El misterio sigue sin resolverse
CIUDAD DE MÉXICO.- Dos años
después de que desaparecieron 43 estudiantes universitarios durante una noche
de violencia cometida, en parte, por fuerzas de seguridad, el misterio de su destino
sigue sin resolverse.
Un comité internacional de
expertos legales y en derechos humanos que pasó un año estudiando el caso
cuestionó la capacidad y la disposición del gobierno mexicano para llegar al
fondo del asunto.
Desde que partieron los
expertos en abril, el gobierno ha ampliado su investigación para incluir una
variedad más amplia de posibles sospechosos. Además, el principal investigador
de la procuraduría general renunció en medio de una averiguación de asuntos
internos sobre su manejo del caso.
Sin embargo, hay una
sensación prevaleciente aquí y en el extranjero de que no se puede dejar al
gobierno mexicano determinar quién estuvo detrás de la violencia en Iguala, en
el estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, y lo que sucedió
a los estudiantes, la mayoría de ellos de primer año. Muchos observadores están
depositando sus esperanzas de justicia en la Comisión Interamericana sobre
Derechos Humanos con sede en Washington, la cual desplegará un equipo que siga
de cerca la investigación.
Los padres de los
desaparecidos y los muertos, la mayoría de ellos de clase obrera, han sostenido
su incesante cabildeo en busca de respuestas. Les han acompañado docenas de
estudiantes que sobrevivieron a esa noche pero por siempre lidiarán con las
cicatrices que la misma dejó. He aquí tres de ellos.
EDGAR ANDRÉS VARGAS
Recientemente, Andrés se
sometió a una sexta cirugía para reparar su rostro. Durante los ataques en
Iguala, fue alcanzado por una bala que pulverizó sus dientes superiores e hizo
añicos su mandíbula. No sabe cuántas operaciones más tendrá que soportar.
En el momento de los ataques,
Andrés era un estudiante de tercer año de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, una universidad de maestros en Ayotzinapa. Estaba entre un grupo de
estudiantes que respondieron a los angustiados llamados de los estudiantes de
primer año que estaban siendo atacados por la policía municipal de Iguala, una
ciudad cercana. Los estudiantes más jóvenes habían ido a Iguala a requisar
autobuses para transportarse a una manifestación en la Ciudad de México, una
antigua práctica de la escuela.
EDGAR ANDRES VARGAS.
Andrés y sus compañeros
llegaron después de que los 43 estudiantes habían desaparecido. Mientras
examinaban la escena, les dispararon pistoleros, y Andrés fue alcanzado. Pese a
sus heridas, fue ignorado por personal militar e incluso por el personal médico
de una clínica local.
Cuando finalmente fue llevado
a un hospital municipal, dos horas después de que fue herido, los médicos ahí
le dijeron que si se hubiera tardado otros cinco minutos, habría muerto.
Andrés, de 21 años de edad,
ha estado recibiendo atención médica en la Ciudad de México, lo cual ha
alterado la forma de vida de toda su familia. Su madre renunció a su empleo
operando una tienda de conveniencia para mudarse a la capital para cuidarlo, y
sus hermanos menores también se reubicaron. Su padre se quedó en su ciudad
natal, San Francisco del Mar, en el estado de Oaxaca, para seguir trabajando
como director de una escuela primaria y, los fines de semana, como agricultor.
El gobierno ha cubierto el
costo de la atención médica y presta un departamento a la familia. Sin embargo,
han agotado sus ahorros para cubrir el costo más alto de vivir en la capital y
complementar la pérdida de los ingresos de su madre.
Andrés pasa gran parte de su
tiempo en el departamento. Cuando sale para ver una película o dar un paseo,
usa una mascarilla quirúrgica, en parte porque le avergüenza su desfiguración.
“Temo que las personas vayan a discriminarme por esto”, dijo.
La escuela permitió a Andrés
terminar sus estudios este año trabajando remotamente, y se graduó con su
generación. Sigue esperando trabajar como maestro de escuela primaria, pero ha
añadido otro objetivo profesional, convertirse en abogado.
“Después de todo lo que
sucedió, pienso que el sistema legal es un desastre”, dijo. “¿Quién va a
proteger a la gente?”.
MANUEL VÁZQUEZ ARELLANO
Vázquez conoció la pérdida a
temprana edad. Creció en Tlacotepec, una pequeña localidad montañesa en el
estado de Guerrero conocida por las cosechas de amapolas de opio y la
violencia. Tenía 12 hermanos, cinco de los cuales murieron en su niñez por
enfermedades curables.
Siendo niño, Vázquez trabajó
en los campos, cosechando las amapolas y extrayéndoles su savia, la materia prima
principal de la heroína. Cuando tenía siete años, vio a asesinos disparar en
una fiesta, matando a una persona e hiriendo a varias más. Años después, uno de
sus hermanos fue asesinado en una disputa que, según sospecha, tuvo que ver con
una rivalidad de pandillas.
Su escape de esa vida, pensó,
era a través de la escuela normal. Se convirtió en miembro del comité
estudiantil y se sumergió en la cultura de activismo político de la
universidad.
La noche de los ataques en
Iguala, Vázquez estuvo entre los estudiantes de último año que se apresuró a
acudir en ayuda de los estudiantes más jóvenes y fue recibido por los disparos
de atacantes no identificados.
Vázquez, ahora de 28 años de
edad, se las ingenió para escapar ileso. En las semanas y meses siguientes,
cuando los 43 desaparecidos llegaron a simbolizar la profundidad de la
corrupción e incompetencia del gobierno, Vázquez surgió como un importante
portavoz en la campaña a favor de la justicia.
Recorrió México, exhortando a
la gente a tomar las calles en protesta y criticando el manejo de la
investigación que hizo el gobierno. Eventualmente, llevó su campaña al
extranjero, a Estados Unidos y Europa, despertando la conciencia sobre el caso
y cabildeando ante políticos y activistas para que presionen al gobierno
mexicano.
La tarea le dio una sensación
de propósito y le ayudó a dejar de lado la culpabilidad del sobreviviente.
Vázquez se inscribió este año
en la escuela de derecho en la Ciudad de México y aspira a convertirse en juez
para combatir la incesante corrupción de México.
Cuando era más joven, Vázquez
frecuentemente tenía pesadillas en las cuales se veía siendo asesinado, tal era
el clima de violencia en que se crió. Los sueños de su propia muerte siguen
coloreando los periodos en que duerme, pero ahora, dice, se ve muriendo por una
causa: “con un propósito y una razón”.
ALDO GUTIÉRREZ SOLANO
Gutiérrez ha estado en coma
desde que una bala perforó su cerebro durante la noche de la violencia. Había
estado viajando en uno de los autobuses robados cuando la policía empezó a
disparar.
Sus médicos y familiares
miden su recuperación, aunque pequeña, en sonidos y micromovimientos
involuntarios. Sus párpados se abren ocasionalmente. Bosteza. Sus músculos se
contraen. Los doctores dicen que su supervivencia tanto tiempo es asombrosa,
sin embargo creen que sus oportunidades de recuperarse del coma son muy
escasas.
Sus padres y 13 hermanos,
todos los cuales viven en Guerrero, han organizado una rotación para asegurarse
de que al menos uno de ellos esté al lado de su cama del hospital todo el
tiempo. Han rentado una pequeña habitación cerca, donde descansan y se bañan
entre turno y turno.
El compromiso ha ejercido una
presión enorme sobre la familia. Uno de sus hermanos dijo que ha pasado tanto
tiempo alejado de casa que su propia familia está sufriendo.
ALDO GUTIÉRREZ
“No he podido llevar a mis
hijos al parque un sábado en dos años”, dijo el hermano, Leonel, de 37 años de
edad, quien trabaja como taxista en Tutepec, una pequeña localidad en Guerrero,
el viaje en autobús desde su casa al hospital toma seis horas.
Pero la familia ha hecho un
pacto para ofrecer a Gutiérrez la mejor atención posible.
Aldo Gutiérrez, de 21 años de
edad, nunca quiso realmente convertirse en maestro, dijo su hermano. La
escuela, donde era estudiante de primera año, era simplemente una manera de
salir de la pobreza. Su sueño verdadero era convertirse en oficial de la Marina
mexicana.
“El sufrimiento es demasiado
grande”, dijo Leonel. “Seguimos sin entender: ¿por qué nos sucedió esto? ¿Cómo
nuestro gobierno es capaz de disparar a sus propios ciudadanos?”.
(EL DEBATE/ New York Times/11 DE OCTUBRE 2016)
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