Juan Ignacio Hernández Mora y Paulo
Uribe Arriaga, los funcionarios penitenciarios de más alto rango presuntamente
responsables de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en julio de 2015,
finalmente fueron exonerados de todo cargo. La decisión la tomó el juez federal
Víctor Octavio Luna Escobedo, el mismo que los había consignado al principio,
luego de un intercambio de información con Felipe de Jesús Muñoz Vázquez,
personaje cercano al presidente Enrique Peña Nieto.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
En común acuerdo, la Procuraduría General de la República (PGR) y un juez
federal exoneraron a quienes se perfilaban como los principales responsables de
la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en 2015:
Juan Ignacio Hernández Mora y Paulo Uribe Arriaga.
A pesar de que inicialmente
habían sido consignados por la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR por ser los funcionarios de más
alto rango en el manejo directo de los penales federales en el país, ambos
libraron la prisión y cualquier otro proceso penal.
Hernández Mora sólo fue
cesado como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención
y Readaptación Social (OADPRS), mientras que Uribe Arriaga se mantiene como
director general de Administración del órgano, donde una de sus tareas es la de
contratar los servicios de seguridad periféricos y subterráneos en las cárceles
federales, lo que omitió en el caso del penal del Altiplano.
De acuerdo con documentos
judiciales conocidos por este semanario, Hernández Mora y Uribe Arriaga fueron
advertidos de esa falla cuando El Chapo ya estaba en el Centro Federal de
Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano, de donde el capo
sinaloense escapó a través de un túnel de casi kilómetro y medio el 11 de julio
de 2015, aunque fue recapturado siete meses después.
La gracia para Hernández Mora
y Uribe Arriaga se concretó en un intercambio de información entre la SEIDO, a
cargo entonces de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, y el juez federal Víctor
Octavio Luna Escobedo, a quien el Poder Judicial de la federación le dejó
hacerse cargo de los procesos penales contra todos los implicados en la fuga en
julio del 2015.
Muñoz Vázquez pertenece al
entorno del presidente Enrique Peña Nieto. Trabajó en la PGR con el consejero
jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, y dejó de ser
subprocurador horas antes de que el juez decretara la formal prisión contra los
funcionarios ahora procesados.
Lo que ocurrió después con
Hernández Mora y Uribe Arriaga fue algo más que suerte. Al entonces comisionado
del OADPRS no lo pudo sostener quien lo promovió para hacerse cargo de los
penales federales, Monte Alejandro Rubido García, quien lo tuvo en el Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) al inicio del actual gobierno, aunque su
relación en esa instancia viene desde el sexenio de Felipe Calderón.
Casi dos meses después de la
fuga, Rubido también tuvo que dejar el cargo como titular de la Comisión
Nacional de Seguridad (CNS), de la que dependen tanto las prisiones federales
como la Policía Federal. Todas esas instancias están bajo el mando de la Secretaría
de Gobernación (Segob).
Uribe Arriaga tenía mejor
respaldo: el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, con quien ha
trabajado desde los años noventa, pasando por el gobierno del estado de Hidalgo
y ahora como jefe de la seguridad en el país (Proceso 2030 y 2052). Pese al
desprestigio internacional que la fuga representó para su gobierno, Peña Nieto
mantuvo en su cargo al exgobernador de Hidalgo, quien ahora busca ser
precandidato presidencial del PRI.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición
2084 de la revista Proceso, ya en circulación.
(PROCESO / REPORTAJE ESPECIAL/ JORGE CARRASCO ARAIZAGA/8 OCTUBRE, 2016)
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