La reforma política que pasó como tren por encima de los estados
Saben que no hay marcha atrás. Trabajan en sus tareas cotidianas e
institucionales, pero reina la incertidumbre de lo que será su futuro
cercano. Tanto el Consejo Estatal Electoral como el Tribunal Estatal
Electoral tienen sus días contados, luego de la aprobación de la
creación del Instituto Nacional Electoral (INE).
Cuando las autoridades electorales en Sinaloa suponían estaban
entrando en una etapa de mayor relajación institucional, desprovista ya
de las intensas jornadas que un proceso electoral genera, pasaron
repentinamente a una fase de falta de seguridad y claridad sobre lo que
les depara como instituciones en los siguientes meses.
El Consejo Estatal Electoral con 18 años de fundación y el Tribunal
Estatal Electoral con 21, como se conocen hasta ahora, desaparecerían
y/o tendrían transformaciones radicales próximamente. El personal no
tiene la certeza si se quedará o pasará a formar parte de otra entidad
laboral. Y los titulares o cabezas de ambas instituciones, cuyos
nombramientos suponían tenían vigencia, en algunos casos por algunos
años más, no se atreven a decir siquiera si aspirarían a ocupar un
espacio en la nueva estructura electoral que sería comandada por el INE,
porque falta todavía la definición de las leyes secundarias que
dibujarán a detalle la operatividad de las instituciones en el marco de
la reforma electoral.
Tanto en el Consejo Estatal Electoral como en el Tribunal Estatal
Electoral no dudan en declarar que la reforma constitucional en material
electoral fue equivocada, que le faltó discusión y maduración.
Desestiman los argumentos, más acentuados, bajo los cuales se creó el
INE: la dependencia del gobernador y la economía en la organización de
comicios.
Las cabezas de ambas instituciones coinciden en señalar que esta
reforma electoral constitucional fue la primera reforma en no ser
procesada a nivel nacional, mediante un conjunto de debates,
diagnósticos, que pudieran haber dado mayor claridad.
A la espera: Vega Ayala
“La estrategia política mexicana de los partidos ha sido precisamente
la de modificar la ley en función de los resultados electorales”,
declara Enrique Vega Ayala, académico de la UAS y actual secretario
general de Consejo Estatal Electoral.
Siguen a detalle la definición del entramado de procedimientos que
serán modificados a fondo y que en consecuencia trastocarán la vida de
ambas instituciones en los siguientes meses. Lo único que les queda es
esperar la elaboración que hará el Poder Legislativo de al menos tres
leyes secundarias: una de partidos políticos, otra de delitos
electorales, y una más de procedimientos electorales.
La fecha del 30 de abril de 2014 sería el vencimiento del plazo legal
para la elaboración de las referidas leyes secundarias. Mientras tanto,
todo lo que se diga sobre el tema, dentro o fuera de las instituciones
electorales, entra solamente en el plano de la especulación o la
interpretación del primer texto que ha recorrido las sedes de la Cámara
de Diputados y la del Senado de la República.
“Estamos en una situación de incertidumbre”, expresa Enrique Vega
Ayala al hablar sobre las reformas constitucionales en proceso que
substituye al IFE por el INE.
Enfatiza que habrá que esperar lo que definan las leyes secundarias,
cuyo contenido deberá precisar qué pasaría con los organismos autónomos
de los estados que se han encargado de la organización de los comicios
en cada una de las entidades.
“Los críticos más profundos del asunto hablan que estamos en una
situación de mucha incertidumbre que pudieran estar afectando, incluso,
factores de certeza jurídica”.
El Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, junto con los consejos de
todo el país, se unió al pronunciamiento a nivel nacional sobre la
situación de incertidumbre que se estaba dejando a los órganos
electorales locales. Producto de ello se reconoció la existencia como
tales, pero se impuso la decisión de que podrían ser hechos a un lado si
había determinadas condiciones, no precisadas, para la organización de
las elecciones.
“Hay una lastimadura al sistema federal desde la perspectiva
institucional y hay una incertidumbre que pudiera implicar que la
certeza jurídica que ha caracterizado al sistema electoral mexicano se
vulnere”.
Vega Ayala desestima que con la nueva estructura del INE los comicios
puedan ser menos onerosos, aunque aclara que dependerá de las
estructuras que definan las leyes secundarias que estarían en gestación.
Aspectos como las nuevas condiciones laborales del personal, el
cambio en Sinaloa de alrededor de dos millones de credenciales del IFE
por el INE, la definición de las estructuras de consejeros permanentes,
sus métodos de elección, el sistema por distritos, entre otros, se
desconocen.
Eventualmente algunas disposiciones, opina, podrán ayudar a reducir
costos en términos generales, como por ejemplo, la impresión de
documentos, compra de materiales electorales y la posibilidad de saltar
al voto electrónico.
La presunta dependencia de los gobernadores con los consejos
electorales, comenta, ha sido uno de los argumentos más endebles que
justificó la creación del INE.
En todos los estados, son los Congresos, expone, quienes designan a
los consejeros ciudadanos. “No por el hecho de designarlos
necesariamente hay una relación de dependencia. Se ha visto en Sinaloa
que esta relación de los consejeros con los órganos estatales no
necesariamente termina siendo de dependencia”.
Destaca el contrargumento de que en México el tema de la alternancia
empezó en los municipios y terminó en la Federación, no a la inversa, lo
que quiere decir que la fuerza de los gobernadores no es tan
contundente como para impedir los procesos de democratización.
Opina que el cuestionamiento del revés que la reforma podría dar al
federalismo, deberá verse en qué magnitud será, en función de lo que
determinen las leyes secundarias, para ver en qué medida se hará a un
lado a un lado a los órganos autónomos locales en material electoral,
para que el órgano central asuma la organización de las elecciones.
“Teóricamente ya implica una interferencia que atenta contra el
federalismo doctrinal, pero hay que ver cuáles son los matices y
circunstancias que se van a dar ahí”.
En tanto no exista una definición legal de lo que pasará con las
atribuciones del CEE, el órgano autónomo continúa con su trabajo.
Actualmente se encuentra revisando los informes de los gastos de campaña
de los partidos políticos.
“La institucionalidad no se para por estos cambios que vienen, en
todo caso nos tendremos que ajustar a esos cambios. Eso ya nos queda
claro. Lo que sí tenemos la duda de cuáles son las nuevas condiciones en
las que vamos a operar”.
Un tribunal debilitado
Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Tribunal Estatal Electoral,
señala que la falta de una discusión sobre las implicaciones de la
reforma electoral traerá dificultades en su operación.
Pone en la mesa el caso de los tribunales del país, los cuales
pretenden ser homologados, sin considerar que los existentes tienen muy
diversa integración, estructura y presupuesto.
Hay algunos, señala, que están integrados al poder judicial local,
otros son reconocidos como órganos autónomos, y otros más que comparten
responsabilidades para dirimir también controversias en el terreno de lo
contencioso administrativo.
Otros de los problemas es la dificultad que tendrán para su operación
los tribunales pues será una entidad federal los que los nombre y otra,
pareciera ser, un ámbito local la que aporte el presupuesto.
“Puede haber ahí desencuentros muy importantes que incida en la operatividad de los órganos”, advierte.
En un primer término la reforma establecía la desaparición de los
tribunales estatales electorales, pero luego posteriormente se hizo
referencia a la remoción de los magistrados en funciones, para proceder a
nuevos nombramientos.
Uno de los argumentos que se señalaba para desaparecer los tribunales
locales era lo costoso que resultaban para los procesos electorales.
Chávez Rangel sostiene que los tribunales de todo el país no son
onerosos si se toma en cuenta que, en su conjunto, cuentan con un
presupuesto anual de 750 millones y tienen una efectividad en sus
sentencias del 95 por ciento, en tanto que el Tribunal Electoral del
poder Judicial de la Federación absorbe un presupuesto de 2 mil millones
de pesos.
El presidente del Tribunal Estatal Electoral lamenta que la reforma
electoral esté muy ligada a la suerte de la reforma energética.
“Es la primera vez que se empieza a hablar de una reforma como moneda de cambio de la reforma energética”.
Considera que es la primera vez, en mucho tiempo en México, que una reforma electoral no tiene el peso por sí misma.
“El tema electoral queda en un segundo término o no en un mismo plano de importancia que la reforma energética”.
Recuerda que las últimas reformas electorales habían sido producto de
un movimiento político importante, como lo fue el pasado reciente, el
movimiento de Andrés Manuel López Obrador y su consigna de conteo de
voto por voto, así como la regulación en la injerencia de los medios de
comunicación en los procesos electorales.
Cuestiona la prisa con la que los diputados sacaron adelante la
reforma electoral con una discusión muy somera, dispensando de todos los
trámites que fuesen posibles, en una votación desenfadada.
El magistrado presidente llama la atención de que hayan sido panistas
quienes iniciaron esta reforma electoral, porque favorece el
centralismo, por ser el Partido Acción Nacional quien siempre ha hecho
reclamo histórico de descentralizar el poder.
“Esta lógica de tratar centralizar las instituciones electorales va
en contra también de todo lo que se había tratado de hacer desde 1977,
cuando se obraba con la lógica de la ciudadanización, de fragmentar el
poder, de no concentrar, de transparentar, de los tribunales locales
tuvieran otro tribunal que revisarán nuestras sentencias”.
Sostiene que con la reforma se podrían enturbiar las decisiones que
se van tomando a lo largo el proceso electoral y debilita mucho la
función de los tribunales.
Borrón y cuenta nueva
El presidente junto con los siete consejeros ciudadanos que integran
el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, fueron nombrados en diciembre
de 2012 y asumieron su cargo en enero de 2013. La estructura del Consejo
fue nombrada por el Congreso del Estado de Sinaloa para estar al frente
durante dos procesos electorales locales, es decir, los comicios de
2013 y 2016.
A reserva de los detalles legales, la reforma apunta que el INE
nombraría para Sinaloa a nuevos consejeros ciudadanos y a un nuevo
presidente, antes que inicie el siguiente proceso electoral local.
Con la reforma electoral, los magistrados serían renovados, al igual
que todo el país, en diferentes etapas por parte del Senado de la
República, no por los congresos de los estados.
Sinaloa llegaría al proceso electoral de 2016 con los nuevos nombramientos de magistrados del Tribunal Estatal Electoral.
Con el marco legal que había estado vigente, el actual presidente y
el magistrado Eduardo Ramírez Patiño, y Diego Fernando Medina fueron
nombrados por el Congreso del Estado de Sinaloa apenas en 2013 para
concluir en su cargo en 2020. En tanto que la magistrada Maizola Campos
Montoya fue nombrada en 2010 con una vigencia hasta 2016, y Guillermo
Lizárraga Martínez se supondría estaría con el nombramiento de
magistrado supernumerario al 2017.
En tanto dos magistrados estarían por concluir su nombramiento en 2014: Fausto F. Partida Luna y Óscar Ursicichi Arellano.
Anabel Ibáñez/ diciembre 15, 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario