Distrito
Sonata, donde se inaugurará, en diciembre, el hotel más grande de Puebla y se
estrenará en 2017 la torre residencial más elevada de México, Nubola Tower, de
198 metros de altura, en cuya cúspide habrá helipuerto, muro para escalar y una
alberca semiolímpica que tendrá como fondo los volcanes.
En el Distrito Sonata, una
zona de concepto walking distance (a poca distancia) que por su exclusividad es
comparado a menudo con Miami, se levantan Sonata Towers, dos inmensas torres de
departamentos, y Luxory Corner, también habitacional, junto a Plaza Jazz y STW
Plaza, donde se venden las marcas más costosas del mundo.
Todos estos desarrollos han
sido edificados por Blueicon, una firma de Puebla que se ufana de haber
construido en la zona 200 mil metros cuadrados desde 2012 y que, apenas el 28
de junio, anunció la inversión de 500 millones de pesos para el proyecto My
Residence, un complejo de tres torres de suites y áreas comerciales, donde
estará la sede del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El gobernador panista Rafael
Moreno Valle colocó la primera piedra de ese proyecto de Blueicon, que a cambio
de la inversión se quedó como dueño de los 6 mil metros cuadrados del terreno
que fue donado al CCE, en 2004, por el exmandatario priista Melquiades Morales,
cuando el actual era secretario de Finanzas.
“Les agradezco que estén
invirtiendo sus recursos en este estado, como los 500 millones de pesos de My
Residence”, aplaudió Moreno Valle a los inversionistas de Blueicon, cuya
prosperidad se cimenta, sin embargo, en actividades criminales, según la
Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y
Crédito (SHCP).
En efecto, Blueicon
Technology, S.A. de C.V. –que ya incursionó también en la realización de
películas con Blueicon Films– es sólo una de las al menos 12 empresas
vinculadas a un esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico, según
las investigaciones de la PGR y la SHCP, cuyos principales accionistas son
Javier de Lope Francés y Adolfo Ernesto Hernández Martínez.
Conforme a la indagatoria
C.I./PGR/UEAF/0001/2015-04, a la que este semanario tuvo acceso, ambos
personajes comenzaron en 2011 una inaudita expansión en el ramo de la
construcción en la zona más exclusiva de la Angelópolis, localizada en el
municipio de San Andrés Cholula, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN)
desde hace 20 años.
La súbita prosperidad de
ambos empresarios de Puebla coincide con el inicio del gobierno de Moreno
Valle, en febrero de 2011, cuyo primer secretario de Infraestructura fue
Antonio Gali Fayad, gobernador electo.
Según las investigaciones de
la PGR y de la SHCP que están en curso y que iniciaron en enero de 2015, los
implicados han realizado operaciones con dinero sucio, “utilizando
instituciones del sistema financiero con el objeto de ocultar el origen y el
destino de dichos recursos ilícitos, además de buscar darles una apariencia de
legitimidad”.
Este esquema de operación se
materializa mediante la constitución de numerosas empresas, “que sirven como
fachada para ingresar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero”,
compañías que no tienen una operación comercial que sustente los recursos que
manejan y que además tampoco cumplen con el pago de impuestos por los recursos
operados.
Inclusive una de las empresas
propiedad de los implicados, Tan Inn Salón, S.A. de C.V. –que proporciona
servicio de bronceado corporal–, hizo, en junio de 2013, una transferencia de
recursos a la empresa Agua Bendita, de Colombia, propiedad de Jorge Alberto
Saldarriaga, hijo de Ivonne María Escaf Saldarriaga, presa en Estados Unidos
acusada de enviar a ese país cuatro toneladas de cocaína.
De acuerdo con las
investigaciones de la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR,
que las inició a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia
Financiera de la SHCP, en enero de 2015, los desarrollos inmobiliarios de
Blueicon en el Distrito Sonata sólo se explican con recursos producto de
actividades criminales.
“Los implicados, utilizando
diversas (personas) morales, despliegan una operativa a través de la cual
incorporan recursos económicos al sistema financiero nacional mediante
múltiples actos que posteriormente utilizan para la construcción de complejos
inmobiliarios, particularidades que aunadas a la falta de cumplimiento en
obligaciones de carácter fiscal, así como a la vinculación trasnacional de los
sujetos mencionados en actividades criminales, de manera fundada permiten
establecer que los recursos utilizados para tal efecto tienen una procedencia
ilícita y se efectuaron con el objeto de ocultar su origen y destino, generando
todo ello una afectación al bien jurídico tutelado por el tipo penal de
operaciones con recursos de procedencia ilícita.”
DUEÑOS O TESTAFERROS
En una de poquísimas
investigaciones de la PGR y la SHCP sobre operaciones con dinero de origen
presuntamente criminal, y cuyo desenlace es incierto, los dos principales
implicados en el caso, De Lope Francés y Hernández Martínez, no pertenecen a la
élite empresarial de Puebla, pese a los cientos de millones de pesos que
manejan desde 2012.
Hernández Martínez es un
personaje desconocido y De Lope Francés se sabe que fue reconocido por Vicente
Fox, en 2001, como joven emprendedor que, a partir de los 16 años, había tenido
modestos negocios vendiendo pins, portarretratos de madera y por un tiempo
dueño de un verificentro en Puebla.
En 2010, según un perfil
publicado en la revista Expansión, tenía tres negocios: Publicidad Estudiantil
Lofran, comercializadora de publicidad universitaria –en libretas regaladas en
colegios–; El Súper Negocio en Casa, una empresa multinivel para vender abarrotes
y medicamentos, y Facture Ya, vendedora de software a pequeñas y medianas
empresas para elaborar facturas electrónicas.
Sin embargo, de acuerdo con
la investigación de la PGR y la SHCP, es en 2011 cuando comienza la
espectacular expansión de los negocios de De Lope Francés –de 36 años– y su
socio, que en cuatro años se han convertido en los principales constructores de
desarrollos de lujo en la zona más cara de Puebla.
Para la PGR, De Lope Francés
y Hernández Martínez podrían no ser los verdaderos dueños del dinero, sino sólo
prestanombres o testaferros, por lo que, desde el 10 de junio de 2015, un juez
autorizó la intervención de uno de sus números telefónicos y, en agosto de ese
año, pidió autorización para intervenir otros seis números con el fin de
identificar a todos los implicados en la presunta trama criminal:
“(Con la intervención
telefónica) se estaría en condiciones de conocer la identidad de las personas
que sin desarrollar esas funciones (dirigentes), son utilizados como
testaferros, es decir, los individuos que con pleno conocimiento de su actuar
delictivo fueron registrados ante las instituciones financieras y autoridad
fiscal como accionistas en la adquisición en la constitución de las personas
morales de mérito, aportando únicamente sus identidades y el curso de actos
necesarios para conseguir un doble propósito: el anonimato de los individuos
que tienen el verdadero control de los activos y la realización de personas
colectivas que a la postre son utilizadas para realizar las operaciones ya
aludidas.”
Las investigaciones de la PGR
lograron acreditar que De Lope Francés y Hernández Martínez constituyeron 47
empresas, en las que están registrados como accionistas y/o representantes
legales, compartiendo cargos de dirección en 12 de ellas. Seis de las 47
reportan como actividad el ramo de la construcción y siete la comercialización
de equipos de cómputo y software.
Firmada por el agente del
Ministerio Público Christian Axel Salas Jurado, adscrito a la Unidad
Especializada en Análisis Financiero, la solicitud dirigida al juez segundo de
Distrito, especializado en el Sistema Penal Acusatorio, es para la intervención
telefónica de dos números de Hernández Martínez y De Lope Francés.
También se solicitó
intervenir otros cuatro números telefónicos de tres de las empresas: Servicios
Tecnológicos Avanzados en Facturación, S.A. de C.V., Facturar en Línea, S. de
R.L. de C.V., y Blueicon Technology, S.A. de C.V., aunque también están vinculadas
a la investigación Blueicon MMP, S.A. de C.V., Centro Comercial Sonata, S.A. de
C.V., Inmobiliaria Sonata, S.A. de C.V., Centro Comercial 2H, S.A. de C.V.,
Departamento FHM, S.A. de C.V., y Tan INN Salón, S.A. de C.V.
La PGR supone que, además De
Lope Francés y Hernández Martínez, hay otros implicados que “estén siendo
destinatarios de los recursos obtenidos, ello a fin de distribuirlos a diversos
grupos delictivos aún desconocidos por esta autoridad ministerial”.
MILLONES Y MILLONES
La PGR inició la averiguación
luego de que, el 14 de enero del año pasado, la Unidad de Inteligencia
Financiera de la SHCP presentó la denuncia, que detalla la manera anómala de
operar de las empresas de los dos empresarios poblanos y también porque no
pagaron impuestos.
Y un dato llamó su atención:
el 11 de julio de 2013, la empresa Tan Inn Salón, de la que Hernández Martínez
es accionista y administrador único y De Lope Francés es accionista y
comisario, hizo una transferencia electrónica a una empresa de Colombia por 112
mil 619 pesos.
La empresa destinataria se
llama Agua Bendita y su propietario es Jorge Alberto Saldarriaga Escaf, hijo de
Ivonne María Escaf de Saldarriaga, “persona que en el mes de noviembre de 2000
fue extraditada a Estados Unidos de Norteamérica al estar acusada de enviar a
ese país cuatro toneladas de cocaína por la vía marítima”.
Las investigaciones sobre los
sospechosos iniciaron a partir de que la Unidad de Inteligencia Financiera de
la SHCP identificó que “las empresas constituidas por los indiciados, las
cuales operan grandes cantidades de dinero, han omitido el pago de impuestos
atinentes, con la clara finalidad de no alertar a la autoridad hacendaria,
máxime que se encuentran imposibilitados para justificar dichos ingresos”.
Por ejemplo, Blueicon
Technology, S.A. de C.V., de la que es accionista Hernández Martínez, maneja
recursos que no tienen sustento:
“Está desarrollando diversos
proyectos inmobiliarios dentro del complejo denominado Distrito Sonata, ubicado
en Lomas de Angelópolis, Puebla, desarrollos que concentran grandes espacios
comerciales y residenciales, y al comparar ingresos del balance contable de la
empresa con las dimensiones y espacios edificados resulta inexplicable y
desproporcional, ya que los activos reportados no alcanzan ni para la compra de
los terrenos y mucho menos para las obras realizadas, en razón de dichas
compraventas suman más de 55 millones 85 mil 490 pesos, cantidad liquidada el
26 de noviembre de 2013, causando especial interés que de la propia página en internet
de dicha empresa se desprende que se comenzó con la construcción de estos
complejos desde el año 2012, es decir, un año antes de la compra de los citados
terrenos.”
Añade la indagatoria de la
PGR, iniciada a petición de la SHCP:
“La empresa Blueicon
Technology, S.A. de C.V., se constituyó en fecha 4 de julio de 2011, en el cual
reportó no haber tenido ingresos representativos, pero en la declaración de
impuestos correspondiente a 2012 la sociedad manifestó tener un inventario de
activos por 19 millones 988 mil 837 pesos y para el ejercicio 2013 el mismo
ascendió a 206 millones 870 mil 240 pesos, sin identificar el origen de los
recursos que provocaron el aumento y sin localizarse ingresos generados por la
persona moral derivados de sus actividades, aunado a que del 19 de abril de
2012 al 16 de mayo de 2014 se identificaron ingresos vías trasferencias
electrónicas SPEIS sin que dichos activos fueran reportados en la declaración
de impuestos ateniente.”
Añade: “(…) Los imputados, a
través de diversas personas jurídicas colectivas, de las que son accionistas
y/o representantes legales, desplegaron operaciones utilizando los servicios de
instituciones que integran el sistema financiero y en el ámbito comercial, que
al ser analizadas conjuntamente con el resto de los datos permitieron
establecer de manera fundada y motivada que los recursos económicos implicados
tienen un origen ilícito y que las conductas se realizaron pretendiendo ocultar
el origen y destino de los mismos, aunado a que no pueden justificar el origen
lícito de esos activos, pues no corresponden a los que la sociedad mercantil
BLUE ICON TECHNOLOGY, S.A. DE C.V., reporta a la autoridad hacendaria, sin que
se conozca otra fuente de ingresos lícitos de la citada empresa”.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ÁLVARO
DELGADO , 6 OCTUBRE, 2016)
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