FOTO:
Sergio Haro
Una
parte de los terrenos donde ahora se construye la cervecera, en las orillas de
Mexicali, ha tenido una historia de litigios en instancias judiciales locales y
federales que permitieron a uno de los propietarios cobrar dos veces una
millonaria indemnización al Gobierno del Estado y, además, quedarse con la
tierra para luego vender a Constellation Brands, empresa que ahora pagará -para
acabar el litigio- poco más de 21 millones y medio de pesos al gobierno
Desde
su rancho en la parte Oriente del Kilómetro10.5 de la carretera Mexicali-San
Felipe, Gerónimo Roa Helmecke voltea hacia el norte y apunta su mano derecha.
Hace
un semicírculo para mostrar los terrenos que hasta hace 16 meses le
pertenecían.
Son
cerca de 90 hectáreas ahora propiedad de Compañía Cervecera Baja California,
filial local del poderoso consorcio cervecero Constellatión Brands, donde desde
finales de 2016 se inició la construcción de la planta.
Esos
terrenos -parte de las 396 hectáreas propiedad de la cervecera- tienen
historia.
Roa
recurre a su memoria y cuenta que todo inició con el acuerdo de expropiación
publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto de 1997, donde el Gobierno del
Estado -encabezado por Héctor Terán- pretendía construir la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Mexicali II.
Entonces
la Ley de Expropiación marcaba que de no utilizarse en cinco años los bienes
para el fin que pretendía el Estado, éstos debían restituirse.
El
24 de septiembre de 1998 firmó convenio con el gobierno y le entregaron un
adelanto de un millón y medio de pesos, acordando hacer después un avalúo
técnico, pero una semana después el gobernador falleció y lo pactado se vino
abajo.
Ante
un juicio civil promovido por Roa, el avalúo quedó en cerca de 37 millones de
pesos. Así, el Juez III Civil condenó a la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Mexicali (CESPM) al pago del terreno.
Ya
estaba en su periodo de gobernador Eugenio Elorduy, a quien el propietario
acusaba públicamente del retraso en el litigio.
“Al
tercer día, entrando aquí a mi casa, dos cabrones trataron de matarme, me ha
quedado la presunción que fue Eugenio Elorduy el que me los mandó, totalmente
drogados. Lamentablemente tuve que privar de la vida a uno”.
Los
hechos sucedieron el viernes 26 de marzo de 2004. Esa noche en el número de
emergencia del C4 recibieron una llamada alertando que en la carretera a San
Felipe, cerca del Rancho Roa, había un hombre muerto; de acuerdo a los primeros
datos había recibido un escopetazo en el lado derecho del pecho.
FOTOS:
archivo: Hector Teran, Alejandro Gonzalez, Eugenio Elorduy, Jose G. Osuna, Kiko
Vega, gobernador
El
miércoles 31 de marzo de ese año, Gerónimo Roa se presentó amparado ante la
Agencia del Ministerio Publico para declarar sobre el hombre asesinado, pero
fue detenido por otro delito, una orden de aprehensión girada por
incumplimiento de pensión alimenticia.
Posteriormente
se le acusó del asesinato -había la presunción que el cadáver había sido movido
y le “sembraron” un machete-, pero él argumentó que se trató de defensa propia,
“cuando comparezco ante el MP me secuestran y me encierran en la cárcel sin
orden de aprehensión”, rememora.
La
Procuraduría pedía 50 años de cárcel, Roa ganó un amparo, la dependencia lo
recurrió ante un Tribunal Colegiado y esta instancia confirmó la legítima
defensa. Salió libre.
Aun
así buscaban su reaprehensión; comenta que aprovechó para denunciar los hechos
donde consideraba que Elorduy estaba involucrado en la pretensión de
asesinarlo.
“Eso
sirvió para que ya no volviera a tocarse el asunto”.
A
los meses logró que el Gobierno del Estado, a través de la CESPM, realizara un
convenio y le pagara, en total fueron 34 millones de pesos y además, se quedó
con el terreno.
El
gobierno estatal promovió una nueva Ley de Expropiación en la cual señalaba que
de restituirse los bienes, el afectado tendría que regresar el monto de la
indemnización.
Pese
a que le habían pagado, Roa demandó al Gobierno del Estado por el
incumplimiento del convenio celebrado con Terán Terán.
Fue
el 28 de agosto de 2006 cuando se promovió un juicio ordinario civil por la
responsabilidad contractual -no cumplimiento, expediente 627/2006- en el
Juzgado Cuarto Civil.
Se
resolvió a favor del Gobierno del Estado el 28 de septiembre del2007 y la
sentencia fue confirmada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia
el 6 de junio de 2008.
El
3 de diciembre de ese año Roa interpuso un amparo directo; le fue concedido.
El
29 de febrero la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia dictó nueva
resolución en la Toca/1532/2007 y condenó al Estado a pagarle a Roa otros 42
millones de pesos, cubriéndole 32 millones en diciembre de ese año y el resto
de casi 11 millones en seis mensualidades en 2012.
CERVECERA COMPRA LITIGIO
En
términos reales, Roa Helmecke siempre tuvo la posesión del predio.
La
última parte de esta atropellada historia inició a finales de diciembre de
2013, cuando interpuso un recurso demandando la nulidad del contrato -fechado
en mayo 7 de 2005-, donde el Gobierno del Estado trasmitió los terrenos a la
CESPM.
Es
decir, el Estado aseguraba tener la posesión legal del predio, pero Roa
mantenía la posesión física, pese a que ya se los habían pagado dos veces.
En
octubre de 2014 el Juzgado Primero Civil emitió su fallo a favor del Gobierno
del Estado, condenando a Roa a entregar el terreno, pero éste apeló en segunda
instancia ante el Tribunal Superior, donde fue confirmada la sentencia del
Juzgado contra Roa.
La
siguiente jugada vino de Gerónimo al tramitar un amparo ante el Segundo
Tribunal Colegiado con sede en Mexicali,
pero en noviembre el expediente
fue remitido al Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, con sede en La
Paz, Baja California Sur.
En
marzo de 2016 esa instancia otorgó amparo a Roa, ordenando al Tribunal Superior
de Justicia de Baja California emitir una sentencia diferente, lo cual a su vez
fue turnado al Juzgado Primero Civil, donde originalmente había iniciado el
caso.
En
términos llanos, todo ello significó que técnica y legalmente el terreno “se
quedó sin dueño”.
En
el Gobierno del Estado preparaban un amparo en respuesta a esta última
decisión, pero fue el momento en que Gerónimo Roa Helmecke vendió el terreno
-incluido el pleito legal- a la compañía cervecera.
Por
eso le tocó a la filial de Constellation Brands hacer un acuerdo con el
Gobierno del Estado a través de un convenio de reconocimiento (el cual
terminará con el litigio), que está a punto de firmarse y donde la cervecera
pagará a la CESPM 21 millones 783 mil pesos, a pesar que el gobierno ya ha
pagado 76 millones de pesos por ese terreno.
(SEMANARIO
ZETA/ Edición Impresa/ Sergio Haro Cordero /Lunes, 27 febrero, 2017 12:00 PM)
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