Logra consenso de ciudadanos, partidos y legisladores: es plaga que daña la democracia y debe erradicarse
Si las posturas demócratas no son alteradas por los intereses particulares o de grupos políticos, la ley para acabar con el chapulineo
es un asunto que se incluirá en la agenda de la próxima legislatura del
Congreso del Estado en Sinaloa. Y a decir del constitucionalista
Francisco Higuera Castro, contra lo que se cree, hay condiciones legales
para ponerle punto final a esta práctica lesiva de abandonar cargos por
ir en busca de otros.
Para el Parlamento Ciudadano la Ley Antichapulín es un debate agotado
que ha encontrado coincidencias, y por eso promueven que se legisle al
respecto.
“La inconformidad por el chapulineo se ha reflejado en la baja participación en las urnas en Sinaloa”, sostuvo David Moreno Lizárraga al moderar el Foro de Análisis Pro Ley Antichapulín.
Y la razón le asiste pues solo durante la elección local del pasado
domingo 7 de julio, de acuerdo con cifras oficiales del Consejo Estatal
Electoral, en Sinaloa el abstencionismo alcanzó 53.26 por ciento. De ese
universo, el municipio de Culiacán, que concentra un tercio del
electorado potencial, registró su más baja participación histórica,
apenas superando el 34 por ciento.
Sumado a eso, lo que parece haber causado la irritación social, según
el Parlamento Ciudadano, es que de los 40 diputados de la 60
Legislatura, 23 solicitaron licencias para ausentarse del cargo e ir en
busca de una candidatura.
Lo más penoso fue que muchos perdieron y se regresaron a sus curules.
Irritación manifiesta
Guadalupe Robles, quien acudió al foro en lugar de Jesús Enrique
Hernández del PRI, dijo que tener representantes populares que no
concluyen sus cargos y aspiran a otros es algo que ha causado una
manifiesta inconformidad social.
Se pronunció por una solución a este asunto, al que describió como un
problema político y refirió el caso más emblemático, el de Jorge Hank
Rhon, que siendo alcalde de Tijuana pidió licencia para buscar ser
candidato al Gobierno de Baja California, pero la legislación local le
negó el derecho pues impide precisamente abandonar un cargo para buscar
otro. Pero el político impugnó y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación le dio la razón.
Eso hace, según Guadalupe Robles, que toda ley estatal se va a
enfrentar a lo mismo. Y por tanto consideró que es un problema que los
partidos políticos tienen que resolver conjuntamente con los ciudadanos y
no se debe posponer.
“Los partidos no pueden ser omisos a las expresiones e
inconformidades justas de los ciudadanos en ese sentido. Hay un problema
jurídico que resolver, y entiendo que ya se ha propuesto que los
partidos establezcan candados en los estatutos para poder impedir estas
conductas”, abundó.
En caso de no lograrse una reforma constitucional que posibilite la prohibición del llamado chapulineo,
estimó que el asunto quedaría en la cancha de los ciudadanos, que a la
hora de votar establezcan una serie de requisitos contra aquellos que no
concluyeron sus encargos.
Por su parte Mayra Lorena Zazueta, presidenta estatal de Nueva
Alianza, estimó que “estamos ante una problemática legal, donde
prácticamente constitucionalmente esto nos genera una complicación entre
lo que es la demanda del ciudadano que los actores políticos cumplan el
periodo para el que fueron llamados, pero que la Constitución, los
derechos que ellos pueden ejercer, pues sencillamente no pueden ser
limitados, al contrario, la Constitución no es limitante”, advirtió.
Considera que estamos ante un caso de contradicción entre lo que
establece el derecho constitucional en materia de representación y una
percepción más o menos extendida en la opinión pública, pues este
problema lo vive el sistema de partidos: “Todos tenemos en mayor o menor
medida representantes que dejan inconclusos los periodos para los
cuales fueron electos, para ir en busca de posiciones políticas”,
admite.
Fue entonces que se pronunció por una reforma política electoral para
modernizar la competencia por el poder público y de paso dar cauce a la
participación social. Lamentó que todavía sean asignaturas pendientes
la reelección de alcaldes y diputados, así como la segunda vuelta
electoral.
Imelda Castro Castro, diputada local electa por el PRD, calificó el
tema de controversial, mismo que ha sido debatido por más de una década
en México.
“La reforma al artículo 42 de la Constitución de Baja California, que impide el chapulineo
se convirtió en ‘letra muerta’ desde que el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación resolvió que Hank Rhon, siendo alcalde,
sí podía ser candidato a gobernador, y no solo es ‘letra muerta’, sino
que desde entonces se plantea mejor quitar de la ley esa restricción”,
explicó.
Consideró la empresa reformista como muy difícil en términos legislativos y más aún en términos constitucionales.
“Hasta hoy, yo en este debate de más de diez años no he podido
entender cómo los constitucionalistas nos pueden plantear el tema de
acotar el derecho de ser votado, que no solo es un derecho, que está en
la Constitución mexicana, sino que es un derecho universal”, dijo.
Entonces valoró que el problema no está en el terreno de la formalidad, sino en las relaciones entre la política y la ética.
Se comprometió a abrir el debate desde el PRD pero a nivel
constitucional, elaborando una iniciativa para que el Congreso de la
Unión pueda reformar la Constitución en la idea de acotar el derecho a
ser votado y que todos puedan cumplir con el tiempo para el que fueron
electos.
Se pronunció también por impulsar la revocación de mandato, pues
estimó que con ello, un gobernante que no haga bien las cosas, sea o no
candidato ahora o después, podrá ser removido el cargo.
Coincidió en la necesidad de discutir la reelección parlamentaria y
que haya un monitoreo legislativo, que los diputados sean medidos, y a
todo ello le sumó una ley de partidos, ya que “solo a través de los
partidos se pueden regular prácticas patrimonialistas como la del chapulineo,
porque es claro que también una de las instituciones más
desprestigiadas y corruptas, son los partidos políticos en México”,
puntualizó.
El ex dirigente del Comité Directivo Estatal del PAN, Francisco
Solano Urías, quien volverá a ser diputado durante la próxima
legislatura, consideró al chapulineo como una manifestación clara
de la debilidad institucional y de cómo, apoyándonos en esa debilidad
institucional, es que se retuerce el derecho como en muchas cosas, “que
en este caso, se retuerce el derecho a conveniencia, a intereses muy
concretos de particulares o de grupos específicos”, indicó.
“Con toda la importancia que tiene este fenómeno de quienes abandonan
los cargos, es una manifestación de un problema mucho más grande al que
me quiero referir, pero antes, yo tengo duda que este sea un problema
entre el derecho y la ética, porque… que bien que haya ética y se debe
procurar la ética, pero a falta de ética debe permanecer la norma,
porque ese es el deber de las instituciones, que se cumpla la norma”.
El panista calcula que este es un problema mucho más grande y
trascendente y lo llama crisis de representatividad: “En realidad la
democracia en el mundo, pero particularmente en México y América Latina,
está amenazada de muerte por la crisis de representatividad, es decir,
representantes que no representan, ese es el problema, y eso es lo que
hace que nuestra democracia no funcione”.
Estimó que lo que se necesita también son partidos políticos que
garanticen calidad en la representatividad, que establezcan
procedimientos de selección democráticamente válida al interior para que
puedan garantizar la calidad de los representantes.
Coincidió en la necesidad de contar con una ley de partidos y no solo con un apartado que los regula desde el Cofipe.
“Ya dijo Imelda que habrá que pensar en una ley de partidos, no solo
pensar en ella, empezar a trabajar ya en una ley de partidos que nos
garantice una mejor representatividad y con esto vamos a terminar el
problema llamado chapulineo, pero vamos a lograr la democracia efectiva”, aseguró.
Joel Salomón Avitia, secretario general del Partido Sinaloense,
reiteró que la primera generación de parlamentarios del PAS ya ha hecho
público que legislará para evitar el chapulineo en Sinaloa.
“Yo siento que hay una taxativa muy concreta, de que se elimine, es
un asunto constitucional muy complejo, por el asunto de lo irrenunciable
del cargo de elección popular, pero creo que si hay voluntad política
de los partidos se puede establecer una taxativa de solamente permitir
las licencias definitivas en cargos de elección popular. Y que quien
esté consciente que compite por otro cargo de mayor impacto social, esté
consciente que renuncia al cargo, que sepa claramente que ya no
regresa”, señaló.
Miguel Ángel López Velázquez, del Partido Movimiento Ciudadano, solo se pronunció por castigar a los chapulines: “Tenemos que buscar la forma de cómo ese chapulín no vuelva a saltar más”.
La rendija
Tras los posicionamientos políticos, carentes del peso jurídico, pero
coincidentes todos en que el fenómeno de abandonar cargos de elección
popular para ir en busca de otro, es algo que debe terminar, el
constitucionalista Francisco Higuera Castro compartió la idea de que el chapulineo no es sino otro indicador de que Sinaloa no está bien en materia de construir democracia.
Precisó que hay un elemento fundamental en términos constitucionales
que se ve como una rendija para regular esta práctica que tanto molesta
al ciudadano.
Tras el caso de Hank Rohn en Baja California, donde incluso se dictó
sentencia y se le dio revés por el más alto tribunal en la materia, el
doctor en derecho advierte que hay un elemento a considerar y que ese es
el tiempo.
“Este proceso se desarrolló en 2007, ¿qué hace la diferencia? Pues
que ahora en México tenemos a partir del 2011 una reforma constitucional
de altísimo calado. Nada más para que podamos dimensionar: se trata del
evento constitucional más importante después de la aprobación de la
Constitución de 1917; no tenemos una nueva Constitución, pero sí tenemos
un nuevo constitucionalismo en México y eso es lo que hace la gran
diferencia”, aseguró.
Entonces marcó el camino señalando que la vía para lograr una modificación que regule el chapulineo puede ser a partir de las reformas al artículo primero, que habla de los derechos humanos.
“Y solo con un parrafito, donde establece que toda la autoridad en el
ámbito de su competencia está obligada a proteger, promover, y
garantizar los derechos humanos, eso nos lleva necesariamente a un
cambio del modelo en el derecho y estamos irrumpiendo a una nueva
cultura política”.
Con estas nuevas visiones constitucionales, asegura, todo lo que
tenga que ver con este tipo de fenómenos, que no solo no ayudan a
consolidar la democracia, sino que generan retrocesos, puede ser
modificado.
“Afirmo con toda, digamos, la convicción constitucional, de que a
partir de los procesos de debate que se den, la propia Constitución, a
partir incluso de los principios fundamentes de la misma, con esta nueva
visión del constitucionalismo, tendremos sin duda las herramientas
constitucionales para presentar nuevo escenario que garantice que este
tipo de fenómenos no sigan flagelando la de por sí incipiente
democracia”.
En otras palabras, hay marco constitucional para acabar con la plaga de chapulines políticos.
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