VALPARAÍSO,
CHILE (Proceso).- La coalición Nueva Mayoría –cuya candidata a la
Presidencia, Michelle Bachelet, aventaja rumbo a la segunda vuelta en
las elecciones que se realizarán este domingo 15– enfrenta reacomodos de
la política interna en los que pierden fuerza los protagonistas de los
partidos tradicionales y se posicionan nuevos cuadros con tendencia de
izquierda.
Este conglomerado de
partidos de centroizquierda se formó en 2013, cuando la Concertación por
la Democracia –formada por los partidos Democratacristiano (DC),
Socialista (PS), Radical (PR) y Por la Democracia (PPD)– acogió en su
seno al Partido Comunista (PC), al Movimiento Amplio Social (MAS) y a la
Izquierda Ciudadana (IC).
El académico Claudio Fuentes, director
del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (Icso) de la
Universidad Diego Portales, asegura que “claramente el programa y las
fuerzas políticas que acompañan hoy a Bachelet tienden a ser más de
izquierda” respecto de los partidos que la postularon en 2006, cuando
ganó por primera vez la Presidencia de Chile.
En entrevista con
Proceso, Fuentes dice que dentro de Nueva Mayoría “hay una tensión entre
un polo más de izquierda, que incluye al PC, al PS y al PPD, con
fuerzas que son más de centro, como el PR y la DC, “especialmente esta
última”.
El también exdirector de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso) señala que Bachelet tiene el consentimiento
de la Democracia Cristiana para avanzar en una reforma tributaria y otra
al sistema de pensiones, pero cree que ese partido pondrá trabas para
hacer otros cambios, sobre todo en educación. “Hoy día es el mercado el
que provee y la familia la que paga. La propuesta de los estudiantes de
convertir la educación en derecho social significaría que el Estado –vía
impuestos a los más ricos– va a asumir el financiamiento en esta
materia. Universalizar el acceso a la educación, y que ésta sea de
calidad, constituye un cambio de paradigma y es lo que más va a nutrir
la discusión entre la derecha y la centroizquierda”.
La derrota de los dinasaurios
Dentro
de Nueva Mayoría, las fuerzas de izquierda alcanzaron algunos triunfos
emblemáticos en las elecciones legislativas celebradas junto con la
primera vuelta presidencial el pasado 17 de noviembre.
Con seis
diputados electos –que deberán asumir el 11 de marzo, al igual que la
futura presidenta–, el PC consiguió tener el doble de representación en
la Cámara de Diputados. Entre sus nuevos legisladores destaca la
expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
(FECH), Camila Vallejo, quien hace dos años lideró con Giorgio Jackson
las manifestaciones estudiantiles. Su influencia fue nacional y mundial:
el diario británico The Guardian la designó “personaje del año 2011”.
Jackson
y el sucesor de Vallejo en la FECH, Gabriel Boric, también fueron
elegidos diputados. Aunque ellos no pertenecen a la coalición de
Bachelet, formarán parte del grupo que impulsará transformaciones de
fondo en el Congreso.
Según Fuentes, estos tres dirigentes
juveniles –sumados a la también exlideresa estudiantil comunista Karol
Cariola– “van a jugar un papel casi de megáfono del movimiento social
hacia el Congreso. Y van a hacer una intermediación que puede ser muy
positiva, o bien podrían poner luces amarillas y rojas en la medida en
que los acuerdos no se logren”.
Varios de los triunfos de líderes
que asumen posiciones de izquierda fueron en detrimento de “barones” o
“baronesas” que competían dentro de las listas de Nueva Mayoría. Es el
caso del líder del MAS, Alejandro Navarro, quien retuvo su curul de
senador por la región de Bío Bío al derrotar ampliamente a Camilo
Escalona, quien en marzo culmina su periodo como senador en
representación de la región de Los Lagos.
Escalona, quien presidió
el PS (1994-1998) y el Senado (2012-2013), es uno de los principales
articuladores de “la política de los acuerdos” establecida entre la
Concertación, la derecha y el empresariado a partir de 1990, cuando
Patricio Aylwin (DC) sucedió en la Presidencia de la República al
golpista Augusto Pinochet.
La de Escalona no fue la única pérdida
que debieron lamentar quienes se oponen a los cambios estructurales: en
la circunscripción Santiago Oriente, el diputado socialista Carlos
Montes (PS) venció sorpresivamente a la senadora Soledad Alvear.
El
pasado 18 de noviembre el diario electrónico El Mostrador señaló que
este resultado implica un cambio en el “eje del poder en el seno de la
Nueva Mayoría”, puesto que “la senadora Alvear es fiel exponente del
‘partido del orden’”, en referencia al DC.
En declaraciones al
vespertino La Segunda (19 de noviembre), Montes dio por muerto al “eje
DC-PS”: “Pretender tener un eje y que los demás se subordinen, no
funciona”. Y manifestó que el objetivo de Nueva Mayoría es “llevar
adelante las transformaciones que la oposición ha comprometido a la
ciudadanía”.
José Jara, investigador político y exdirector
académico de Flacso-Chile, aborda el papel que jugó el “eje DC-PS” en el
periodo postdictatorial: “En la transición, la DC y el PS articularon
una relación de control del poder que buscaba la desmovilización de
actores sociales y políticos”.
Jara sostiene que “cuando Montes y
otros senadores socialistas dicen que se acaba el eje DC-PS se refieren a
que ahora se busca responder a las demandas de la ciudadanía: nuevas
políticas sociales, distribución de la riqueza a través de una reforma
tributaria, una nueva Constitución; es decir, cambios más grandes”.
Montes, con su afirmación, “corrió el eje político hacia la izquierda”.
Otro
golpe al viejo orden lo propinó Carolina Tohá, del PPD. Ella es
alcaldesa de Santiago e hija del asesinado ministro del Interior de
Salvador Allende, José Tohá. El lunes 9 declaró a Radio Oasis “que la
política de los acuerdos y los consensos es en realidad la política del
veto impuesto por la derecha. (…) Ésta, a pesar de ser minoría, ha
decidido lo que se hace y lo que no se hace”.
A partir de marzo,
Nueva Mayoría contará con 66 de los 120 diputados y con 21 de los 38
senadores. A éstos podrían agregarse los diputados Jackson, Boric y la
exmiembro de la DC Alejandra Sepúlveda, así como dos senadores: Carlos
Bianchi y Antonio Horvath. Ambos han manifestado su disposición de
apoyar el programa de Bachelet.
Con esta representación
parlamentaria Nueva Mayoría podrá modificar todas las leyes que
requieren quórum simple –como la tributaria, la laboral, la de
aseguradoras de salud y la de medioambiente–, salvo las “orgánicas
constitucionales” y las “constitucionales”, que requieren mayorías
especiales.
Pero si los diputados y senadores independientes ya
mencionados apoyan las propuestas del gobierno, éste alcanzaría la
mayoría de cuatro séptimas partes requerida para cambiar las 18 leyes
orgánicas constitucionales establecidas en la dictadura, como las
relativas a las concesiones mineras, la enseñanza, el sistema electoral y
el banco central.
Francisco Bucat, analista político y
exsubsecretario general del Partido Socialista, explica que la realidad
actual “es muy distinta a la que había en 2006, cuando un puñado de
barones conservadores y neoliberales de los partidos Socialista (PS) y
Democratacristiano (DC) controlaban la Concertación por la Democracia y
articulaban con la derecha y el empresariado los destinos del país”.
Bucat
señala que “todo eso cambió porque se instaló en Chile la necesidad de
los cambios” y “la gran mayoría del país comprende que es necesario
tener otro código laboral; que la educación debe ser gratuita y de
calidad… Eso la sociedad chilena ya lo instaló, ya percibió que es por
ahí que hay que transitar”.
Expresa que la Concertación, al
convertirse en Nueva Mayoría, lanzó un mensaje simbólico: “Ahora quiere
ser consecuente con el movimiento popular que lucha por cambios de
verdad”.
Sin embargo, Bucat no oculta sus dudas sobre Bachelet y
su coalición. Señala que es posible que incumplan sus promesas de
transformación del país. “Bachelet tuvo en 2006 casi 1 millón de
estudiantes en la calle y resulta que promulgó una Ley General de
Educación que acordó con los jefes de los partidos de la Concertación y
de la derecha, dando la espalda al movimiento estudiantil”.
Recuerda
que “en los orígenes de la Concertación (1988) se prometió cambiar la
Constitución y no se cumplió. Se dijo que iba a revertirse la
privatización del aparato del Estado, pero tampoco se hizo”.
Bucat
estima que “sólo cuando se envíen los primeros proyectos al Parlamento
se va a constatar la profundidad que Bachelet va a imprimir a los
cambios y si su alianza respalda en bloque o no sus posturas”.
Tiene
la impresión de que “cuando lleguen los proyectos habrá muchos
parlamentarios, especialmente de la Democracia Cristiana, que no van a
votar a favor de las propuestas de Bachelet”.
Nueva Constitución
Entre
los compromisos de la campaña presidencial de Bachelet estuvo el de una
nueva Constitución, la cual será gestada en forma “participativa”.
La
Carta Magna que rige en Chile fue confeccionada por la dictadura de
Augusto Pinochet y refrendada por un fraudulento plebiscito en 1980. En
2005, el presidente Ricardo Lagos (PS-PPD) sacó adelante una reforma
constitucional que eliminó algunos “enclaves autoritarios”, como la
institución de los senadores designados. Sin embargo, no reemplazó el
antidemocrático sistema electoral binominal ni redefinió el restringido
papel que se le asignó al Estado en la Constitución de 1980. Todo lo
anterior determina la falta de legitimidad de la “Constitución de
Pinochet”, como se le conoce ampliamente.
El pasado 23 de abril,
en un acto realizado en su casa de campaña, ubicado en la capitalina
comuna de Providencia, Bachelet presentó una comisión de expertos
constitucionalistas, a quienes dio una misión precisa: dar forma “a una
nueva Constitución nacida en democracia” que “sea producto de una
discusión amplia y diversa, y que recoja los cambios que el país ha
vivido en las últimas décadas; una Constitución sin los cerrojos ni las
trabas que heredamos”.
Sin embargo, Bachelet no ha definido cómo
se procesará la nueva Constitución: si a través de una asamblea
constituyente, de un grupo bicameral del Congreso Nacional o de la
comisión de expertos nombrados por ella.
La apertura de Bachelet
ocurre en un contexto de gran descontento. Según el estudio nacional
Valores sociales y política, realizado por Ipsos-Universidad de Santiago
y divulgado el miércoles 11, tres cuartas partes de los chilenos son
partidarios de cambiar la Constitución, mientras que sólo 12% quiere que
se mantenga la actual.
Bachelet ha prometido otros cambios: El
pasado 21 de noviembre recibió al senador de Renovación Nacional (RN)
Antonio Horvath. A la salida de la cita, ambos expresaron su rechazo al
megaproyecto energético HidroAysén que la empresa Endesa (propiedad de
la italiana Enel) y el grupo chileno Matte quieren instalar en la
patagónica región de Aysén.
Ese mismo día, Bachelet recibió al
candidato presidencial ecologista Alfredo Sfeir. Ambos se comprometieron
a buscar un acuerdo “que beneficie al medio ambiente y a la salud de
las personas”. Expresaron su rechazo a HidroAysén y coincidieron en la
necesidad de revisar otra polémica ley, cabildeada por la empresa de
transgénicos Monsanto.
Las promesas de Bachelet y la movilización
ciudadana por los cambios han desatado los temores de la derecha, que ha
pasado a la ofensiva.
El lunes 9, el ministro secretario general
de la Presidencia, Cristián Larroulet, aseguró en entrevista con el
diario La Tercera que “anuncios de nuevas inversiones están siendo
postergados” y que “la única explicación que eso tiene es que hay
incertidumbre y temor, fundamentalmente por las propuestas de Bachelet”.
Larroulet
afirmó incluso que esas propuestas también habían causado el bajo
crecimiento de la economía en octubre: 2.8%, la tasa más baja en los
últimos 27 meses.
Los presidentes de los partidos de derecha, Carlos Larraín (RN) y Patricio Melero (UDI), respaldaron estos señalamientos.
El
derechista diario El Mercurio le ha dado amplia tribuna a este tema,
aunque ha concentrado sus ataques en el debate constituyente. Según el
estudio El Mercurio versus la asamblea constituyente –realizado por el
aspirante a doctor en lingüística por la Universidad de Lancaster, José
Ferreiro, y el académico experto en comunicación política de la
Universidad Diego Portales, Damián Trivelli– ese diario “intenta
instalar una retórica del riesgo (“peligro”, “arriesgar”, “vértigo”,
“esconde”…) y de irresponsabilidad institucional (“descabellada”,
“devaneos”, “fanatismo”, “populista”…), utilizando sistemáticamente
falacias discursivas para justificar su posición ideológica y así
deslegitimar una posible asamblea constituyente”.
El jueves 12 en
Temuco, a horas de cerrar su campaña, la candidata presidencial de la
derecha, Evelyn Matthei, lanzó duros dardos con los que buscó infundir
el miedo en la población: “Cambiar la Constitución. ¿Por qué? (…) Si a
Chile le ha ido bien, mejor que a cualquier otro país en Latinoamérica”.
Y remató: “Algunos quieren que Chile se parezca a Venezuela, (…) donde no tienen qué comer… ¿Eso es lo que quieren para Chile?”.
De
todos modos, esta vieja táctica del miedo parece no darle réditos.
Según la citada encuesta Ipsos-Usach, 64% de los votantes respaldará a
Bachelet en las urnas, mientras que 36% se inclinará por Matthei. Sólo
un factor complicaría el triunfo de Bachelet: una alta abstención de los
votantes, que generalmente aumenta en situaciones de temor, real o
infundido.
/15 de diciembre de 2013)
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