Exige sanción a funcionarios responsables…
El diputado
Carlos Navarro López destacó que la revisión de la Cuenta Pública del Estado y
Municipios debió reiniciarse antes del 15 de septiembre, como establece la ley
porque no se terminó la sesión, lo cual está estipulado en Artículo 42 de la
Constitución, “fue reprobada en la comisión de vigilancia, debería de calificarse
en el pleno como dice el 42 de la constitución”…
César Fraijo
/ Dossier Político
Hermosillo, Sonora
(DP).- La Cuenta Pública del Gobierno del Estado fue reprobada en la Comisión
de Vigilancia pero debe ser calificada por el Pleno del Congreso del Estado y
en caso de no corregir las observaciones se debe sancionar a los funcionarios
responsables como lo establece la Ley.
El diputado Carlos
Navarro López destacó que la revisión de la Cuenta Pública del Estado y
Municipios debió reiniciarse antes del 15 de septiembre, como establece la ley
porque no se terminó la sesión, lo cual está estipulado en Artículo 42 de la
Constitución, “fue reprobada en la comisión de vigilancia, debería de
calificarse en el pleno como dice el 42 de la constitución”.
“Tienen 30 días el
Ejecutivo estatal, los municipios y órganos autónomos para responderle al ISAF
las observaciones y señalamientos, “el 15 de octubre, el ISAF si no le
responden, si no le solventan las observaciones de los diputados en la Comisión
de Vigilancia en el pleno podrá proceder a tornar a las contralorías del estado
y municipales para que se sancione administrativamente a quien corresponda”,
precisó.
La semana pasada,
Dossier Político documentó que después de las reiteradas denuncias públicas
expuestas de parte de integrantes del Partido Revolucionario Institucional,
PVEM y de PRD sobre desvíos de recursos y un grave “boquete” financiero, ahora
los diputados del PRI advierten de “histórico desorden financiero” en el
Gobierno del Estado.
A través de un
desplegado, los legisladores aseveran que “los sonorenses reprobamos la Cuenta
Pública del Estado, el mayor desorden financiero en la historia, malos manejos,
no comprobación del Gasto, desaparición de recursos, uso de cuentas bancarias
no autorizadas, 70 % de la obra pública con irregularidades y Gasto excesivo”.
En el documento,
denuncian además “histórico desorden en finanzas del Estado revela reporte del
ISAF, no se cumplieron metas programadas en el Plan Estatal de Desarrollo, el
Gobierno del Estado obtuvo más de 6 mil millones de pesos de recursos
excedentes y aún así no cumplieron el 40 % del Plan Estatal de Desarrollo”.
Sobre el transporte
público, los legisladores sonorenses del tricolor exponen que “se desconoce el
destino y aplicación de los créditos contratados por 400 millones y 200
millones para determinar si se aplicaron conforme la autorización realizada por
el Congreso, hay denuncias ante la PGR por peculado y otros delitos en contra
del secretario de Hacienda y el ex director del Femot por estos hechos”.
En la exposición y
largo “rosario”, los priístas aseguran que “la deuda a proveedores se tiene
registrada por la cantidad de 956 millones 542 mil pesos, los adeudos a
proveedores significan un desorden mayúsculo en las finanzas estatales; se
piden servicios y productos pero no se pagan o se pagan únicamente a los amigos”.
“No exhibición de
documentación comprobatoria que ampara el gasto de 409.9 millones de pesos, 30
millones de pesos de pagos indebidos a servidores públicos, 17 millones del
Isssteson, 9 millones de pesos en los que no se comprobó ni cantidad ni qué
clase de medicamentos adquiridos”, critican.
Y manifiestan que
con la Reconducción Presupuestal no hicieron caso de la ley, gastaron de más y
como castigo recibieron únicamente un regaño y entre los recursos del Femot y
las irregularidades de las dependencias estatales suman 6 mil millones de pesos
que no pueden comprobar”.
“La Comisión de
Vigilancia del Congreso del Estado reprueba la Cuenta Pública del Gobierno del
Estado e instruye al ISAF para que en caso de que el Gobierno no solvente en el
término de 30 días, promueva ante las autoridades competentes los
procedimientos de responsabilidad administrativos y penales que resulten
procedentes, así como la exigencia de la devolución de los recursos mal
utilizados”, exponen en sus conclusiones.
(DOSSIER
POLÍTICO/ César Fraijo / 2013-09-19)
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