En Punta Colonet
El potencial de la mina asciende a 700 millones de toneladas de fierro y 300 millones de toneladas de titanio
Javier Cruz
Ensenada, B.C. - ¿Qué tan importante es, comercialmente hablando, el
yacimiento de titanio en Punta Colonet? El oceanólogo Pablo López
Domínguez, de la empresa Tecnoplades, S.A. de C.V., responde:
“Se sabe que el yacimiento de titanio es de 15 kilómetros de
extensión, pero en la plataforma en Baja California se habla de 150
kilómetros. Empieza delante de la bahía de Colonet y se va hacia el sur y
el norte, muy cerca de la Bahía de Ensenada. Y hay riqueza explotable
todavía rentable”.
El Grupo Minero Lobos, que representa el ensenadense Gabriel Chávez
Aguirre y quien sostiene una larga disputa jurídica por hacer valer la
concesión minera que la Secretaría de Economía le otorgó en septiembre
del año 2005, para luego rescindirla por los intereses económicos y
políticos que se concentraron en Colonet, donde consorcios
trasnacionales desean construir un megapuerto comercial, identificó así
la importancia del sitio:
En 2006 el grupo presentó al gobierno federal, incluida la
Presidencia de la República, un proyecto integral de desarrollo
industrial en Colonet aprovechando su potencial minero como detonador
económico y en el contexto de materia prima para la integración de
“cadenas productivas”.
En el Manifiesto de Impacto Ambiental que Lobos presentó a la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través
de una de sus empresas subsidiarias -BC Puerto Enterprise, asociada en
un 50 por ciento con el gigante portuario estadunidense
StevedoringServices of America (SSA), dueño al 100 por ciento de las
concesiones portuarias de Manzanillo, Veracruz, Cozumel y Progreso, y
propietario del 49 por ciento de la concesión de Acapulco-, se afirmó
que el potencial de la mina asciende a 700 millones de toneladas de
fierro y 300 millones de toneladas de titanio.
También informa que el valor del depósito minero tiene un potencial
estimado en 60 mil millones de dólares para un periodo de
aprovechamiento de al menos 200 años, generando una economía interna de
600 mil millones de dólares
Revela asimismo que la inversión del proyecto integral, ya con su
socio StevedoringServices of America y durante su primera etapa, sería
de mil 200 millones de dólares (10 mil millones en 10 años), generando
70 millones de dólares en impuestos (700 millones en 10 años), mil 500
empleos directos (15 mil en 10 años) y 10 mil indirectos.
“Lo cierto es -afirmó Pablo López-, que del banco de titanio
inicialmente sólo se conocía que existía tierra adentro, pero los
estudios científicos, entre ellos los de la gente del Cicese, han
demostrado que lo que vemos en tierra es apenas la punta del iceberg,
que lo grueso del yacimiento se encuentra en el mar”.
La mano negra
Para el consultor ambiental “hay al menos tres políticos que no han
dejado a la empresa (Grupo Minero Lobos) desarrollar la mina”, generando
incluso que las dependencias del gobierno federal tengan sus propias
expectativas del sitio.
“Lo que pasa es que al no existir nada en nuestro país que regule la
concesión de un yacimiento minero dentro del mar, todas las dependencias
federales interpretan a su antojo”.
Fue hasta el año 2005, en que las empresas que representa Chávez
Aguirre se interesaron en explotar el yacimiento de titanio luego de una
disputa con otra compañía, de la cual es socio el ex gobernador de Baja
California Ernesto Ruffo Appel, que el gobierno federal hizo
modificaciones a la Ley Minera para poder concesionar los depósitos
mineros en la plataforma continental del país.
“Pero esta regulación simplemente es para dar concesiones; no regula
los impactos ambientales, los permisos, los cambios de uso de suelo, la
obtención de licencias, y es ahí donde todas las dependencias de
gobierno empezaron a intervenir con intereses propios, con terceros o
gente ajena a la minería, y empezaron a trabar todo”.
Lo cierto es, afirmó López Domínguez, que los litigios jurídicos
están vigentes, en un constante “estira y afloja” que impide explotar
ese enorme yacimiento y que frenan al mismo tiempo otras inversiones
frente a las costas de Colima y Chiapas, donde existen grandes depósitos
de acero para los cuales la autoridad federal no encuentra una forma
que permita su explotación legal y armoniosa.
“Definitivamente falta voluntad política y madurez para entender a
cabalidad el concepto de desarrollo social sobre el interés particular.
Con esto el problema se resolvería, no con litigios, que hoy sabemos que
están por llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de
seis o siete años de disputas legales”.
La controversia
Esta visión del oceanólogo López Domínguez choca de frente con la
versión que, en septiembre de 2007, proporcionó el entonces coordinador
general de Minería de la Secretaría de Economía, Norberto Roque Díaz de
León, en el sentido de que la concesión al Grupo Minero Lobos estaba
cancelada.
El motivo principal de la cancelación de la concesión, explicó
entonces el funcionario, fue que la empresa no obtuvo los permisos en
materia de ecología de la Semarnat.
Díaz de León reconoció, sin embargo, que no existía un tiempo
concreto para que se anulara la concesión, “pero lo que sí puedo decir
es que está perfectamente sustentado el proceso de cancelación”.
Años más tarde -marzo de 2010-, el licenciado en Derecho, Gerardo
Sánchez Henkel, para entonces titular de asuntos jurídicos de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que el Tercer
Tribunal Colegiado de Mexicali resolvió que el grupo empresarial de
Chávez Aguirre “no tiene ningún interés jurídico” en el desarrollo
portuario de Colonet, por lo que su proyecto no se podía desarrollar.
Meses después, en entrevista con Gabriel Chávez, éste dijo que las
acciones del gobierno de Felipe Calderón en contra del grupo lo dejaban
“en total indefensión jurídica”, por lo que recurriría incluso a
instancias internacionales en busca de justicia.
¿Han tratado el tema directamente con Felipe Calderón?
“Sí -dijo entonces-. Él ya sabe y lo conoce. No hemos estado
directamente con él, pero sí con gente que él ha señalado para atender
esto, específicamente con el doctor Ibarra, que es el director de
Infraestructura Tipo A de la SCT. Con él hemos platicado en Los Pinos.
“Pero debo decir que la dinámica hacia dentro de la Coordinación de
Puertos (de la SCT) es una, en Semarnat es otra, en Economía es otra y
en Los Pinos otra. Hay diferentes visiones: para la SCT es puerto
únicamente; para Economía, ellos ya cumplieron su acto jurídico y no
quieren tocar el tema del puerto; para Los Pinos es un proyecto político
y social de gran impacto, que tiene que ver con la generación de
empleos y con las cadenas productivas. Ellos no ven más”.
¿Cree que finalmente Los Pinos terminarán resolviendo el conflicto?
“Tengo esa confianza totalmente. No cabe duda que esto se resolverá
con una decisión política del Presidente. De hecho, está en su
escritorio en espera de resolución”.
¿Y qué pasa si el gobierno federal decide no resolver lo de su concesión?
“La Ley de Bienes Nacionales prevé el rescate de las concesiones
federales que consideren necesario revocar. En el caso de la minería hay
un reglamento específico. No hay tal figura de rescate, no existe, y le
voy a explicar las razones.
“La Ley de Bienes Nacionales te puede aplicar el rescate sobre un
inmueble de una escuela, una oficina de gobierno que se concesionó a un
particular, una iglesia, pero no ves la figura de rescate de una
concesión minera. Por ejemplo, en Hacienda no vas a revocar una
concesión de bancos porque es estratégico. Tampoco la tiene Energía,
porque no vas a revocar una concesión de una planta energética por la
inversión, por la importancia y porque es estratégica. Lo mismo sucede
en Minería.
“Ahora bien, muchas minas nunca llegan a producción, o pasan muchos
años para que puedan hacerlo. Tenemos el caso de El Arco, del Grupo
México, aquí en el Paralelo 28. Grupo México es el productor número 4 de
cobre en el mundo y produce en varios lugares del planeta.
Probablemente tarden muchísimos años antes de llegar a producir en El
Arco, pero no puede llegar el gobierno y decir: ‘Te quito esas
reservas’. ¿Entonces cómo quedaría la cuestión económica, la cuestión
internacional, toda la cuestión de la inversión pública?”.
Es decir, ¿la cancelación de la concesión viola el Estado de Derecho en México?
“Completamente. Y por supuesto entramos a un litigio ante tribunales
internacionales. Implicaría una serie de responsabilidades y procesos.
En materia de Minería hay un reglamento muy claro y específico. Es como
un contrato de adhesión. Tú te apegas a ese contrato y el Estado te
garantiza. De eso se trata la Ley Minera: mientras tú cumplas no tienen
por qué revocarte nada. La minería incluso tiene un factor de utilidad
pública que además no necesitas probarlo y que además está por encima de
cualquier otra actividad”.
¿Por qué el titanio?
El titanio fue descubierto, en 1791, en arena férrica con titanio,
como dióxido, por el sacerdote inglés W. Gregor, en un valle de
Manaccan, en Cornualles, Inglaterra, y recibió el nombre de su lugar de
descubrimiento, Manacannit.
Es utilizado en la elaboración de prótesis y otros implementos
médicos, así como en la aeronáutica espacial, en la química y en la
construcción.
Odontológicamente está desplazando al oro en coronas y puentes
dentales, y las prótesis de titanio se aplican con éxito en válvulas
cardíacas, articulaciones de cadera y rodilla, así como en implantes
médico-dentales y ortodoncias.
También es un mineral usado por la industria militar de defensa y el
dióxido de titanio tiene mucha utilidad en la industria de la cerámica y
pinturas.
Su precio internacional se triplicó en los últimos cinco años al
pasar de siete dólares la libra (453.5 gramos) a 22 dólares en 2011, en
tanto que una tonelada de hierro tenía en 2011 un precio en el mercado
internacional que osciló entre los 225 a los 270 dólares americanos.
Según información de la Secretaría de Economía, “el tratamiento pos
explotación del hierro, permite que por una tonelada de hierro que se
extrae se obtengan 200 libras de titanio. Si una libra de este mineral
se pudo vender entre los 20 y 22 dólares, las 200 libras de titanio
pueden representar entre cuatro mil y cuatro mil 400 dólares.
Dicho de otra forma, un kilogramo de titanio valía en 2011 un total
de 48.50 dólares. Es decir, una tonelada de titanio costaba ese mismo
año 48 mil 500 dólares, algo así como 630 mil 500 pesos.
Esas son las cifras que realmente están detrás de la confrontación minera en Punta Colonet.
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