Aunque queda sujeto a proceso penal
seguirá en libertad por una fianza, asegura el delegado de la PGR en Sonora
Un Juez Federal dictó auto de
formal prisión a Roberto Francisco Ávila Quiroga, identificado como el
principal operador de los “beneficios fiscales” durante el sexenio de Guillermo
Padrés.
Ávila Quiroga está acusado de
beneficiar al exgobernador de Sonora y sus colaboradores más cercanos con
exención de impuestos y auditorías fiscales amañadas que generaron un daño
patrimonial al erario público a mil 700 millones de pesos.
Darío Figueroa Navarro,
delegado en Sonora de la Procuraduría General de la República (PGR), lamentó
que el exdirector General de Auditoría Fiscal del SAT en el Estado, acusado por
el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, lleve el proceso penal
en libertad porque el juez decimosegundo de distrito, Herminio Armando
Domínguez Zúñiga, le fijó una fianza de apenas 20 mil pesos, la cual ya fue
impugnada por el Agente del Ministerio Público Federal que integró la
averiguación previa y obtuvo la consignación.
Ávila Quiroga presentó ante
el juez una ampliación de su declaración y precisamente ayer sábado se le dictó
auto de formal prisión. Va a quedar sujeto a proceso penal, pero seguirá en
libertad.
Tiene ciertas obligaciones
que el juez le impuso, como marca el artículo 399 del Código Federal de
Procesos Penales, como la obligación de ir a firmar cada cierto tiempo. Además
no puede salir de la ciudad”, dijo el delegado de la PGR en Sonora.
El 4 de agosto, agentes de la
Policía Federal Ministerial detuvieron a Ávila Quiroga, en atención a una orden
girada por el Juez por la causa penal con número de expediente 61/2016; durante
el tiempo que estuvo arrestado, trascendió que el acusado mandó destruir una
lujosa mansión que estaba construyendo en un exclusivo fraccionamiento, para
entorpecer las investigaciones de la PGR.
Entre las empresas
beneficiadas con la exención de impuestos, figura el Rancho Pozo Nuevo de
Padrés propiedad de la familia del exgobernador de Sonora, esta sociedad rural
adeudaba 15 millones 108 mil 348 pesos por impuestos federales. Sólo pagó 119
mil 970 pesos, el resto se les “perdonó”.
En abril de 2015 la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó que se realizaron
las “auditorías a modo”.
CONSECUENCIAS
A consecuencia de esos actos
de corrupción, el SAT suspendió la facultad de fiscalización al Gobierno de
Sonora a finales del 2015.
El erario estatal en la
presente administración dejó de percibir alrededor de 104 millones de pesos en
incentivos fiscales.
Las auditorías a modo
generaron un daño al erario público federal por mil 705 millones de pesos.
(DOSSIER POLITICO/ Tomado de: Daniel
Sánchez Dórame / Excélsior/ 2016-08-23)
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