Los cambios al artículo 73 de la Constitución
facultarán a las autoridades federales a perseguir los delitos contra ese
gremio, pues los casos se han intensificado y han quedado casi en su totalidad
impunes
Andrea Becerril y Víctor Ballinas/La
Jornada
México, DF. Por unanimidad, el
Senado aprobó una reforma al Artículo 73 Constitucional, para federalizar los
delitos contra periodistas , “como una respuesta efectiva y contundente al
reclamo social de evitar y sancionar los atentados contra el derecho a la
libertad de expresión”.
En la exposición de motivos se
advierte que ese reforma, que genere un mecanismo de excepción, para facultar a
las autoridades federales para conocer delitos del fuero común, cuando éstos
tengan conexidad con delitos contra periodistas, es importante, porque la
violencia contra los comunicadores se han intensificado en México, tiende a
agravarse y lo más lamentable es que han quedado casi en su totalidad impunes,
sin aclararse.
Antes de que la minuta se
aprobara, el pleno del Senado guardó un minuto de silencio por los periodistas
victimados.
“Nunca antes en la historia de
nuestro país se habían cometido tantos crímenes contra periodistas en un
sexenio”, se recalca en el dictamen, aprobado por 95 votos a favor y con la
presencia de directores de medios y representantes nacionales y
extranjeros.
En tribuna, los senadores
recalcaron que es vergonzosa la impunidad en los crímenes contra periodistas,
pues cada vez son más los comunicadores que en el ejercicio de su profesión, son
víctimas de amenazas , intimidaciones y desapariciones
forzadas.
Máximo
García Zalvidea retomó cifras de la
ONU, de acuerdo con las que del 2010 a la fecha ha habido 66 asesinatos de
periodistas y 12 desaparecidos, sin que la mayoría se haya aclarado, ni los
responsables sancionados.
El presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, Melquiades
Morales, recalcó que la reforma es de gran trascendencia, ya que en el marco
jurídico mexicano, se establecerán los mecanismos que permitirán la correcta y
debida protección de los derechos de los periodistas.
La propuesta de otorgar a las
autoridades federales la facultad de atracción, no tiene como objetivo invadir
las esferas de competencia de las autoridades estatales, sino que pretende que
la federación se constituya en un soporte para la resolución de asuntos que por
su propia naturaleza trascienden en el ámbito de las
entidades.
De esta forma la facultad será
ejercida en aquellos casos en que las mismas autoridades estatales así lo
soliciten, o bien a petición de la víctima u ofendido, cuando el delito lo haya
cometido un servidor público local.
Con ese mecanismo de colaboración la fuerza de las
instituciones federales, como son la Procuraduría General de la República, las
Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública y otros
organismos que combaten la delincuencia organizada, articularán acciones para
prevenir y combatir delitos contra el ejercicio de la libertad de
expresión.
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